Conclusiones del Foro: “Extradición: el caso de la estudiante Lucía Morett” Enviamos las conclusiones del Foro: “Extradición: el caso de la estudiant

Enviamos las conclusiones del Foro: “Extradición: el caso de la estudiante

Lucía Morett”. Estas conclusiones adquieren una mayor relevancia ante las
últimas noticias que apuntan a criminalizar a Lucía, en lugar de defenderla
como víctima ahora se le persigue como victimaria.

Los mantendremos informados de la situación de nuestra hija Lucía Morett y
de las actividades a seguir.

Reciban un cordial saludo.

Este Foro se realizó en la Cámara de Diputados el pasado 26 de mayo de 2009
con la participación de diputados del PRD, Convergencia, juristas y
representantes de organizaciones sociales como la Asociación de Padres y
Familiares de las Víctimas de Sucumbíos. Entre los acuerdos destaca el dar
a conocer en México y a nivel internacional las conclusiones del Foro, que se
sintetizan en:

Rechazar por infundada e improcedente la extradición de Lucia Morett
Álvarez.

Exigir justicia para las víctimas de la masacre en Sucumbíos, especialmente
para los cuatro jóvenes estudiantes mexicanos asesinados. Castigo a los
culpables de los delitos de lesa humanidad cometidos en la invasión
colombiana a Ecuador.

Del análisis y puntos de vista expresados en el Foro destacamos lo
siguiente:

1) La ciudadana mexicana Lucía Andrea Morett Álvarez es una de las víctimas
sobrevivientes del ilegal ataque militar colombiano del 1 de marzo de 2008 a
Ecuador, y del genocidio en el que fueron asesinados, entre otros, cuatro
connacionales, los estudiantes: Verónica Velázquez Ramírez, Juan González
del Castillo, Fernando Franco Delgado y Soren Ulises Avilés Ángeles, para
quienes no ha habido justicia.

2) Lucía Morett, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México,
además de resultar con heridas por esquirlas de bomba y presenciar cómo se
remataba a sobrevivientes, sufrió torturas, amenazas, tratos crueles,
hostigamiento sexual y, sin ser asistida médicamente fue abandonada en la
selva, lo que implicó violaciones a sus derechos humanos y la comisión de
delitos penados internacionalmente.

3) La agresión colombiana fue condenada en foros internacionales por
tratarse de flagrantes violaciones al derecho internacional y al derecho humanitario.
El gobierno de México calificó de “ilegal” la invasión, “deploró”
la muerte de los jóvenes estudiantes y solicitó a Colombia la indemnización
para las víctimas de nuestro país, con ello el Ejecutivo manifiestamente
reconocía la culpabilidad del gobierno de Álvaro Uribe, quien además asumió
la responsabilidad de la “Operación Fénix” justificándola de “lucha
contra el terrorismo”, sin que ni él ni ninguno de los militares que
participaron en la comisión de delitos de lesa humanidad haya sido sometido
a juicio.

4) La incursión colombiana motivó una investigación en Ecuador por los
homicidios violentos y la invasión a su territorio, inexplicablemente este
proceso jurídico derivó en un juicio contra las sobrevivientes por “atentar
contra la seguridad interna del Estado”. El Fiscal de Sucumbíos, donde
sucedieron los hechos, centró su actuación contra las ofendidas señalando su
incapacidad para procesar a los militares y policías de Colombia ya que el
gobierno de ese país se negó a proporcionarle sus nombres.

5) El 11 de marzo de 2008, Lucía Morett, en presencia del embajador mexicano
en Quito, rindió su declaración ante el Fiscal General de Ecuador, el Dr.
Washington Pesantez, quien tras oír su versión de los hechos, la señaló
como víctima y testigo de la agresión colombiana, indicando que el Estado no
tenía nada en su contra. Actualmente, de manera inexplicable, él ha avalado
la solicitud de extradición que en los hechos criminaliza a las víctimas y
deja en la impunidad a los agresores.

6) El 15 de abril de 2008, ante el Notario Público en Quito, Lucía dejó
constancia de la declaración extrajudicial que, mediante presiones, tratos
crueles y degradantes le tomaron algunos militares ecuatorianos obligándola
a hacer afirmaciones contra su voluntad y la verdad de los hechos. En el
desahogo de pruebas, la defensa de Lucía presentó la versión juramentada de
este ilegal interrogatorio. Sin respetarse la ley y el debido proceso que
desecha toda declaración arrancada por la fuerza, este “testimonio” se
utilizó para inculpar a Lucía y atacarla en los medios de comunicación.

