Marcos Tello Chávez
La iniciativa de llamar a Consulta Nacional para revocar el mandato de Felipe Calderón publicada el 20 de noviembre de 2009, fue resultado de un proceso deliberativo en el que participaron organizaciones sociales y civiles de unos 16 estados. En tres encuentros sucesivos se analizaron las condiciones políticas y económicas del país. En cada sesión se hizo énfasis en la caracterización de las resistencias antineoliberales entre 2006 y 2009.
En aquellos meses todos coincidimos en que la desarticulación de las resistencias al neoliberalismo y un cierto reflujo de las grandes movilizaciones, a pesar del crecido número de conflictos locales, era resultado de la cadena de derrotas y fracasos experimentados a lo largo de tres años. En la lista de descalabros destacaban el fraude en las elecciones presidenciales de 2006, la represión a la APPO, la imposición de la reforma de la Ley del ISSSTE, de la Alianza por la Calidad en la Educación, la disgregación de la Otra Campaña y las derrotas electorales de las izquierdas institucionales. Los reveses agudizaron el desgate de los liderazgos, el debilitamiento de las representaciones éticas y las divisiones en todos los frentes. Así, las reflexiones sobre los proyectos de nación y las estrategias para echar a los neoliberales y establecer un gobierno popular perdieron terreno. De esa manera los enfoques gremiales, localistas o puramente electorales tomaron mayor densidad. Se necesitaban entonces iniciativas unitarias que recuperaran el tema de la unidad y la deliberación estratégica y programática.
El golpe al Sindicato Mexicano de Electricistas y la crisis de la izquierda institucional, precipitaron la decisión de convocar a la Consulta para la revocación o destitución de Calderón. Al principio la iniciativa fue abrazada por la mayoría, incluso fue aprobada por “consenso” en el Congreso de Refundación del PRD, al igual que otras iniciativas para fortalecer los procesos unitarios de la izquierda electoral con el movimiento social. Además, las movilizaciones del SME y el descontento de muchos ciudadanos y organizaciones sociales por los efectos de la crisis y los avances de la dictadura civil, con su carga de terror mafioso y policiaco-militar, sumaron adherentes de todo tipo. Sin embargo, este proceso se frenó a raíz del renovado giro a la derecha de sectores del movimiento sindical, social y de la izquierda institucional que formalizaron sus alianzas electorales con la ultraderecha panista. El apoyo al SME decreció, e incluso, en el ambiente de “unidad nacional” con la ultraderecha panista, no pocos de los antes aliados conspiraron contra la lucha de los electricistas.
Todas estás contradicciones afloraron en la primera sesión del Congreso Social Hacia una Nueva Constituyente, celebrada los días 5, 6 y 7 de febrero. Ya durante los trabajos preparatorios se dieron todo tipo de trapacerías en contra del Comité Civil por parte de quienes impulsaban la alianza con el PAN. De nueva cuenta, los extremos se juntaron en la pelea por impedir la realización del Congreso Social y la inclusión del tema de la Consulta. Las posturas ultraizquierdistas y anarcosindicalistas se dieron la mano con sectores del sindicalismo neoinstitucional y de la izquierda electoral. En las semanas siguientes las iniciativas de movilización disminuyeron. La resolución de ir a la huelga política el 16 de marzo, otro de los acuerdos del Congreso Social, nunca se asumió con seriedad. El giro a la derecha de casi toda la clase política y sindical de izquierda, debilitó la campaña por la revocación de Calderón. No obstante, está prosiguió respaldada por un sector del movimiento social y una fracción de grupos y ciudadanos de la izquierda electoral que militan en la izquierda institucional y en las redes y casas del movimiento obradorista.
Al momento de la Consulta, el ambiente de regresión ética, social y política era sofocante. Tres años y medio de gobierno de facto y poco más de dos años de crisis económica dejaron un paisaje desolador. Las solidaridades se agrietaron, los sectarismos y particularmente los gremialismos y localismos, con sus confianzas en el enemigo y la cultura de no arriesgar estaban y están a la orden del día. El desfiguramiento ideológico y el pragmatismo alcanzaron niveles extremos. Los compromisos político electorales con el PAN, constituyeron un espaldarazo al usurpador y a las fuerzas oligárquicas e imperiales que hoy por hoy, empujan a México y a los mexicanos hacia una renovada situación colonial.
No obstante, más de 10 mil personas instalaron 3682 mesas, en 29 estados, en algunos de ellos la acción fue simbólica, por la desorganización e irresponsabilidad de organizaciones populares que se sumaron una semana antes de la Consulta, pero también por el miedo y la desesperanza, particularmente agudo en las zonas donde la guerra de los delincuentes organizados, con Calderón a la cabeza, ha cobrado más victimas. 85 por ciento de las mesas contabilizadas, arrojan una participación de 289 130 personas, sin contabilizar los poco más de 314 000 que se expresaron en la Campaña del Millón de firmas para que vaya Calderón de Face Book. El 91.27 por ciento de los primeros se pronunció por la salida de Calderón, mientras que en el proceso de votación electrónica se ha generado un amplio debate de quienes se manifiestan por medio de las redes sociales.
Si bien el universo de participaciones esta lejos de la esperada, alrededor de 2 millones, el resultado es positivo, en la medida que posiciona el tema de la lucha contra el gobierno, la democracia participativa y la disputa por la nación en la agenda de todo mundo. Los sucesos de Pasta de Conchos, Cananea, Cópala, aunado a lo que nos espera, hacen del tema: ¡Fuera Calderón¡ un asunto de actualidad en la coyuntura política que va del 2010 al 2012. Coyuntura que no debe verse en términos puramente electorales.
