MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA Plaza pública
Está corriendo el término de 15 días para que la Procuraduría General de la República responda a la Comisión Nacional de Derechos Humanos si acepta su recomendación 47/2009, relativa a la prisión que padecen desde 2006 tres mujeres ñha-ñhu, acusadas de secuestrar a 6 agentes federales de investigación.
Si la acusación y la primera sentencia en su contra contuvieran elementos de verdad, se comprendería la ineficacia del Gobierno federal en su combate a la inseguridad, ya que 6 fornidos policías federales habrían sido retenidos por la fuerza de 3 frágiles señoras.
El asunto, sin embargo, no es risible. Ha supuesto la pérdida de la libertad desde hace 3años de Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, cuyo derecho “a la legalidad, a la seguridad jurídica y a la procuración de justicia” fue vulnerado “mediante actuaciones irregulares de un agente del Ministerio Público de la Federación y de varios integrantes de lo que fuera la AFI”, según se lee en el comunicado en que el 19 de julio la CNDH participa del envío de su recomendación a la PGR.
El solo transcurso de 3 años sin que haya recaído en el caso de las señoras mencionadas una sentencia definitiva sería ya una inadmisible anomalía.
Le añade gravedad el hecho de que, si bien no son monolingües, las tres personas afectadas, de habla ñha-ñhú, no contaron con la presencia de un traductor que les permitiera tener cabal conciencia de las acusaciones de que son objeto, que serían fácilmente combatibles si no se estrellaran contra la consigna de hacer valer actos de autoridad sobre los de protesta y resistencia que ejercieron los asistentes al tianguis de Santiago Mexquititlán en el municipio de Amealco de Bonfil, en el estado de Querétaro.
El 26 de marzo de 2006 ocurrieron allí los hechos que dieron origen a la prisión de Jacinta, Alberta y Teresa, las tres comerciantes en el tianguis mencionado.
Como probablemente ocurre a menudo en cualquier poblado del país, ese día llegó una partida de miembros de la AFI, dizque en busca de artículos pirata, un modo por completo ineficaz de combatir ese delito contra la propiedad intelectual, pues debe atacarse el primer eslabón de la cadena de producción ilegal, no el último, porque su propia diseminación los hace inabordables.
Como quiera que sea, la operación dio lugar a abusos y destrozos que generaron protesta y resistencia de los tianguistas, que enfrentaron a los agentes federales. Fue tan evidente su sobreactuación y tan firme la actitud de los pobladores, que los miembros de la AFI acordaron reparar el daño, para lo cual pidieron tiempo a fin de viajar a San Juan del Río, su base de operaciones.
Dejaron en garantía de su regreso a uno de sus compañeros y al caer la noche efectivamente volvieron y pagaron a los afectados una cantidad de dinero. Al retornar los acompañaba el fotógrafo de Noticias, un diario queretano, que captó la escena en que los agentes restituían el daño. Estaba presente en ese momento, y sólo en ese momento, la señora Jacinta Francisco y con esa foto se le acusa.
Los agentes no asimilaron esa suerte de derrota que la población civil les había infligido y presentaron denuncia antes sus compañeros del ministerio público federal.
Lo hicieron, dice en su recomendación la CNDH, “sin identificarse ni aportar datos personales o de registro necesarios para su localización en cualquier momento procesal”.
Mucho después de iniciada la averiguación previa, el 3 de agosto, la señora Jacinta Francisco fue llevada con engaños ante un agente del Ministerio Público, que ordenó su detención, como la de las señoras Alberta y Teresa en otros momentos. Aquella irregularidad del agente ministerial “colocó en estado de indefensión a las agraviadas, ya que a la fecha no ha sido posible realizar el careo de las personas procesadas con la persona que las denunció e imputó varios delitos, lo que trajo como consecuencia la nula posibilidad de que establecieran una defensa jurídica adecuada.”
Por si fuera poco, los agentes encargados de la investigación respectiva son los mismos que se dicen afectados.
Eso no obstante, en diciembre pasado un juez federal sentenció a las 3 mujeres a 21 años de prisión y a pagar multas por 91 mil pesos, el equivalente a 2 mil días de salario.
El tribunal unitario que conoció la apelación encontró que el proceso era sumamente irregular pero se limitó a ordenar la reposición del procedimiento el 26 de marzo pasado, de suerte que el juicio está de nuevo en manos del juzgador desaprensivo que no reparó en las circunstancias señaladas por la CNDH en su recomendación. En el comunicado respectivo, la oficina del ombudsman nacional solicita que “por tratarse de irregularidades graves que pueden trascender al resultado del fallo definitivo en el proceso penal 48/2006 que se sigue a las agraviadas en el juzgado cuarto de distrito del estado de Querétaro, se dé vista al órgano interno de control en la PGR y a la Fiscalía especializada para la atención de delitos cometidos por servidores públicos, para que se investigue al personal involucrado en este caso y se inicie la averiguación previa correspondiente.
Además, se pide sea remitida al agente del Ministerio Público adscrito al juzgado que conoce de la causa penal una copia de esta recomendación para su análisis y consideración al momento de dictar sentencia definitiva”.
Si la PGR no aceptar la recomendación será procuradora de injusticia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario