Aunque en la sesión de ayer, al discutirse la Ley de Seguridad Nacional, el Senador Ricardo Monreal expresó a nombre del Grupo Parlamentario del PT nuestra opinión y el voto en contra de la misma, quiero, de todos, dar explícitamente mi posición. No pude hacerlo ayer durante el debate debido a que salí de la sesión a atender a los campesinos chiapanecos que han venido a la Ciudad de México exigiendo la libertad de presos políticos, muchos de ellos en huelga de hambre y que ayer pidieron ser recibidos en el Senado.
Tuve que salir porque el caso de los presos políticos, como el del creciente número de desaparecidos me lo exige. En cosa de semanas he recibido al denuncia de desapariciones hasta de policías federales como 7 de ellos, junto con un civil, en Michoacán, 9 empleados de Nextel en Tamaulipas y otros más.
Adicionalmente, con las prisas que ayer mismo denunció el Senador Monreal con que se está legislando, me sorprendió el que habiéndose aprobado al inicio de la sesión la primera lectura, una hora después ya se estuviera discutiendo en segunda lectura para someterse a votación.
La aprobación de esta reforma a la Ley de Seguridad Nacional es muy grave pues me parece que va en la lógica que señalé en tribuna en días pasados al aprobarse la reforma constitucional sobre derechos humanos. Se aprueban ciertos aspectos positivos en un caso y otro, pero se presentan como un gran avance global con respecto a los derechos humanos para encubrir aspectos esenciales de las violaciones que se están cometiendo. Me confirma esta preocupación el que inmediatamente después de la reforma constitucional que consagra los derechos humanos, como si fuera el pago a una concesión, se hace aprobar una reforma a la Seguridad Nacional que mantiene lo más grave de la presencia del Ejército en las calles como es el fuero de guerra. Les quiero recordar que ya había advertido sobre este tema al aprobarse el días pasados la mencionada reforma.
En la reforma a la Ley aprobada ayer es cierto que se limitan las condiciones para que el Ejecutivo declare el estado de excepción y se precisan las condiciones en que el Ejército pueda salir a las calles,
por un lado y por otro explícitamente se le impide participar en la represión a movimientos sociales, laborales o cívicos como ha ocurrido antes. La reforma parece ser la respuesta al reclamo que desde la sociedad hacemos cada vez más para que el Ejército regrese a los cuarteles y para que no haya impunidad en los atropellos y violaciones a derechos humanos cometidas por personal militar en su actuación en la pretendida “guerra contra el narcotráfico”. Sin embargo, en este aspecto la reforma se detiene y se rechazó ayer explícitamente la urgente y necesaria supresión del fuero de guerra.
Dice la minuta aprobada que busca proteger en todos sus extremos a los derechos humanos; nada más falso. El artículo 72, con una redacción ambigua, señala que cuando miembros de las Fuerzas Armadas realicen conductas que pudieren ser constitutivas de delito afecten a personas civiles, serán perseguidas y sancionadas por los tribunalescompetentes, con lo que se mantiene el fuero militar; mantener esta jurisdicción excepcional en un momento crítico de terrible descomposición social y política marcado por la militarización del país, constituye un terrible riesgo para las libertades públicas de las personas que, me atrevo a decir, causará peores males que soluciones para el problema de la delincuencia organizada. De acuerdo a la ley actual, tribunales competentes quiere decir tribunales militares, lo correcto y necesario era decir, como se propuso pero fue rechazado, tribunales civiles.
He insistido en la supresión del fueron de guerra, el cual bajo su actual estructuración ha permitido que cualquier delito que pueda definir la legislación común, se convierte en un delito militar por el hecho de haber sido cometido por un miembro de las fuerzas armadas, permitiendo que el fuero de guerra se convierta en un privilegio y en un sistema punitivo parcial en detrimento de la igualdad ante la ley y del principio de división de poderes que establece que las penas solo las puede imponer el juez ordinario, según el artículo 21 de la Carta Magna. Esto debe atenderse a nivel constitucional mediante una reforma al artículo 13 que derogue ese coto de impunidad bajo el cual se han cometido y se siguen cometiendo delitos y violaciones a los derechos fundamentales.
La contradicción entonces es que aunque se limite en un sentido la acción del Ejército y se le prohiba reprimir movimientos sociales, en el caso de que ocurran estas violaciones, la reforma de todos modos les mantiene el privilegio de ser juzgados por tribunales militares. Es una trampa que permite usar la reforma como propaganda del gobierno al mismo tiempo que mantiene la nefasta actuación violatoria de derechos humanos.
Es más, alguien dijo que se trata de legalizar ya la presencia del Ejército en las calles y los propios mandos militares han reclamado que se reglamente lo que están haciendo para no tener que ser juzgados en el futuro. Con la votación en el Senado este 27 de abril se ha dado el primer paso para legalizar lo ilegal, lo anticonstitucional, es decir la presencia del Ejército en las calles en labores policiacas. Y ¿eso resuelve la preocupación de los mandos militares? ¿Y la actuación del Ejército por fuera de todo marco legal antes del 27 de abril? ¿La militarización impuesta por Felipe Calderón desde 2006? Como reconocen los mandos militares, su actuación ha estado por fuera del marco legal. Eso debe ser juzgado y sancionado. Sancionando también a los responsables civiles que usan y ensucian a las Fuerzas Armadas. Pero por eso no basta con decir que se imponen restricciones al Ejército, sino que se debe suprimir el fuero militar. Como eso no se toca es que, pese a detalles positivos, nuestro voto es en contra.
La preocupación que el alto mando militar expresó en el sentido de que han sido empujados a una acción anticonstitucional es correcta y por eso reclamaba reglamentarla. Sin embargo la reforma aprobada ayer no les servirá como amnistía y efectivamente, tarde o temprano, seguramente con otro Presidente, las violaciones que hoy se encubren mañana serán juzgadas.
México, D. F. A 28 de abril de 2010.
No hay comentarios:
Publicar un comentario