domingo, 22 de diciembre de 2013

La restauración del presidencialismo imperial

La restauración del presidencialismo imperial          


Por: Luis Hernández Navarro
reforma energetica peña nieto privatiza pemex caricatura politica soto el metichePara cambiar el país no hacen falta argumentos ni razones. No se requiere convencer ni consensuar. Basta con vencer. Las nuevas leyes se aprueban a la fuerza. Pasan porque pasan. Esa es la marca de la casa Atlacomulco. Así ha sido siempre en el estado de México. Así fue durante el año que está a punto de terminar.
La imagen no deja lugar a dudas. En los estados, gases lacrimógenos, desalojos y toletazos contra manifestantes que rechazan la privatización petrolera. En la ciudad de México, vallas metálicas y cerco de granaderos y policías federales alrededor del Senado y la Cámara de Diputados. En todo el país, aprobación vía rápida, sin debate, de la reforma constitucional energética.
Para transformar México hay que restaurar la presidencia imperial, sostienen el nuevo PRI y sus apologistas. No importa el desaseo parlamentario, ni llenar la Constitución de parches e incongruencias, ni hacer votar a los legisladores dictámenes que desconocen, ni que el país se crispe aún más. Lo central es cumplir con las instrucciones del hombre de Los Pinos.
Presidencia imperial fue un concepto acuñado por Arthur Schlesinger Jr, historiador y asistente especial del presidente John F. Kennedy, en un libro del mismo nombre, que le hizo ganar el Premio Pulitzer. Enrique Krauze lo utilizó tiempo después para describir la naturaleza del presidencialismo mexicano bajo el reinado del PRI.
Durante 2013, el Ejecutivo ha ido controlando todos y cada uno de los hilos de poder. La lista es enorme. Ha sometido a los otros poderes de la unión a su conducción, disciplinado a los gobernadores, decidido quiénes son los dirigentes de los partidos de oposición con quienes tratará, centralizado aspectos medulares del gasto público para definir quiénes hacen o no negocios, encarcelado a líderes sindicales oficialistas, recentralizado las plazas del sector educativo que eran responsabilidad de los estados y concentrado la adquisición de medicamentos para el sector público.
Desde arriba, sin consulta, la nueva presidencia imperial decidió cambiar el país. Puso a México, aún más, a girar en la órbita imperial estadunidense. Canceló conquistas sociales básicas en el terreno laboral y educativo. Abrió a los poderes fácticos empresariales la puerta para definir la agenda educativa nacional y para participar en el reparto de la renta petrolera.
En plena crisis de representatividad, apoyó una reforma política que fortalece la partidocracia, dándole la facultad de decidir quiénes de sus militantes pueden o no relegirse, suicida al Instituto Federal Electoral (IFE), apuesta por la consolidación de un sistema bipartidista, crea obstáculos de supervivencia casi imposibles de salvar a los partidos pequeños, y, por la vía de la nulidad de la elección, se facilita a sí misma deshacerse de candidatos incómodos.
Avanza, también, como documentó Miguel Concha en estas mismas páginas el pasado sábado, en un plan legislativo para construir un Estado represor legitimado. De hecho, se acaba de modificar el artículo 29 constitucional para autorizar al Presidente a suspender o restringir las garantías constitucionales, al tiempo que se amplió el alcance del delito de terrorismo. El Congreso de la Unión se apresta ahora a aprobar reformas que atentan contra el derecho a protestar, y que pueden utilizarse de manera discresional para criminalizar a quienes se oponen a la administración pública.
De manera paralela, asistimos, sin exageración, al retorno de la guerra sucia. Allí está el dramático caso de Guerrero, documentado la semana pasada en este mismo espacio. O el de Chiapas, explicado por Pedro Faro, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, en el último número de Ojarasca. O lo sucedido en Michoacán, declarado oficialmente un casi estado fallido.
La sucesiva aprobación de legislaciones represivas, la ocupación de espacios y edificios públicos por policías y vallas que se han vuelto parte del paisaje cotidiano de la ciudad de México no son una excepción en el territorio nacional. Son la otra cara de la moneda de la presidencia imperial. Son parte sustancial de ella.
Lo son porque las contrarreformas en marcha y la pretensión de reconstituir la presidencia imperial han profundizado la división del país, enardecido los ánimos y precipitado una serie de protestas, hasta el momento desarticuladas, muchas de ellas espontáneas. Desde que la visita de Peña Nieto como candidato a la Universidad Iberoamericana desencadenó la formación del movimiento #YoSoy132, se han desatado, de manera intermitente y sostenida, oleadas de descontento popular, cada vez más radicales.
El destino final de esas movilizaciones es incierto. Apenas ahora, literalmente de un día para otro, brotó una vigorosa movilización contra el aumento a las tarifas al Metro en la ciudad de México, que se ha imbricado con el repudio a la reforma energética. Ninguna fuerza política organizada convocó a la desobediencia. El llamado surgió de las redes sociales. Desde entonces, miles de personas han saltado los torniquetes del sistema de transporte colectivo. Aunque, por el momento el movimiento tiene más chispa que gasolina, puede convertirse en algo mucho mayor. Tratar de desautorizarlo diciendo que quienes lo encabezan son jóvenes es un absurdo. Históricamente, los estudiantes han desempeñado un papel central en la lucha contra el alza en los transportes.
Este diciembre, México es otro país, distinto al que había en diciembre de 2012. De arriba abajo, con el sello del Grupo Atlacomulco, la presidencia imperial lo transformó. Al hacerlo abrió, una tras otra, diversas cajas de Pandora. Está por verse55 si puede manejar los demonios que comenzaron ya a surgir de su interior.
Twitter: @lhan

