viernes, 23 de diciembre de 2011

CELEBRACIÓN DE FIN DE AÑO EQUIPO MORENA



CELEBRACIÓN DE FIN DE AÑO EQUIPO MORENA


Viernes  23 de Diciembre

18:30 a la(s) 23:00

COMPAÑER@S LOS INVITAMOS A QUE NOS ACOMPAÑEN A CELEBRAR MUCHAS COSAS: LA 1A. AMLO CANDIDATO ÚNICO DE LAS IZQUIERDAS, 2. EL RESPALDO PARA AMLO POR PARTE DE DIVERSOS ACTORES DEL SECTOR EMPRESARIAL, 3. LA GIRA DE AMLO X EL D.F., Y EL GUSTO DE COMPARTIR CON MORENA EXPERIENCIAS INOLVIDABLES.

LA IDEA TAMBIÉN ES CONVIVIR ENTRE NOSOTROS YA QUE SIEMPRE NOS VEMOS EN REUNIONES DE TRABAJO O EVENTOS CON AMLO. EL OBJETIVO ES FORTALECER AÚN MÁS NUESTROS LAZOS DE AMISTAD Y COLABORACIÓN Y MANTENER NUESTRO ENTUSIASMO.

COMO DECÍA GRAMSCI:

“INSTRÚYANSE, PORQUE NECESITAREMOS TODA NUESTRA INTELIGENCIA.
CONMUÉVANSE, PORQUE NECESITAREMOS TODO NUESTRO ENTUSIASMO.
ORGANÍCENSE, PORQUE NECESITAREMOS DE TODA NUESTRA FUERZA”

Y YO LE AGREGARÍA: CONVIVAMOS CON RESPETO Y TOLERANCIA PARA LOGRAR LA PATRIA AMOROSA.

QUIÉNES DESEEN ACOMPAÑARNOS, LES PEDIMOS SE COMUNIQUEN CON EL SR. ARTURO A LAS OFICINAS DE MORENA EN EL D.F. (SAN LUIS POTOSI # 71, COL. ROMA) AL TEL. 44124413 O AL CEL. 0445540328284, YA QUE ES CON COOPERACIÓN DE $100.00, PARA LA COMIDA, PIÑATA, FRUTA, SILLAS, REFRESCOS Y DESECHABLES.

LA FIESTA SERÁ EN EL SALÓN DEL MÓDULO DEL CATRA UBICADO EN CALZ. VALLEJO ESQ. CON PLAYA COL. PATERA VALLEJO ENFRENTE DE LO QUE ANTES FUÉ LA OLIVETTI VALLEJO, ATRÁS DEL WINGS O ENFRENTE DE LA PARADA DEL METROBÚS LA PATERA. CERCA DE 100 MTS., DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO.

BOLETIN DE PRENSA SME



A nuestras compañeras y compañeros, activos y jubilados en resistencia.

Ante la creciente preocupación en nuestro movimiento acerca del curso de la negociación con el Gobierno Federal y para salir al paso a los persistentes ataques de nuestros enemigos…
Aclaramos:
I. La mesa de negociación que instalamos con el Gobierno Federal a partir de los acuerdos del 13 de septiembre  está vigente. Las negociaciones no se han suspendido y mucho menos roto. La mesa continúa, se está reuniendo en comisiones que atienden aspectos particulares de la negociación. Estas comisiones se integran al interior del propio gobierno y se reúnen en forma bilateral con el SME. En estas reuniones participan distintos miembros del Comité Central,  incluyendo a nuestro Secretario General, Martín Esparza, quién, en distintas ocasiones se ha reunido con el Lic. Alejandro Poiré, Secretario de Gobernación, así como con distintos funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México. En cada reunión se trabajan temas específicos que abonan a la construcción de un acuerdo político para la solución del conflicto. En su momento y como resultado de los avances y/o conclusiones de estas comisiones, la Mesa de Negociación se tendrá que volver a reunir en pleno.

II. En cuanto haya avances concretos en ésta mesa,  daremos a conocer la información correspondiente para que nuestros órganos representativos tomen cartas en el asunto. No olviden que será nuestra Asamblea General, como máximo órgano de decisión de nuestro sindicato,  la que decidirá sobre el rumbo de las negociaciones. No hay que desesperarse,  estamos cerca de alcanzar nuestros objetivos. Las negociaciones marchan por buen camino, hay que esperar sus resultados y luego decidir que sigue en forma colectiva. No hagamos caso de las voces, rumores y falsas lamentaciones de quienes buscan desestabilizar a nuestro movimiento.Los que traicionaron al SME tuvieron ya su “Waterloo de la vergüenza” en Insurgentes y Reforma. Nosotros seguimos firmes.
Esta navidad seamos felices. Contemplemos, en medio del campo de batalla, la hazaña de ser libres, la hazaña de sostenerse firmes ante los poderes del estado y no rendirse, la hazaña de crecer y hacer conciencia obrera para jamás volver a ser los mismos. Celebremos el privilegio de hacer patria desde abajo otra vez y en el recuento de nuestro dolor construyamos el punto donde ponernos de pie, para pelear y alcanzar la victoria. La felicidad no está en lo que poseemos, está en lo que hacemos y con quién lo hacemos. Resistir es una forma digna de hacer lo justo para no ser esclavos.
Estemos atentos a los acontecimientos y dispuestos a asumir las tareas que nos toque cumplir. Sigamos con nuestro plan de acción. No nos vamos a rendir, vamos hacia delante, Nosotros decimos: Un día más para resistir, un día más... para VENCER!

¡¡VIVA LA RESISTENCIA HEROICA DEL SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS!!
¡¡ VIVAN SUS HOMBRES Y MUJERES, ACTIVOS Y JUBILADOS QUE HAN SOSTENIDO ESTOS DOS AÑOS DE LUCHA!!
!!VIVAN NUESTROS PADRES, HIJOS Y HERMANOS QUE HAN MARCHADO 
A NUESTRO LADO SIN TITUBEAR!!
¡¡VIVAN NUESTROS 12 COMPAÑEROS PRESOS POLÍTICOS!!
¡¡TRABAJO Y LIBERTAD!!
“Somos SMEITAS, Somos PATRIA, Somos PROLE,  NO nos rendimos… RESISTIMOS”

“Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”
México D.F. a 21 de Diciembre de 2011

José Humberto Montes de Oca Luna.
Secretario del Exterior.

En cinco años, 300% más desapariciones que en Guerra Sucia



En cinco años, 300% más desapariciones que en Guerra Sucia

Autor: 

 
6 DICIEMBRE 2011

En la “guerra” antidrogas, aumentan las quejas en contra de militares por su posible implicación en desapariciones forzadas de civiles. Uno de los casos más recientes, ocurrido en Tamaulipas, involucraría a marinos en la desaparición de 15 personas. De 2007 a la fecha se habrían cometido 3 mil crímenes de lesa humanidad de este tipo en México, documenta la ONU; 300 por ciento más que los ocurridos durante la Guerra Sucia. Al menos, 32 luchadores sociales y defensores de derechos humanos formarían parte de la lúgubre lista 

 
Soldados y marinos son señalados como los autores de decenas de desapariciones forzadas de civiles, cometidas en el contexto de la “guerra” del gobierno federal contra el narcotráfico. Una de esas denuncias implica a elementos de la Secretaría de Marina en la desaparición de 15 personas y ocurrió entre el 1 y el 22 de junio pasado. De acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, hay fotografías y videos que comprueban la participación de los representantes del Estado mexicano en esos crímenes.
 