El desastre nacional, el hartazgo y la posible radicalización de algunos actores políticos, de izquierda y derecha, además de la probable irrupción de insurgencias civiles, incluidas las disputas electorales, hacen de la lucha contra el usurpador y toda la camarilla de golpistas y ultraderechistas neoliberales una cuestión de primer orden. Quien cree que se le hace el juego al PRI y a Peña Nieto cuando insistimos en evidenciar al usurpador, no entiende que la lucha por el gobierno y contra la oligarquía pasa por el necesario cuestionamiento de la cabeza del sistema, de su representante principal. Por el enjuiciamiento de las políticas públicas aplicadas por los golpistas y sus cómplices y por la denuncia de la dictadura civil que se abre paso. Desde ahí es más adecuado emprender la confrontación contra Peña Nieto y los partidos oligárquicos y pro imperialistas. No es con pasividad, a la espera del 2012, y menos con alianzas a medias o totales, vergonzantes o desvergonzadas con la camarilla oligárquica panista, que puede construirse la victoria del pueblo.
Sea cual sea el destino inmediato del Comité Civil, la lucha contra el sistema de dominación oligárquico y quien lo encabeza, habrá de continuar. Más allá de toda especulación, a la hora de buscar salidas a los grandes problemas nacionales y soluciones satisfactorias a las necesidades y demandas populares, el cuestionamiento al usurpador es un punto de partida ineludible, por lo que la consigna ¡Fuera Calderón! y las acciones derivadas de ella proseguirán.
El tiempo de vida del Comité Civil debe determinarse en función de un proceso de lucha ligado a la exigencia de su revocación o destitución. Por su naturaleza, este proceso consta necesariamente de varias etapas y se despliega a través de diversas campañas. La consulta fue un primer paso o fase y constó de varias campañas o jornadas de acción política. La primera inició con las primeras discusiones realizadas entre los meses de agosto a octubre de 2009 y culminó en el Congreso Social de los días 5,6 y 7 de febrero e 2010. La segunda está por concluir con la difusión de los resultados de la Consulta y las propuestas de qué sigue.
El ¿qué hacer?, no debe desprenderse de planteos abstractos, de definiciones de lo que es una campaña o jornada de acción, sino del resultado de la Consulta. Según la opinión de más del 90 por ciento de los consultados, alrededor de 700 mil, Calderón tiene que ser destituido. En consecuencia debemos asumir las acciones pertinentes para hacer valer esta determinación en el marco de la Proclama del 20 de noviembre y de los acuerdos tomados en las instancias del Comité Civil. Ahora lo que debe examinarse son las posibilidades organizativas, las condiciones políticas y las posibles vías para emprender la tarea de continuar con la propuesta de ¡Fuera Calderón!
En cuanto a las condiciones organizativas y políticas: la cobertura geográfica alcanzada y los miles de activistas que hicieron suya la Consulta, nos dan una base nada despreciable, sin contar con lo que en estos momentos pueda aportar el Congreso Social, la Asamblea Nacional de la Resistencia Popular o sectores de ella. El recrudecimiento de la crisis social, el empobrecimiento generalizado y la precarización laboral, junto a la profundización de la violencia, la militarización y la destrucción de los últimos reductos de soberanía nacional, hacen más necesaria la convocatoria a la lucha contra el gobierno, la oligarquía y el imperialismo, cuya cabeza visible es Calderón. Esta conclusión es dominante en la resistencia, a contracorriente de las opiniones de muchos vacilantes.
Sobre las vías, ocurre algo parecido, no deben inventarse o proponerse a partir de dogmas o conceptos puramente abstractos. Las vías son las que nos hemos dado. Movilización y activismo político dentro y fuera de los estrechos márgenes del régimen político. En concreto, debemos radicalizar la movilización ciudadana y social. El juicio popular, la estructuración del Comité Civil a nivel nacional, por estado y municipios y un plan de movilización aprobado por el Congreso Social, que se acompañe de la discusión sobre la democracia participativa y la necesaria reforma de la Constitución para incluir el tema de la revocación de todos los funcionarios es impostergable. Al igual que el debate sobre el juicio político o penal contra Felipe Calderón por traición a la patria y delitos del orden común entre otros. Aquí el Comité Civil, está obligado, si es coherente, a profundizar su política de convocar a todos los actores posibles: organizaciones sociales, civiles, partidarias, sindicales, ciudadanos, representantes públicos, intelectuales, miembros de iglesias progresistas y militares retirados, para dar sustento legal y social a una iniciativa de este tipo.
En ese marco de acción política podrán tener sentido las iniciativas para superar nuestras deficiencias. En particular las relacionadas con la difusión, tanto en medios alternativos como oficiosos, por no mencionar el rosario de métodos incorrectos de discusión y trabajo que proliferan entre nosotros.
No queda más que ratificar los acuerdos políticos tomados en la Plenaria del Comité Civil Nacional del 30 de abril que, en lo fundamental, fueron retomados por el Congreso Social y la Asamblea Nacional de la Resistencia Popular del 20 de mayo en el Zócalo de la Ciudad de México ante miles de participantes. El juicio popular y el juicio político deben organizarse acompañados de la reorganización del Comité Civil Nacional y de una amplia campaña propagandística y de acción política con todos los que estén de acuerdo en ¡Qué se vaya Calderón y todos los neoliberales! incluido el ahora delfín de la oligarquía y el Imperio: Enrique Peña Nieto.
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