Desde Vicente Fox se ha puesto como ejemplo de progreso al sector de la vivienda. Sin embargo, la euforia oficial no aguanta la prueba de la sabiduría popular: Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces, pues estos grandes “logros” no benefician a la población, sino todo lo contrario.
De acuerdo con su propia Ley Orgánica, la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) tiene por objeto otorgar fondos a la vivienda preferentemente de interés social. Lejos de este fin, ha favorecido a las constructoras URBI, GEO, DEMET, ARA, SARE, SADASI, HOMEX. Estas desarrolladoras inmobiliarias cotizan en la Bolsa de Valores, sus ventas en 2005 ascendieron a casi 12 mil millones de pesos (cifra que representa más de la mitad del presupuesto de la Sedesol para 2010). Con el mismo patrón, la SHF ha destinado fondos públicos a las siguientes intermediarias financieras (Sofoles): Su Casita, Grupo Financiero BBV-Bancomer y Deutsche Bank, entre otros.
Pero, además de lo anterior, el crecimiento de estas empresas se puede explicar por presuntas prácticas fraudulentas. En 2008, los especialistas Julieta Alemán, Javier Gutiérrez y Gabriel Gómez, a petición de la SHF elaboraron el estudio Modelo de detección de fraude por sobrevaluación del valor de la vivienda. Descubrieron un acuerdo entre Sofoles y constructoras para inflar en 40% el precio de las casas y así tener mayores utilidades.
El estudio también encontró que la mayor parte de estas irregularidades se da en Baja California, Jalisco, DF, estado de México, Nuevo León y Quintana Roo. Es de llamar la atención que de acuerdo a los datos del Banco de México es en estas entidades donde ha crecido más la cartera vencida. Encabezan la lista Quintana Roo con 330%, Nuevo León con 121% y Jalisco con 77% de 2008 a 2009, mientras que el crecimiento nacional en este rubro fue de 49% en el mismo lapso. Por si fuera poco, en el estado de México y Nuevo León más de 80% de los avalúos irregulares fueron realizados por un perito que está en una “lista negra” de la propia SHF.
Otro tipo de fraude se da bajo la figura de renta con opción a compra (ROC), en el que están involucrados básicamente los organismos ya mencionados. Este programa es ilegal, pues no está contemplado en la Ley Orgánica de la SHF, que de ser así tendría que llamarse Sociedad Arrendataria Federal. Las familias en este esquema llevan pagando 4 o 5 años “enganches” y “rentas” por montos totales que van de los 45 a los 280 mil pesos. No obstante se niega la escrituración de los contratos de compra-venta y garantía hipotecaria. Por si no bastara, estos organismos están desalojando a las familias, como sucede en distintos fraccionamientos de Tecámac, Ecatepec y Cuautitlán, en el estado de México.
Ante esta situación, promoveré un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados con el objeto de llamar a cuentas e imponer las sanciones conducentes a los titulares de la Sociedad Hipotecaria Federal, de Su Casita y de Deutsche Bank.
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