Gloria Leticia Díaz
MEXICO, DF, 10 de diciembre (apro).- En el Día Internacional de los Derechos Humanos, el gobierno de Felipe Calderón recibió un revés luego de conocer la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) al Estado mexicano por las muertes de tres jóvenes originarias de Ciudad Juárez, Chihuahua, cuyos restos fueron localizados en el área conocida como Campo Algodonero.
La sentencia de la Corte obliga al gobierno mexicano a pagar más de 940 mil dólares a los familiares de las víctimas, por daños material y moral, así como asistencia médica y psicológica gratuita a todos los afectados.
Además, el gobierno calderonista deberá convocar a un acto público en el que el Estado admita su responsabilidad en estos hechos; publicar la sentencia en el Diario Oficial de la Federación, así como periódicos de circulación nacional y local.
Además, deberá levantar un monumento a las víctimas, así como la conclusión de las investigaciones de las muertes de las tres jóvenes y el castigo a las autoridades responsables de omisiones y negligencia.
Sobre el combate a la violencia contra las mujeres, la resolución destaca que el gobierno de Calderón tendrá que estandarizar los protocolos, manuales y criterios de investigación, servicios periciales y de impartición de justicia para todos los delitos relacionados con desapariciones, violencia y homicidio de género.
La Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), que representó ante la CoIDH a los familiares de las jóvenes asesinadas Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos, celebró la sentencia dada a conocer este jueves, e incluso la calificó de “histórica”.
En un comunicado, la ANAD destacó que es el “primer caso que un tribunal internacional condena a México por los centenares de asesinatos de mujeres que ocurren en Ciudad Juárez, Chihuahua, y que por el alcance de la sentencia trasciende el ámbito local y nacional”.
Al considerar que la determinación de la CoIDH es “un precedente importantísimo en la lucha por el respeto a los derechos humanos de las mujeres y en especial de las mujeres pobres”, la organización civil destaca que la condena es de “carácter obligatorio y señala la responsabilidad del Estado mexicano por no haber ofrecido garantías de protección adecuadas a las mujeres en Ciudad Juárez” y, en específico, a las víctimas del Campo Algodonero.
El máximo tribunal interamericano encontró responsable al Estado por no haber llevado a cabo una investigación adecuada y efectiva; por no sancionar a los funcionarios responsables de omisiones y negligencias, en específico a los que participaron en las indagatorias de Campo Algodonero, así como por “la falta de mecanismos efectivos de prevención de la violencia contra las mujeres”.
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