Aristegui 25 de marzo

Vínculo al audio de hoy 25 de marzo de 2009 de Noticias MVS con Carmen Aristegui. Versión de 21Mb sin comerciales, para escuchar directamente o descargar. http://www.divshare.com/download/6917734-324

Congreso fallido

http://www.eluniversal.com.mx/columnas/76832.html Porfirio Muñoz Ledo Bitácora Republicana 13 de febrero de 2009 Congreso fallido Al término del sainete desencadenado por el duopolio de la comunicación, sus autores demostraron lo que se proponían: que no existe en México autoridad política capaz de someterlos. Bien decía Karl Popper: "O el Estado regula efectivamente las televisoras o éstas aniquilarán nuestras democracias". No hay nada más indignante que la protesta estéril, sobre todo cuando proviene de los responsables de los hechos que se denuncian. Culpar al Consejo del IFE por su extrema tibieza frente a la burla ostentosa tiene mucho de coartada. El marco legal lo habilita ciertamente para sancionar pero no le otorga poder sobre el régimen de concesiones. Hasta la reciente reforma electoral, la radio y la televisión no habían aparecido en el texto de la Constitución. Entraron literalmente por la puerta trasera: sólo por lo que se refiere a los procesos electorales y sin ninguna definición sustantiva de su naturaleza jurídica, objetivos y obligaciones generales. Menos aún de la autoridad encargada de regularlas. Nuestros legisladores han reculado una vez más frente al poder mediático. De poco valdría que retomasen el ejercicio abandonado de una nueva legislación, acorde con el fallo de la Suprema Corte. La Comisión Plural volvería a naufragar en el vaivén de los acuerdos secretos y las cobardías públicas. Su empeño carecería además de sustento constitucional. Desde las conclusiones adoptadas en el 2000 por la Comisión de Estudios para la Reforma del Estado quedó claro que "el Congreso no tiene, conforme al artículo 73, facultad expresa para legislar sobre esos medios de comunicación". La fracción XVII de ese ordenamiento dice: "Dictar leyes sobre vías generales de comunicación y sobre postas y correos"; redacción que viene de 1917, cuando las telecomunicaciones no existían y que obviamente no las comprende. Para eludir esa grave laguna, en la ley de 1960 se omitió la exposición de motivos. El legislador incluyó, en un anómalo artículo primero, "principios fundamentales", de acuerdo a los cuales "corresponde a la nación el dominio directo de su espacio territorial y en consecuencia del medio por el que se propagan las ondas electromagnéticas". El propósito era equiparar las industrias de radio y televisión con otras dedicadas a la explotación de recursos naturales. Así, el aprovechamiento "del aire" por los particulares sólo podría hacerse mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo federal. Bajo el manto del nacionalismo económico se consagró un vicioso contubernio entre Presidencia de la República y dueños de la comunicación electrónica. En particular la televisión —que había vivido durante 14 años sin ningún estatuto jurídico— quedó indisolublemente vinculada a Los Pinos y viceversa. Por tales razones propusimos otorgar un fundamento constitucional de corte democrático a la legislación ordinaria, fundado en el derecho a la información. El proyecto distinguía las disposiciones relativas a la libertad de expresión y de imprenta, que se contendrían en el artículo sexto, y las normas relativas a los medios de comunicación electrónica, que formarían un nuevo artículo séptimo. Lo esencial era la creación de un "organismo constitucional autónomo con participación ciudadana responsable de regular esos medios y de otorgar los permisos y autorizaciones respectivos en vista al interés nacional". Ese órgano rendiría cuentas al Congreso de la Unión. Lo llamamos "el IFE de las comunicaciones". En el marco de la CENCA la propuesta se procesó tanto en el grupo de trabajo sobre Régimen de Estado y Gobierno, donde fue originalmente clasificada, como en el de Garantías Sociales, al que correspondió el texto definitivo. La terca negativa de los legisladores a debatirla no es sólo señal inequívoca de ignorancia, sino de confesa complicidad con los propietarios. El proyecto establece que las empresas "serán concesionarias de un servicio público y respetarán en el contenido de sus emisiones los valores de la nación consagrados en el artículo tercero". La autoridad "promoverá su distribución equilibrada entre entidades públicas, educativas, privadas y comunitarias". Determinará, asimismo, "los máximos de concentración de los espectros radioeléctricos". Nuestra jurisprudencia es categórica en el sentido de que, mediando reforma constitucional, no se aplica el principio de retroactividad ni pueden invocarse derechos adquiridos. Así, un nuevo régimen conllevaría la virtual terminación de las actuales concesiones y la redistribución justiciera de la baraja. Ello explica el rechazo feroz de la oligarquía y el pavor escénico del gobierno. Exhibe también la vergonzosa abdicación del Congreso e ilustra la enorme relevancia que tendría un poder constituyente digno de su encomienda.

