El gusto por el autoritarismo
Si se revisa el artículo 89 de la Constitución Política del país –que entendemos sigue vigente si Calderón, por la noche, no emitió un decreto para extinguirla, referido a “las facultades y obligaciones del presidente...”, no se encontrará en ninguna de las 18 fracciones que lo integran, una sola donde se otorgue al Eje-cutivo la facultad de extinguir empresas paraestatales. Por eso es abusivo e ilegal el de-creto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) emitido por Felipe Calderón.
¿Es legal el uso de la fuerza pública en la toma de las instalaciones de la empresa y del inmueble sindical antes, incluso, de emitir el decreto que extingue a la empresa o se trata de mostrar el nuevo recurso del método para resolver los problemas sociales?
El candidato del empleo es, hoy, el presidente del desempleo y a los futuros despedidos de la Secretaría de la Reforma Agraria, la de Turismo y la de la Función Pública, que Agustín Carstens aseguró serían 10 mil, ahora de un plumazo quedan sin empleo 44 mil trabajadores sindicalizados y 10 mil de confianza pertenecientes a LFC, que se suman a los 600 mil puestos de trabajo perdidos en los primeros seis meses de este año. Por eso también es repudiable el decreto de extinción de la empresa.
Se dice que desde hace 30 años no se invierte un centavo en la modernización de las instalaciones de Necaxa y de otras estaciones y subestaciones. ¿De quién es, entonces, la responsabilidad de la “comprobada ineficiencia operativa y financiera” de LFC y de los riesgos que corren los trabajadores al laborar en instalaciones peligrosas por antiquísimas?
Si la Comisión Federal de Electricidad vendía a precios muy elevados la energía que distribuía LFC, ¿por qué se le obligaba a ésta vender a un precio menor al de compra?
¿Por qué criminalizar a los trabajadores, acusándolos de tener un salario digno y prestaciones decorosas? ¿Están fuera de la ley o se trata de concentrar el rencor de la población empobrecida por el capitalismo y la política neoliberal de Calderón, en los trabajadores de LFC?
¿A quién, o a quiénes, se concesionarán los mil 200 kilómetros de fibra óptica me-diante la cual la empresa beneficiada podrá ofrecer servicios de telefonía nacional e in-ternacional; servicio de transmisión de datos; provisión y arrendamiento de la red para transmitir y recibir signos, señales, escritos, imágenes, voz, sonidos e información de cualquier naturaleza? La fibra es propiedad de LFC y, hasta el momento, el sindicato ha impedido su privatización. ¿Por eso el encono panista contra la organización sindical y su dirigencia que ha evitado los negocios privados con recursos públicos?
En fin, la ilegalidad; el abuso de autoridad, la insolencia e insensibilidad para atender los problemas laborales; el uso de la fuerza pública para someter a los trabajadores; la furia desatada contra el sindicalismo no sometido al poder y oídos sordos ante los reclamos sociales, caracterizaron la acción emprendida con la pretensión de extinguir LFC.
La situación es delicada. Si el movimiento social y sindical no impide el despropósi-to de Calderón, el paso dado por la derecha, y de su aparato gubernamental para extinguir LFC, será el primero de otros que se darán en cualquier ámbito de la vida social y políti-ca del país y entraremos de lleno a un Estado, no sólo fallido, sino autoritario y represor.
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