Los pueblos indios de México, protagonistas de la resistencia contra los planes neoliberales de los gobiernos federales, estatales y municipales en turno, pagan con muerte, cárcel, torturas o desaparición forzada la osadía de negarse a desaparecer y defender su territorio (tierras, recursos naturales, cultura y tradiciones).
El historial de agravios es largo en tiempo y tamaño. La violencia institucional, paramilitar y caciquil en su contra viene de mucho tiempo y cada vez se recrudece más, pues crecen las ambiciones y planes multinacionales sobre territorio ancestral, al igual que crece la firmeza y resistencia de estos pueblos.De acuerdo a un informe (en construcción) de miembros del Congreso Nacional Indígena (CNI), dado a conocer durante una reunión de la Red contra la Represión y por la Solidaridad, en el pueblo nahua de Ayotitlán, municipio de Cuautitlán de García Barragán, en Jalisco, cuna mundial del maíz y sede de unas de las minas de hierro más ricas de México, la lucha por la defensa de su territorio les ha dejado al menos dos muertos. El 20 de abril del 2007 fue asesinado Aristeo Flores Rolón, fundador del Consejo de Mayores, autoridad tradicional de este pueblo localizado en la Sierra de Manantlán.Aristeo salía de la reunión que cada mes realiza la autoridad tradicional y cuando llegaba a su casa en la comunidad de Rancho Viejo, “sujetos armados lo emboscaron y le quitaron la vida”. Aristeo fue un luchador incansable en esta comunidad que desde hace más de 50 años lucha porque se les restituya “la integridad de su territorio, el cual, según la resolución presidencial del ejido, es de 50 mil hectáreas y actualmente sólo tiene en posesión 35 mil, quedando pendientes 15 mil hectáreas ocupadas por el Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada, de las transnacional Termiun Hylsa y Arcelor Mittal, propiedad del quinto hombre más rico del mundo”.Otro que murió en la defensa de sus tierras en esta región es Nazario Aldana Villa, refundador del Consejo de Mayores y último juez tradicional de la Sierra de Manantlán. Y un nahua más asesinado es Concepción Gabiño Quiñónez, de Cuzalapa, quien encabezaba la lucha contra la imposición del programa de certificación de la tierra (Procede) en la comunidad.En Michoacán, la comunidad de Santa María Ostula, en el municipio de Aquila, protagonizó en junio de 2009 una de las batallas más representativas del movimiento indígena nacional, al recuperar más de 700 hectáreas de tierras que reclamaban desde hace 40 años.Un año antes de la acción, el 25 de julio de 2008, Diego Ramírez Domínguez, presidente de la comisión encargada de preparar la recuperación, fue encontrado muerto con huellas de tortura en la playa del territorio en disputa.El asesinato de Diego no amedrentó a la población, que finalmente recuperó las tierras enfrentando “el ataque paramilitar que los supuestos pequeños propietarios ligados al crimen organizado realizaron”. Inmediatamente después se fundó el nuevo poblado San Diego Xayacalan. De agosto a la fecha, según el informe presentado por miembros del CNI, 8 integrantes de la comunidad han sido asesinados “sin que se haya investigado ni perseguido dichos delitos”.El pueblo amuzgo de Suljaá, municipio de Xochistlahuaca, Guerrero, no ha estado exento de hostigamiento y represión, en este caso de parte de la cacique local Aceadeth Rocha Ramírez. En el 2002 la comunidad declaró la constitución de su municipio autónomo e instaló un gobierno tradicional. En 2004 se inició la represión en contra de sus autoridades tradicionales y representantes agrarios del ejido de Xochistlahuaca.“La cacique fabricó el delito de privación ilegal de la libertad en contra de 11 personas de la comunidad”.Uno de los grandes logros del municipio autónomo fue la creación de una radio comunitaria: Radio Ñomdaa, la palabra del agua, que desde su nacimiento fue blanco del hostigamiento de los tres niveles de gobierno. “A la radio se le instaló un procedimiento de clausura por parte de la Secretaria de Comunicación y Transporte (SCT) y una averiguación previa de la PGR en contra de su comité, en especial contra David Valtierra”. En el 2008 padecieron un operativo de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI).En 2009 Aceadeth Rocha “fabricó otro delito por privación de la libertad