Apenas tres meses antes de esos hechos, el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) visitó México, por considerar “alarmante” el número de quejas que ha recibido entre 2007 y principios de 2011. Al finalizar su recorrido, el 31 de marzo, dicho Grupo denunció que en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa se habrían cometido unos 3 mil crímenes de lesa humanidad de este tipo; esto es 300 por ciento más que las desapariciones ocurridas durante la Guerra Sucia (1962-1987).
 
No obstante, la cifra podría ser mayor. Datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) refieren que las quejas por extravío de personas entre 2007 y 2011 superan las 5 mil. Aunque la dependencia gubernamental no las califica como desapariciones forzadas o involuntarias, defensores de derechos humanos consideran que las posibilidades de que se trate de crímenes de este tipo son elevadas.
 
Para que un extravío se catalogue como desaparición forzada, se debe demostrar que el civil fue privado de su libertad por agentes del gobierno o por terceros contratados por un agente de gobierno.
 
En la presente administración panista, los móviles políticos –que durante los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional se enfocaban en guerrilleros y activistas– sí se estarían reeditando. Al menos 32 luchadores sociales y defensores de derechos humanos han desaparecido forzadamente en el actual sexenio. De éstos, se desconoce el paradero de 20; ocho fueron ejecutados extrajudicialmente y cuatro liberados.
 

Las cifras negras

 
El 22 de junio pasado se publicó en el Diario oficial de la federaciónel nuevo marco legal para castigar a los responsables de estos delitos (Decreto Promulgatorio de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas). Pese a ello, el gobierno de México no parece estar realmente comprometido con el esclarecimiento de estos hechos.
 
Considerados por el derecho internacional como de lesa humanidad, estos crímenes permanecen impunes, al igual que las más de 1 mil desapariciones forzadas que se registraron en la Guerra Sucia; las de decenas de simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en la década de 1990; y las de cuatro indígenas de la comunidad Viejo Velasco, Chiapas, ocurridas en noviembre de 2006.
 
A pesar de que las desapariciones podrían llevar al Estado mexicano a un juicio internacional, ninguna de las instituciones del gabinete de seguridad lleva registro de ellos, se desprende de respuestas a solicitudes de información ciudadanas consultadas por este semanario.
 
El problema tampoco se resuelve en el ámbito local. En cada entidad federativa, son las comisiones estatales de derechos humanos y las organizaciones civiles las que van engrosando sus listas con nombres y datos de las víctimas.
 
Un caso dramático es el de Coahuila. Los reportes de las autoridades locales refieren 219 denuncias por ese delito. El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Larios, adsctrito a la diócesis de Coahuila, también tiene documentadas 185 desapariciones forzadas en la entidad.
 
En Michoacán, uno de los estados que más ha sufrido la violencia de la supuesta “guerra” contra las drogas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha documentado 165 desapariciones forzadas, ocurridas entre 2010 y lo que va de 2011.
 
En contraste, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua asegura que su registro de denuncias es de sólo 48 desaparecidos forzadamente entre 2008 y 2010. Las cifras se potencian en Guerrero. Ahí, el Taller de Desarrollo Comunitario ha documentado 1 mil 694 casos de desapareciones forzadas entre 2005 y 2011.
 
Pero los estados fronterizos del Norte del país no se quedan atrás. A inicios de junio, Leonel Aguirre Meza, presidente de la no gubernamental Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, denunció que en Sinaloa se han registrado 230 desapariciones de civiles en el marco de lucha contra el narcotráfico.
 
Durango también se suma a los estados con dramáticos registros. La Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene conocimiento e investiga 176 desapariciones forzadas de personas entre 2009 y abril de 2011. Según sus estadísticas, 89 por ciento de las víctimas son hombres y 11 por ciento mujeres.
 
De las decenas de denuncias, la CNDH sólo ha informado de 238 casos de desaparición forzada registrados en México desde la década de 1960, según constaría en un informe que su presidente, Raúl Plascencia Villanueva, entregó al Grupo de Trabajo de la ONU el pasado 23 de marzo. Éste es confidencial, pues “contiene averiguaciones previas”, refieren funcionarios de la Comisión.
 

Militares implicados

 
En enero pasado, la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación informó aContralínea que, durante una década de gobiernos panistas, tiene conocimiento de 74 presuntas desapariciones forzadas. Al menos 29 de estas investigaciones recaen en juzgados militares.
 
Se trata de los casos de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera, Rocío Irene Alvarado y 24 personas más, a cargo de la Procuraduría General de Justicia Militar de Chihuahua; y el de Raúl Evangelista Alonso y Roberto González Mosso, en manos del Ministerio Público Militar adscrito a la 35 zona militar de Chilpancingo, Guerrero, que inició la averiguación previa 35ZM/26/201.
Pero éstos no son los únicos crímenes de lesa humanidad en los que se habría probado la participación de militares. El de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez es el único caso reciente de desaparición forzada de luchadores sociales que, a través de la recomendación 7/2009, reconoce la CNDH. También, el único en el que se ha logrado establecer una interlocución con el gobierno federal, con duración aproximada de un año.
El 4 de abril de 2011, Gabino Cué Monteagudo, gobernador de Oaxaca, aceptó la recomendación que la CNDH dirigió a la administración de su antecesor, Ulises Ruiz Ortiz. No obstante, la desaparición forzada de los integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), perpetrada el 24 de mayo de 2007 en la ciudad de Oaxaca,continúa impune.
 
El 21 de abril de 2009, la Comisión de Mediación entre el EPR y el gobierno federal –un grupo de intelectuales creado en 2008 con el objetivo de posibilitar la presentación con vida de estos militantes– dio por terminada su misión ante la “falta de interés, voluntad política y actitud poco atenta” de las autoridades.
 
“Lo que veíamos era una intención de hacer sesiones, de sacar fotografías, de usarlo en los medios, pero no realmente de resolver el problema”, manifiesta José Enrique González Ruiz, coordinador de la maestría en derechos humanos de la Universidad Autónoma de la Cuidad de México e integrante de la Comisión.
 
A más de cuatro años de la desaparición de Reyes Amaya y Cruz Sánchez, no se sabe de servidores públicos o militares a los que se les haya llamado a declarar o fincado responsabilidad; no hay evidencia de avances en la localización de los activistas; tampoco se ha llevado a juicio a los culpables; además, en la investigación de la PGR el delito que aparece es el de privación ilegal de la libertad en su modalidad plagio o secuestro y no el de desaparición forzada.
 