¿Privatización de Pemex para la guerra de EU contra China? Alfredo Jalife Rhame


Alfredo Jalife Rhame

Bajo la lupa

¿Privatización de Pemex para la guerra de EU contra China?
(La Jornada)
Mas de
Después de su fallido intento de guerra en Siria y sus acumulados fracasos bélicos durante una generación desde Afganistán hasta Irak, (Estados Unidos) pasó a una feroz contraofensiva en los ámbitos financiero, mercantil y energético donde el “México neoliberal itamita” es literalmente deglutido por la principal apoteosis geopolítica del siglo de Washington hasta ahora.
Los movimientos financieros de Obama son muy significativos: acaba de invitar al ex gobernador del Banco Central de Israel, Stanley Fischer, a ser vicepresidente de la Reserva Federal para colaborar con el secretario del Tesoro, el israelí-estadunidense y ultraortodoxo religioso Jacob Joseph Lew.
Se profundiza el eje financiero Casa Blanca/Wall Street/Banco Central de Israel cuyo ex gobernador Jacob Aharon Frenkel (http://www.muckety.com/Jacob-A-Frenkel/641.muckety) exhibe perturbadores nexos con la aseguradora AIG y el banco lavador Wells Fargo/Wachovia ( The Guardian, 3/4/11).
AIG (http://www.muckety.com/American-International-Group-Inc/5000105.muckety) implicada en el pestilente doble cobro de seguros del 11/9 (Bajo la lupa, 26/9/04; 22/12/04; 22/06/05, y 6/05/13) se cuece aparte.
Por cierto, Frenkel fue detenido en Hong Kong por el robo de una maleta en una tienda, según el rotativo israelí Haaretz, 7/8/13. No cabe duda: la cleptomanía es adictiva.
Las guerras son ya geoeconómicas, geofinancieras y geomercantiles en las diversas regiones del planeta.
Nada menos que Robert Zoellick, anterior presidente del Banco Mundial, visualiza al TLCAN, del que fue su arquitecto, como la piedra estratégica de toque de un “núcleo de Norteamérica para la economía global que pudiera rivalizar a los ascendentes poderes como China”, según reporta Shawn Donnan del Financial Times, 2/12/13). Aquí se encuentra una de las claves geopolíticas de la “reforma energética” entreguista/masoquista de Peña/Videgaray/Aspe (Ver Bajo la lupa, 11/12/13).
En el Banco Mundial han despachado los planificadores de la estrategia de EU, como Robert McNamara (ex secretario del Pentágono), y Paul Dundes Wolfowitz (ex subecretario del Pentágono).
Según Zoellick, la triada EU/Canadá/México “deberá moverse hacia adelante para asegurar que Norteamérica asuma tal papel” (Nota: rivalizar con China), con el fin de tener una “posición unificada (sic) en la diplomacia global y en los debates económicos”.
La idea estratégica de Zoellick radica en que los tres países de Norteamérica, de casi 500 millones de habitantes, son “autosuficientes en energía (¡súper-sic!), con una “infraestructura integrada y manufacturas y servicios industriales interconectados y una política exterior común (¡súper-sic!)”.
Sin duda, el doble talón de Aquiles de China son los alimentos y los hidrocarburos, pero le faltó a Zoellick enunciar el proyecto de una “divisa común de Norteamérica”, de acuerdo con el Consejo de Relaciones Exteriores (CFR, por sus siglas en inglés;http://www.americanfreepress.net/html/cfr_making_moves.html) y del canadiense Instituto Fraser (http://oldfraser.lexi.net/publications/critical_issues/1999/amero/).
En la geoestrategia metamercantilista de Zoellick, “Norteamérica estará bien posicionado para rivalizar (¡súper-sic!) con los mil 300 millones de chinos” en la “era del megarregionalismo (¡súper-sic!)”, que significa también la “era del imperativo estratégico en comercio”. ¿Entrará el “México neoliberal itamita” a una guerra –sea comercial, financiera, cibernética o militar, o multidimensional– contra China y al lado de EU?
Zoellick delineó su nueva estrategia para contener a China, en el marco de la “Doctrina Obama” del “pivote”, en la Universidad Baylor Texas en Octubre(http://es.scribd.com/doc/191367450/Zoellick-20131015) y adjudicó su linaje a la genealogía estratégica de Otto von Bismarck, a quien Donnan califica de “astuto político prusiano del siglo XIX y arquitecto de la unificación alemana”.
Ambos, Zoellick y Donnan soslayan la defenestración de Bismark y la posterior desintegración de Alemania como consecuencia de sus dos guerras mundiales.
El banquero Zoellick, hoy miembro del influyente CFR, pertenece a la cúpula del poder de EU: anterior director de Goldman Sachs, subsecretario de Estado, presidente del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés), accionista de la mafiosa gasera Enron y profesor de seguridad nacional en la Academia Naval.
El TLCAN –firmado en 1986 y formalizado en 1992 en el contexto de la caída del Muro de Berlín y de la disolución de la URSS– es ahora empujado a un nivel superior en la coyuntura de la guerra multidimensional que avizora EU contra China (http://www.dodbuzz.com/2013/12/12/call-made-to-congress-for-china-war-) y a la que empinan al “México neoliberal itamita” totalmente absorbido al esquema estratégico de “Norteamérica”, pero sin mexicanos, y próximamente a ser insertado al Comando Norte después de haber sido incrustado al cibercomando mediante la polémica “Ley Telecom”, cuando todos las rutas del neoliberalismo –de PRI, PAN y los elementos antinacionales del PRD– convergen en la “Nueva Roma” de EU: “Norteamérica”.
La pertenencia de Canadá y México al proyecto de la Asociación Transpacífico de 12 miembros (TPP, por sus siglas en inglés) y a la Asociación Transatlántica de Inversiones y Comercio (TTIP, por sus siglas en inglés) facilita las cosas a los dos océanos que domina la poderosa marina de EU, que se da el lujo de proyectarse hasta Sudamérica mediante la Alianza del Pacífico (miembros “latinos”: México, Chile, Perú y Colombia) con el fin de contener al BRICS: primordialmente a Brasil y a China.
Donnan reseña que en la agenda jerárquica comercial de EU “yacen tales dos potenciales tratados comerciales regionales” que “son vendidos (sic) con la capacidad de propinar un golpe (¡súper-sic!) estratégico” –el cual, a mi juicio, va con dedicatoria a China.
Pese a las apariencias, la reunión de cancilleres del TPP en Singapur, que no concluyó en ningún acuerdo, está a punto de dar un golpe sonoro para su próxima concreción (ABC News, 12/12/13).
De hecho, Donnan decreta la irrelevancia de la OMC, pese a su reciente logro unificador: “en realidad no se encuentra más en el centro de la agenda comercial global de negociaciones, y ahora vivimos en una era del megarregionalismo (¡súper-sic!) en lugar del multilateralismo”, lo cual refrenda la tesis de mi libro Hacia la desglobalización(Jorale Editores, 2007).
La globalización se desglobaliza y los grandes del mundo tripolar geoestratégico (EU/Rusia/China) se reparten sus respectivas esferas de influencia, cuando Brasil se ha quedado un tanto rezagado en Sudamérica debido a la brutal contraofensiva de EU (v. gr. la Alianza del Pacífico) y la guerra financiera contra la plaza bursátil de Sao Paulo).
EU se está quedando con todos los recursos estratégicos de “Norteamérica” entre los que destaca su flagrante apartheid contra los mexicanos (nativos y migrantes) y, en particular, su control financierista de la dupla Peña/Videgaray que padece el “síndrome de Estocolmo”.
Un día de estos los mexicanos nos enteraremos que “Norteamérica (EU/Canadá/México)” declaró la guerra a China.
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Año I del peñato, por Pedro Miguel

