Por: Eduardo Miranda Esquivel
Presidente Colegiado de la Unión de Juristas de México
10 de abril de 2010
1.- El 18 de marzo de 2010 un grupo de legisladores panistas presentó una iniciativa de reforma laboral a la Ley Federal del Trabajo (LFT), que propone la eliminación de derechos previstos en la Ley y conquistados en más de un siglo de lucha de las y los obreros mexicanos. De los 1010 artículos de la LFT, proponen el cambio, adición o supresión de 429, mediante modificaciones cosméticas y de fondo, con la intención de anular la estabilidad en el empleo, a través de nuevas modalidades flexibles de contratación (a prueba, por temporada y capacitación inicial), la fijación del banco y pago por horas, las multihabilidades y la legalización de los outsourcing, substituyendo el Estado social por un Estado “pollero”, por ello, las y los mexicanos honestos no estamos de acuerdo.
2.- La reforma laboral que propone Calderón forma parte del paquete de reformas estructurales que los gobiernos de las tres últimas décadas han venido impulsando para cumplir las “recomendaciones” del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, en el contexto del “Consenso de Washington”, con el propósito de insertar la economía mexicana al neoliberalismo, desaparecer el Estado social, suprimir su papel rector en el desarrollo económico, desregular el marco legal para ajustarlo al del Tratado de Libre Comercio de America del Norte, facilitar la entrada de capitales y la utilización barata y a gran escala de la mano de obra en beneficio de los magnates capitalistas, vulnerando la soberanía nacional y la supremacía constitucional, por ello las y los patriotas no estamos de acuerdo.
3.- Los objetivos formales de la reforma panista establecen adecuar la LFT a la “modernidad”, mejorar la productividad y competitividad y fomentar el empleo, lo cual aparece como piadoso, pero falso e imposible de conseguir, debido a la crisis del modelo económico que prevalece, irracional, injusto, con un sistema político y judicial corrupto, sujeto a profundas y diferenciadas desigualdades, dependiente del exterior, desprovisto de progreso científico y de un presupuesto y banca de desarrollo social que apoye el bienestar colectivo, la innovación tecnológica y el financiamiento a millones de micro y pequeños empresarios. La reforma es solamente un fraude “legal” en beneficio de los grandes capitalistas. Por ello, las y los ciudadanos conscientes no estamos de acuerdo.
4.- La reforma laboral panista tiene como objetivos reales cumplir con intereses extranjeros opuestos a los del país y a los de los trabajadores, al proponer los mismos esquemas de las reformas laborales que se han establecido en Europa y Latinoamérica y que han fracasado para mejorar el empleo y las condiciones de trabajo de cada país, pues al responder a una estrategia globalizadora, únicamente han beneficiado al capital trasnacional, propiciando la desvalorización del trabajo, la pérdida de derechos, la precarización del empleo y la restricción de los derechos sindicales, por lo que de aprobarse en México, en el marco del bicentenario de nuestra Independencia y centenario de la Revolución, fundaría una regresión social, por ello las y los trabajadores no estamos de acuerdo.
5.- La propuesta de reforma laboral contenida en la mayoría de las 334 iniciativas presentadas en los últimos 22 años, ha sido con los mismos supuestos, sin considerar que el escenario ha cambiado. Hace tres décadas el neoliberalismo propició una nueva acumulación de capital al abrir los mercados, elevar la productividad y reducir los costos laborales, valiéndose del progreso científico y la caída del campo socialista y del movimiento sindical, permitiendo el crecimiento y enriquecimiento de algunos países y trasnacionales y la contención del desempleo. Treinta años después el modelo se agotó, no hay crecimiento ni empleo. La crisis global tocó fondo. Reformar la LFT en medio de la crisis para quitar “rigideces”, anulando derechos, y promover la inversión extranjera, sin protección de nuestras empresas, más que un error sería un crimen de lesa humanidad, por ello, las y los millones de damnificados del neoliberalismo no estamos de acuerdo.
