Difusión Cencos México D.F., 9 de abril de 2010
Posicionamiento OSC de derechos humanos
- Posicionamiento de organizaciones civiles de derechos humanos sobre las recientes declaraciones del secretario de la Defensa Nacional en la Cámara de Diputados.
El día 7 de abril el Secretario de la Defensa Nacional Guillermo Galván Galván señaló ante la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados la necesidad de la aprobación de una “legislación emergente” que regule las actividades del ejército en funciones de seguridad pública, porque reconoció, “en este momento los militares llevan a cabo una tarea que legalmente no les corresponde”. El general mencionó la necesidad de que se faculte al ejército para que pueda ingresar a domicilios cuando se persiga un delito en flagrancia o se sospeche que podría cometerse, interrogar a detenidos y retenerlos hasta por 24 horas antes de entregarlos a una autoridad civil, intervenir comunicaciones y suspender actividades o el tránsito masivo de vehículos . De igual forma señaló que el ejército seguirá en las calles de 5 a 10 años más, mostró la reticencia del ejército para que las reformas al Código de Justicia Militar permitan que los militares que cometan delitos en contra de civiles sean juzgados por tribunales civiles y minimizó el número de casos de violaciones de derechos humanos cometidas por militares.
Las declaraciones del Secretario de Defensa son desafortunadas en exceso, por una parte muestran lo que las organizaciones de derechos humanos hemos sostenido reiteradamente; el ejército en tareas de seguridad pública violenta la ley y los estándares de derechos humanos aprobados internacionalmente y por otra, muestra el deseo de seguir haciéndolo y amparado en la ley.
En la reunión, solicitó un marco legal que permita actividades propias de un estado de excepción, que de facto se han realizado, derivando en violaciones graves a los derechos humanos como ha sido documentado por organizaciones nacionales e internacionales incluyendo organismos de naciones unidas, sistema interamericano y la CNDH, siendo incongruente además con lo declarado por el gobierno en cuanto a respetar las recomendaciones formuladas por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas el 22 de marzo del año en curso en la que se pide al gobierno mexicano que las enmiendas en materia de seguridad nacional, respeten lo dispuesto por los artículos 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 29 de la Constitución Mexicana.
En reiteradas ocasiones representantes del Estado han afirmado que la participación del ejército en estas funciones será temporal y que corresponde a autoridades civiles y cuerpos policiacos las funciones de seguridad. Este ha sido un señalamiento constante en espacios internacionales como el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en el marco del mecanismo del Examen Periódico Universal y recientemente por el Comité de Derechos Humanos de la misma organización y ha sido recuperado por el Secretario de gobernación y el Programa Nacional de Derechos Humanos, sin embargo, las declaraciones del Secretario de Defensa no contemplan ese escenario. Al señalar que el ejército permanecerá en las calles 5 a 10 años más “salvo orden expresa del Presidente de la República o la aprobación de un decreto del Congreso de la Unión”, desconoce el carácter excepcional y temporal del ejército en las calles, mostrando poca claridad en los objetivos de sus funciones y restando importancia al necesario fortalecimiento de las corporaciones civiles.
Por otro lado, se muestra de nueva cuenta la opacidad de las fuerzas armadas el negarse a ser juzgados por tribunales civiles tratándose de crímenes cometidos contra civiles. Los casos documentados nos muestran que estas violaciones sí existen y no son pocas, resultando inexcusable el argumento del General Galván al referir que los casos acreditados de abusos por militares son “una cantidad menor”. No podemos olvidar los casos de Rosendo Radilla, Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo, Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, que han llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos siendo víctimas de violaciones de derechos humanos por parte del ejército, nos muestran la falta de acceso a la justicia en instancias nacionales y que el sistema de justicia militar no garantiza imparcialidad o justicia, en ese entendido la organizaciones no podemos sino interpretar la negativa para cambiar esa situación, como un esfuerzo del ejército para gozar de impunidad.
Las organizaciones firmantes exhortamos al Congreso de la Unión a ponderar por encima de cualquier petición los derechos humanos de la población. Celebramos que el día jueves 8 de abril el Senado de la República dio un paso importante a favor de los derechos humanos al aprobar el proyecto de reforma constitucional en la materia, confiamos en que la Cámara de Diputados actúe en consecuencia de esta decisión esperando que ese compromiso se refleje en ulteriores discusiones alrededor de las diversas propuestas sobre seguridad en la agenda legislativa, mismas que plantean aspectos regresivos para los derechos humanos. Esperamos que las decisiones que tome el poder legislativo en estos temas estén a la altura de las recientes decisiones y no sean influenciadas por comentarios tan desafortunados como el efectuado en la Comisión de Defensa Nacional. México, Distrito Federal, 8 de abril 2010. RED DE DERECHOS HUMANOS “TODOS LOS DERECHOS PARA TODAS Y TODOS” CENTRO DE DERECHOS HUMANOS “FRAY FRANCISCO DE VITORIA, O.P.” CENTRO DE DERECHOS HUMANOS, “MIGUEL AGUSTÍN PRO JUAREZ” COMISION MEXICANA DE DEFENSA Y PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS CENTRO DE DERECHOS HUMANOS DE LA MONTAÑA “TLACHINOLLAN” RED DE COMITÉS COMUNITARIOS DE DERECHOS HUMANOS DE LA HUASTECA VERACRUZANA
Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos
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