El campesinado debe incorporarse a la lucha revolucionaria

28 de julio de 2009

José Santos Cervantes* La producción agrícola de nuestro país, hasta antes de poner en marcha las reformas al artículo 27 constitucional decretadas por Salinas de Gortari en 1992, estaba casi toda en manos de nacionales gracias a la Reforma Agraria, porque ésta se realizó sobre la base de la nacionalización de las tierras y usufructo perpetuo de ellas para los campesinos. En la actualidad las mejores tierras han pasado a manos de burgueses terratenientes y otras a poder o al servicio de los intereses extranjeros. La Reforma Agraria, al destruir el latifundismo del siglo XIX, no sólo amplió el mercado interior y abrió las puertas al desarrollo de la industria, sino que fue un escudo para salvaguardar la integridad territorial de la República. Sin embargo, la producción que debía orientarse hacia la satisfacción de necesidades de nuestro pueblo y del desarrollo independiente de nuestra economía siguió el cauce marcado y exigido por el imperialismo norteamericano, esto se acentuó durante las últimas décadas, con la privatización de la tierra ejidal, y la aplicación de una política agrícola de corte neoliberal, que eliminó todas las medidas que se habían tomado para apoyar a los productores nacionales: precios de garantía, asistencia técnica, extensionismo, comercialización, los subsidios en fertilizantes, energía eléctrica, combustibles, semillas mejoradas, crédito, seguro agrícola, también se privatizaron los grandes sistemas de riego y se dejó de construir infraestructura productiva para el régimen ejidal. Para rematar entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), aunque se dice que hasta el año 2008 se aplicó su capítulo agropecuario, la realidad es que desde 1994 entró de contrabando la producción extranjera a nuestro país, con la complacencia del gobierno neoliberal, el propósito deliberado era el de arruinar a los productores nacionales y lo lograron. En la actualidad dependemos para la alimentación nacional en dos terceras partes de la importación principalmente de Norteamérica. Hoy la situación en el campo mexicano es verdaderamente explosiva, está descapitalizado, un porcentaje elevado de ejidatarios ha vendido sus tierras, sobre todo las mejores y dejaron de ser campesinos, sus hijos han emigrado en busca de mejores condiciones de vida a las ciudades o a los Estados Unidos y los que se quedan se han convertido en la práctica en jornaleros agrícolas en las tierras que antes eran de sus padres, sometidos a una explotación encubierta bajo el manto de “socios” que trabajan al medio, al cuarto, casi sólo para cubrir su consumo familiar, algo parecido al peonaje en las haciendas porfiristas, etc. El presupuesto federal para la producción agrícola sería insuficiente para atender todas las carencias de los campesinos pobres, sin embargo, su monto actual es colosal si tomamos en cuenta que sólo se beneficia un puñado de gentes. Como es sabido, en lugar del crédito, de los subsidios y todos los apoyos que antes recibían los campesinos pobres, se inventó el llamado Procampo que lógicamente a quien más beneficia es a los terratenientes burgueses y a los funcionarios del gobierno federal y estatal, diputados, senadores, presidentes municipales, narcotraficantes (que casi es lo mismo), etc., y los programas millonarios como la Alianza para el Campo, tienen los mismos destinatarios. Para junio de 2008, la población rural se había reducido a 23%, la clase campesina solamente representa el 13% de la PEA y aún no está organizada como clase social con conciencia propia de sus perspectivas inmediatas y futuras, aunque algunos de sus sectores se han educado social y políticamente, en su lucha contra las políticas neoliberales. A pesar de que el número de campesinos se ha reducido considerablemente –en 2008 su cantidad es menor que en 1960– y el valor de su actividad en el ámbito económico también ha descendido, sigue representando un sector significativo de las masas populares. El proceso zigzagueante que la revolución democrático burguesa antifeudal y antiimperialista de 1910 había mantenido, no sólo se detuvo a partir de 1982, sino que los gobiernos neoliberales le “metieron reversa”, por lo que hoy la burguesía como clase social y sobre todo la gran burguesía subordinada la imperialismo, no tiene interés en llevarla hasta sus últimas consecuencias. Corresponde al proletariado y a su principal aliado: el campesinado, liquidar los restos del feudalismo y ahora también la propiedad burguesa de la tierra, echar abajo el TLCAN, y aplicar una política agrícola, popular y nacionalista. Es decir, echar del poder a la actual clase social gobernante para llevar hasta sus últimas consecuencias la revolución democrático burguesa, es decir, hasta lograr la plena liberación nacional, el establecimiento de un régimen democrático y garantizar al pueblo el acceso a todos los bienes de la civilización y la cultura, esto se logrará sólo con el establecimiento de un gobierno de democracia popular. Porque el problema del campo ya no tiene solución en el marco del actual modelo de desarrollo, ni se resuelve con reformas, se tiene que luchar por un cambio radical, revolucionario y la posibilidad de que los campesinos puedan convertirse en factor de importancia en las transformaciones políticas necesarias para el país, es que establezcan una cooperación estrecha y sistemática con los sectores más avanzados de la clase obrera y que se vinculen a su partido de clase.