en contra de 31 personas que se oponían a su cacicazgo”, entre ellos David Valtierra.Jalisco es otro estado que padece la represión contra su población indígena. El pueblo coca de Mezcala, municipio de Poncitlán, ha denunciado que el ayuntamiento “ignora a nuestras autoridades tradicionales y a la asamblea general de comuneros”, otorgando concesiones sobre la Isla de Mezcala y avalando permisos para el club de motociclistas de Enduro, Guadalajara.El ayuntamiento, acusan, se presenta “como el dueño de nuestro bosque” y lo convierte en pistas de carreras, además de que otorga permisos “al rico invasor Guillermo Moreno Ibarra para la construcción de su mansión dentro de nuestro territorio”.Hace cuatro meses, el 22 de octubre de 2009, señalan los cocas de Mezcala integrantes del CNI, Quintín Claro (ex comisariado de bienes comunales destituido por la asamblea general de comuneros el 1 de marzo “por su corrupción y por ser aliado de los invasores”), allanó las oficinas del comisariado en compañía de los invasores Guillermo Ibarra y María de Jesús Covarrubias, apoyados por la policía municipal de Poncitlán. “Rompiendo la cerradura de la puerta entraron a robar tres libros de documentación y el sello de la comunidad.” Tres días después la policía irrumpió la asamblea general de comuneros con la intención de provocar a la población.El territorio de los wixárika en Jalisco, los purépechas de Zirahuén, Michoacán, y decenas de pueblos indios más resisten contra viento y marea los planes de despojo y destrucción.Mención aparte ameritan los pueblos zapatistas de Chiapas, que defienden su territorio y actualmente enfrentan una embestida estatal y federal que puede desembocar en una incursión del ejército federal contra sus comunidades, avalada por una campaña mediática, como advierte el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, después del ataque armado de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC), el pasado 6 de febrero contra las bases de apoyo del EZLN en Bolón Ajaw.
(GMR)
La Jornada, 20-02-2010
Los pueblos indios de México, protagonistas de la resistencia contra los planes neoliberales de los gobiernos federales, estatales y municipales en turno, pagan con muerte, cárcel, torturas o desaparición forzada la osadía de negarse a desaparecer y defender su territorio (tierras, recursos naturales, cultura y tradiciones).
El historial de agravios es largo en tiempo y tamaño. La violencia institucional, paramilitar y caciquil en su contra viene de mucho tiempo y cada vez se recrudece más, pues crecen las ambiciones y planes multinacionales sobre territorio ancestral, al igual que crece la firmeza y resistencia de estos pueblos.
De acuerdo a un informe (en construcción) de miembros del Congreso Nacional Indígena (CNI), dado a conocer durante una reunión de la Red contra la Represión y por la Solidaridad, en el pueblo nahua de Ayotitlán, municipio de Cuautitlán de García Barragán, en Jalisco, cuna mundial del maíz y sede de unas de las minas de hierro más ricas de México, la lucha por la defensa de su territorio les ha dejado al menos dos muertos. El 20 de abril del 2007 fue asesinado Aristeo Flores Rolón, fundador del Consejo de Mayores, autoridad tradicional de este pueblo localizado en la Sierra de Manantlán.
Aristeo salía de la reunión que cada mes realiza la autoridad tradicional y cuando llegaba a su casa en la comunidad de Rancho Viejo, “sujetos armados lo emboscaron y le quitaron la vida”. Aristeo fue un luchador incansable en esta comunidad que desde hace más de 50 años lucha porque se les restituya “la integridad de su territorio, el cual, según la resolución presidencial del ejido, es de 50 mil hectáreas y actualmente sólo tiene en posesión 35 mil, quedando pendientes 15 mil hectáreas ocupadas por el Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada, de las transnacional Termiun Hylsa y Arcelor Mittal, propiedad del quinto hombre más rico del mundo”.
Otro que murió en la defensa de sus tierras en esta región es Nazario Aldana Villa, refundador del Consejo de Mayores y último juez tradicional de la Sierra de Manantlán. Y un nahua más asesinado es Concepción Gabiño Quiñónez, de Cuzalapa, quien encabezaba la lucha contra la imposición del programa de certificación de la tierra (Procede) en la comunidad.
