El decreto del gobierno que desaparece a Luz y Fuerza del Centro (LFC) es un golpe contra su sindicato y todo el pueblo, y urge que los trabajadores, mujeres, estudiantes y toda la población luchemos por derogarlo. Además, Calderón quiere hacernos creer que el fracaso de LFC es responsabilidad de los trabajadores y no del gobierno, como lo es en realidad.
Podemos detener a Calderón, que mediante la eliminación de la empresa estatal, busca avanzar en el proceso de privatización de la energía eléctrica. Ya en Atenco se paró la construcción del aeropuerto, y en Bolivia, las masas impidieron que se privatizara el agua.
La privatización de la energía eléctrica significaría mayores tarifas para el pueblo trabajador y no es garantía de un mejor servicio, como quedó demostrado con la privatización de Telmex, que elevó las tarifas de manera descomunal y sólo benefició a Carlos Slim y por supuesto a Salinas de Gortari.
Además, se pretende liquidar las conquistas laborales del sindicato y destruir a este gremio, uno de los más antiguos y combativos en el país. Se trata de que, en el marco la peor crisis económica y política que ha vivido el país en toda su historia, no existan reductos de resistencia a los planes que el gobierno prepara para el próximo año y que ocasionarán desempleo, hambre y miseria.
Esta medida desesperada, en la que tuvieron que utilizar a la Policía Federal Preventiva como en Oaxaca y en Atenco, responde a la derrota sufrida por los panistas en las últimas elecciones. Ahora busca fortalecerse y legitimarse ante los dueños del capital y una sociedad bombardeada por la campaña de falsos argumentos transmitidos por los medios de comunicación.
Busca entonces cambiar las condiciones políticas en el país a su favor e intenta llenar el boquete financiero de 300 mil millones de pesos que pretende cubrir con mas impuestos y el sacrificio de los trabajadores, arrebatando conquistas y prestaciones. Es la crisis capitalista la que explica la actual situación.
La ofensiva no solo es contra el sindicato electricista, es una ofensiva contra la clase trabajadora, contra los sindicatos, los derechos laborales y las empresas de la nación. Así prepara el terreno para imponer sus contrarreformas en el tema laboral y el petrolero, para entregarlas al gran capital.
El decreto presidencial es ilegal y anticonstitucional, no contó con el aval del Congreso de la Unión ni con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. Lo más importante es que se enfrenta a una organización sindical que cuenta con un enorme poder de convocatoria, que puede conjuntar el descontento social si se lo propone y desarrollar un plan de lucha incontenible.
Esta lucha no es fácil, implicará un enorme esfuerzo y sacrificio de la base electricista, que no debe cobrar sus indemnizaciones. Además, se impone un verdadero apoyo de los sindicatos y organizaciones democráticas del país, quienes sólo de forma organizada, en un Frente Nacional de Lucha, podrán desarrollar una contraofensiva contra el gobierno y sus aliados, preparando un paro nacional y una huelga general para derrotar al gobierno, con un programa que ponga en primer lugar que quienes deben pagar la crisis sean los amos del capital.
Es el momento de salir a la lucha, de sumar a todos los trabajadores descontentos, así como a sus organizaciones, quienes deben emplazar a huelga por solidaridad con el SME, acompañando el emplazamiento con bloqueos carreteros. La onda expansiva del movimiento debe hacer sentir su fuerza en todo el país.
Calderón puede ser derrotado, siempre y cuando el pueblo trabajador se vuelque a las calles a poner un alto a la política de militarización, de ataque a los sindicatos, por la defensa del patrimonio nacional, sumando las demandas de millones de trabajadores por empleo, mejores salarios y respeto a sus condiciones de vida y de trabajo.
Es el momento de conjuntar todas las acciones, todas las protestas, en defensa del SME, rechazando los planes entreguistas del gobierno y sus aliados, los partidos burgueses y los grandes capitalistas.
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