A decir de González Ruiz, este caso es “simbólico y paradigmático” por lo que “si podemos esclarecerlo y llevar a los responsables ante los tribunales, se puede abrir una rendijilla por la que se cuele la justicia para los demás casos de desaparición forzada en México”.
 
Desde su creación, en la década de 1980, el Grupo de Trabajo de la ONU ha transmitido al gobierno de México 412 casos. De éstos, 233 (el 57.76 por ciento) siguen sin resolverse; 16 se han discontinuado; 24 se han esclarecido con base en la información proporcionada por los demandantes; y 134, a partir de los informes gubernamentales.
 
Estos datos “no son representativos de la dimensión del tema en cuestión”, advierte el Grupo de Trabajo en su informe preliminar de su reciente visita a México. “El incremento de nuevos casos admitidos durante 2010 y el gran número de nuevas alegaciones recibidas durante la visita podrían indicar un deterioro de la situación de desaparición forzada en México”.
 
Del 18 al 31 de marzo de 2001, Jasminka Džumhur, Ariel Dulitzky y Osman El Hajjé, integrantes del Grupo de Trabajo de la ONU, visitaron México. De sus reuniones con autoridades federales y locales, organizaciones de la sociedad civil, organismos protectores de derechos humanos y familiares de personas desaparecidas confirmaron que el principal reto es acabar con la impunidad “para los delitos en general, y para las desapariciones forzadas en particular”.
 
A los representantes de la ONU únicamente se les informó de dos sentencias condenatorias por el delito de desaparición forzada en contra de servidores públicos, mismas que actualmente se encuentran en proceso de apelación.  Respecto de las desapariciones forzadas cometidas durante la Guerra Sucia, tuvieron noticia de que sólo el 2.5 de los casos investigados resultó en el inicio de una investigación penal; que 20 de éstos fueron consignados ante una autoridad judicial; y que si bien las investigaciones ministeriales continúan, ningún funcionario ha sido sentenciado, detenido o está en espera de juicio.
 
En su informe de observaciones preliminares, en el que dirige 34 recomendaciones al Estado mexicano, el Grupo asegura que la PGR “no aportó ninguna información específica respecto a las líneas de investigación, los avances significativos en las investigaciones, la posibilidad de nuevas acusaciones y los canales de comunicación con los familiares de las personas desaparecidas forzosamente”.
 
En agosto pasado, Javier Zuñiga –director de Investigación de Amnistía Internacional– señaló que México puede vivir una situación similar a la de las dictaduras de Suramérica, sobre todo por la presunta responsabilidad de militares en las desapariciones forzadas.
 
 
Restricción del fuero militar: “sólo un paso”
 
El pasado 14 de julio, la Suprema Corte de Justica de la Nación (SCJN) dictaminó la restricción del fuero militar para los casos de violaciones a derechos humanos, que ahora pasarán a los tribunales civiles. La resolución se dio en el marco del análisis de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso de Rosendo Radilla Pacheco, líder comunitario desaparecido por efectivos del Ejército Mexicano el 25 de agosto de 1974.
 
Organizaciones de derechos humanos y de familiares de desaparecidos celebran el fallo de los ministros: “Un triunfo de las víctimas que durante muchos años han enfrentado la impunidad”. Julio Mata Montiel, secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México, señala, sin embargo, que se trata sólo de un paso en la lucha por la verdad y la justicia.
 
Sergio Méndez Silva, abogado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), asociación civil que acompaña el caso Radilla, explica que recientemente el gobierno de México publicó un libro con la semblanza de la vida del líder comunitario. Sin embargo, “no es un documento que muestre el arrepentimiento o reconocimiento del Estado mexicano para con las víctimas”.
 
En abril de 2008, el general Mario Arturo Acosta Chaparro, quien sería responsable de la desaparición de Rosendo Radilla y de, al menos, otros 600 guerrerenses, fue condecorado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por su “lealtad, patriotismo, abnegación, dedicación y espíritu al servicio de México y sus instituciones”.
 
Este hecho evidencia la falta de voluntad de las autoridades mexicanas, apunta Méndez Silva. Ahora, los familiares de Radilla Pacheco, entre ellos su hija Tita Radilla, han decidido no recibir el dinero de la indemnización hasta que el Estado mexicano realice una investigación seria y diligente.
 
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la CMDPDH y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan refieren las acciones que la autoridad debe emprender para que el fallo de la SCJN sea efectivo: que el Congreso de la Unión dictamine la reforma al artículo 57 del Código de Justicia Militar a la luz del resolutivo del máximo tribunal mexicano; que Calderón decline la iniciativa de reforma a este código que entregó al Senado en octubre de 2010 y que si presenta una nueva, ésta responda a los estándares internacionales; que la Procuraduría General de la República solicite a los tribunales militares sus investigaciones sobre violaciones a derechos humanos cometidas por militares; y que el tema del fuero militar salga de las discusiones de la Ley de Seguridad Nacional.
 
Además, exigen a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la que califican de “omisa”, que se pronuncie sobre el tema y que en futuras recomendaciones sobre violaciones a derechos humanos perpetradas por militares, “cese su práctica de solicitar que se le dé vista al Ministerio Público Militar, para que sea la autoridad civil la que conduzca las investigaciones”.
 
De acuerdo con datos de la Sedena, al menos, 216 militares deberán estar sujetos al fuero ordinario. También, comentan las organizaciones de derechos humanos, los elementos castrenses que violaron y torturaron a Inés Fernández Ortega y a Valentina Rosendo Cantú, indígenas me’phaa; así como los que torturaron a Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, campesinos ecologistas.
 
 
“Crimen organizado, autor del 40 por ciento de las desapariciones”
 
Tomás Pérez Serrano, director del Programa de Presuntos Desaparecidos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) asegura que, en los últimos años, al menos entre el 40 y el 45 por ciento de los casos concluidos está relacionado con la delincuencia organizada.
 
A la fecha, el organismo autónomo sólo ha emitido cuatro recomendaciones por desaparición forzada. La 26/2001, en la que reconoce la desaparición, durante la Guerra Sucia, de 275 luchadores sociales; la 9/2005, sobre el caso de Alejandro Martínez Dueñas, Jesús González Medina y Gabriel Sánchez Sánchez, quienes fueron desaparecidos el 30 de junio de 2001 por elementos de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia de Colima; la 15/2005, que refiere la desaparición de Luis Verea Falcón perpetrada en 1997 por agentes de la Policía Judicial de Morelos; y la 7/2009, respecto de la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez durante un operativo a cargo de militares y policías de Oaxaca.
 
Ninguna de estas recomendaciones ha sido satisfecha por el Estado mexicano, refiere Tomás Pérez Serrano. “Ninguna de ellas se ha concluido porque no se han alcanzado a cumplir en su totalidad, sino de manera parcial, sus puntos”.
 