6.- Los trabajadores y sindicatos mexicanos no han pedido ni demandan una reforma laboral, ni mucho menos una que les quite derechos, sin consulta alguna; que pretende facilitar su aprobación dejando de adorno el artículo 123 Constitucional, al aprobar cambios contrarios a los derechos laborales adquiridos, y, que se basa en argumentos engañosos de que es necesaria para modernizar el país, actualizar el marco legal, generar miles empleos, mejorar la productividad y la impartición de justicia, cuando es evidente que quienes demandan dicha reforma, son los oligarcas, los grandes capitalistas, banqueros y empresarios, así como los partidos y diputados que han traicionado a su pueblo en razón de sus mezquinos intereses, por ello, las y los sindicalistas no estamos de acuerdo.
7.- La problemática laboral y la experiencia del movimiento obrero muestran que en la coyuntura que vive México no se necesita de ninguna reforma laboral, sino que se cumpla la ley vigente, porque el problema no es la Ley sino quienes tienen la obligación de hacerla cumplir. La Constitución, la LFT y la Ley Federal del Trabajo Burocrático, prevén una serie de derechos que no se cumplen por el gobierno, con la complicidad de las Juntas de Conciliación, Tribunales y Ministros del poder judicial, de tal forma, que el empleo para todos, salario suficiente, jornada razonable, vivienda digna, salud y seguridad social, libertad sindical y derecho de huelga, así como el derecho de recibir justicia pronta, gratuita e imparcial, solo constituyen un ejemplo de para qué reformar la ley si lo que hace falta es cumplirla y hacerla cumplir, por ello, las y los juristas no estamos de acuerdo.
8.- El entorno no es nada favorable para las y los trabajadores, estén o no sindicalizados. La recuperación económica es una farsa, porque la realidad y los estándares internacionales indican que ésta tardará 4 ó 5 años y la de empleo mucho más. La descomposición política y la violencia son una constante creciente y las alianzas electorales de los partidos, acreditan verdaderas componendas que no responden a los supremos intereses de la nación y del pueblo. La ofensiva del régimen en contra de los trabajadores y sindicatos es constante, y al no existir una buena correlación de fuerzas en el Congreso para intentar una reforma laboral democrática, como la que pretenden algunos diputados, sería permitir o abrir una falso debate sobre las bondades de cualquier reforma y su aprobación provocaría el caos social, porque a esta reforma se encadenarían la reforma a Ley burocrática y la caída del sistema de pensiones, al precarizar el empleo, por ello, las y los diputados honrados no estarían de acuerdo con dicha reforma.
9.- En síntesis la reforma laboral panista transgrede los fundamentos del derecho mexicano del trabajo plasmados en el original artículo 123 constitucional, al romper con los principios de equidad, igualdad y justicia social que deben prevalecer entre los factores de la producción; transgrede la soberanía nacional, el constitucionalismo social y la supremacía constitucional, anula la estabilidad en el empleo, limita los alcances indemnizatorios que nacen del despido y los derechos colectivos de libertad sindical, huelga y contratación colectiva, proyectando para el caso de su aprobación, la precarización de millones de obreros, jornaleros, empleados, pequeños empresarios y cooperativistas, por ello, todas y todos no estamos de acuerdo con ninguna reforma laboral.
10.- Los juristas llamamos a las y los trabajadores a mantener e intensificar la resistencia, desplegar todas las formas de lucha para defender nuestros derechos, propiciar la organización y la unidad de clase y de todo el pueblo, así como, exhortamos a los legisladores consecuentes a establecer leyes y puntos de acuerdo, que sin tocar la LFT, hagan efectivos los derechos laborales, para que haya empleos dignos, un seguro de desempleo a nivel nacional, salarios suficientes, control de precios de la canasta básica y el respeto al libre ejercicio de los derechos colectivos y sindicales, al igual que, la restitución inmediata de los derechos de seguridad social de carácter universal y solidario y la protección y estatización de los fondos de pensiones y ahorros laborales.
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