7) Los estudiantes mexicanos ingresaron y transitaron legalmente en Ecuador,
su presencia en el campamento de las FARC no constituía ningún delito, lo que
contrasta con los supuestos razonamientos que fundan la orden de detención
en contra de Lucía. El Fiscal y el Juez de Sucumbíos concluyen que, por el
solo hecho de “encontrarse en el campamento y haber identificado los cadáveres de
los mexicanos asesinados”, es miembro de las FARC y, sin más, que atentó
contra la seguridad de Ecuador. Lucía ha negado categóricamente formar parte
de ese grupo, lo que consta en el expediente incluso por voz de un militar
que la interrogó y que declaró haberla encontrado con ropa de civil. Todo ello
no fue considerado en el juicio, por lo que la resolución dictada por el
Juez de Sucumbíos es absolutamente ilegal y violatoria de las garantías de
seguridad jurídica de Lucía. Los indicios con los que se pretende acreditar
la acusación son inconducentes y de ellos no puede concluirse que cometió
delito alguno.

8) No se tomaron en cuenta los señalamientos del Dr. Robert Intriago,
defensor público en Ecuador de Lucía, quien impugnó el juicio señalando que no
había elemento para presumir delito alguno y mucho menos la responsabilidad
de los cargos imputados, que la causa no estaba debidamente motivada y que se
basaron en un simple alistamiento de elementos que carecen de eficacia
probatoria, que en el proceso no se reúnen las condiciones exigidas en la
Constitución. Agregó, “Las imputadas fueron víctimas del brutal ataque
cometido por parte de Colombia y deben ser consideradas como tales”. Con
ellas no se siguió el debido proceso, se cometieron y tomaron en cuenta
pruebas violando la Constitución Política de Ecuador. Los procedimientos no
fueron debidamente respetados por lo que el procesamiento a Lucía y las
otras sobrevivientes es injusto y atentatorio a sus derechos”. Concluye el
defensor: “por la agresión sufrida por Ecuador se recurrirá a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos”, y que tanto las imputadas como Ecuador
fueron los ofendidos.

9) Las pruebas de descargo aportadas por la defensa no fueron consideradas.
El proceso judicial fue sesgado y se basó en supuestos o inferencias
imposibles de ser sustentadas. Hubo parcialidad, manejo político del juicio y un afán
persecutorio. El delito que se presume cometió Lucía es inaplicable, siendo
por tanto ajena a los cargos que se le imputan, ya que el mismo se refiere a
“quienes promuevan o formen parte de guerrillas que pretendan subvertir el
orden y las fuerzas públicas ecuatoriana”. Ni Lucía milita en guerrilla
alguna, ni atentó contra el Estado ecuatoriano, ni las FARC se fundaron para
atacar la seguridad de Ecuador.

10) El derecho internacional proscribe que el instrumento procesal
consistente en la extradición sea utilizado con fines de represión o persecución
política. El delito y las motivaciones de la acusación en contra de Lucía
son de tipo político, por tanto no debería haberse iniciado un proceso de
esa naturaleza.

11) El Estado mexicano debe rechazar la solicitud de extradición de Lucía
Morett a Ecuador por improcedente, infundada y por carecer de las más
elementales pruebas que acrediten “el cuerpo del delito”. Existen, por el
tipo del delito por el que se le juzga, por el manejo del proceso y por el
propio tema que llevó al rompimiento de relaciones entre Colombia y Ecuador,
motivaciones e intereses políticos que de suyo hacen que la petición de
extradición sea inaceptable.

12) La Secretaría de Relaciones Exteriores, debe negar el pedido de
extradición que se le formulare, pues el mismo resulta claramente violatorio
del orden legal mexicano y de los principios de seguridad jurídica y respeto
a los derechos humanos. Todos los convenios en materia de extradición,
incluyendo el firmado entre México y Ecuador, no proceden tratándose de
delitos políticos.

13) En la extradición de acuerdo a los preceptos legales mexicanos y en
general internacionales, es potestad del Ejecutivo Federal aceptar o no la
solicitud, teniendo como principio fundamental la defensa de los ciudadanos
y el velar por un debido y justo proceso, lo que hemos demostrado que no
ocurrió. Por todos los antecedentes señalados, acceder al envío de Lucía
Morett a Ecuador es atentar contra la seguridad de esta ciudadana, contra su
integridad y su libertad. Lucía no cometió delito alguno y debe tener la
calidad de víctima y no de delincuente.

14) No existen los más elementales indicios que la racionalidad jurídica
exige para que pudieran justificar cualquier acto de privación de la
libertad de Lucía, ya sea para extraditarla a Ecuador o someterla a algún proceso
judicial. Es inconcebible que las sobrevivientes y víctimas sean procesadas
cuando fueron las agraviadas. Aceptar el “juicio” plagado de
irregularidades y acceder a la extradición es continuar con el clima de
violencia de Estado e injusticias que se han cometido en contra de ella. No
es legal, justo ni ético criminalizar a las víctimas y además favorecer con
ello a los ofensores.

15) Lucía es víctima de violaciones a sus derechos humanos y testigo de
graves ataques al derecho internacional (incluso penados en condiciones de
guerra), es por ello que existen grandes intereses para procesarla e impedir
su testimonio como sobreviviente de un genocidio del que hay incluso
responsables confesos. Lucía constantemente es atacada en los medios de comunicación
siendo claramente una perseguida política. El Estado colombiano y un grupo
de aliados a él por diversos intereses, atentó y sigue atentando contra la
integridad de Lucía. Ella está, sin proponérselo, en medio de un conflicto
de grandes proporciones que se originó en la ilegal violación de la
soberanía de Ecuador y en delictivo ataque criminal. Lucía debe ser apoyada
y protegida por el Estado mexicano y sus derechos cabalmente respetados.

Si desea ver la nota en línea ir a:

http://asociaciondepadresyfamiliares.blogspot.com/2009/07/resolutivos-del-foroextradicion-el-caso.html

En un refugio guardado en su corazón
Llevan la bandera de Bolívar.
Su rostro la transmite en la sonrisa
Que dejaron en las imágenes del recuerdo.

Hoy desde lo alto suenan las campanas
Ustedes las tocan para mostrarnos el camino.

Juan, Verónica, Soren, Fernando desde lo alto nos miran
Y nos recuerdan que para ser grandes
Hay que saber soñar.

http://asociaciondepadresyfamiliares.blogspot.com

ASOCIACION DE PADRES Y FAMILIARES DE LAS VICTIMAS DE SUCUMBIOS ECUADOR

Enviamos las conclusiones del Foro: “Extradición: el caso de la estudiante

Lucía Morett”. Estas conclusiones adquieren una mayor relevancia ante las
últimas noticias que apuntan a criminalizar a Lucía, en lugar de defenderla
como víctima ahora se le persigue como victimaria.

Los mantendremos informados de la situación de nuestra hija Lucía Morett y
de las actividades a seguir.

Reciban un cordial saludo.

Este Foro se realizó en la Cámara de Diputados el pasado 26 de mayo de 2009
con la participación de diputados del PRD, Convergencia, juristas y
representantes de organizaciones sociales como la Asociación de Padres y
Familiares de las Víctimas de Sucumbíos. Entre los acuerdos destaca el dar
a conocer en México y a nivel internacional las conclusiones del Foro, que se
sintetizan en:

Rechazar por infundada e improcedente la extradición de Lucia Morett
Álvarez.

Exigir justicia para las víctimas de la masacre en Sucumbíos, especialmente
para los cuatro jóvenes estudiantes mexicanos asesinados. Castigo a los
culpables de los delitos de lesa humanidad cometidos en la invasión
colombiana a Ecuador.

Del análisis y puntos de vista expresados en el Foro destacamos lo
siguiente:

1) La ciudadana mexicana Lucía Andrea Morett Álvarez es una de las víctimas
sobrevivientes del ilegal ataque militar colombiano del 1 de marzo de 2008 a
Ecuador, y del genocidio en el que fueron asesinados, entre otros, cuatro
connacionales, los estudiantes: Verónica Velázquez Ramírez, Juan González
del Castillo, Fernando Franco Delgado y Soren Ulises Avilés Ángeles, para
quienes no ha habido justicia.

2) Lucía Morett, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México,
además de resultar con heridas por esquirlas de bomba y presenciar cómo se
remataba a sobrevivientes, sufrió torturas, amenazas, tratos crueles,
hostigamiento sexual y, sin ser asistida médicamente fue abandonada en la
selva, lo que implicó violaciones a sus derechos humanos y la comisión de
delitos penados internacionalmente.