Cuestionado sobre el escaso número de recomendaciones que emite la CNDH en relación con las quejas que recibe (de 2000 a la fecha ha recibido al menos 679 por desaparición forzada) y los casos que demandan las organizaciones no gubernamentales, Pérez Serrano lamenta que sólo en estos cuatro casos se haya podido acreditar fehacientemente la desaparición forzada.
 
No obstante, asegura que todas las quejas que llegan al Programa continúan abiertas, en tanto se desconozca el paradero de las víctimas. Los casos son radicados en el Sistema Nacional de Información de Personas Extraviadas y Fallecidas no Identificadas, integrado por alrededor de 1 mil expedientes.
 
A decir de Pérez Serrano, al gobierno mexicano le ha faltado objetividad, un poco de voluntad política, pero sobre todo, plena comprensión de que para que los instrumentos internacionales y regionales en materia de derechos humanos funcionen, se requiere además del consenso de las autoridades involucradas en los tres órdenes de gobierno.
 
El titular del Programa de Presuntos Desaparecidos asegura que con la Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos, promulgada el pasado 9 de junio, la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y la competencia de su Comité “van a ser más importantes y más de fondo”, por lo que ese y otro temas “se van a empezar a trabajar en su conjunto”.
 
Los cambios constitucionales favorecerían, asimismo, las investigaciones de desapariciones forzadas. Las restricciones para que la CNDH acceda a los expedientes de los Ministerios Públicos quedarían en el pasado; además, los funcionarios que no colaboren con el organismo autónomo, como los gobernadores que se niegan a aceptar sus recomendaciones, tendrían que responder ante los tribunales, expone Pérez Serrano.
 
 
 

Los temas de derechos humanos 2011


Los temas de derechos humanos 2011

México D.F., 21 de diciembre de 2011 (Cencos).- Como cada año, desde el Centro Nacional de Comunicación Social queremos ofrecer una visión propia sobre el estado de los derechos humanos en nuestro país, a través de una serie breve de reportajes.
Este 2011 hemos constatado el mantenimiento de violaciones sistemáticas como las que ocurren contra los pueblos indígenas o contra grupos vulnerables de mujeres, o contra los derechos laborales, además de todas las violaciones cometidas a raíz de un sistema de justicia alejado del paradigma de los derechos humanos.
Pero además de este catálogo de decenas de casos, se ha sumado una voz que antes no estaba siendo escuchada: la de los y las personas que han sufrido de manera directa las consecuencias de la estrategia de seguridad que ha mantenido al Ejército en las calles desde hace 5 años.
Así, decidimos ofrecer en cinco reportajes, acercamientos a temas de derechos humanos desde los cuales podemos acercarnos a entender la realidad nacional y sobre los cuales también hemos tenido un trabajo más analítico y cercano.
A partir de hoy y hasta el 30 de diciembre publicamos un acercamiento en datos concretos sobre lo que ha significado en 9 meses el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad; haremos un recorrido por algunos de los derechos humanos (y las historias detrás de estos) que han sido violados durante el presente sexenio; exploramos lo que ha significado la normalización de la violencia en el sector más ámplio de nuestra sociedad: los jóvenes; y hacemos un recuento sobre las agresiones a defensores y defensoras de derechos humanos y otro más sobre las agresiones a quienes pretenden ejercer su derecho a la libertad de expresión y han sido callados.
Son fragmentos de un relato de claroscuros; de un pueblo que de a poco se organiza y lucha para obtener tan solo lo más elemental, y de una estructura económica, política  y social que dificulta el acceso y goce de los derechos humanos.
Centro Nacional de Comunicación Social

jueves, 22 de diciembre de 2011

¿De dónde vienen y adónde van los recursos del presupuesto Federal para 2012? Impuestos, Estado y explotación capitalista


¿De dónde vienen y adónde van los recursos del presupuesto Federal para 2012? Impuestos, Estado y explotación capitalista


Escrito por: 
 David López
Bajo la modalidad del llamado fast track, las cámaras de senadores y diputados aprobaron el pasado mes de noviembre el Presupuesto Federal para 2012, con algunas mínimas modificaciones al proyecto original presentado por el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Lo rápido, pero tenso de este proceso refleja las disputas y a la vez el contubernio de los partidos de la burguesía, PRI-PAN por defender los intereses de su clase en contra de las necesidades de los trabajadores y sectores explotados.
Un presupuesto en tiempos de crisis
En medio de un contexto de crisis económica internacional, desde la crisis de la deuda soberana en Europa que ronda o incluso supera el equivalente al 100% del PIB de países como Grecia, Italia, Irlanda, Islandia, Portugal, España, Bélgica, pero incluso en países como Francia, Gran Bretaña y Alemania, entre otros, hasta el caso de los Estados Unidos, donde la deuda alcanzó ya más de 15 billones de dólares, cifra que superó el PIB del 2010, ascendente a 14.8 billones de dólares. La estimación de crecimiento para la economía mundial al finalizar 2011, que según el Fondo Monetario Internacional (FMI) será de 2.5%, condiciona, los pronósticos del Banco de México (BdeM) para el crecimiento económico del país, mismos que han disminuido mes con mes hasta calcular un crecimiento anual al cierre de 2011 de 3.72%, el mismo Legislativo bajó la expectativa de crecimiento de la economía mexicana para 2012 de 3.5% propuesta por el Ejecutivo a 3.3%.
El presupuesto para el año 2011 fue de 3 billones 438 mil 895 millones 500 mil pesos, lo que equivalió a 60 mil 481 millones de pesos más que la propuesta inicial que envió el Ejecutivo; si bien hay un aumento en el presupuesto con respecto al año anterior en casi 8%, lo cierto es que desde el cierre de 2010 al día de hoy el panorama económico a nivel nacional e internacional no es el mismo: la dependencia de la economía estadounidense, principalmente en el rubro de las exportaciones (más del 80% se dirigen a los Estados Unidos), el debilitamiento del mercado interno de del imperialismo yanqui como principal receptáculo de las exportaciones, la política de devaluación del dólar por parte de la administración Obama para disputarse el mercado mundial, así como la paulatina disminución de la producción nacional con una capacidad instalada de la industria trabajando al 70% son aspectos que rigen el presupuesto federal aprobado por los legisladores, que asciende a 3 billones 706 mil 922 millones de pesos, es decir, 59 mil millones más que lo planteado por el Ejecutivo.
En cuanto a los ingresos, uno de los rubros de los cuales se obtendrán los recursos es el petróleo, con una proyección de producción de 2 millones 560 mil barriles diarios para el siguiente año, a un precio de 84.9 dólares por barril, lo que significa una tercera parte de los ingresos del gobierno por las exportaciones de crudo. La burguesía y sus representantes en el gobierno toman en cuenta que los precios del petróleo se encuentran en una tendencia a la baja, entre otras cosas por la proyección de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en torno a la disminución de la demanda mundial de crudo en lo que resta de 2011 y 2012, provocada por la incertidumbre en torno a las repercusiones de la deuda de los EEUU y Europa en el mercado de materias primas, así como los acuerdos a los que el imperialismo y el nuevo gobierno del Consejo Nacional de Transición (CNT) en Libia están llegando para que este país continúe representando el 2% de la producción mundial de crudo.
Esta proyección va de la mano con la aprobación hasta el último día de 2014 del llamadogasolinazo, es decir, no habrá aumento a los subsidios a la gasolina y el diesel distribuidos por el Estado a partir del presupuesto federal para los estados y municipios, sino estos se cubrirán por medio del impuesto a la venta de gasolinas y diesel, es decir, serán puestos por la clase trabajadora cada que pague un litro de gasolina. Desde 2008, las entidades federativas han recibido 58 mil 857 millones de pesos por el gasolinazo, lo que demuestra la táctica de la burguesía: que la crisis la sigan pagando los trabajadores.
El lastre de los impuestos
Según la página de CNNExpansión (http://www.cnnexpansion.com/economia/2011/10/27/el-senado-aprueba-ley-de...): “De los ingresos totales estimados para el siguiente año, se pretende conseguir 2 billones 313 mil 614 millones provenientes del Gobierno federal, por concepto de impuestos, contribuciones, derechos, productos y aprovechamiento. En tanto, se prevén 996 mil 435 millones de pesos de organismos y empresas de control estatal como Pemex, CFE, IMSS e ISSSTE, así como de aportaciones de seguridad social”. De tal manera que la política de la burguesía y su estado siguen siendo el que los trabajadores financien al Estado a través del IVA, ISR, gasolinazos,además de las cargas fiscales a la pequeña burguesía a través del Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE) y el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), pues de hecho, también se contempla una modificación a la Ley Federal de Derechos para derogar o modificar 140 cuotas de derechos, a fin de reducir el costo y carga fiscal y administrativa que se asocia al pago de éstos, donde se modifican o eliminan algunos pagos de impuestos sobre derechos como el del uso de suelo para la explotación de las concesiones mineras en el país, beneficiando principalmente a las compañías mineras trasnacionales.
Los impuestos y servicios pagados por la burguesía al Estado son parte de la plusvalía que el empresario extrae a los trabajadores, parte de la ganancia que podría quedar en manos del burgués, por lo que la clase dominante desea quedar exenta de impuestos para continuar amasando inmensas fortunas, reclamando al Estado que los impuestos se deroguen para ella, y que las arcas nacionales se nutran de una mayor explotación a los trabajadores, pagando impuestos y servicios por vía directa (energía eléctrica, agua, IVA, ISR, gasolinazo, etcétera) o indirecta (los que paga la burguesía gracias a la plusvalía extraída a los proletarios).
Evasión fiscal y privilegios fiscales
No obstante, la burguesía pelea como suyo hasta el último centavo de plusvalía extraída a los trabajadores, por lo que ni siquiera contribuyen con impuestos a las finanzas públicas. Aunado a ello, el mismo Estado, demostrando  su carácter de clase como una herramienta política al servicio de los empresarios con el fin de explotar más al proletariado y acumular inmensas riquezas, permite tal evasión de impuestos a las grandes empresas e incluso en ciertos casos se efectúa la devolución de impuestos a las mismas; por ejemplo  durante el sexenio foxista se devolvieron a las grandes empresas cerca del 15% de la recaudación efectiva, es decir 149 mil millones de pesos. Tan sólo en 2006 las devoluciones por concepto de IVA ascendieron a 140 mil millones de pesos, y representaron 44 por ciento de la recaudación obtenida mediante este gravamen (La Jornada23/04/2007), mientras que para el primer semestre de 2008 se devolvieron por concepto de IVA e ISR a estos consorcios 93 mil 613 millones de pesos, lo que supera la totalidad de los ingresos propios de Pemex obtenidos en el mismo periodo, los cuales fueron de 80 mil 808 millones de pesos (La Jornada 05/08/2008). En octubre de 2010, el diputado del PT Mario Di Constanzo declaraba que “durante el primer semestre de 2010 los empresarios del país pagaron sólo 125 mil 882 millones de pesos por concepto de ISR, en tanto que los asalariados ingresaron a las arcas de la Federación 155 mil 934 millones de pesos por este impuesto”.
Para el primer trimestre de 2011, estas devoluciones ascendieron a casi 56 mil 100 millones de pesos (casi lo mismo que las entidades federativas han recibido por concepto del gasolinazo: 58 mil 857 millones de pesos), lo que representó 42.8% de los 131 mil millones de pesos recaudados en el mismo periodo a través de este impuesto (La Jornada 30/05/2011). En su edición del 14 de octubre pasado, La Jornada reportaba lo siguiente: “Las 30 principales empresas que operan en el país obtuvieron en 2010 ingresos netos totales por 2 billones 379 mil 501 millones de pesos, una utilidad bruta de 835 mil 364 millones, y sólo pagaron 99 mil 797 millones de pesos de impuestos”, poco más del 11% de sus utilidades netas. ¿A quiénes se les devuelve este dinero? ¿A dónde van los recursos del presupuesto federal? Estas son algunas de las empresas de las que habla la última nota mencionada de La Jornada:
Empresa
Utilidades Netas
Pagó impuestos por:
% Impuestos/ Ganancia
Liverpool
21 mil 839 mdp
2 mil 069 mdp
9.5%
Televisa
27 mil 008 mdp
3 mil 258 mdp
12.1%
El Palacio de Hierro
6 mil 082 mdp
436 mdp
7.2%
Wal-Mart
74 mil 059 mdp
8 mil 065 mdp
10.9%
Grupo Posadas
629 mdp
33.2 mdp
5.3%
Grupo Bimbo
61 mil 846.4 mdp
2 mil 362.7 mdp
3.8%
Femsa
70 mil 970 mdp
5 mil 671 mdp
8.0%
Altos Hornos de México
5 mil 039 mdp
501 mdp
9.9%
Grupo Bachoco
5 mil 251 mdp
504 mdp
9.6%
Este selecto grupo de burgueses, a pesar de llamarse sociedades anónimas, representan intereses particulares, que por supuesto tienen nombre: Carlos Slim (Telcel, Telmex, Grupo Carso, Grupo Inbursa), Emilio Azcárraga (Televisa), Lorenzo Servitje (Grupo Bimbo), José Antonio Fernández (Femsa-Coca cola), Xavier Autrey (Altos Hornos de México), Alberto Bailleres (Peñoles, El Palacio de Hierro), Germán Larrea Mota Velasco (Grupo México, Banamex), Ricardo Salinas Pliego (Tv Azteca, Grupo Elektra), Jerónimo Arango (Wal-mart de México), Roberto Hernández (Hotelería), Emilio Azcárraga (Televisa, Cablevisión, Sky), Alfredo Harp Helú (Avantel) y Lorenzo Zambrano (Cemex, Axtel), Claudio X González (presidente del Consejo de Administración de la trasnacional Kimberly Clark, propiedad del congresista estadounidense James Sensenbrenner), Roberto González Barrera (Grupo Maseca, Banorte), Familia Saba (Grupo Saba), Dionisio Garza Medina (Grupo Alfa), Ricardo Martín Bringas (Grupo Soriana, que compró a Grupo  Gigante), Carlos Arenas Wiedfeldt(Grupo Herdez), Eduardo Monroy Cárdenas (Grupo La Moderna), Carlos Fernández González (Grupo Modelo), Max Michel Souberville (Liverpool), Gastón Azcárraga (Grupo Posadas), Francisco Robinson Bours-Castelo (Grupo Bachoco),  que en su conjunto durante el primer semestre de 2010, pagaron impuestos por 45 mil millones de pesos por sus ingresos, mismos que ascendieron a un billón 14 mil 983 millones de pesos, es decir, sólo el 4.46% de sus ingresos. ¡45 mil millones de pesos! Apenas por encima del presupuesto para la UNAM, que para 2012 llega a los 31 mil 653 millones de pesos; en otras palabras, estos barones del dinero que obtuvieron en 6 meses, gracias a la explotación a los trabajadores, el 27% de los ingresos federales previstos para el próximo año pagaron impuestos que apenas llegan al 1.2% de ese mismo presupuesto, y todo ello, al amparo del Estado: “El Estado moderno, cualquiera que sea su forma, es una máquina esencialmente capitalista, un Estado de los capitalistas: el capitalista total ideal” (Engels, Anti-Dühring). Estas palabras de Engels reflejan a quienes protege y “ayuda” el Estado y contra quienes está, pues mientras las ganancias de los empresarios se acrecientan a espaldas del sudor de la clase obrera, el Estado lejos de utilizarestos recursos para mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora, brinda dinero a manos llenas a la burguesía: esta es la dinámica del capitalismo por más buen rostro que pueda tener.
Los egresos: la deuda no es sólo un problema de Europa y Estados Unidos
El ingreso por deuda pública del Estado será aumentado en 435 mil millones de pesos (mientras que en el presupuesto de egresos se destina un pago de deuda de 257 mil 799 millones de pesos), con lo cual se ratifica la gran participación del capital financiero en las finanzas del Estado, especulando e invirtiendo sus capitales en el Estado mexicano, situación que se repite a nivel estatal y municipal: la deuda de los gobiernos de los estados se elevó a una tasa de 77.9%, mientras la deuda de los ayuntamientos ha pasado de 14 mil 622 millones de pesos al cierre del 2006 a 41 mil 396 millones en septiembre de este año, es decir, un aumento del 132%. En palabras del diario burgués El Financiero (23/11/11) la “deuda de los estados y municipios representa actualmente el 72.6% de las participaciones federales; […] significa que de cada peso que reciben de participación federal, 70 centavos ya están comprometidos para el pago de la deuda y sus intereses”;  y los acreedores de esta inmensa deuda son nuevamente la banca y los grandes capitalistas, que se vuelven acreedores del Estado, utilizándolo como una herramienta política para aumentar sus ganancias a costa de una mayor explotación para la clase trabajadora; no por nada fuel el PRI el más insistente en que los recursos del presupuesto destinados a los estados y municipios se incrementaran, pues con 20 entidades de la república bajo su jurisdicción, el PRI le exige al gobierno federal panista mayores recursos para la corrupción de la alta burocracia de los gobiernos estatales y municipales, pero ante todo, para el pago a sus acreedores, la burguesía financiera nacional e internacional que fusiona sus capitales con la burguesía industrial; a esto hay que añadir que el narcotráfico y el crimen organizado también invierten sus capitales en la banca y en el propio Estado como una manera de lavarlo, por lo que no sólo burgueses “respetables” del tipo Slim, Azcárraga o Salinas Pliego son acreedores del Estado, sino también aquellos de la calaña del Chapo Guzmán.
La crisis capitalista pone de manifiesto la ligazón entre los diferentes sectores de la burguesía, desde su sector financiero, que somete al sector industrial a través de la especulación y la sobreproducción, hasta su sector más lumpenizado que es el narcotráfico y el crimen organizado canalizando sus capitales al sector financiero, sin necesidad de pasar por el tortuoso camino de la producción, como ya lo mencionábamos en otro artículo: “El capital no tiene moral ni tampoco principios, sólo sabe de ganancias y mejor aún si estas se obtienen pronto y casi a cambio de nada, es decir bajo las mejores tradiciones del capital financiero y parasitario” (http://www.militante.org/monterrey-casinos-masacres-narco-lavado-de-dinero-el-capitalismo-apesta); en otras palabras, las de Engels en el Anti-Dühring: “El capitalista no tiene ya más actividad social que percibir beneficios, cortar cupones y jugar a la bolsa, en la cual los diversos capitalistas se arrebatan los unos a los otros sus capitales.” El nivel de endeudamiento, la política proteccionista de los Estados Unidos, la sobreproducción que continúa a raíz de la crisis económica mundial y el hecho de que se sigan otorgando exenciones de impuestos a los  grandes capitalistas descarta un panorama alentador para la recuperación de la industria mexicana y sus exportaciones.
Deuda externa y rescate bancario
Hemos visto ya que gran parte de los ingresos de la federación van a parar a manos de los capitalistas, que la austeridad de la que hablan los gobiernos existe sólo en los bolsillos del trabajador, no en el de los empresarios honestos que ya enunciamos, pero sin duda un lastre aun más intolerable para la clase trabajadora sigue siendo la deuda y el rescate bancario. La llamada deuda pública no representa más que los recursos que el Estado transfiere  a manos llenas a la burguesía, el capital que la banca y las empresas extraen del trabajo asalariado e “invierten” en el Estado para infraestructura, servicios e industria, los empréstitos, ya sea de la burguesía nacional (deuda pública interna) o internacional a través del FMI, Banco Mundial, entre otros (deuda externa, la que contrae el Estado que es la deuda pública externa o la que contraen los bancos y empresas, la deuda privada externa); Grecia es un claro ejemplo de ello: Merkel y Sarkozy, por ejemplo, arremeten cada que pueden contra el gobierno y la banca privada griega por que sus acreedores, es decir, aquellos que prestaron e invirtieron en el Estado y banca griega son los bancos franceses y alemanes. La deuda pública es resultado de la especulación financiera de la banca privada, que somete al Estado, lo compromete a pagarle elevados intereses, cuando tanto los recursos que la banca posee e invierte, así como los que paga el Estado no son más que producto de la plusvalía extraída a los trabajadores, y su carácter de pública es porque el Estado como ente social cuyo carácter de clase es burgués compromete a su vez a todos los trabajadores al pago de esta deuda a través de la plusvalía y de los impuestos.
