El brutal asalto a las instalaciones de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (CLyFC) por la policía federal y elementos del ejercito, y el simultaneo despido de mas de 46 mil trabajadores electricistas afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas , sin que mediara una resolución judicial y el proceso público del cierre de una empresa es violatorio de la Constitución. Es la transgresión de la legislación laboral mexicana y constituye un atropello a los derechos humanos de los obreros. La violación de las garantías jurídicas, laborales económicas y sociales constituye una amenaza contra todos los mexicanos que podemos ser afectados en nuestros derechos cuando sirva a los intereses del gobierno.
ABSURDO RESPONSABILIZAR A LOS TRABAJADORES DE LA MALA ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA
Efectivamente, hoy el gobierno responsabiliza a los salarios y prestaciones de los trabajadores para, sin el juicio laboral desaparecer el Contrato Colectivo y despedir a decenas de miles de obreros. Todos sabemos que los patrones o los funcionarios encargados de la administración deciden la organización del trabajo, las compras y ventas, el manejo financiero de la empresa; los trabajadores NUNCA son consultados sobre la planeación de las empresas o las instituciones. Sobre los salarios de los gerentes o funcionarios o sobre las ganancias, nunca se consulta a los trabajadores.
ALTOS SALARIOS A FUNCIONARIOS, E INMENSAS GANANCIAS LAS CAUSAS DE LA “INEFICIENCIA ” DE LAS EMPRESAS
Sabemos los inmensos salarios que ganan los secretarios de Estado, directores generales. Más de 30 mil funcionarios ganan más de 100 mil pesos al mes, más una serie de privilegios comenzando por el presidente y los expresidentes, los secretarios de Estado y los directores generales obtienen más de 200 mil pesos. Los ministros de la Corte reciben más de 300 mil pesos, gobernadores, legisladores tienen salarios millonarios, que ponen las instituciones y el patrimonio nacional al servicio de las empresas extranjeras y unas cuantas familias nacionales que se apropian de la riqueza que producimos los mexicanos. Los salarios de los obreros calificados que no llegan a 10% de los salarios de los funcionarios no son y no puede ser la causa de la problemática de LyFC.
La voracidad empresarial no se limita a reducir salarios y condiciones de trabajo, se han apropiado del ahorro laboral, de los fondos de pensiones y de la seguridad social, hacen negocio de los derechos sociales como es la vivienda, la salud, la educación y la cultura.
¿QUIÉN SIGUE?
¿AUTOMOTRICES, MINEROS, MAESTROS, TRABAJADORES DE LA SALUD …?
¡ LA PRECARIZACIÓN DEL EMPLEO PARA TODOS!
El atropello a los trabajadores electricistas, es una política del Estado para bajar salarios y disminuir prestaciones, intensificar y flexibilizar el trabajo; condiciones que reclaman los empresarios para adquirir las empresas públicas. Esta ofensiva va dirigida a todos los trabajadores que ganan más de 3 salarios mínimos. Van contra los salarios de cerca de 6 millones de trabajadores calificados que han logrado con la lucha mejores condiciones salariales y laborales.
El modelo laboral neoliberal que se ha impuesto es el trabajo maquila, el empleo precario, sin estabilidad, con salarios a destajo, sin prestaciones, sin seguridad social y sin organización profesional y laboral.
Tal estrategia, está dirigida a perpetuar la situación de incertidumbre y precariedad laboral de más de 10 millones de asalariados y más de 15 millones de trabajadores informales que laboran al margen de la protección de la legislación laboral mexicana y de los convenios internacionales suscritos por el Estado mexicano.
De consumarse esta injusticia, no sólo se atenta contra 40 millones de trabajadores mexicanos; se está condenando el futuro de los jóvenes a un empleo degradante y a una mayor desigualdad y violencia en el país.
REDUCCIÓN DEL SALARIO PARA INCREMENTAR GANANCIAS
El tope salarial de 3.9% que acaban de aceptar los charros del sindicato del IMSS; constituye un atentado al ingreso familiar cuando la inflación supera el doble de esta cantidad y la devaluación supera 30%. La carestía disminuye la capacidad de compra del salario.
El baquetazo presupuestal de Calderón es otro golpe a los ingresos de la clase trabajadora. El incremento de impuestos y la reducción de acceso a la educación y a los servicios de salud por la disminución del gasto social, contrasta con los paraísos fiscales que permiten a las empresas trasnacionales y a la especulación financiera no pagar impuestos, evadir obligaciones fiscales y laborales para mantener las inmensas ganancias y fortunas de un puñado de empresarios apátridas.
TAMBIÉN VAN SOBRE LOS FONDOS DE PENSIONES
El fracaso del sistema y la crisis financiera, la pretende cubrir el gobierno con los fondos de pensiones. El gobierno del PAN asociado al PRI promueve el uso de la reserva del IMSS y transferir a la bolsa de valores los fondos de pensiones. El régimen insistió en que no se privatizaría la seguridad social, sin embargo, el sector financiero internacional se ha apropiado del ahorro laboral, la banca usufructúa y maneja 1.9 billones de pesos y cobra altísimas comisiones a los trabajadores y altas tasas de interés a los usuarios de estos fondos laborales. Negocio redondo.
Las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES) actualmente manejan 1.9 billones de pesos (millones de millones) de los fondos de pensiones de los trabajadores afiliados al IMSS; mientras que 500 mil millones de pesos del INFONAVIT y 300 mil millones de pesos del SAR y FOVISSSTE de los empleados públicos son manejados en otros instrumentos financieros.
El año pasado las AFORES (con poco más de 800 mil millones de pesos) tuvieron pérdidas de más de 100 mil millones de pesos por la crisis financiera y la especulación del gobierno, pérdidas que fueron cargadas a los fondos de pensión de los trabajadores; la banca obtuvo ganancias superiores a los 17 mil millones de pesos por cobro de comisiones, más los intereses por prestar el dinero de los trabajadores. El gobierno tiene contratados 70% de los fondos de pensiones en bonos de deuda por lo que paga intereses a los banqueros.
El gobierno intenta transferir “invertir” en la bolsa de valores el ahorro laboral que manejan las Afores, supuestamente para la construcción de carreteras e infraestructura. Al colocar en la bolsa los fondos de pensión, se ponen en riesgo las futuras pensiones de más de 12 millones de trabajadores inscritos al IMSS. Efectivamente, en la bolsa los grandes capitales internacionales se comen a los pequeños ahorradores, y en la crisis lo único que hace el gobierno es dar a los grandes capitalistas el dinero de los trabajadores para que lo especulen o la manejen para su beneficio. El gobierno les llena la bolsa a los banqueros con nuestro dinero.
El gobierno para agredir a los electricistas señala un pasivo laboral de 240 mil millones de pesos, que significan obligaciones laborales, para lo cual se debieron constituir reservas para asumir los compromisos principalmente de jubilación y retiro. ¿A cuanto ascienden los fondos para cubrir el pasivo laboral?
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