3) La agresión colombiana fue condenada en foros internacionales por
tratarse de flagrantes violaciones al derecho internacional y al derecho humanitario.
El gobierno de México calificó de “ilegal” la invasión, “deploró”
la muerte de los jóvenes estudiantes y solicitó a Colombia la indemnización
para las víctimas de nuestro país, con ello el Ejecutivo manifiestamente
reconocía la culpabilidad del gobierno de Álvaro Uribe, quien además asumió
la responsabilidad de la “Operación Fénix” justificándola de “lucha
contra el terrorismo”, sin que ni él ni ninguno de los militares que
participaron en la comisión de delitos de lesa humanidad haya sido sometido
a juicio.

4) La incursión colombiana motivó una investigación en Ecuador por los
homicidios violentos y la invasión a su territorio, inexplicablemente este
proceso jurídico derivó en un juicio contra las sobrevivientes por “atentar
contra la seguridad interna del Estado”. El Fiscal de Sucumbíos, donde
sucedieron los hechos, centró su actuación contra las ofendidas señalando su
incapacidad para procesar a los militares y policías de Colombia ya que el
gobierno de ese país se negó a proporcionarle sus nombres.

5) El 11 de marzo de 2008, Lucía Morett, en presencia del embajador mexicano
en Quito, rindió su declaración ante el Fiscal General de Ecuador, el Dr.
Washington Pesantez, quien tras oír su versión de los hechos, la señaló
como víctima y testigo de la agresión colombiana, indicando que el Estado no
tenía nada en su contra. Actualmente, de manera inexplicable, él ha avalado
la solicitud de extradición que en los hechos criminaliza a las víctimas y
deja en la impunidad a los agresores.

6) El 15 de abril de 2008, ante el Notario Público en Quito, Lucía dejó
constancia de la declaración extrajudicial que, mediante presiones, tratos
crueles y degradantes le tomaron algunos militares ecuatorianos obligándola
a hacer afirmaciones contra su voluntad y la verdad de los hechos. En el
desahogo de pruebas, la defensa de Lucía presentó la versión juramentada de
este ilegal interrogatorio. Sin respetarse la ley y el debido proceso que
desecha toda declaración arrancada por la fuerza, este “testimonio” se
utilizó para inculpar a Lucía y atacarla en los medios de comunicación.

7) Los estudiantes mexicanos ingresaron y transitaron legalmente en Ecuador,
su presencia en el campamento de las FARC no constituía ningún delito, lo que
contrasta con los supuestos razonamientos que fundan la orden de detención
en contra de Lucía. El Fiscal y el Juez de Sucumbíos concluyen que, por el
solo hecho de “encontrarse en el campamento y haber identificado los cadáveres de
los mexicanos asesinados”, es miembro de las FARC y, sin más, que atentó
contra la seguridad de Ecuador. Lucía ha negado categóricamente formar parte
de ese grupo, lo que consta en el expediente incluso por voz de un militar
que la interrogó y que declaró haberla encontrado con ropa de civil. Todo ello
no fue considerado en el juicio, por lo que la resolución dictada por el
Juez de Sucumbíos es absolutamente ilegal y violatoria de las garantías de
seguridad jurídica de Lucía. Los indicios con los que se pretende acreditar
la acusación son inconducentes y de ellos no puede concluirse que cometió
delito alguno.

8) No se tomaron en cuenta los señalamientos del Dr. Robert Intriago,
defensor público en Ecuador de Lucía, quien impugnó el juicio señalando que no
había elemento para presumir delito alguno y mucho menos la responsabilidad
de los cargos imputados, que la causa no estaba debidamente motivada y que se
basaron en un simple alistamiento de elementos que carecen de eficacia
probatoria, que en el proceso no se reúnen las condiciones exigidas en la
Constitución. Agregó, “Las imputadas fueron víctimas del brutal ataque
cometido por parte de Colombia y deben ser consideradas como tales”. Con
ellas no se siguió el debido proceso, se cometieron y tomaron en cuenta
pruebas violando la Constitución Política de Ecuador. Los procedimientos no
fueron debidamente respetados por lo que el procesamiento a Lucía y las
otras sobrevivientes es injusto y atentatorio a sus derechos”. Concluye el
defensor: “por la agresión sufrida por Ecuador se recurrirá a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos”, y que tanto las imputadas como Ecuador
fueron los ofendidos.