El rescate bancario es entonces la constatación de un Estado burgués, que brinda la plusvalía extraída a los trabajadores a través de los impuestos a la banca y la industria para que éstos continúen amasando grandes fortunas; esta situación se exacerba en tiempos de crisis a través de la inyección de fondos públicos a la banca y las grandes empresas lo que no es más que la socialización de las pérdidas de la burguesía; por otra parte estas pérdidas no son más que el producto de la disputa de la plusvalía entre los distintos sectores de la burguesía internacional a través del mercado financiero: lo que son pérdidas para un burgués son ganancias para otro, pero estas pérdidas y ganancias las termina pagando la clase trabajadora. Por ejemplo, segúnLa Jornada en su edición del 11 de septiembre de 2010, “Los contribuyentes mexicanos deberán transferir 16 mil 664.8 millones de pesos en 2011 para pagar el costo del rescate bancario de 1995” esto es, que de los impuestos que la población a porta al Estado, lejos de utilizarse en mejoras sociales, se canalizaron directamente a la banca; de hecho, el mismo diario en su edición del 1 de abril de 2006 menciona que fueron un billón 248 mil millones de pesos lo destinado al rescate bancario de 1995 a 2004, lo que significó 16.9 por ciento del PIB: ¡16.9% del PIB en manos de la banca a través de la socialización de sus pérdidas!. Ahora bien, el problema de la deuda, así como del rescate bancario son también los intereses, los recargos que cobran los mismos bancos por la demora en el pago, tan sólo en 12 años, de 1998 a 2010: “ el gobierno federal transfirió a los bancos que operan en México 590 mil 772 millones de pesos exclusivamente por el pago de intereses de la deuda asumida por el rescate bancario” (La Jornada 08/08/2010), de una deuda que según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ascendía en 2010 a 754 mil 853 millones de pesos: ¡casi tres veces el presupuesto destinado a Educación en 2012, o más de 6 veces el presupuesto destinado a Salud!, con ello el Estado deja en claro que existen recursos, pero también deja en claro a quiénes benefician estos y a quiénes no. Esto es solo con respecto al rescate bancario de 1995, a ello hay que sumar los ya mencionados 257 mil 799 millones de pesos (otro presupuesto completo de Educación) que se plantean en el presupuesto de egresos para 2012 destinados al pago de la deuda, es decir, miles de millones de pesos destinados a las arcas de la burguesía.
La deuda externa es otro lastre no para el Estado y la burguesía, sino para los mismos trabajadores que son sometidos a través de la explotación y el régimen fiscal a contribuir con más impuestos al pago de beneficios de la burguesía: 288 mil millones de dólares transmitidos a la burguesía imperialista de 1993 a 2003 (La Jornada 19/10/2003); para 2011 este monto se elevaba a 257 mil millones de dólares, principalmente por el pago de intereses de esta deuda. Por supuesto que en esta inmensa cantidad de recursos se contempla el monto de deuda privada externa, la que contraen los bancos nacionales con la banca internacional, que claro, también es absorbida por el Estado, que la paga a través de las contribuciones y explotación de la clase trabajadora.
Ante ello, los marxistas proponemos eliminar el rescate bancario, así como la deuda pública, que el Estado deje de dar a manos llenas los recursos que pertenecen a los trabajadores; que se acaben los beneficios fiscales para las grandes empresas, que paguen más impuestos quienes más tienen, así como también el pago de impuestos por las cuantiosas riquezas que obtienen los banqueros y especuladores a través de la bolsa, ¡que la crisis la paguen los capitalistas y no los trabajadores! Para ello es imprescindible luchar por la confiscación de la banca, ponerla en manos de los trabajadores con todos los recursos que arrebatan al proletariado, lo cual pasa por acabar con su protector y benefactor económico, el Estado, poniéndolo al servicio de los trabajadores.
Los egresos
El presupuesto contempla egresos totales por un monto de 3 billones 706 mil 922 millones de pesos (mdp); si bien existe un aumento en cifras en cantidad de recursos destinados a todas la mayoría de secretarías y dependencias, en términos proporcionales con respecto a 2011, las dependencias más favorecidas son Seguridad Pública, Gobernación, de la Defensa Nacional y de Marina, así como el aumento al presupuesto otorgado a los tres poderes de la Unión y a las entidades federativas y municipios. Rubros como la Educación (251 mil 764 mdp, 7% del presupuesto), Salud (113 mil 479 mdp, 3% del presupuesto), Desarrollo Social (84 mil 859 mdp, 2% del presupuesto), Agricultura (71 mil 378 mdp, menos del 2% del presupuesto), entre otros, apenas tienen un mínimo aumento que no alcanza a satisfacer las necesidades de la clase trabajadora. Por otra parte, se destinan 1 billón 746 mil 439 mdp a las aportaciones a la seguridad social, provisiones salariales, recursos para entidades federativas, así como el pago para la deuda pública, no obstante, estos dos últimos rubros representan el 48% de esta partida presupuestal, dejando el pago a aportaciones y salarios a poco más del 50%.
Además, se contemplan egresos de un billón 280 mil 234 millones para dependencias como el IMSS, ISSSTE, PEMEX y CFE; no obstante, gran parte de los recursos se van en la corrupción (recientemente se ha comenzado a investigar un fraude de mil 320 mdp en la CFE de en el que están implicados directivos y gerentes de la empresa, jueces y otros miembros de la burocracia gubernamental y de la dependencia) y pago de salarios a la alta burocracia directiva de estos organismos, así como al pago de impuestos y, en el caso de PEMEX y CFE, a las empresas privadas que suministran y “auxilian” parte de la producción de energía, lo que esconde el paulatino proceso de privatización de la energía eléctrica y el petróleo.
En el caso del IMSS, las cuotas obrero patronales que deben pagar los empresarios al Instituto por supuesto que se reflejan en la nómina de los trabajadores quincena tras quincena, no obstante la burguesía, en su afán de acumular más ganancia y arrebatar más tiempo de trabajo al obrero no aporta tales cuotas a las finanzas del Estado; 1000 millones de pesos que el IMSS no cobró a las empresas en 2007 a pesar de tener un déficit presupuestario de 70 mil millones de pesos; a inicios de 2011 eran ya 4 mil millones de pesos los que el IMSS planteó condonar a las empresas por concepto de cuotas patronales (CNNExpansión), aunque otras fuentes resaltaban que para 2006 80 empresas entre las que destacan Ferrocarriles Nacionales de México (Ferronales), Transportes Aéreos Ejecutivos (TAESA), Volkswagen de México, Bimbo, Telmex, Banamex, Chrysler de México, Notimex, Bridgestone-Firestone, Mexicana de Aviación, Gigante e ICA tenían un adeudo de 3 mil 895 millones de pesos, e incluso se escudaban en el Tribunal Fiscal de la Federación para evadir el pago de estas cuotas (La Jornada 11/01/2006); la burguesía se aferra a la ley, a su ley como un clavo ardiente para infringirla de acuerdo a sus intereses, a favor del máximo beneficio. El Estado, ese administrador de los negocios de los banqueros y empresarios, esa sociedad anónima de la clase burguesa en su conjunto permite que los empresarios cobren la seguridad social al proletariado para que estos recursos los guarden en sus bolsillos: “¿Para qué invertirlos en los trabajadores, cuando pueden incrementar mi ganancia, o mejor aun, puedo incrementarlos jugándolos en la bolsa?”, esa es la lógica del burgués.
