LA “LEY ARIZONA”

Wilson, Clinton, Sensenbrenner, McCain, Obama, Arizona

José Jacques Medina

El Gobernador Peter Wilson del Estado de California, EEUU., sus socios anti-mexicanos en San Diego y en el Condado de Orange lo diseñaron, lo pusieron de moda y lo consiguieron. Fue simple, usar el tema de la inmigración como escalera electoral rumbo a su reelección en 1994, imbuyendo en la población el miedo a perder su estilo de vida en razón de la invasión migrante. Así fue; lo logró. La propuesta ciudadana encabezada por Pierce Price conocida como la ley 187, abiertamente anti-humana, enfocada en prohibir la educación de los hij@s de indocumentados, agudizó los sentimientos racistas de los electores anglosajones y la votación en California fue aplastante. Si bien esta ley fue revocada, al igual que muchas otras leyes locales posteriores, por su inconstitucionalidad, los efectos de la propaganda quedaron grabados en la conciencia colectiva y la visión del migrante como enemigo invasor ha prevalecido.

En 1996, tras haber aprendido la lección, el Presidente Bill Clinton, hizo lo mismo, aprovechar el tema del migrante indocumentado como chivo expiatorio para lograr su reelección en 1996. Con ese propósito y con la ayuda de sus legisladores demócratas, presento la más draconiana de todas las leyes en la historia de las inmigración en EEUU, casi le llega a la de Arizona. Ejemplo de esto fue la eliminación del derecho a un proceso debido, alegando que los indocumentados no eran elegibles para ejercer ningún derecho, por tal motivo en vez de deportación se estableció el proceso de exclusión sin defensa legal y, para ganarse la simpatía de votantes del Partido Republicano, la ley excluye a las familias indocumentadas de los derechos de los sistemas de bienestar social, a pesar que también pagan impuestos.

Con Bush y los eventos del 11 de septiembre de 2001 el tema migratorio se convirtió en un tema de seguridad nacional, se crea el Departamento de Seguridad Interna y en su estructura se integra el anterior Servicio de Inmigración y Naturalización, dando origen a una gestión de la migración enmarcada en la guerra contra el terrorismo que define el “Acta Patriótica”, y de donde surgen las redadas y deportaciones masivas y planes como el Endgame (2003-2013) que fija (Per capita) cuotas anuales de remoción de indocumentados.

Es hasta 2006, en vísperas de las elecciones federales, cuando se retoma el plan de usar el tema migratorio como herramienta electoral. Corresponde ahora a la HR4437 conocida como la Ley Sensenbrenner, iniciativa que fue aprobada en la cámara baja del congreso federal, que criminaliza la migración y también a quienes de alguna manera les proporcionaran apoyo moral o material, iglesias, doctores, maestros, trabajadores sociales, defensores de derechos, etc. La Ley Sensenbrenner fue vencida en el Senado que decidió no violentar al masivo, combativo y vigoroso movimiento social de los migrantes y sus aliados a nivel nacional.

Hoy tenemos lo mismo en Arizona, tierra natal de quien fuera el candidato derrotado por Barak Obama. El Senador John McCain, buscando quizá postularse para 2012, dando un giro de 360 grados, propone la militarización de la frontera y apoya la propuesta 1070 del senador estatal Russel Piece.

La táctica es la de replicar leyes del tipo Jim Crow utilizada de 1876 a 1965 contra la comunidad negra para asegurar con la segregación racial, los superiores y exclusivos derechos de los blancos. Lo que fuera usado en contra de los afroamericanos en el pasado, es ahora recetado en contra de los migrantes mayoritariamente árabes y latinoamericanos y muy puntualmente contra los mexicanos.

De esta manera con esta ley al gusto del Ku Ku Klan, Minute Man y Caza-Indocumentados, se implanta el apartheid en la frontera de México, cuya violencia constituye un daño colateral adicional de la indefendible “guerra contra el narcotráfico”, entregando en charola de plata a las fuerzas neofascistas y reaccionarias estadunidenses, la excusa idónea para anunciar la llegada del ejército y proclamar que estas acciones son necesarias por la oleada de criminales que cruzan la frontera con la única motivación obligada de la supuesta defensa de los intereses de todos los americanos. Con esto inicia la campaña 2012.

Es evidente que el Partido Republicano ha iniciado su campaña electoral para llegar a la Casa Blanca en 2012. Lo hace orquestando la mas brutal confrontación de animosidad y odio contra el creciente movimiento social encabezado por la causa de los migrantes, utilizando la estrategia de alimentar los sentimientos racistas de la sociedad anglosajona -cultivados por ideólogos como Samuel Huntington y otros peores que aun no superan la noción de su superioridad racial acompañada por su inalienable “Destino Manifiesto”.

Las movilizaciones de los años 2006 y 2007 contra la ley Sensenbrenner lograron cambiar el espectro electoral no solo del Congreso sino también de la Casa Blanca. El tema electoral siempre ha estado ligado con la causa de la reforma migratoria. De esta manera la victoria de 2006 le dio la mayoría al Partido Demócrata, antesala de la presidencia en 2008.

