Difusión Cencos México D.F., 19 de febrero de 2010
Luis Arriaga Valenzuela
A los mineros caídos, in memoriam
Hace cuatro años una explosión en la mina de carbón de Pasta de Conchos, propiedad de Industrial Minera México, en la región carbonífera de México, provocó la muerte de 65 mineros. La tragedia dejó al descubierto irregularidades y complicidades entre el gobierno federal y la empresa, las cuales han significado para los familiares la imposibilidad de acceder a la justicia.
La minería del carbón se caracteriza por las condiciones de alto riesgo; es éste uno más de los costos exigidos por el “desarrollo”. La Organización Internacional del Trabajo (OIT), al señalar que esta actividad es una de las de más alto riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores, ha reconocido que el sector de la minería subterránea del carbón es uno de los más dinámicos: “la industrialización fue impulsada y sigue siendo impulsada por el carbón”.
Considerando lo anterior, es responsabilidad del Estado, a través de las autoridades laborales, hacer cumplir la normatividad relativa a la seguridad en los centros de trabajo mediante la realización de inspecciones, la imposición de sanciones y la adopción de medidas adecuadas para proteger a los mineros.
Con indignación constatamos que lo acontecido en Pasta de Conchos pudo ser evitado. Los inspectores adscritos a la Secretaría del Trabajo habían documentado, desde seis años antes, al menos 48 faltas de seguridad e higiene en la mina. Sin embargo, autoridades gubernamentales, proclives a privilegiar el lucro y reticentes a garantizar el respeto a los derechos humanos, a fin de beneficiar a la empresa dueña de la mina actuaron de manera negligente: no dieron seguimiento rápido y efectivo a los problemas detectados, pese a que estos ponían en riesgo la vida y la integridad física de los trabajadores.
Pero tras la explosión y la muerte de los 65 mineros persistió la complicidad entre gobierno y empresa (lo que es constante bajo este capitalismo de compadres), con la consecuente falta de acceso a la justicia. Los familiares han solicitado que los hechos sean esclarecidos, pero hasta hoy se les ha negado el derecho a la coadyuvancia, e incluso, el acceso al expediente. Además, ningún funcionario público ha sido consignado, menos sancionado. Oficialmente no se ha reconocido que la explosión fue la consecuencia de la negligente actuación del Estado, pese a las recomendaciones de la OIT.
Emblemático de la ineficiencia gubernamental y de su falta de compromiso con los derechos humanos ha sido el hecho de que, hasta hoy, no ha sido atendida la demanda más insistente de los familiares de los mineros fallecidos: el rescate de los restos para que se les dé sepultura acorde con sus creencias. Esta demanda persistente ha causado dolor y frustración para los familiares a lo largo de cuatro años.
La celeridad con que el gobierno actúa al acusar y sancionar a quienes levantan la voz para exigir sus derechos, como lo ilustran casos recientes que evidencian las deficiencias del sistema de justicia mexicano, contrasta de manera notable con la dilación (incluso la reticencia) para establecer responsabilidades y reparar el daño a los familiares de los mineros fallecidos en la explosión de Pasta de Conchos.
A cuatro años, los caminos para acceder a la justicia están cerrados el México. Constatar lo anterior ha llevado a los familiares de 28 mineros y a organizaciones civiles, entre ellas el Centro Prodh y el Cereal, a presentar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se ha demandado al Estado porque se le considera responsable de violaciones a derechos humanos garantizados por la Convención Americana: vida, integridad personal y garantías y protección judiciales. Así, este caso se suma a otros que han sido presentados en años recientes ante el sistema interamericano.
Actualmente, los familiares de los mineros siguen buscando justicia. Su dolor aún es una insistente llamada de atención para que los mexicanos, en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos —pese a la persistencia gubernamental en negarlos—, participe activamente en una tarea que, a ratos, parece imposible: terminar con la impunidad que corroe la convivencia y rompe la armonía.
Director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C.
Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos
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