Todos los recursos que la burguesía no aporta al IMSS pueden destinarse a mejorar los servicios del Instituto, mejorar la calidad de la atención a los más de 45 millones de derechohabientes, mayor cantidad y surtido de medicamentos, mejorar el equipo técnico para la atención médica, pagar un mejor salario a los trabajadores, médicos, enfermeras y demás personal que ahí labora, e incluso para ampliar la plantilla laboral y ampliar la red de unidades médicas que tengan una mayor cobertura social.
Lo que queda claro es que hay grandes recursos, y los tiene la burguesía, los grandes banqueros, los empresarios, los barones del dinero, esa lista enunciada anteriormente, los obtienen de explotar la fuerza de trabajo asalariada de nosotros la clase proletaria; la crisis económica pasa para nosotros con impuestos, inflación, bajos salarios, mayor jornada laboral, no para ellos; en sus manos está la riqueza que nosotros generamos, y en nuestras manos está el organizarnos y luchar por arrebatarles lo que es nuestro y utilizarlo en provecho de la sociedad. Si la burguesía y su Estado no son capaces de aportar recursos para mejorar las condiciones sociales, entonces se hace necesaria la expropiación de las empresas, y ponerlas bajo control democrático de los obreros, para que destinen los recursos necesarios para el bienestar social.
Frenemos a la burguesía y sus partidos, el PRI-PAN, con la lucha de la clase trabajadora
A pesar de que las disputas entre el PAN y el PRI estuvieron presentes en estas negociaciones, además del contexto electoral en Michoacán, la discusión del presupuesto no tuvo mayores complicaciones, de hecho el papel del PRD a nivel parlamentario fue más que tibio, limitándose a exigir mayores recursos del presupuesto para el DF dadas las obras de infraestructura que Ebrard ha planteado para la ciudad; este papel del PRD es producto de la política de la derecha dentro del partido, que ha puesto al partido al servicio del PRI y el PAN, pero también y en gran medida a la ausencia de una política revolucionaria por parte de los sectores de izquierda del partido, que han sido incapaces de orientar a la base trabajadora perredista, del PT y Convergencia a una lucha a través de la movilización, mítines y paros masivos para frenar la política de la burguesía que representa el régimen de Calderón; un mayor presupuesto para mejorar las condiciones de vida de las masas no se gana en las curules, sino exigiéndolas en la lucha organizada del pueblo trabajador. De ello se explica que la aprobación del presupuesto se diera de manera tan rápida. No cabe duda que el régimen de Calderón y el PAN cada vez están más debilitado y que el PRI ha ido sometiendo a esta administración de Calderón a sus exigencias, levantando la mano como representante político de los intereses de la gran burguesía imperialista y nacional, poniendo a su servicio al Congreso de la Unión y con miras a aprobar toda una serie de contrarreformas y ataques a la clase trabajadora que puedan aumentar el nivel de ganancias de la banca y los empresarios. A pesar de las disputas entre el PRI y el PAN por el poder político, lo que en realidad se disputan son los beneficios que conlleva representar políticamente a la burguesía para que esta siga acumulando inmensas riquezas, para lo cual necesitan poner al Estado en su servicio como una herramienta de dominación contra la clase trabajadora y demás sectores explotados; representan diferentes sectores de una misma clase, la burguesía, y se están disputando la representación de los sectores decisivos de la burguesía, aquellos peces gordos de la banca, los monopolios, la gran industria, en otras palabras, la burguesía imperialista, no por nada Peña Nieto se ha dado a la tarea de buscar las simpatías del imperialismo norteamericano que tiene intereses en México para seguir ampliando el margen de maniobra de su capital, donde incluso el priísta ha hecho declaraciones en torno a abrir PEMEX a la iniciativa privada.
La batalla parece estarla ganando el PRI, pero no hay que olvidar que ambos partidos representan a una misma clase; a esto se suma, la traición de los sectores de derecha dentro del PRD, encabezados por los chuchos, ofreciendo al PRD como una herramienta política para apoyar los intereses de la derecha, pero también está presente el descontento de la mayoría de la población y la las diferentes luchas que el pueblo trabajador a protagonizado desde 2005 en contra del desafuero de AMLO, en 2006 contra el fraude y la lucha de la APPO en Oaxaca, la lucha contra la ley del ISSSTE en 2007 y en defensa del petróleo en 2008, además de la lucha del SME en 2009 y la participación en la lucha que ha tenido el MORENA. Estos factores condicionan la actuación de la burguesía, propician los desacuerdos en torno a los ritmos para aplicar los ataques a los trabajadores como la contrarreforma a la Ley Federal del Trabajo; es por ello que, en la medida en que la clase obrera siga en lucha podremos ver en un corto plazo es este tipo de acuerdos políticos en el parlamento entre el PRI y el PAN en defensa de los intereses de la burguesía, acuerdos que continuarán en la medida en que la dirección del movimiento de izquierda en México se lance a una lucha ofensiva contra el régimen de Calderón y la burguesía; de esta lucha revolucionaria y decidida impulsada por la dirección del proletariado que corresponda con los intereses de la clase trabajadora en lucha dependerá que incluso ni los acuerdos puedan solucionar la crisis de la burguesía. Por lo que debemos dejar en claro es que la clase trabajadora mexicana tiene la capacidad y el potencial para dar la lucha contra Calderón y la burguesía, por mejorar sus condiciones de vida: las luchas de la clase trabajadora a nivel mundial y especialmente en Egipto, Libia, Grecia e Italia donde los gobiernos que apoyan los ataques de la banca y los capitalistas contra la clase obrera han tenido que dimitir demuestran la fuerza organizativa de los trabajadores en la lucha por terminar con la explotación del capital.
Esta es una lección muy importante para el movimiento de izquierda que encabeza AMLO: la burguesía no está dispuesta a tolerar concesiones a la clase trabajadora, por lo que permitir la entrada al movimiento de los intereses de empresarios es abrirle las puertas a la necesidad de la burguesía de acumular más ganancias a costa de la explotación de la clase trabajadora, de la base misma del movimiento. No se pueden conciliar los intereses de la burguesía y el proletariado bajo un mismo programa político. La lucha de la clase trabajadora tiene que ser una lucha independiente de la burguesía, tiene que regirse por métodos revolucionarios como la organización de comités, la movilización en las calles, la huelga general, a través de un frente único de sindicatos, PRD, MORENA y otras organizaciones de izquierda, y tiene que partir de las demandas más inmediatas del pueblo trabajador para dirigirse a través de un programa que se plantee la expropiación de la industria, de la banca y de la tierra y que éstos sean controlados por la participación democrática de los trabajadores, y que, con un Estado obrero, sean los proletarios basados en una economía planificada quienes decidan los rumbos de donde y para qué se destinan los recursos que los mismos trabajadores producimos, en resumen tiene que dirigirse a la lucha por el socialismo.
¡Compañero trabajador, contra los ataques de la burguesía y sus partidos, únete a Militante y lucha por el socialismo!