PAIS DE ESPURIOS

artículo de Porfirio Muñoz Ledo "País de espurios", publicado hoy por el Universal y disponible en:http://www.eluniversal.com.mx/columnas/76431.html Porfirio Muñoz Ledo Bitácora Republicana 23 de enero de 2009 País de espurios La "legitimidad de ejercicio" invocada por la derecha pretende encubrir la primacía de los intereses personales La segunda vuelta del juramento de Obama ante el presidente de la Corte, al día siguiente de su asunción, sugiere un cuidado escrupuloso de los requisitos legales necesarios para el ejercicio del poder. Contrasta con el desaseo manifiesto en la elección de su antecesor, inicio de la secuela de crímenes y mentiras que marcaron su desempeño. La legitimidad es la calidad que adquieren los actos ejecutados "conforme a las leyes", que así devienen "ciertos y genuinos". En lo concerniente a la autoridad pública —ya se trate de legitimidad monárquica o democrática—, encierra un sistema de valores. Como sugiere Rodrigo Borja: "Es la credencial ética para mandar y ser obedecido". Contrario sensu, la ilegitimidad original del poder induce a la degradación de la autoridad pública: la instauración del "haiga sido como haiga sido" en todas las esferas de su ejercicio. En cambio, el no reconocimiento de los falsos títulos que recubren a los gobernantes de facto es expresión de dignidad ciudadana y plataforma para la restauración de la moral republicana. El debate suscitado por Martha Anaya sobre el fraude del 88 no es curiosidad arqueológica, sino vehículo de salud pública. La aparición de Carlos Salinas en defensa de una causa perdida exhibe por igual el placer de las candilejas que un cinismo fundacional. A sabiendas de que miente, emplea el más falaz de los argumentos: que las actas depositadas en el Archivo General de la Nación prueban su triunfo. Pretende refutar el dicho de un antiguo colaborador en sus dos vertientes: que "nunca se conocieron los recuentos de las casillas" y que "el PAN aprovechó la debilidad de Salinas y forzó un acuerdo para que el PRI gobernara con su programa". Ambos hechos irrefutables sobre los que se erige la perversidad de nuestro presente político. En su Radiografía del fraude, el científico José Barberán describió la "operación de emergencia y cirugía mayor" iniciada el 6 de julio y efectuada durante los ocho días posteriores "por todos los aparatos del Estado: las dependencias y organismos descentralizados del Ejecutivo, los gobiernos locales y las organizaciones corporativas del partido oficial". Las actas invocadas no dan constancia veraz de lo ocurrido por la simple razón de que casi todas fueron falsificadas. Las boletas incineradas hubiesen sido más reveladoras, aunque muchas de las auténticas habían sido destruidas o reemplazadas. Ahora ha quedado al descubierto la anuencia de las oposiciones: una disfrazada de "limpieza", en busca de incrementar el número de escaños, y la otra en la conquista del poder real, bautizado como "victoria cultural". La frase de Castillo Peraza, "no importan los números sino la ideología", recuerda la adhesión demócrata-cristiana a Pinochet e ilustra tanto la falsedad de una prédica redentorista como la catadura moral de su discípulo predilecto. Las negociaciones particulares de otras cúpulas partidarias, estimuladas por la defección de quien había sido electo por el pueblo, fueron señal indiscutible de la escasa prioridad que conceden al estado de derecho las izquierdas acomodaticias. La "legitimidad de ejercicio" invocada por la derecha y la legitimidad diferida, que en los hechos practica la izquierda, son dos variantes para encubrir la primacía de los intereses personales, económicos o doctrinarios sobre el respeto a la ley. Consagran además un adefesio teórico que ha lastrado la historia nacional: la Constitución es un programa, y su cumplimiento, aspiración de futuro. A pesar del esfuerzo ciudadano y de los avances liminares de nuestra transición, el reparto impúdico del poder entre los actores y el abandono de la reconstrucción democrática nos han precipitado en la más amenazante de las decadencias: aquella que instaura la falsedad como razón de Estado. Sus vástagos consentidos: la corrupción, la impunidad y el cautiverio de las instituciones. En un libro imprescindible, País de mentiras, Sara Sefchovich formula un recuento abrumador de las modalidades del engaño consustanciales a la acción política. Escribe: "Después de este recorrido, la única conclusión posible es que en este país la democracia no existe". Y añade: "El poder es un sistema autónomo, sostenido en su propio ejercicio". "La democracia no es entre nosotros una cultura, es una simulación". Afirma: en México "no queremos recordar. Hay una cómoda desmemoria colectiva que permite que vuelvan a suceder cosas que ya sucedieron". Primero como tragedia y luego como farsa, diría Marx. Para evitar esa circularidad de la historia, sería menester abolir el país de espurios. Sería imprescindible reemplazarlos pacíficamente para edificar sobre sus escombros una constitucionalidad verdadera.