Año I del peñato, por Pedro Miguel


Pedro Miguel

El copetes libroUn año ya, y qué pronto. En este lapso la conciencia de millones ha debido amoldarse a una dura realidad que a mediados de 2012 resultaba inimaginable: la recaída del país, después de más de una década de transición democrática traicionada, en el pantano jurásico del priísmo. El año pasado, como ocurrió en 2006, el régimen demostró que la fuerza de los intereses dominantes casi siempre es mayor que la de las tendencias renovadoras que surgen de la sociedad. ¿Que los priístas recurrieron al fraude para ganar los comicios? Sí, lo hicieron, pero el grueso del electorado no pudo impedirlo o no supo cómo evitar la compra masiva de sufragios y, por lo demás, no había organización suficiente para resistir, con perspectivas de éxito, la nueva imposición. Y aquí estamos, a fines del Año I del peñato.

Desde antes de que los poderes fácticos entronizaran a la nueva administración el régimen emprendió una vasta tarea de ajuste del marco legal que empezó, en las últimas semanas de la administración calderonista, por una contrarreforma laboral. Luego, para ponerle una máscara democrática a la dictadura del dinero y de los medios, se urdió el llamada Pacto por México: un libreto por medio del cual las tres principales organizaciones partidistas con registro habrían de dar cobertura parlamentaria a un nuevo ciclo de reformas neoliberales. Al participar en la farsa panistas y perredistas no tenían nada que perder –salvo votos, pero en el estado actual de los procesos electorales simulados eso no importa gran cosa– y muchos recursos que ganar. Como se ha documentado posteriormente, las sucesivas votaciones de las reformas peñistas han estado aceitadas por carretadas de dinero público.
En ese marco formal se ha operado una afectación mayúscula a la legislación laboral, se ha urdido la entrega del espectro radioeléctrico a corporaciones extranjeras, se ha dado manga ancha a las trasnacionales financieras para que expolien a placer a sus clientes y se ha establecido un aparato fiscal que multiplicará el saqueo a los causantes pequeños y medianos, y que mantiene el margen necesario de discrecionalidad para seguir perdonando impuestos a las personas físicas y morales acaudaladas. Ayer se votó, en lo general, una reforma electoral que deja intacto el blindaje de la impunidad política para los representantes electos y que no avanza ni un milímetro hacia una democracia participativa. Falta la peor de todas las reformas: la que habrá de liquidar la industria petrolera ncional y entregará el control y el usufructo de los hidrocarburos del país a media docena de corporaciones energéticas depredadoras.
En todo lo que se orienta a incrementar los márgenes de ganancia del gran empresariado y las prebendas de la clase política, y a reducir derechos, conquistas y condiciones de ciudadanos, trabajadores y consumidores, el peñato ha sido muy eficaz. A sus operadores no habrá de importarles mucho que las redes sociales se cimbren a carcajadas ante cada nuevo dislate del protagonista principal –el más reciente, a reserva de lo que ocurra en las próximas horas, fue el haber confundido la ciudad chihuahuense de Ojinaga con la prefectura japonesa de Okinawa– en tanto la sociedad siga permitiendo la administración de la rapiña.
En cambio, del 1º de diciembre de 2012 al 1º de diciembre de 2013 el gobierno no ha hecho frente –y mucho menos resuelto– ninguno de los problemas nodales del país: la desigualdad, la pobreza de las mayorías, el estancamiento económico, el desempleo, la corrupción galopante y la seguridad pública que el calderonato dejó en pedacitos. Más bien estos asuntos se han agravado, de acuerdo con las cifras disponibles de desempeño del priísmo de vuelta en la Presidencia.
Este contraste lleva, necesariamente, a un ensanchamiento de la distancia entre las esferas institucionales y la población. De hecho, se ha vuelto común que la autoridad, o cuando menos el carisma del poder, resulte del todo insuficiente para convocar a la ciudadanía y se deba recurrir al acarreo máximo –además del ya tradicional blindaje militar y guaruresco– para tapar la soledad y el aislamiento de los gobernantes. Esa distancia se agudizará si el peñato consigue imponer la entrega de los recursos petroleros a las corporaciones energéticas privadas. Ultimadamente, ningún régimen puede sostenerse en el poder cuando sus márgenes de respaldo social se aproximan a cero, y no parece que el que padecemos se encuentre muy lejos de eso. En todo caso, en el primer año de Enrique Peña Nieto en Los Pinos ha avanzado mucho hacia ese objetivo.
Twitter: @Navegaciones

sábado, 21 de diciembre de 2013

Marcha contra aumento del metro y contra Reforma Energética





Marcha contra aumento del metro y contra Reforma Energética

#21Dmx Marcha!!, no es por 2 pesos, es por el país.

#NOmx

No al aumento del metro.
No a la criminalización de la protesta social.
No a la Reforma Energética.

En acuerdo conjunto, diferentes organizaciones y sociedad civil, creemos que es un derecho seguir manifestándonos libremente contra el tarifazo del metro, que merma, día a día, la economía familiar, contra las reformas estructurales, que son políticas que responden a un modelo neoliberal, contra la reforma energética, que significa un retroceso económico, político y social, en detrimento de la riqueza nacional, de los recursos naturales que son de los mexicanos, porque estamos cansados de que se criminalice a cualquier persona que protesta, que levanta su voz ante las injusticias, cochupes y corrupción del gobierno, porque estamos en contra de la propuesta de ley que pretende regular las marchas, en un acto que va contra nuestro derecho a manifestarnos libremente y porque queremos a nuestros pres@s polític@ libres y exentos de procesos jurídicos en su contra.

