María Dolores París Pombo (El Colegio de la Frontera Norte)
El día 27 de abril, una caravana humanitaria de periodistas, activistas sociales y observadores internacionales, que se dirigía al Municipio Autónomo de San Juan Copala, Oaxaca, fue agredida con armas de alto poder por integrantes de la organización priista Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT).
En el ataque, fueron asesinados Alberta Cariño Trujillo, de la organización CACTUS, y Tyri Antero Jaakkola, originario de Finlandia. Durante varias horas, otros integrantes de la caravana permanecieron desaparecidos, al verse obligados a huir por el monte para salvar la vida.
Esta misión humanitaria se dirigía hacia Copala para romper el sitio que ha impuesto la UBISORT, del Partido Revolucionario Institucional. En efecto, desde inicios de este año los cerca de 700 habitantes del municipio autónomo, cercados por miembros armados de esa organización, no disponen de servicios básicos como agua y luz. El médico del centro de salud ha tenido que irse, los niños no asisten a la escuela y la escasez de víveres se está volviendo cada vez más extrema.
La región Triqui Baja, ubicada en la Mixteca Oaxaqueña, lleva varios años de conflicto político entre grupos que luchan por el control de las comunidades y la recepción de recursos económicos por parte del gobierno. Estos enfrentamientos han provocado centenares de muertes y el desplazamiento forzado de más de la mitad de la población triqui hacia otras regiones de México y hacia los Estados Unidos. Desde mediados de los noventa, el conflicto se ha caracterizado por los asesinatos y los enfrentamientos armados entre el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), y la UBISORT. En enero de 2007, disidentes de ambas organizaciones crearon el Municipio Autónomo de San Juan Copala (MASJC) con el propósito de pacificar la región a través de un gobierno indígena que se rigiera por usos y costumbres, sin la intervención de los partidos y organizaciones políticas.
Como en muchas zonas del país, en la Triqui ha reinado la total impunidad, la ausencia del estado de derecho y el abandono por parte de las instituciones estatales y federales. La falta de justicia en casi todos los asesinatos y los permanentes hechos de violencia han transformado la región en un territorio sin ley, donde los derechos humanos se violan cotidianamente y donde existe un verdadero clima de terror.
Pero a pesar de la notable ausencia de las instituciones federales y estatales que deberían brindar los servicios básicos, la región Triqui Baja no carece de recursos públicos. Al contrario, durante los últimos años se ha visto inundada por millones de pesos canalizados a través del MULT y de la UBISORT. Estas organizaciones gobiernan cada una a varios barrios de Copala con la connivencia y el respaldo político del gobierno del estado, con las armas y el control total del presupuesto que llega a “sus” comunidades ya sea a través de las agencias municipales o bien directamente a los líderes. En septiembre 2003, en una entrevista que realicé en el barrio de Rastrojo a Rufino Merino, dirigente del MULT, éste me presumió que el gobernador acababa de entregarle más de 15 millones de pesos para la pavimentación de la carretera de Putla a Juxtlahuaca que cruza toda la región y que actualmente es intransitable. Por otro lado, de acuerdo con documentos de la Secretaría de Desarrollo Social, en ese año esta misma organización recibió del programa Oportunidades casi 18 millones de pesos, más que cualquier otra organización en el estado de Oaxaca, incluyendo las oficiales. Cabe señalar que a diferencia de otras regiones rurales donde el programa opera con la entrega de becas a las madres de familia, en la región triqui las agencias municipales “recogen” la totalidad de los apoyos monetarios y hacen uso de ellos de acuerdo a sus propias prioridades.
El apoyo del gobierno del estado a los grupos paramilitares se hizo evidente, en 2003, cuando el MULT fundó el Partido de Unidad Popular. El PUP, presentado por sus dirigentes como el primer partido político indígena del país, es sobre todo una experiencia más de las prácticas de manipulación y división del voto opositor y de los movimientos sociales por parte de las elites priístas en Oaxaca. En efecto, uno de los artífices principales del nuevo partido estatal fue el exgobernador José Murat. Por otro lado, la posición privilegiada que adquirió Unidad Popular como interlocutor de los triquis con gobierno estatal no hizo más que agravar la situación de violencia en la región. Algunos dirigentes del MULT-PUP marginaron o expulsaron de la dirección política del movimiento a líderes reconocidos como “dirigentes naturales” de sus comunidades y armaron a grupos paramilitares para reprimir el ascenso de jóvenes líderes.
El aislamiento del conflicto en la Triqui y la retirada de las instituciones sociales han permitido la imposición de una verdadera dictadura por parte tanto del MULT-PUP como de la UBISORT-PRI. En las comunidades controladas por cada una de estas organizaciones armadas, todos los habitantes son considerados como “bases” de apoyo y obligados – bajo amenazas de multas, golpes o asesinatos – a participar en las movilizaciones e incluso en los enfrentamientos armados. Además de disponer de recursos millonarios, las organizaciones de la triqui están poderosamente armadas y regularmente son surtidas de municiones y nuevo armamento. Apenas en febrero de este año, habitantes de San Juan Copala que habían huido hacia Juxtlahuaca burlando el cerco de la UBISORT, denunciaban que los líderes de esta organización acababan de recibir un fuerte cargamento de armas AK 47 y R 15 y cientos de cartuchos, procedente de Santiago Juxtlahuaca.
Las declaraciones de los gobiernos estatal y federal y la cobertura de muchos medios de comunicación, cuando salen a la luz asesinatos y masacres en las regiones indígenas, se enfocan siempre en el supuesto “carácter ancestral” de los conflictos y en las llamadas “luchas intercomunitarias”. El Estado parece así librarse de cualquier responsabilidad en lo que debería de ser su función primordial, garantizar los derechos y la seguridad de todos los ciudadanos. En efecto, igual que en el caso de la llamada “guerra contra el narco”, lo que priva es la culpabilización de las víctimas: se matan entre ellas, lo han hecho por siglos, este impulso al crimen y a la confrontación armada es parte misma de su naturaleza.
Sin embargo, el pueblo triqui se ha caracterizado, antes que nada, por su trayectoria histórica de de movilización por la defensa de sus derechos y de su identidad, de resistencia contra el dominio racista y la explotación. Como lo muestra Francisco López Bárcenas en un texto recientemente publicado, el mito del triqui-violento por naturaleza ha sido alimentado por una de las raíces más profundas del conflicto: el racismo, continuamente expresado en los discursos de los políticos, administradores, servidores públicos y sobre todo de los medios de comunicación. Las elites regionales han construido un discurso de desvalorización, de desprecio del triqui que ha logrado incluso convertirse en sentido común entre los mestizos y en buena parte de la población mexicana.
Estos discursos racistas han permitido minimizar la violencia endémica y silenciar la connivencia de las autoridades gubernamentales en los crímenes que se cometen en la región. A principios de febrero, causó noticia el asesinato de diez personas en un poblado de la región triqui, San Miguel Copala, en una disputa entre el MULT y la UBISORT por el control de la agencia municipal. La mayoría de las víctimas eran habitantes del poblado, entre ellas el agente municipal, pero también murió en los hechos un ingeniero que realizaba trabajos en la zona para la Comisión Nacional del Agua. En esas fechas, se intensificó el acoso contra el Municipio Autónomo por parte de un grupo armado dirigido por Rufino Juárez. El 20 de abril, algunos medios dieron cuenta del asesinato de Celestino Hernández (del Municipio Autónomo), cometido por un miembro de la UBISORT plenamente identificado por la comunidad.
Hoy las víctimas son defensores de derechos humanos, activistas sociales con amplio reconocimiento a nivel nacional y observadores internacionales. Por primera vez en meses, el sitio paramilitar de San Juan Copala se convierte en noticia internacional y ocupa las portadas de los periódicos nacionales. Aun cuando varias personas – entre ellas un belga y un italiano – seguían desaparecidas, el 28 de abril Ulises Ruiz declaraba con una frialdad impresionante a los medios de comunicación que nada tenían que hacer los “extranjeros” en esta región y expresaba su determinación a investigar, eso sí, a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado, la calidad migratoria con la que esas personas se encontraban en México.
El total cinismo del gobernador equivale sólo al de Rufino Juárez, dirigente de la UBISORT, quien tras haber amenazado que detendría a toda costa a la caravana, indica ahora que los culpables son las autoridades del sitiado municipio autónomo. Pero este cinismo ha sido alimentado por la impunidad. En efecto, la criminalización de la protesta social, la represión armada y el asesinato han sido la marca del gobierno de Ulises Ruiz Ortiz. Este gobernador, uno de los más sangrientos de México, está a punto de concluir su gobierno sin que pese sobre él ningún proceso penal. Sin embargo, la Comisión Civil Internacional de los Derechos Humanos documentó en un informe 62 asesinatos por cuestiones políticas en Oaxaca entre junio del 2006 y abril del 2008, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación responsabilizó a gobernante por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en 2006. Sin la presión de la sociedad civil nacional e internacional, de los organismos internacionales y de gobiernos de otros países, privará sin duda una vez más la impunidad.
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