El voto popular latino fue determinante en particular, para que los estados de Nevada, Florida y Arizona dieran el triunfo a Obama, por el mecanismo del voto electoral. El movimiento social y por derechos civiles para las minorías, encabezado y catapultado por el movimiento migrante -al que se unieron las causas nacionales mas emblemáticas (guerra, salud, trabajo, ecología, etc.), había logrado una victoria y un miembro de una minoría étnica lograba llegar a la Casa Blanca, lo que constituía un golpe mortal a la tesis de la supremacía racial y al gobierno exclusivo y a perpetuidad de los WASP’s (protestantes-anglosajones-blancos).

Sin embargo y a pesar de las reiteradas promesas de campaña, Barak Obama no ha cumplido su compromiso de suspender las deportaciones masivas y la separación de las familias en tanto no se construya una reforma migratoria amplia y humanitaria. Le dio prioridad al tema de la salud de la que excluye a los migrantes indocumentados, -invirtiendo en ello gran parte de su capital político, para después permitir que los republicanos asumieran la iniciativa de la reforma migratoria en momentos donde la crisis económica del país y la creciente violencia en la frontera, permite a los conservadores salir a la defensa patriótica desplegando una brutal ofensiva en contra de quienes antes, en la propaganda demagógica y hoy por decreto legal, convierte en criminales.

Por otra parte y privado de iniciativas pro-activas por elección voluntaria, el estado mexicano enfrenta el arresto arbitrario de más de 400,000 mil de sus connacionales que residen sin documentos en Arizona. Sin duda los caza-indocumentados se darán gusto, mientras se defina el statu quo.

Los gobiernos tanto de México como de EEUU se limitarán tibiamente a invocar los cauces judiciales para que, como a otras leyes anteriores del mismo corte, se determine su inconstitucionalidad, al tiempo que los “patriotas” anglosajones rescatarán la vieja tesis de la reconquista, azuzando el odio con el argumento de que el pueblo mexicano intenta recuperar el territorio despojado en 1848. Las consecuencias de la Ley Arizona y la propaganda que la acompaña, no se borraran de la conciencia colectiva tal como se han mantenido las de la perversa 187 sobre la cual se sigue construyendo la política antimigrante.

En este marco de conmemoraciones del bicentenario de nuestra inconclusa independencia como nación soberana y del centenario de la primera revolución social del continente americano, traemos a memoria el 30 aniversario de la Primera Conferencia Internacional Por Los Derechos Plenos de Los Trabajadores Indocumentados realizada en la Ciudad de México los días 28, 29 y 30 de abril de 1980, de la cual surgió la “Carta de Derechos Plenos de los Trabajadores Indocumentados”, seis años después con Ronald Reagan en la Casa Blanca se aprobó la primera ley de amnistía, (IRCA-86).

Esta carta de derechos viene al caso para responder a los cuestionamientos acerca de que es lo que quieren los indocumentados. La respuesta es simple, es permanente, siempre es la misma: Derechos Plenos. Todo ser humano tiene derecho a tener derechos. El primero de los trece artículos de la “Carta de Derechos Plenos de los Trabajadores Indocumentados” exige el derecho a la residencia legal al simplemente demostrar su calidad de trabajador y contribuyente. Los otros artículos del 2º al 11º, incluyen los derechos a la salud, educación, laborales, y a la cultura de origen, pero el 12º y el 13 se enfocan en los derechos políticos de votar y ser votados, derecho que nace también de su calidad de sólido contribuyente a las economías de ambos países.

En este tenor, en 2007 el Congreso de la Unión convocó al Primer Parlamento Migrante donde 500 líderes del exterior ocuparon las curules de San Lázaro y consensuaron más de 250 resoluciones y recomendaciones para ambos gobiernos. Sabedores de los territoriales ámbitos soberanos motivo de resquemores y conflictos, destacaron la importancia estratégica de su binacionalidad como interlocutora de una relación bilateral verdadera. Están, llamados a ser, como resultado, de su movilidad humana, el representante colectivo y metapartidista de los sentimientos de la nación, que no excluyen a la otra, pero que no son partidarios de la desigualdad, ni de la injusticia social.

Actualmente en México, y ante la embestida del gobierno racista de Arizona, contra los migrantes del mundo entero, en vez de adoptar una actitud reactiva a una legislación anti-humana, que convierte en ILEGALES a quienes la propusieron, la votaron a favor y la firmaron, revivamos el espíritu Carta de Derechos Plenos firmada por todo el mosaico político de la Nación Mexicana de 1980, cuando aun en México, ninguna reforma política existía.

El Primero de Mayo de 1980 marchamos con un mensaje de unidad y justicia para los indocumentados. Hoy se reclama una actitud pro-activa con la debemos involucrarnos en la organización y defensa de los trabajadores en ambos lados de la frontera, sin limitar el apoyo incondicional de sus demandas en el exterior incluidas en la carta de derechos plenos desde hace 3 décadas, y que son las mismas desde 1948 en la Carta Universal de Derechos Humanos.

En 1980, las fuerzas políticas y sociales emblemáticas, hicimos historia con esta Carta de Derechos, hoy nos corresponde hacerla efectiva, hacerla realidad, con nuestra lucha sin fronteras. Apoyar y fortalecer las organizaciones de connacionales que residen, trabajan y luchan en el exterior, es fortalecer y apoyar orgánicamente y en la practica su lucha, sus reclamos y los derechos adquiridos, es decir sus derechos plenos. Ni más, ni menos.