La reforma energética y los nuevos cárteles

La reforma energética y los nuevos cárteles

Por: Javier Jiménez Espriú
Sin maíz, no hay país
Sin petróleos, los santos óleos
20928072. México, D.F.- Sesión en la Cámara de Diputados, donde se discute la Reforma Laboral, enviada por el presidente Felipe Calderón. NOTIMEX/FOTO/JORGE GONZALEZ/JGN/POL/Con la genuflexión de los congresos locales, que acatan sin chistar las órdenes de sus respectivos gobernadores –bendita división de poderes–, quedará consumado el mayor atentado contra el patrimonio de los mexicanos y la soberanía nacional que haya cometido gobierno alguno posterior al movimiento de la Revolución Mexicana. Un grave error histórico. Una infamia.
Todos, como en el Congreso federal, sin leer siquiera, ya no digamos estudiar, el decreto de ley que fue aprobado, lleno de inconsistencias y contradicciones, en una actitud de servilismo y abyección de quienes prefirieron la cómoda sumisión recompensada al ejercicio de la libertad de expresión y de conciencia, aunque su nombre quede grabado con letras negras de color petróleo, en el muro de la ignominia de la historia de México. Es inaudita –y vergonzosa– no sólo la unanimidad en esta polémica Reforma de los parlamentarios del PRI, sino la inexistente manifestación de cuando menos una duda o la tímida actitud de una abstención, frente a lo que se presentaba. ¡Nada!
¡Qué lamentable espectáculo el de nuestra clase política!
Sin el menor recato, sin siquiera el cuidado de las formas e ignorando conscientemente el fondo y la trascendencia del hecho, e ignorando desde luego también, con desprecio total a la opinión de la mayoría del pueblo mexicano, la reacción, empoderada a saco en las cámaras y en el Ejecutivo de la Unión, impuso las normas que a su vez le imponen los jefes de la política mundial –que para algo espían a los candidatos, convirtiéndolos en promotores obligados e incondicionales de sus deseos– y los jerarcas nacionales e internacionales del dinero, su única patria.
Una reforma en sí denigratoria del talento, la identidad y las capacidades nacionales, derrotista –nosotros no podemos, vengan con sus conocimientos y su dinero a resolver nuestros problemas–, surgida de una decisión previa a todo análisis, proveniente de los organismos internacionales y contraria a los intereses de la nación: la apertura indiscriminada del sector energético que propone la entrega de una parte sustantiva de la renta petrolera y la transferencia del desarrollo de la industria de transformación de los hidrocarburos y la de la generación y comercialización de la energía eléctrica a intereses privados, de aquí y de allá.
Una reforma que, como ha acontecido en otras partes del mundo –y de la que hoy muchos países se arrepienten y reconsideran–, lo que está haciendo es pavimentar el camino para la creación de poderosos cárteles mexicanos de tráfico de hidrocarburos, que convertirán a muchos de nuestros ricos en más ricos y a muchos políticos de hoy y del pasado reciente –ya conformados en redes polícromas, advertidas en las redes sociales con nombres y apellidos– en miembros prominentes de la lista de la revista Forbes.
Las promesas, los engaños de que esta reforma nos hará un país más próspero, se crearán cientos de miles de empleos, bajarán los precios de la energía, ya matizados con la prudente advertencia del presidente del PAN de que los resultados se verán no de inmediato, sino tal vez en unos cinco años –lo que queda de este siniestro sexenio y tiempo suficiente para firmar contratos lesivos para la nación pero que seguramente engordarán las cuentas bancarias de los involucrados–, son estrategias para ganar tiempo y formar grupos de poder económico para seguir medrando con el patrimonio nacional y con el poder político.
Quienes vengan a ayudarnos, atraídos por las espléndidas ganancias ofrecidas, no vendrán ciertamente a promover una explotación racional que tenga como premisa fundamental la seguridad energética de México en el mediano y el largo plazos, como debiera ser, sino a explotar nuestros recursos no renovables tanto como sea posible y en el tiempo más corto –mientras ellos se reservan sus reservas–, para lograr las mayores utilidades y satisfacer las expectativas de sus socios. El futuro de México les importa un pepino, como ya ha quedado claro que les importa también a nuestros políticos.
Y vendrán de fuera las grandes empresas con el apoyo total de sus gobiernos a presionar por sus intereses, ya que declaradamente no tienen amigos, sino intereses, cancelando todas las veces que sea necesario y en la forma que se requiera las decisiones soberanas del Estado, como lo han hecho en todo el mundo y como en su momento lo han hecho aquí.
Pero esto, por más festejos que hoy se den en Los Pinos, en los organismos internacionales de desarrollo y en los cuarteles generales de las trasnacionales interesadas y de los empresarios políticos y los políticos empresarios de nuestro país que hoy se frotan las manos con champán, no será miel sobre hojuelas. Muchos mexicanos, convencidos de nuestra responsabilidad como ciudadanos, continuaremos indeclinablemente en una lucha jurídica, política y social, dentro de normas civilizadas y no violentas, hasta rencauzar el camino del desarrollo y la soberanía de la nación, revirtiendo las modificaciones constitucionales que hoy agreden a México.
No habrá suficientes vallas y granaderos para cercar, como se está haciendo en los congresos donde dizque se debate la reforma, todos los sitios del territorio nacional en los que se manifestarán las voces del pueblo.
@jimenezespriu

