En México, la forma en la que los derechos de los trabajadores han sido pisoteados no tiene precedentes y representan uno de los aspectos más importantes de la lucha de clases. Muestra de ello son los tres millones de trabajadores que, de acuerdo a la UNAM, laboran actualmente sin remuneración alguna. Otro ejemplo es el del trabajo precario (es decir, aquellos empleos en los cuales no se tiene ningún derecho laboral más allá del salario, el cual no supera entre uno y dos salarios mínimos) que pasó, en el marco de la crisis económica, de los 2.6 a los 3.8 millones de trabajadores que en esta condición se registraron en México durante el último trimestre del 2009. De hecho, la esencia de la contrarreforma laboral impulsada por el PAN consiste en tratar de someter esta clase de régimen laboral al conjunto de la clase trabajadora.Millones de trabajadores han sido víctimas de la política antisindical de la derecha mexicana. Los recurrentes ataques a los derechos de los trabajadores van desde violaciones a Contratos Colectivos del Trabajo hasta disolución de grandes gremios sindicales. La crisis económica mundial ha teniendo efectos devastadores para los trabajadores. La supuesta recuperación económica de la que tanto habla el gobierno no es visible por ningún lado y, al contrario, está dejando ver la podredumbre del capitalismo.
Si uno revisa con atención las cifras laborales presentadas por organismos oficiales, como la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), se puede dar cuenta de que en realidad no hacen otra cosa más que maquillar los datos reales.
El pasado 7 de abril, Javier Lozano Alarcón, de la STPS, presentó un informe en el que se anunciaba la creación de 600 mil empleos durante el gobierno panista. Sin embargo, según las estadísticas de afiliados al IMSS, en diciembre de 2006, al inicio del actual gobierno, estaban inscritos 13 millones 678 mil 492 trabajadores al Seguro Social. Si, como aseguró Lozano Alarcón, en marzo de 2010 el universo fue de 14 millones 170 mil 780 personas, el incremento ha sido de 492 mil 298, es decir, 107 mil 712 menos que los mencionados por el funcionario.[1]
Lo único cierto dentro de todo esto es que el gobierno federal ha estado preparando, desde hace varios años, el terreno para llegar a un proceso de contrarreformas a la Ley Federal del Trabajo (LFT). Es así como, el pasado 18 de marzo, la bancada panista en la Cámara de Diputados, presentó su propuesta de reformas a la LFT vigente. En sus propias palabras, la reforma no hará más que ayudar a los sectores vulnerables, beneficiar a los trabajadores y mejorar la productividad. ¡Pura palabrería!
Aspectos de la reforma
La esencia de la contrarreforma laboral es la siguiente:
*Establecer nuevas modalidades de contratación individual; esto es, mediante la utilización de las llamadas etapas de capacitación. Los empleadores tendrán derecho, según explica la iniciativa, de integrar a un nuevo trabajador con un periodo de prueba que no excederá los 6 meses y después decidir si se establece contrato con él o no. De entrada, esto permite al patrón deshacerse de un trabajador, pasado ese periodo, bajo el alegato de que no cumple con los requisitos. Esto eximiría a los patrones de pagar seguridad social o de cualquier otro derecho.
*Limitar la generación de salarios vencidos (caídos), lo cual dejaría en el desamparo a aquellos trabajadores que, tras un periodo de lucha, regresa a laborar. La obligación del patrón para pagar los salarios caídos a los trabajadores quedaría en segundo término y en manos de los patrones, los cuales tendrían el criterio para pagar o no.
*Eximir al patrón de la obligación de reinstalar al trabajador con una antigüedad menor a tres años al momento del despido. El énfasis en la capacitación y las nuevas modalidades de contratación individual explican en mucho este punto. Si a un trabajador no se le permite laborar más allá de 1 año es obvio que la antigüedad será inasequible y por tanto los empleadores se librarán de los trabajadores con antigüedad.
*Suprimir el escalafón ciego, referente al derecho del trabajador a ascender en su área de trabajo gracias a la antigüedad creada durante sus años de trabajo. Este elemento permitiría que, por ejemplo, un trabajador que ha laborado durante 20 años para una empresa pueda ser sustituido por alguno que sea afín a los intereses de los patrones. Con ello, además, se eliminaría totalmente el derecho de los trabajadores a heredar sus trabajos a sus hijos.
*Incorporar la multihabilidad del trabajador, es decir, el trabajador estará obligado a desarrollar trabajos que no sean de su área, independientemente de que esté o no estipulado en su contrato. El aspirante a un puesto tendrá que conocer el trabajo que desempeñará en su área pero, además, el trabajo que elaboran el resto de áreas de su empresa.
*Vincular la capacitación y adiestramiento con la productividad. Un aspirante a un puesto de trabajo tendrá que pasar por un periodo de capacitación y adiestramiento que no será remunerado, o podrá serlo pero en menor medida que el salario de un trabajador ya establecido, y durante ese tiempo tendrá que producir para que pueda ser tomado en cuenta.
*Establecer la afiliación obligatoria de los patrones al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. El FONACOT es un organismo público sectorizado en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social cuyo objetivo es otorgar crédito a los trabajadores para la adquisición de bienes y servicios. Los trabajadores estarán obligados a pertenecer al FONACOT, quieran o no, generando con ello intereses crediticios para las instituciones gubernamentales.
*Incluir el arbitraje obligatorio en los conflictos de huelga, obviamente para procurar los derechos de los empresarios.
*Sumar más requisitos para la tramitación de las demandas de titularidad de Contrato Colectivo del Trabajo. Los sindicatos estarán obligados a tener en sus filas a más de la tercera parte de la plantilla laboral para poder demandar la titularidad del CCT pero, además, tendrán que mantenerla bajo ciertos requisitos o perderán la titularidad.
*Establecer nuevos requisitos para el emplazamiento a huelga, declarar la inexistencia de la huelga si el sindicato no cumple con los requisitos, o negar el trámite a emplazamientos a huelga; todos referentes al hecho de que el Estado, mediante la STPS, podrá inmiscuirse en la vida sindical.
*Respetar los derechos de terceros para la restitución de la posesión de bienes de su propiedad. Por ejemplo, si un sindicato se encuentra en huelga y ésta excede más allá de 6 meses la empresa tendrá el derecho a reclamar sus bienes, dejando en el desamparo a los trabajadores. Esta ha sido una práctica recurrente en muchas huelgas que se han visto derrotadas debido a que los empresarios sacan su maquinaria y la ponen a funcionar en otro lugar. Este elemento no es otro más que la defensa irrestricta de la propiedad privada de los capitalistas.
*Obligar a los sindicatos a difundir información sobre su patrimonio sindical mediante un auditor externo, establecer como obligatorio el voto libre, directo y secreto en procesos de elecciones de la directiva sindical y eliminar el descuento obligatorio de las cuotas sindicales.
*Regular la subcontratación, tercerización y outsourcing mediante el cual los patrones se librarán de toda responsabilidad respecto al trabajador. Este rubro eliminaría, de facto, el derecho de un trabajador a sindicalizarse pues la empresa contratante no tendrá ningún compromiso más allá del pago de salarios. La subcontratación, por ejemplo, ha permitido que grandes empresas, como las multinacionales o algunas instituciones públicas, hagan uso de este elemento para librarse de los Contratos Colectivos del Trabajo y de los sindicatos mismos.
Todos estos elementos no son otra cosa más que un intento por regresar a épocas del porfiriato y mantener a los sindicatos sumergidos en terminología jurídica con el afán de cuidar, por sobre todas las cosas, los intereses de los patrones.
La juventud
En ese sentido, la reforma establece medidas para que los empleadores, con ayuda de la Secretaría de Educación Pública, tengan acceso a jóvenes que cumplan con un régimen de certificación laboral…conforme al cual sea posible acreditar conocimientos, habilidades o destrezas, que requiere un individuo para la ejecución de una actividad productiva, independientemente de la forma en que hayan sido adquiridos.[4]
Bajo esta lógica, la juventud no es más que carne de explotación para la burguesía. Para ellos, los jóvenes no son otra cosa más que futuros trabajadores a los cuales explotar y, además, forman parte importante del ejército de reserva de la burguesía.
No existe ningún intento serio por asegurar a la juventud un puesto de trabajo digno al terminar los estudios. Incluso las mismas cifras del gobierno de Calderón echan de cabeza todas sus iniciativas. Tan sólo en 2009 cerca del 45% de los egresados de la UNAM no encontraron empleo en áreas relacionadas con su formación profesional.
Las mujeres
La iniciativa pretende mostrar las supuestas bondades de la contrarreforma mediante el hecho de establecer que las trabajadoras tendrán derecho a periodos de lactancia según lo establezcan ellas antes y después del embarazo; sin embargo ¡¡¡esto estará supeditado al hecho de que el patrón esté de acuerdo y dependiendo del trabajo que realicen!!!
Después de recitarnos en varias hojas que las mujeres no pueden ser discriminadas bajo ninguna circunstancia, los diputados panistas muestran su buena voluntad y explican: el teletrabajo constituye una mejor posibilidad ocupacional para ciertos sectores de la población, en especial el de las mujeres, que les permite compaginar su trabajo con sus responsabilidades familiares.[5]
Tan sólo, por mencionar algunas cifras y demostrar la hipocresía del régimen, en México, en el tercer trimestre de 2009, las mujeres registraron un 6.13 por ciento de desempleo frente a los 5.7 puntos del sector masculino.
Un auténtico ultraje hacia los trabajadores
La LFT vigente fue establecida después de grandes procesos de lucha de la clase trabajadora por la conformación de los sindicatos y con ello de conquistas históricas en defensa de los derechos laborales.
Ninguno de los logros obtenidos por la clase trabajadora ha sido regalado. Incluso lo plasmado en el artículo 123 constitucional, referente a los derechos de los trabajadores, fue ganado por los trabajadores ante el temor de la burguesía por perder todos sus privilegios.
Fue la fuerza y la sangre de los trabajadores lo que obligó a la burguesía a redactar el Artículo 123. Esta fuerza y esta sangre se vieron muy concretas en las movilizaciones de 1916 con la huelga general y contra la pena de muerte impuesta para reprimir a los trabajadores que participaban en las manifestaciones.
El 28 de agosto de 1931 todas las leyes laborales de México quedaron restringidas a una Ley Federal, la LFT. Desde 1924, Álvaro Obregón había auspiciado un código laboral federal con el propósito de que el congreso pudiera legislar sobre los trabajadores, cuestión que se logró hasta 1929 con la modificación de la Constitución.
El ambiente mundial que se registraba en aquel momento era de convulsión. Después de que Estados Unidos entró en una crisis brutal y alcanzó la depresión más grande de su historia, la crisis se extendió país tras país, incluido México donde el desempleo y la miseria crecieron de manera brutal. El gobierno se veía obligado a tomar medidas para mantener a los trabajadores tranquilos y al mismo tiempo mantener una política de austeridad.
La primera parte del siglo XX en nuestro país se tradujo en la conformación de diversas centrales obreras cuyo objetivo fue, inicialmente, luchar por la defensa de los intereses de los trabajadores, sin embargo, ese hecho duró poco pues la estructura gobernante se encargó de copar a estas centrales obreras para mantener una política de control sobre los trabajadores.
Tanto la CTM como la CROM y la CROC fueron grandes filiales de los trabajadores que se mantuvieron siempre dentro de la estructuras del Estado, hasta la fecha.
El llamado corporativismo veló desde entonces porque los empresarios tuvieran en sus manos a los trabajadores. Los sindicatos corporativos, pro-patronales, blancos o charros, como se les suele llamar, aglutinaron durante décadas a una significativa parte del sector productivo de nuestro país, siendo el sector industrial el más importante.
A pesar de lo anterior, amplias capas de los trabajadores no se encuentran organizadas o no pertenecen a ninguna organización gremial. Haciendo un análisis de la maraña de cifras que publica la STPS, el porcentaje de trabajadores que se encuentra sindicalizado no alcanza más del 4% de la Población Económicamente Activa (PEA). Este porcentaje equivale a un aproximado de 5 millones de trabajadores, distribuidos en las organizaciones pertenecientes al Congreso del Trabajo y las organizaciones independientes.
De ello podemos concluir que sistemáticamente el sindicalismo en México está siendo destruido. Para el año 2007 la cifra de trabajadores que estuvieron involucrados en algún tipo de revisión contractual o salarial alcanzó los 2 millones 811,094 trabajadores, lo que contrasta con los 2 millones 924,640 de agremiados que se registraron en el año 2000.
