miércoles, 14 de octubre de 2009

Crimen agrava la tensión en México

Sindicalistas de la electricidad se manifestaron ante la Cámara de Diputados exhibiendo su bandera y pidiendo que se respetaran sus derechos. (FOTO: AP) Parte de la protesta de los electricistas consiste en mostrar carteles con detalles de la denuncia sindicalista para que los paseantes y los automovilistas tengan oportunidad de leerlas. (FOTO: EFE])
MÉXICO, D.F.— La crisis por el cierre de la paraestatal Luz y Fuerza del Centro (LyFC) se agudizó ayer ante la postura del sindicato que rechaza su extinción, arrancó movilizaciones y recursos legales, mientras en Cuernavaca, Morelos, fue asesinada Amelia Ávila, jefa del departamento jurídico de la División Centro Sur de la también gubernamental Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Aunque no se han determinado las causas del homicidio, los hechos enrarecieron el ambiente político y sindical porque la CFE, la mayor eléctrica pública del país, es la encargada de llevar a cabo el proceso de liquidación de LyFC, que daba servicios a cinco entidades del centro: el Distrito Federal, Estado de México, Morelos, Puebla e Hidalgo.

Hasta el momento, la CFE está haciendo el trabajo de la compañía desaparecida por decreto presidencial el pasado domingo. Está laborando con 3,500 empleados, cifra que pretende incrementar con la recontratación de por lo menos 10,000 de los 44,000 trabajadores liquidados de LyFC.

El gobierno ofreció 20,000 millones de pesos (alrededor de 1,538 millones de dólares) a todos aquellos a que se acojan de forma inmediata al plan de despido, por lo que podrían ser beneficiados con hasta 33 meses de sueldo en promedio.

La secretaria de Energía, Georgiana Kessel, informó que no se reportaron ni apagones ni fallas en al zona centro del país luego de que la Policía Federal tomara las instalaciones de la paraestatal, tras un conflicto interno con el sindicato cuando el gobierno federal se negó a aprobar la elección del secretario general, Martín Esparza.

El presidente Felipe Calderón acusó al SME de ser la causa principal de la situación financiera "insostenible" de LyFC, explicando que por robos, corrupciones e ineficiencias cada año perdía una tercera parte de su producción y los contribuyentes debían retribuirle más de 42,000 millones de pesos para garantizar cada 12 meses el abasto de luz.

Algunos grupos de oposición, como los izquierdistas Partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia, manifestaron su apoyo al sindicato, argumentando que la liquidación de la compañía es sólo una medida previa a la privatización, prohibida por la constitución, aunque Calderón lo ha negado.

En la Cámara de Diputados, Esparza, líder de SME, negó ante congresistas los números de Calderón sobre los subsidios y que la organización que encabeza vaya a boicotear o provocar fallas eléctricas, como se había difundido en mensajes de correo electrónico.

Aparentemente familiares y trabajadores electricistas arrancaron por la mañana de ayer una campaña telefónica entre amigos y conocidos para que a diariamente entre las 8:30 y 9:00 de la noche se encendieran todas las luces y aparatos para provocar fallas.

"A nosotros nos interesa la empresa, el desarrollo del país, jamás vamos a sabotear ninguna instalación", corrigió Esparza ante legisladores, aunque insistió en que hay violación de la Constitución y a la Ley Federal del Trabajo por lo que busca apoyo parlamentario para interponer una controversia constitucional.

Del lado de las autoridades, el secretario Fernando Gómez Mont dijo que sostendrá la legalidad de la medida ante las instancias que deberá responder.

Ayer los electricistas se presentaron en las instalaciones de LyFC tomada por los policías y ahí se encontraron con la advertencia del SME de que no cobraran los dineros que el gobierno depositaría como pago de sus últimos días de servicio para así poder proceder por la vía legal.

Por la tarde marcharon hacia la sede de la Cámara de Diputados, acompañados por el ex candidato presidencial de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, quien culpó al ex presidente Carlos Salinas de Gortari (1988 -1994) y al empresario Carlos X. González de querer privatizar el servicio eléctrico.

El próximo jueves se realizará una marcha multitudinaria en la cual participarán otras agrupaciones que apoyan al SME como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de Oaxaca y la Unión Mexicana de Trabajadores (UNT) que consideraron el caso como un atentado contra todos los gremios del país.

"Si no es un ataque, entonces ¿qué es?", dijo en conferencia de prensa Francisco Hernández Juárez, de UNT, quien teme que su organización sea medida con la misma vara.

MÉXICO, D.F.— La crisis por el cierre de la paraestatal Luz y Fuerza del Centro (LyFC) se agudizó ayer ante la postura del sindicato que rechaza su extinción, arrancó movilizaciones y recursos legales, mientras en Cuernavaca, Morelos, fue asesinada Amelia Ávila, jefa del departamento jurídico de la División Centro Sur de la también gubernamental Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Aunque no se han determinado las causas del homicidio, los hechos enrarecieron el ambiente político y sindical porque la CFE, la mayor eléctrica pública del país, es la encargada de llevar a cabo el proceso de liquidación de LyFC, que daba servicios a cinco entidades del centro: el Distrito Federal, Estado de México, Morelos, Puebla e Hidalgo.

Hasta el momento, la CFE está haciendo el trabajo de la compañía desaparecida por decreto presidencial el pasado domingo. Está laborando con 3,500 empleados, cifra que pretende incrementar con la recontratación de por lo menos 10,000 de los 44,000 trabajadores liquidados de LyFC.

El gobierno ofreció 20,000 millones de pesos (alrededor de 1,538 millones de dólares) a todos aquellos a que se acojan de forma inmediata al plan de despido, por lo que podrían ser beneficiados con hasta 33 meses de sueldo en promedio.

La secretaria de Energía, Georgiana Kessel, informó que no se reportaron ni apagones ni fallas en al zona centro del país luego de que la Policía Federal tomara las instalaciones de la paraestatal, tras un conflicto interno con el sindicato cuando el gobierno federal se negó a aprobar la elección del secretario general, Martín Esparza.

El presidente Felipe Calderón acusó al SME de ser la causa principal de la situación financiera "insostenible" de LyFC, explicando que por robos, corrupciones e ineficiencias cada año perdía una tercera parte de su producción y los contribuyentes debían retribuirle más de 42,000 millones de pesos para garantizar cada 12 meses el abasto de luz.

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