El desmantelamiento de la Constitución

Arnaldo Córdova

El desmantelamiento de la Constitución

(La Jornada)
Mas de
Nunca será demasiado volver una y otra vez a señalar que la Constitución no es una norma como cualquier otra. De hecho, la Carta Magna no es una norma. Como lo enuncia su artículo 39, ella es un pacto, signado por los ciudadanos integrantes del pueblo; es el acuerdo popular para darse un régimen de gobierno, un ordenamiento democrático y un sistema de justicia decididos por los ciudadanos permanentemente. El objetivo es el bienestar y el beneficio del pueblo mismo y de todos los integrantes de la sociedad (la nación, como la denomina el artículo 27).
No es sólo un pacto fundador, en el tiempo, sino un pacto fundacional, permanente, que edifica el estado de derecho y sus instituciones y los renueva constantemente. El pacto es el escudo que permite y procura al pueblo la protección y la defensa de sus derechos frente a la opresión y el mal gobierno. El Estado aparece, por eso, decidido y conformado permanentemente por el pueblo. El sufragio es el elemento clave a través del cual se manifiesta la voluntad popular. Las instituciones sólo subsisten si respetan este principio fundador.
La Constitución es el pacto protector de las instituciones del pueblo y puede ser modificada en su letra y en su texto, pero no puede ser cambiada en sus institutos protectores, como la distinción que ella hace entre el pueblo de los ciudadanos y la nación de los mexicanos, el principio de la división de poderes, la definición del patrimonio nacional, el sistema de los derechos humanos y el sistema democrático de designación de los funcionarios y representantes del Estado. El eje de todo este conjunto institucional se da en el artículo 39.
Todos los mexicanos tienen la protección de su existencia y de sus derechos, precisamente, en el conjunto de esas instituciones populares y democráticas. Pero no sólo. La Constitución es, asimismo, un pacto protector de los derechos de los diferentes sectores que integran la sociedad mexicana. Cambiar los términos de ese entramado garantista y protector es cambiar el pacto mismo o dejarlo sin ninguna razón de ser. La Constitución garantiza la protección de los trabajadores y habitantes del campo a través de su articulo 27, que les otorga la posesión de la tierra y su disfrute. Independientemente de lo que pueda argüirse sobre el destino de la reforma agraria, ése es el sentido del pacto.
El poder del Estado está para servir a todos y no puede ejercerse para favorecer a unos cuantos o ponerse al servicio de grupos privados. La Constitución garantiza la existencia de los trabajadores asalariados que forman la inmensa mayoría de la población a través de las instituciones protectoras del artículo 123. Todos sabemos que ese artículo es de los menos observados en la vida cotidiana del país; pero sigue ahí, como base de la convivencia pacífica de las relaciones sociales y de la solución ordenada de los conflictos.
La Constitución se ha enriquecido con la inclusión en su articulado de disposiciones protectoras para los más diversos sectores de la sociedad, como nuestros pueblos originarios o las mujeres. Es un pacto de convivencia social que mira a hacer valederos los derechos de todos los individuos y los grupos sociales, así como a proporcionar a todos y al mismo Estado los instrumentos para definir esa convivencia y hacerla efectiva. La definición de la sociedad que ahora es pluriétnica y pluricultural lo dice todo en este respecto.
La reciente precisión introducida en el texto constitucional sobre su extensión protectora de las personas y de los individuos al establecer que el antiguo planteamiento de las garantías individuales no era limitativo, sino prescriptivo y que la protección de la vida, las posesiones y los intereses de todos los mexicanos y quienes se acogen a esa protección debe comprender todo el conjunto de los instrumentos internacionales que consagran los derechos humanos. Independientemente de que muchos piensen que hay una diferencia jerárquica entre nuestra Carta Magna y los tratados internacionales, esos tratados forman parte de nuestra institucionalidad constitucional.
Pues todo ese armazón de instituciones fundadoras y protectoras se está desmantelando y aboliendo por el conjunto de reformas anticonstitucionales que el gobierno de Peña Nieto ha hecho aprobar en el Congreso. Todas ellas han estado dirigidas a destruir el antiguo pacto de la nación mexicana. Sus instituciones fundamentales ya no serán las mismas. Y destaca el hecho esencial de que todos los principios de la convivencia social a los que daba lugar el pacto están siendo subvertidos para anular los derechos y las prerrogativas de los más amplios sectores de la población mexicana.
Ya no podremos hablar de un régimen popular y social de derechos y garantías, sino tan sólo de un nuevo régimen en el que se reinstituyen antiguos privilegios de grupos elitistas que ahora vienen a sustituir a las mayorías, a cuyos intereses servía el antiguo pacto. México deja de ser el país plurisectorial y pluriclasista que era antes, para volverse el nuevo país de los dueños de la riqueza y del poder. El pacto fundador del Estado mexicano del siglo XX está moribundo y será, en adelante, un factor de desestabilización social y de desequilibrios que nadie sabe en qué pueden parar.
La reforma laboral implica la abolición total del artículo 123 y todo su complejo sistema de convivencia de los llamados factores de la producción, los trabajadores y los empresarios. Los trabajadores han sido entregados, atados de pies y manos, a sus voraces explotadores y a éstos se les ha entregado el dominio pleno y particular del régimen de las relaciones laborales. Se prometieron más empleos y mejores salarios y, luego de un año, no hay nada de eso. La sobrexplotación de los trabajadores y su relegación económica están a la vista.
La reforma energética es la más desastrosa de todas. Ella significa la total anulación del régimen de propiedad de la nación sobre sus bienes primordiales, como el territorio, el subsuelo y los fondos marinos. Ya no hay una nación poseedora de un patrimonio propio. Sólo una entelequia que se quedará con algunas siglas sin ningún contenido real: Pemex, CFE. Sus antiguas riquezas que se buscaba preservar para todos los mexicanos ahora serán pasto de la avaricia y la sed de lucro de los privados, en especial trasnacionales. México como país soberano ha cesado de existir.
La Constitución está moribunda. El pacto social y político que encarnaba no existe ya. Lo que hoy tenemos es una oligarquía convertida en sistema dominante. Tenemos el gobierno de los ricos más ricos y el dominio absoluto del dinero con sus secuelas de corrupción, dilapidación y desperdicio que es propio de los regímenes plutocráticos. Enrique Peña Nieto es el sepulturero de la Constitución de 1917.
Me voy de vacaciones. Nos veremos aquí de nuevo en unas semanas.

El Museo Casa de la Memoria Indómita invita a su bazar



Bazar navideño
El Museo Casa de la Memoria Indómita invita a su bazar los días 20, 21 y 22 de diciembre, a 34 años de formarse el Frente Nacional Contra la Represión. Regina 66, entre 20 de Noviembre y 5 de Febrero, Centro Histórico. Teléfono 57091512

10 PUNTOS DE LA CONTRAREFORMA ENERGÉTICA QUE TODAS Y TODOS DEBEMOS CONOCER


10 PUNTOS DE LA CONTRAREFORMA ENERGÉTICA QUE TODAS Y TODOS DEBEMOS CONOCER


EN CONTRA DE LA LEGALIZACIÓN DEL SAQUEO DE LAS RIQUEZAS NACIONALES
EN DEFENSA DE LA SOBERANÍA ENERGÉTICA DE MÉXICO
10 PUNTOS DE LA CONTRAREFORMA QUE TODAS Y TODOS DEBEMOS CONOCER
El Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA manifiesta su rechazo a la Reforma Energética por la que se pretenden imponer diversas modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de energía.
Las objeciones en contra de la misma son de forma y de fondo.
A través de un análisis del decreto indebidamente aprobado por ambas Cámaras del Congreso de la Unión, y que actualmente ha sido aprobada fast track por más de 15  entidades federativas, hemos encontrado 10 puntos esenciales por los que consideramos que dicha contra reforma atenta contra la soberanía nacional y energética del pueblo mexicano.
1.- Únicamente el pueblo puede cambiar los principios que la Constitución sanciona justamente porque se trata de un acto soberano y sólo el pueblo detenta con legitimidad un poder de tal naturaleza. Las autoridades ordinarias no poseen atribuciones jurídicas para alterar la esencia o el espíritu del texto constitucional, pues con base en sus atribuciones convencionales sólo pueden modificarlo en fondo o en forma si no comprometen la existencia, sentido o realización de decisiones políticas fundamentales.
Los órganos ordinarios de gobierno poseen atribuciones limitadas que definen  la medida de sus competencias en tanto órganos derivados y dependientes de la Constitución. Por ello, la decisión respecto de la modificación de los artículos 25, 27 y 28 del texto constitucional en materia de energía le corresponde original y exclusivamente al pueblo de México. Alterar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no forma parte de la competencia legal del Presidente de la República ni le corresponde a los senadores o diputados federales y locales, sean del partido que sean.
El procedimiento empleado tradicionalmente por el Presidente de la República y los partidos políticos en México para modificar la Constitución desconoce los mecanismos lógicos y jurídicos apropiados para gestionar los procedimientos de revisión constitucional, situación que los gobiernos neoliberales han aprovechado para vaciar su contenido social y anular sus principios nacionalistas.
La revisión del contenido básico de una Constitución es un procedimiento extraordinario ajeno a la naturaleza jurídica de los órganos constituidos del Estado. Se trata, más bien, de un acto exclusivo del poder constituyente.
2.- El trámite legislativo que se le ha dado a la contrarreforma energética ha sido manipulado políticamente y gestionado de forma poco transparente, avalado principalmente por el llamado “Pacto por México”, cuyo objetivo ha sido imponer una agenda legislativa sin contenido social; asimismo, transgrede la normatividad interna del Congreso de la Unión y la reglamentación del proceso legislativo y del procedimiento de reformas constitucionales.
a)    El 31 de julio de 2013, el diputado Luis Alberto Villarreal garcía y el senador Francisco Domínguez Servién, ambos del PAN, presentaron ante la Comisión Permanente una Iniciativa con Proyecto de Decreto que reformaba, adicionaba y derogaba diversas disposiciones de los artículos 25, 27 y 28 constitucionales.
b)    El 14 de agosto de 2013, Enrique Peña Nieto envió a la Comisión Permanente una Iniciativa de Decreto por el que se reformaban los artículos 27 y 28 de la Constitución.
c)    El 20 de agosto de 2013, los senadores del PRD presentaron a la Comisión Permanente una Iniciativa que crea, modifica y deroga diversas disposiciones jurídicas en materia del sector energético nacional.
d)    Las Comisiones Dictaminadoras que trabajaron como Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Energía y Primera de Estudios Legislativos, elaboraron un Proyecto de Decreto sobre las tres Iniciativas. Sin embargo, las negociaciones giraron en torno a las propuestas del PAN y del PRI.
e)    El Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución en materia de energía, emitido por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Energía y Primera de Estudios Legislativos, fue aprobado por 24 votos a favor y 9 en contra. No obstante, el PRD y el PT presentaron cerca de 200 reservas cuya gestión al interior de las Comisiones fue manipulada por el PRI y resuelta en el Pleno de la Cámara. Los Presidentes de las Comisiones de Puntos Constitucionales, Energía y Primera de Estudios Legislativos: Enrique Burgos, David Penchyna y Raúl García, modificaron el texto del Dictamen votado en Comisiones. Posteriormente, ya en el Pleno del Senado se aprobó el Acuerdo de modificación y, luego, el Dictamen modificado ilegalmente fue aprobado en lo general y en lo particular con 95 votos a favor y 28 en contra. En la Cámara de Diputados la Minuta del Senado fue avalado con 354 votos a favor y 134 en contra, sin que se turnara a Comisiones y sin discusión en Pleno.
f) Al día de hoy, 16 legislaturas estatales la han aprobado: Chiapas, Querétaro, Veracruz, Estado de México, Hidalgo, Durango, Baja California Sur, Campeche, Sonora, Coahuila, Jalisco, Nayarit, Quintana Roo, Yucatán, Tamaulipas y Puebla.
3.- La privatización y desnacionalización del sector energético constituye una alteración ilegítima e ilegal más del pacto social en torno al cual se intentó construir un proyecto soberano de nación y que, con todos sus límites y desviaciones, permitió la subsistencia y desarrollo del pueblo de México por varias décadas.
El Decreto, reforma los párrafos cuarto, sexto y octavo del artículo 25, el párrafo sexto del artículo 27, los párrafos cuarto y sexto del artículo 28, además de que adiciona un párrafo séptimo al artículo 27 y un párrafo octavo al artículo 28.
Contiene 21 artículos transitorios en los que no sólo se establecen medidas reglamentarias de carácter procedimental para la transición de una normatividad a otra, sino que se establecen los principios, las formas y los contenidos mínimos pero esenciales de la legislación secundaria, con la salvedad de que se les dota del resguardo propio de toda normatividad constitucional, por lo que se adelanta la reglamentación del cambio constitucional y se le pone candados a toda regulación subsecuente.
Esta situación desfigura el concepto de vacatio legis al convertir los artículos transitorios del Decreto en normas sustanciales de jerarquía constitucional que desarrollan las modificaciones impuestas al texto constitucional principal. Al perderse el carácter contingente de los artículos transitorios se vuelve inocua toda diferencia entre el texto constitucional principal y las disposiciones transitorias de los Decretos de reformas. Los aspectos básicos de la regulación, así como la posibilidad de establecer excepciones a las normas constitucionales y la determinación de las atribuciones de las entidades y las formas de participación y derechos de los particulares, se dejan abiertos a la normatividad reglamentaria a través de la remisión expresa.
Asimismo, aspectos básicos de la regulación, así como la posibilidad de establecer excepciones a las normas constitucionales y la determinación de las atribuciones de las entidades y las formas de participación y derechos de los particulares, se dejan abiertos a la normatividad reglamentaria a través de la remisión expresa.
4.- El objetivo general de la contrarreforma energética es la entrega de recursos energéticos estratégicos y de la infraestructura correspondiente a empresas transnacionales, así como el abastecimiento energético de Estados Unidos.
La apertura del sector energético a la inversión extranjera directa hace compatibles las normas constitucionales con diversas disposiciones previstas en el TLCAN hasta ahora inaplicables, entre ellas las relativas a las regalías pro empresariales del Capítulo XI, incluidas las normas referentes al régimen de solución de controversias basado en el sistema internacional de arbitraje, además de que volverá nugatorias las reservas interpuestas por México al Capítulo VI.
Consolida entonces la subordinación del país al capital norteamericano a partir de la anulación de su autonomía patrimonial, la confirmación de su dependencia financiera, económica y técnica, y su confirmación como país proveedor de materias primas, fuerza de trabajo súper explotable, mercado de productos residuales y depósito de desechos ingestionables o de difícil tratamiento.
La anticonstitucionalidad material del Decreto radica en que su implementación pone en peligro la seguridad y la soberanía energéticas, compromete la independencia nacional, atenta en contra de la seguridad y la soberanía nacionales, quebranta la rectoría la rectoría económica del Estado sobre el petróleo, los hidrocarburos y la electricidad, imposibilita el desarrollo nacional integral y sustentable al desclasificar la petroquímica y la generación, conducción, transformación y abastecimiento de energía eléctrica como áreas estratégicas, pone en entredicho la viabilidad del régimen democrático al afectarse las condiciones materiales que lo posibilitarían, obstaculiza el crecimiento económico y el empleo, contraría la distribución equitativa del ingreso y la riqueza, impide el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, anula el constante mejoramiento económico, social y cultural de las y los mexicanos, dificulta el cumplimiento de las obligaciones del Estado relacionadas con la observancia de los derechos humanos, la interpretación conforme y el principio pro personae, además de que implica la comisión dolosa del delito de traición a la patria.
5.- La conversión de Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad en empresas productivas del Estado implica la adopción de criterios gerencialistas de administración para la competencia, así como la destrucción del conjunto de rasgos que las caracterizaban como empresas públicas y las distinguían de las empresas del sector privado.
El objeto de las empresas productivas del Estado es la creación de valor económico y el incremento de los ingresos de la nación. Sus titulares serán nombrados y removidos libremente por el Presidente de la República o por el Consejo de Administración.
El Consejo de las empresas productivas del Estado dedicadas a actividades de exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos, se conformará con cinco consejeros del gobierno federal y cinco consejeros independientes. De esta manera, el Presidente de la República controla el Consejo y el Sindicato queda fuera del órgano.
No obstante que el régimen y los derechos de los actuales trabajadores es mucho más benéfico, el régimen laboral aplicable y los derechos de los trabajadores que ingresen a estas empresas se ajustarán y homologarán a las prácticas vigentes en el sector.
6.- El saqueo se consolida a través de la fragmentación de las actividades relacionadas con el petróleo, los hidrocarburos y la electricidad, además de que el vaciamiento de las áreas estratégicas y la entrega de las infraestructuras correspondientes nulifican todo posible desarrollo nacional integral.
La planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, se reconocen como áreas estratégicas del desarrollo nacional, lo que significa que sobre dichas actividades no se otorgarán concesiones, aunque el Estado sí puede firmar contratos con particulares y éstos pueden participar en otras actividades propias de la industria eléctrica.
La generación, conducción, transformación y abastecimiento de energía eléctrica, ni la electricidad en su conjunto, se reconocen más como áreas estratégicas del desarrollo nacional, por lo que el Estado puede otorgar concesiones y celebrar contratos sobre tales actividades, además de que los particulares sí pueden participar en ellas según lo dispongan las leyes reglamentarias.
El petróleo y los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, se mantienen como áreas estratégicas para el desarrollo nacional, por lo que sobre ellos tampoco se otorgarán concesiones. Sobre las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos el Estado sí puede otorgar asignaciones a sus empresas productivas, o bien celebrar contratos con éstas o con particulares. Igualmente, para cumplir con el objeto de dichas asignaciones o contratos las empresas productivas del Estado pueden, a su vez, contratar con particulares.
Entonces, se mantiene la prohibición para el otorgamiento de concesiones pero no subsiste más tratándose de los contratos, además de que las asignaciones hacen las veces de concesiones veladas.
La petroquímica básica ya no se reconoce como área estratégica para el desarrollo nacional, por lo que el Estado puede otorgar concesiones y celebrar contratos sobre ella, además de que los particulares podrán participar en tal actividad según lo dispongan las leyes reglamentarias.
7.- No se limitan las modalidades de contratación ni de contraprestaciones que pagará el Estado, y es a partir de esta flexibilidad que las empresas podrán contraer obligaciones con base en bienes que no les pertenecen y a partir de beneficios especulativos, además de que el control de reservas petroleras también les permitirá posicionar sus acciones y especular en la bolsa de valores.
No se limitan las modalidades de contratación tratándose de las actividades de exploración y extracción de petróleo e hidrocarburos, pero sí se especifica que por lo menos deben incluirse la de servicios, la de utilidad compartida, la de producción compartida, la de licencia o alguna combinación de éstas u otras.
Las modalidades de las contraprestaciones que pagará el Estado tampoco están limitadas, sólo se dice que deben incluirse el pago en efectivo para los contratos de servicios, el pago con un porcentaje de la utilidad para los contratos de utilidad compartida, el pago con un porcentaje de la producción obtenida para los contratos de producción compartida, el pago con la transmisión onerosa de los hidrocarburos extraídos del subsuelo en el caso de los contratos de licencia, o cualquier combinación de las anteriores.
Las modalidades de contratación y de contraprestación se rigen por el principio de maximización de los ingresos del Estado o la nación en vistas de obtener el mayor beneficio para el desarrollo de largo plazo.
A través de diversas modalidades de contratación, los particulares pueden llevar a cabo el financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria para la prestación del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica.