No obstante dichas cantidades, es necesario hacer algunas acotaciones. La primera está relacionada con la PEA y sus limitaciones como parámetro para medir la sindicalización pues en dicho rubro, de acuerdo al CONAPO, son consideradas todas las personas de 12 años y más que realizan algún tipo de actividad económica, es decir, activos, o que formaban parte de la población desocupada abierta, entendidos estos por todos aquellos que buscan empleo pero sin lograr resultados favorables. Como podremos darnos cuenta la PEA es un enorme mosaico integrado por diferentes sectores de la población, incluidos los desempleados. El único elemento afín entre todos ellos es solamente el de estar en edad de trabajar.
De acuerdo a la proyección del CONAPO, la PEA actual es de 47.7 millones de personas, de las cuales, según la CEPAL, . 15 millones se encuentran en el subempleo. Esto por sí mismo ya hace necesario la eliminación de este enorme segmento de la PEA como un referente, junto al resto que la integran, para medir la sindicalización en México. Lo mismo se debe aplicar para los millones de adolescentes y jóvenes que no laboran porque estudian.
Sobre la cantidad de trabajadores que participaron o se vieron involucrados en alguna negociación contractual o salarial, también existen limitaciones para medir el grado de sindicalización pues esta clase de negociones, por disposición del apartado B de la LFT, simplemente están negadas para millones de trabajadores al servicio del Estado, que están sindicalizados pero que no pueden firmar contratos colectivos.
Hacemos esas acotaciones porque si bien en necesario reconocer que ha caído la tasa de sindicalización, también es importante tener cuidado y no reproducir inconscientemente la propaganda burguesa que se basa en mediciones como las de la STPS, cuyo parámetro es la PEA en abstracto para tratar de transmitir el mensaje de que el sindicalismo está en bancarrota total y que los trabajadores no quieren saber nada de los sindicatos. Si a la luz de recortar esos 15 millones de subempleados de la PEA hacemos un nuevo balance, podremos ver cómo ese 4% de sindicalización del que habla la STPS se eleva hasta aproximadamente 15 puntos porcentuales, tasa que desde luego sigue siendo muy baja y que habla de la tendencia hacia la baja de la sindicalización, pero que al mismo tiempo está lejos de ser la catástrofe que el gobierno pretende hacernos creer a los trabajadores.
Aunque no existe una cifra clara acerca del nivel de sindicalización en nuestro país lo que sí podemos decir es que miles de trabajadores han salido en desbandada de diversos sindicatos, muchos de ellos producto de los despidos masivos. Sólo por poner un ejemplo, el Congreso del Trabajo, que en 1997 tenía casi 2 millones de afiliados, tuvo una caída drástica en 2000, cuando reportó un millón 250 mil. Sin embargo, la cifra ha seguido en descenso y para 2007 su nivel de sindicalización se ubicó en 950 mil, casi la mitad que hace una década. [6]
Es importante hacer una acotación a este respecto. No es lo mismo las bases de un sindicato que la dirigencia de los sindicatos. Cuando hablamos de las grandes centrales obreras como la CROM, la CROC, CTM y demás, nos referimos a la política antisindical llevada adelante por los dirigentes de estas centrales. Los dirigentes vitalicios, que por años han estado al frente de estos gremios, han sido aliados fieles al priísmo que, durante muchos años, y aún en la actualidad, aplicaron la política de ataques a los trabajadores.
En este sentido, las modificaciones presentadas por el PAN no solamente atentan en contra del sindicalismo y los trabajadores que pertenecen a alguna organización sindical, sino que deja a su suerte a la mayoría de los trabajadores de nuestro país. El PAN es muy hábil al intentar echar la culpa de todo a los trabajadores sindicalizados.
Para ellos la aplicación de métodos para explotar aún más a los trabajadores es lo que hoy llaman "Nueva Cultura Laboral" o "Nueva Reforma Laboral".