9) Las pruebas de descargo aportadas por la defensa no fueron consideradas.
El proceso judicial fue sesgado y se basó en supuestos o inferencias
imposibles de ser sustentadas. Hubo parcialidad, manejo político del juicio y un afán
persecutorio. El delito que se presume cometió Lucía es inaplicable, siendo
por tanto ajena a los cargos que se le imputan, ya que el mismo se refiere a
“quienes promuevan o formen parte de guerrillas que pretendan subvertir el
orden y las fuerzas públicas ecuatoriana”. Ni Lucía milita en guerrilla
alguna, ni atentó contra el Estado ecuatoriano, ni las FARC se fundaron para
atacar la seguridad de Ecuador.

10) El derecho internacional proscribe que el instrumento procesal
consistente en la extradición sea utilizado con fines de represión o persecución
política. El delito y las motivaciones de la acusación en contra de Lucía
son de tipo político, por tanto no debería haberse iniciado un proceso de
esa naturaleza.

11) El Estado mexicano debe rechazar la solicitud de extradición de Lucía
Morett a Ecuador por improcedente, infundada y por carecer de las más
elementales pruebas que acrediten “el cuerpo del delito”. Existen, por el
tipo del delito por el que se le juzga, por el manejo del proceso y por el
propio tema que llevó al rompimiento de relaciones entre Colombia y Ecuador,
motivaciones e intereses políticos que de suyo hacen que la petición de
extradición sea inaceptable.

12) La Secretaría de Relaciones Exteriores, debe negar el pedido de
extradición que se le formulare, pues el mismo resulta claramente violatorio
del orden legal mexicano y de los principios de seguridad jurídica y respeto
a los derechos humanos. Todos los convenios en materia de extradición,
incluyendo el firmado entre México y Ecuador, no proceden tratándose de
delitos políticos.

13) En la extradición de acuerdo a los preceptos legales mexicanos y en
general internacionales, es potestad del Ejecutivo Federal aceptar o no la
solicitud, teniendo como principio fundamental la defensa de los ciudadanos
y el velar por un debido y justo proceso, lo que hemos demostrado que no
ocurrió. Por todos los antecedentes señalados, acceder al envío de Lucía
Morett a Ecuador es atentar contra la seguridad de esta ciudadana, contra su
integridad y su libertad. Lucía no cometió delito alguno y debe tener la
calidad de víctima y no de delincuente.

14) No existen los más elementales indicios que la racionalidad jurídica
exige para que pudieran justificar cualquier acto de privación de la
libertad de Lucía, ya sea para extraditarla a Ecuador o someterla a algún proceso
judicial. Es inconcebible que las sobrevivientes y víctimas sean procesadas
cuando fueron las agraviadas. Aceptar el “juicio” plagado de
irregularidades y acceder a la extradición es continuar con el clima de
violencia de Estado e injusticias que se han cometido en contra de ella. No
es legal, justo ni ético criminalizar a las víctimas y además favorecer con
ello a los ofensores.

15) Lucía es víctima de violaciones a sus derechos humanos y testigo de
graves ataques al derecho internacional (incluso penados en condiciones de
guerra), es por ello que existen grandes intereses para procesarla e impedir
su testimonio como sobreviviente de un genocidio del que hay incluso
responsables confesos. Lucía constantemente es atacada en los medios de comunicación
siendo claramente una perseguida política. El Estado colombiano y un grupo
de aliados a él por diversos intereses, atentó y sigue atentando contra la
integridad de Lucía. Ella está, sin proponérselo, en medio de un conflicto
de grandes proporciones que se originó en la ilegal violación de la
soberanía de Ecuador y en delictivo ataque criminal. Lucía debe ser apoyada
y protegida por el Estado mexicano y sus derechos cabalmente respetados.

Si desea ver la nota en línea ir a:

http://asociaciondepadresyfamiliares.blogspot.com/2009/07/resolutivos-del-foroextradicion-el-caso.html

En un refugio guardado en su corazón
Llevan la bandera de Bolívar.
Su rostro la transmite en la sonrisa
Que dejaron en las imágenes del recuerdo.

Hoy desde lo alto suenan las campanas
Ustedes las tocan para mostrarnos el camino.

Juan, Verónica, Soren, Fernando desde lo alto nos miran
Y nos recuerdan que para ser grandes
Hay que saber soñar.

http://asociaciondepadresyfamiliares.blogspot.com

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