Los que suscribimos, académicos, universitarios, especialistas en derecho del trabajo, ante los sucesos en torno a LFC, manifestamos nuestra más enérgica protesta por la forma en que el Ejecutivo violenta el estado de derecho que debiera preservar, utilizando publicidad tendenciosa para confundir a los trabajadores y vencerlos en su legítima resistencia.
- El decreto de extinción viola las más elementales garantías constitucionales; indebidamente pretende dar por terminada una relación individual y colectiva sin someterse a los procedimientos legales aplicables al caso.
- Conforme a nuestra norma constitucional, el Ejecutivo federal invadió facultades propias del Poder Legislativo, con la clara intención de orientar el sector eléctrico hacia un proceso de privatización ajeno al carácter público que nuestra norma máxima garantiza.
- Resulta obvio que en el presente caso el despido masivo es injustificado y que en todo caso opera una sustitución patronal, por lo que deben ser respetados los derechos de los trabajadores.
- La mejor opción para los trabajadores es no acceder a la liquidación que de manera indignante, violentando los más elementales derechos humanos, se pretende imponer por el gobierno.
- Esperamos que el Poder Judicial federal haga prevalecer el orden jurídico constitucional, ya que resulta obvio que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje no es un órgano confiable para impartir justicia.
Alfonso Bouzas, Aleida Hernández, Manuel Fuentes, María Teresa Guerra, Arturo Fernández, Guadalupe Zamora, Enrique Larios, Octavio Cantón, Martha Moheno y Felipe Ortuño
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