Las primeras reacciones
A más de un mes de presentada la iniciativa las reacciones han sido diversas y variadas. La iniciativa es considerada por abogados laboristas y dirigentes sindicales como el “pliego petitorio” de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex)…” y “ya fue rechazada por legisladores priístas y perredistas obreros, así como por dirigentes sindicales de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y del Congreso del Trabajo (CT)”.[7]
La propuesta de Lozano es peor que la presentada por Abascal en su momento. Con la reforma panista la totalidad de los contratos colectivos “serán de protección, ya que ahí opera la regla de oro: el patrón escoge al sindicato”, asevera el abogado Alcalde Justiniano en entrevista para Proceso.
Para Napoleón Gómez Urrutia, líder de los mineros, la contrarreforma panista “no es laboral sino esclavista y aprobar algo así sería un grave retroceso histórico”. Desde su autoexilio en Canadá, el dirigente puntualiza: “Este gobierno tiene la vista puesta en el pasado, en el régimen de Porfirio Díaz; pretende un imposible retorno a tiempos de opresión laboral para siempre superados…”[8]
Qué reforma necesitamos los trabajadores
Desde su ascenso al poder en 2000 la derecha panista, en complicidad con el PRI, ha impulsado sendas modificaciones a las leyes que rigen los derechos laborales. Todas en perjuicio de los trabajadores.
Es por ello que este 1º de mayo los trabajadores debemos salir con la cabeza en alto y bajo una sola consigna, la unidad de todas las luchas en defensa de los derechos de los trabajadores. Los trabajadores debemos levantar un programa de reivindicaciones acorde con nuestras necesidades. Ante ello, desde las páginas de Militante proponemos luchar por:
- Un aumento salarial de emergencia del 100% y un salario mínimo de 9 mil pesos.
- ¡Ni un solo despido más! Jornada laboral de 30 horas sin reducción salarial.
- Derechos sindicales y laborales para los trabajadores eventuales.
- Obtención de la base a los 15 días de trabajo.
- No a la tercerización.
- Escala móvil automática de precios-salarios.
- Contra la corrupción, amiguismo y persecución sindical.
- Por la democracia sindical, puestos revocables y salario medio de un obrero calificado a dirigentes.
- Seguridad social y transporte gratuito a todos los desempleados.
- Por un subsidio de desempleo.
- Dos aguinaldos de 40 días por año.
- Vacaciones pagadas 30 días.
- Defensa intransigente de los contratos colectivos.
- Contra el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro y en defensa del SME.
- ¡Respeto incondicional al derecho a huelga! Apoyo total a los mineros, a los trabajadores de Olympia y demás trabajadores en huelga.
- Por el derrocamiento de Calderón y su remplazo por una gobierno de los trabajadores.
- Expropiación de los monopolios, trasnacionales, bancos, latifundios y fincas infrautilizadas colocándolos bajo control obrero.
Un programa de esa naturaleza, en el que además se integren demandas como la de la nacionalización de los latifundios y la industrialización del campo, por ejemplo, crearía una base sólida para unificar al movimiento obrero y marchar contra sus opresores. Los sindicatos, el PRD y los demás partidos y organizaciones de izquierda deben adoptar una plataforma reivindicativa de esa naturaleza y empujar con fuerza la unidad de acción. ¡Ni una lucha aislada más! Bajo este programa de lucha, acompañado de la unidad entre todas las organizaciones de los desposeídos e impulsando una verdadera huelga nacional que tenga como objetivo paralizar la producción, las comunicaciones, el transporte, el sistema bancario, etcétera, podremos ver como se desmorona, ladrillo a ladrillo, la contrarreforma laboral que pretenden imponer Calderón y la burguesía.
Calderón representa un gobierno débil y dividido que puede ser derrotado, para lograrlo pugnemos por una política sindical consecuente en la que no se tenga la más mínima consideración para la burguesía, su gobierno y sus partidos, el PAN y el PRI. Compañero trabajador únete a Militante y lucha por un programa socialista para el movimiento obrero.
[1] Periódico La Jornada, miércoles 7 de abril de 2010, p. 23
[2] Iniciativa de decreto de la Reforma Laboral. Pág. 1
[3] Iniciativa de decreto de la Reforma Laboral. Pág. 5
[4] Ibíd. Pág. 18
[5] Ibíd. Pág. 14
[6] Periódico La Jornada, miércoles 18 de febrero de 2009, p. 43.
[7] Proceso 1774/4 de abril de 2010. Pág. 36
[8] Ídem
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