*José Francisco Gallardo Rodríguez*
A escasos treinta meses de la declaración de “guerra contra las drogas”, hecha por Felipe Calderón al inicio de su gobierno, los resultados son de una lucha perdida, cesión de soberanía, el colapso del sistema de justicia y seguridad, la corrupción, el sometimiento del Ejército al Pentágono, enésimas violaciones a los derechos humanos cometidas por militares –2,000 registradas ante la CNDH y una veintena en lo internacional– y 10,475 ejecuciones reconocidas por la PGR hasta el 18 de marzo de 2009, que para el 2012 se proyectan a 30 mil; quiere decir que durante las administraciones “democráticas” del *blanquiazul*, sumando los 8,780 ejecutados de Vicente Fox se contabilizan cerca de 20 mil.
Marthoz plantea que la incapacidad de los Estados para garantizar la seguridad y la estabilidad se ha convertido en un asunto crucial de política internacional, porque el desorden en los Estados frágiles propaga sus ondas de choque –criminalidad transnacional, terrorismo, migraciones y tráficos ilegales– hasta el corazón de las metrópolis.
Así las cosas, la teoría de los Estados fallidos es un concepto polémico, inventado por la inteligencia militar estadunidense para calificar a un Estado “débil, frágil o malogrado”, en el cual el gobierno central tiene poco control sobre su territorio. En pensamiento de Weber: el monopolio de la coacción física, “los países más débiles del mundo no son sólo un peligro para ellos mismos, pueden amenazar el progreso y la estabilidad de otros” (*Foreign Policy* de 2005).
Dicha teoría apareció por primera vez tras el fin de la *guerra fría* en 1989, dentro de la búsqueda de nuevas amenazas y se entrelazó con la lucha antidrogas y el terrorismo. Se advierte que Estados Unidos ya no estaría amenazado por Estados victoriosos sino por gobiernos incapaces de proveer orden y estabilidad dentro de su jurisdicción. Para nosotros, en franca violación a la norma internacional, un pretexto para justificar la intervención en el orden interno de los Estados: Pakistán, Sudán, Irak, Somalia, Zimbabue, Chad, Costa de Marfil y Afganistán; en Latinoamérica:
Haití, Colombia, Venezuela, Bolivia y México.
“México y Pakistán son dos naciones que el Departamento de Defensa de EU considera como susceptibles de presentar conflictos súbitos que hagan necesaria la intervención de tropas estadunidenses. Friedman planteó: si
México fracasa, habría serias repercusiones geopolíticas que conducirían a una intervención –militar– directa de EU”. (Oppenheimer, mayo de 2008).
En este orden, un informe del Comando Conjunto plantea que ante un escenario de caos en México, provocado por el narcotráfico y el crimen organizado, Estados Unidos estaría obligado a dar una respuesta a esta situación, dadas las consecuencias para su seguridad interna (*Joint Operatig Enviroment 2008*). Por supuesto, se está hablando de una invasión militar a México, ya que los actores no estatales lo han convertido en un asunto de seguridad nacional para Washington.
“En varias zonas geográficas, el control del Estado se ha debilitado o ha desaparecido completamente, lo que implica el surgimiento de Estados fallidos y de grupos armados no-estatales. Estos actores se confunden y superponen en los gobiernos débiles. Los insurgentes: comprometidos con una lucha militar y política prolongada cuyo objetivo es debilitar o destruir el poder y la legitimidad del gobierno establecido; los terroristas: siembran el miedo amenazando con formas proscritas de violencia para alcanzar objetivos políticos; las milicias: fuerzas irregulares fácilmente
identificables que operan en zonas sin control del Estado; las organizaciones criminales: grupos caracterizados por su cohesión interna que se dedican a una o varias empresas criminales y actúan atravesando fronteras y regiones” (enjeux-internationaux.org ).
Desde esta visión, Estados Unidos tendría derecho a intervenir en forma directa para solucionar la amenaza que los Estados fallidos representan para su seguridad nacional; el tema del narcotráfico es el eje de dicho planteamiento. La economía del narcotráfico y el conflicto armado son mecanismos de intervención económica y territorial del capitalismo global, por tanto, es fundamental comprender la estrecha relación entre el mantenimiento del conflicto armado –hipótesis de guerra, Plan Colombia, Plan México–, el interés económico territorial que está detrás de la industria de los narcóticos y la estrategia geopolítica del imperio en la región”.
Por ello, es urgente que Latinoamérica diseñe políticas alternas a las punitivas antinarcóticos, desactive el negocio del narcotráfico y contribuya con una salida negociada al conflicto. Un gobierno ilegítimo y beligerante como el de Calderón, va a seguir siendo utilizado por los sectores más reaccionarios encargados de la seguridad nacional de Estados Unidos para intervenir política y militarmente en México. Recordemos que antes de la entrada en vigor del Plan Colombia, esta nación fue declarada como un Estado fallido.
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