Las empresas productivas del Estado que cuenten con una asignación o suscriban un contrato de exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos, así como los particulares que hayan celebrado un contrato con el Estado o con sus empresas productivas, pueden reportar para “efectos contables y financieros” la asignación o contrato correspondiente y sus beneficios esperados.
8.- Se facilita el despojo de territorios de comunidades agrarias o indígenas, así como de particulares, beneficiando a las empresas privadas y al capital extranjero, cuyas actividades serán preferentes.
La promoción de la participación de cadenas productivas nacionales y locales a través del establecimiento de los porcentajes mínimos de contenido nacional, así como el fomento de la industria nacional en las actividades relacionadas con el petróleo, los hidrocarburos y la electricidad, quedan sin sentido, al menos tratándose de las empresas norteamericanas y canadienses, en cuanto se autoriza la inversión extranjera directa, puesto que se activan distintas disposiciones del TLCAN hasta ahora inaplicables.
La capacidad operativa de PEMEX sobre las áreas en exploración y los campos en producción, en términos de eficiencia y competitividad, será evaluada por la dependencia correspondiente con el propósito de considerar su adjudicación a través de asignaciones (ronda cero). La resolución queda en manos de la Secretaría del ramo en materia de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos.  La Secretaría y la Comisión también deciden sobre la migración a contratos de las asignaciones que se le adjudiquen a PEMEX.
Por su carácter estratégico, se considera la exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, como actividades de interés social (de beneficio para la colectividad) y orden público(la sociedad tiene un interés de por medio y por ello se consideran disposiciones irrenunciables y de estricto cumplimiento), a raíz de lo cual tendrán preferencia sobre cualquier otra actividad que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos afectados.
Se abre la posibilidad de aprovechar la energía del subsuelo para generar energía eléctrica o para otros usos a través del reconocimiento, la exploración y la explotación de recursos geotérmicos.
9.- El manejo institucional de la contrareforma energética queda en manos de nuevos organismos creados ad hoc para facilitar y perpetuar la privatización y el despojo.
La Comisión Reguladora de Energía, tendrá a su cargo en materia de hidrocarburos: la regulación y el otorgamiento de permisos para el almacenamiento, el transporte y la distribución por ductos de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos, así como la regulación de acceso de terceros a ductos de transporte y al almacenamiento de hidrocarburos y sus derivados, y la regulación de las ventas de primera mano de dichos productos. En materia de electricidad: la regulación y el otorgamiento de permisos para la generación, así como el establecimiento de las tarifas de porteo para transmisión y distribución.
Los miembros de la Comisión nacional de Hidrocarburos y de la Comisión Reguladora de Energía son puestos por el Presidente de la República.
Se crea el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, como un fideicomiso público que recibirá todos los ingresos que le correspondan al Estado a propósito de las asignaciones y contratos que otorgue y celebre.
El Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo se integra con tres miembros representantes del Estado y cuatro miembros independientes. Los representantes del Estado son los titulares de las Secretarías de los ramos en materia de Hacienda y de Energía más el Gobernador del Banco de México. A los miembros independientes los pone el Presidente de la República.
El Centro Nacional de Control del Gas Natural se encargará de la operación del sistema nacional de ductos de transporte y almacenamiento. PEMEX y sus organismos subsidiarios o divisiones deberán transferir los recursos necesarios para que el Centro administre la infraestructura para el transporte por ducto y almacenamiento de gas natural que tengan en propiedad para prestar el servicio. Igualmente, deberán transferirle los contratos que tengan suscritos para que el Centro los administre.
El Centro Nacional de Control de Energía se encargará del control operativo del sistema eléctrico nacional, de operar el mercado eléctrico mayorista, del acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a la red nacional de transmisión y las redes generales de distribución. La CFE deberá transferir los recursos que el Centro requiera.
10.- Sobre el Petróleo y el presupuesto de Egresos.
Los ingresos se administran y distribuyen según un orden de prelación en el que luego de pagar las asignaciones y contratos, transferir recursos a los Fondos de Estabilización de los Ingresos Petroleros, de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas y de Extracción de Hidrocarburos de investigación en materia de hidrocarburos y sustentabilidad energética y en materia de fiscalización petrolera, se transferirá a la Tesorería de la Federación los recursos necesarios para que los ingresos petroleros del gobierno que se destinan a cubrir el Presupuesto de Egresos Anual de la Federación se mantenga en el 4.7% del PIB.
Posteriormente se destinarán recursos al ahorro de largo plazo, incluyendo inversión en activos financieros. Si el saldo de las inversiones es igual o mayor al 3% del PIB del año previo, el Comité puede destinar los recursos del saldo acumulado de la siguiente manera: hasta el 10% del incremento del año anterior en el saldo del ahorro de largo plazo, al Fondo para el sistema de pensión universal; hasta el 10% del incremento del año anterior en el saldo del ahorro de largo plazo, para financiar proyectos de inversión en ciencia, tecnología e innovación y en energías renovables; hasta el 30% del incremento del año anterior en el saldo del ahorro de largo plazo, en fondear un vehículo de inversión especializado en proyectos petroleros y en inversiones en infraestructura para el desarrollo nacional, y; hasta el 10% del incremento del año anterior en el saldo del ahorro de largo plazo, en becas para la formación de capital humano en universidades y posgrados, en proyectos de mejora a la conectividad y para el desarrollo regional de la industria. La asignación de estos recursos está condicionada a que el saldo destinado a ahorro de largo plazo no se reduzca por debajo del 3% del PIB del año anterior.
Si el saldo acumulado del ahorro público de largo plazo es equivalente o superior al 10% del PIB del año previo al que se trate, los rendimientos financieros reales anuales asociados a los recursos del Fondo destinados a ahorro del largo plazo se transferirán a la Tesorería de la Federación. Si hay una reducción significativa en los ingresos públicos, asociada a un caída en el PIB, a una disminución pronunciada en el precio del petróleo o  una caída en la plataforma de producción del petróleo, solamente una vez que se hayan agotado los recursos en el Fondo de Estabilización de los Ingresos petroleros o su equivalente, la Cámara e Diputados podrá aprobar la integración de recursos de ahorro público d largo plazo al Presupuesto de Egresos de la Federación, incluso si esto implica que el saldo de ahorro de largo plazo se reduzca por debajo del 3% del PIB del año anterior.