México, ¿hacia la bordaberrización?

Guillermo Almeyra

El gobierno conservador-clerical destruye el país, roba el dinero a los jubilados y hace más pobres a los que menos tienen. Le cobra impuestos a las pensiones y jubilaciones y con la inflación, los despidos y el congelamiento salarial reduce aún más el ingreso de la mayoría de la población. A la burla añade la injusticia, la prepotencia y una política impositiva antipopular que achica el mercado interno. Calderón ata la economía mexicana a una recuperación de la estadunidense cuando la crisis europea potencia una nueva recaída de la crisis en Estados Unidos. Las clases trabajadoras mexicanas pierden ingresos y conquistas, las empresas medias se debaten al límite de la supervivencia porque el gobierno, que transforma al país en una parte de Estados Unidos y hace que las trasnacionales y la banca extranjera dicten sus políticas económicas, sigue destruyendo las bases del desarrollo nacional. Como antes de la Reforma, la medieval jerarquía de la Iglesia cogobierna con Calderón e intenta fijar las políticas educativas y sociales. Como durante el Porfiriato, los oligarcas en cada estado y las fuerzas armadas son la base de un gobierno ilegal e ilegítimo, sin consenso, que se sostiene por la violencia armada y por la corrupción y sumisión del aparato judicial y que engendra más violencia con su política social. Caen las remesas, disminuyen los turistas, el petróleo aporta menos al presupuesto, la crisis mundial amenaza la estabilidad de los bancos en México mientras el gobierno miente hablando de un rápido crecimiento inmediato de una economía que sigue cayendo. La delincuencia es fruto de la corrupción oficial, de la crisis económica, de la falta de empleos, de la destrucción sistemática del sistema educativo, pero el gobierno finge creer que es sólo un problema policial, mientras se prepara a agravarla empeorando la actual Ley Federal del Trabajo, para reducir aún más las conquistas y garantías de los trabajadores y aumentar la tasa de ganancia de los explotadores. El gobierno da también a esos oligarcas desenfrenados todos los negocios que puede: la electricidad y la fibra óptica en el valle de México, la refinación en Estados Unidos del petróleo que exporta crudo, la construcción de obras públicas, y no hace nada para edificar viviendas populares, para mejorar el sistema sanitario y las pensiones, para dar trabajo y aumentar el bienestar social, para salvar a los mexicanos más pobres de la destrucción ambiental (inundaciones, deslaves y sequías).

Este es un intolerable gobierno antinacional, antidemocrático, que pisotea diariamente la Constitución y que da a las fuerzas armadas un papel de pretorianos y policías ajeno a sus funciones constitucionales, mientras entrega el país al capital extranjero y lo pone a las órdenes de Washington. Es un gobierno peligroso que debe ser expulsado lo antes posible de las palancas de mando de la economía y de la vida institucional mexicanas. Ahora se apoya en los militares que le dictan su política, pero mañana puede ser simplemente la fachada civil de un comando militar, dentro de los planes de Estados Unidos (Colombia, Haití, Honduras) como lo fue el presidente uruguayo Juan María Bordaberry. ¿Alguien en sus cabales puede creer que México es capaz de salir de la crisis mediante una hipotética victoria electoral en 2012 para recién entonces poner en marcha una utópica e ineficaz política neodesarrollista que subsane los desastres causados por los neoliberales del PRI y del PAN desde 1982? ¿México puede esperar hasta 2012? Además, los que hicieron un fraude descarado en 1988 y en 2006 y militarizaron el país, ¿van a permitir que les quiten el poder con unos papelitos electorales que no valen nada si no están respaldados por una movilización y una organización popular que cambie la relación de fuerzas?

La resistencia a este gobierno es fuerte y permanente. Pero está fragmentada, es local, puntual. Formula incluso puntos programáticos importantes, como el Diálogo Nacional o los grupos sociales que apoyaron a la APPO, crea gérmenes de autonomía y de autogestión, como las juntas de buen gobierno, pero carece de unidad, de un programa nacional con objetivos alternativos. Por eso, incluso para ganar eventualmente en las urnas, hay que unir en un solo frente todas las movilizaciones y protestas, sin sectarismos, para preparar movilizaciones y una huelga general en defensa de los jubilados, contra los despidos y la carestía, por planes de trabajo y la defensa de los campesinos. Sólo la fuerza popular puede echar a los oligarcas de Los Pinos y preparar una Asamblea Constituyente donde se decida democráticamente cómo reconstruir México.