En Michoacán, la comunidad de Santa María Ostula, en el municipio de Aquila, protagonizó en junio de 2009 una de las batallas más representativas del movimiento indígena nacional, al recuperar más de 700 hectáreas de tierras que reclamaban desde hace 40 años.
Un año antes de la acción, el 25 de julio de 2008, Diego Ramírez Domínguez, presidente de la comisión encargada de preparar la recuperación, fue encontrado muerto con huellas de tortura en la playa del territorio en disputa.
El asesinato de Diego no amedrentó a la población, que finalmente recuperó las tierras enfrentando “el ataque paramilitar que los supuestos pequeños propietarios ligados al crimen organizado realizaron”. Inmediatamente después se fundó el nuevo poblado San Diego Xayacalan. De agosto a la fecha, según el informe presentado por miembros del CNI, 8 integrantes de la comunidad han sido asesinados “sin que se haya investigado ni perseguido dichos delitos”.
El pueblo amuzgo de Suljaá, municipio de Xochistlahuaca, Guerrero, no ha estado exento de hostigamiento y represión, en este caso de parte de la cacique local Aceadeth Rocha Ramírez. En el 2002 la comunidad declaró la constitución de su municipio autónomo e instaló un gobierno tradicional. En 2004 se inició la represión en contra de sus autoridades tradicionales y representantes agrarios del ejido de Xochistlahuaca.
“La cacique fabricó el delito de privación ilegal de la libertad en contra de 11 personas de la comunidad”.
Uno de los grandes logros del municipio autónomo fue la creación de una radio comunitaria: Radio Ñomdaa, la palabra del agua, que desde su nacimiento fue blanco del hostigamiento de los tres niveles de gobierno. “A la radio se le instaló un procedimiento de clausura por parte de la Secretaria de Comunicación y Transporte (SCT) y una averiguación previa de la PGR en contra de su comité, en especial contra David Valtierra”. En el 2008 padecieron un operativo de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI).
En 2009 Aceadeth Rocha “fabricó otro delito por privación de la libertad en contra de 31 personas que se oponían a su cacicazgo”, entre ellos David Valtierra.
Jalisco es otro estado que padece la represión contra su población indígena. El pueblo coca de Mezcala, municipio de Poncitlán, ha denunciado que el ayuntamiento “ignora a nuestras autoridades tradicionales y a la asamblea general de comuneros”, otorgando concesiones sobre la Isla de Mezcala y avalando permisos para el club de motociclistas de Enduro, Guadalajara.
El ayuntamiento, acusan, se presenta “como el dueño de nuestro bosque” y lo convierte en pistas de carreras, además de que otorga permisos “al rico invasor Guillermo Moreno Ibarra para la construcción de su mansión dentro de nuestro territorio”.
Hace cuatro meses, el 22 de octubre de 2009, señalan los cocas de Mezcala integrantes del CNI, Quintín Claro (ex comisariado de bienes comunales destituido por la asamblea general de comuneros el 1 de marzo “por su corrupción y por ser aliado de los invasores”), allanó las oficinas del comisariado en compañía de los invasores Guillermo Ibarra y María de Jesús Covarrubias, apoyados por la policía municipal de Poncitlán. “Rompiendo la cerradura de la puerta entraron a robar tres libros de documentación y el sello de la comunidad.” Tres días después la policía irrumpió la asamblea general de comuneros con la intención de provocar a la población.
El territorio de los wixárika en Jalisco, los purépechas de Zirahuén, Michoacán, y decenas de pueblos indios más resisten contra viento y marea los planes de despojo y destrucción.
Mención aparte ameritan los pueblos zapatistas de Chiapas, que defienden su territorio y actualmente enfrentan una embestida estatal y federal que puede desembocar en una incursión del ejército federal contra sus comunidades, avalada por una campaña mediática, como advierte el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, después del ataque armado de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC), el pasado 6 de febrero contra las bases de apoyo del EZLN en Bolón Ajaw.
(GMR)
La Jornada, 20-02-2010
No hay comentarios:
Publicar un comentario