Rebanadas de Realidad - ICEM - México, 16/06/10.- La semana pasada, organizaciones afiliadas de la ICEM enviaron decenas de cartas a Felipe Calderón, Presidente de Méjico, respondiendo a un llamado que hiciera la ICEM para que se aplique el diálogo, y no la fuerza bruta, para resolver la huelga que llevan desde hace tres años 1.200 trabajadores de la sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM ) en la mina de cobre de Cananea en el estado Sonora en el norte del país. El 6 de junio, la policía federal de México uso gas lacrimógeno y balas de goma para dispersar a los huelguistas en la mina y en la sala sindical de la Sección 65.
A fines de la semana pasada, tras una refriega que se registró el día 10 de junio entre los mineros y la policía, con un saldo de ocho heridos, los dirigentes de la Sección 65 declararon una tregua, reuniéndose en Hermosillo, los días 10 y 11 de junio con el Gobernador de Sonora, Padrés Elías, y con Fernando Gómez-Mont, Ministro del Interior de México.
En esta última reunión, realizada el 11 de junio, Gómez-Mont dijo que trabajaría para organizar, esta semana, una reunión entre el sindicato y la Southern Copper Corp. del Grupo México, propietarios de la mina. Después de las reuniones señaladas, Sergio Tolano Lizárrago, Secretario General de la Sección 65, señaló que actualmente parece que el gobierno se ha comprometido a reunir a las dos partes para dialogar.
Por parte del sindicato, el Comité de Huelga insiste que Southern Copper suspenda toda “contratación ilegal” por parte de los contratistas, con el fin de reiniciar las operaciones en la mina de cobre, cuya producción anual es de 230.000 toneladas. El enfrentamiento del 19 de junio comenzó a primeras horas de la mañana, cuando los huelguistas hicieron rodar enormes rocas sobre una vía de acceso de la mina de Cananea para impedir que entraran los contratistas. La policía federal respondió apoderándose de la entrada, y luego tiraron gas lacrimógeno y gas pimienta contra unos 150 mineros, que se habían retirado a unos cerros cercanos.
Según se ha informado, en los cuatro días del altercado, han habido 16 heridos, entre éstos 4 mineros, 2 policías, y los demás civiles, en su mayoría familiares de los huelguistas y otros que sufrieron de envenenamiento por el gas.
Respondiendo al llamado que hiciera la ICEM para que se intervenga en este asunto, nuestra afiliada sudafricana, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros (NUM) dijo que organizaría algunas protestas para el día 11 de junio, cuando se iba a realizar el primer partido de la Copa Mundial, entre Sudáfrica y México. En esta iniciativa participaron miembros del NUM, del Sindicato Nacional de Trabajadores Metalúrgicos de Sudáfrica (NUMSA), el Sindicato de Trabajadores de la Química, Energía, Pulpa, Papel, Madera y Afines (CEPPAWU), y el Sindicato de Trabajadores del transporte y Afines de Sudáfrica (SATAWU).
En coordinación con la toma de Cananea, las fuerzas federales también tomaron a la fuerza la mina de carbón del Grupo México en Pasta de Conchos, en el estado de Coahuila. En esa operación, reprimieron a las viudas y familiares de 65 mineros muertos todavía sepultados en los pozos de la mina después de una explosión de gas metano en febrero de 2006. Las mujeres y familiares de los mineros llevaban una larga vigilia, exigiendo que el estado y la empresa rescaten los cadáveres de sus seres queridos.
El gobierno mexicano y el Grupo México se negaron a hacerlo, y cortaron la energía eléctrica para impedir que otros continuaran la búsqueda de restos humanos. Mucha gente consideró que al suspender la búsqueda querían ocultar las evidencias de la responsabilidad de la administración por el accidente. La mina fue cerrada en forma permanente después de la intervención policial del 6 de junio. Ha habido críticas generalizadas por el hecho de que la empresa sigue sin compensar adecuadamente a los familiares de los mineros fallecidos.
La huelga legal en Cananea empezó el 30 de julio de 2007, cuando la Sección 65 del SNTMMSRM, o Los Mineros, se negó a trabajar en condiciones peligrosas, semejantes a las que ocasionaron la explosión en Pasta de Conchos. Durante el ataque del 6 de junio, la policía detuvo a cinco miembros de Los Mineros: Rodolfo Valdez Serrano, Everardo Ochoa Ballesteros, Luis Alonso Borbón Pérez, Luis Alonso Torres, y Marcelo Lara López.
El 6 de junio, Sergio Tolano y Juan Gutiérrez Ballesteros, miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la Sección 65 de Los Mineros, también enfrentaban órdenes de detención, sin embargo los dos ganaron interdictos judiciales que impedían su encarcelamiento.
En un foro económico que se realizó el viernes 11 de junio en el Perú, donde Southern Copper también tiene propiedades mineras, Oscar González Rocha, Presidente y Director General de la empresa, dijo que la toma de Cananea por parte de la policía permite que esa filial, cuya sede está en EE.UU., pueda lanzar un plan de inversiones y reiniciar la producción del cobre a principios del próximo año. Dijo que Southern Copper invertirá US$50 millones en Cananea.
A otro nivel, en la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, que se realizó en Ginebra el 10 de junio, se planteó la situación de México ante la Comisión de Aplicación de Normas. Específicamente, se debatió sobre el Convenio 155 de la OIT sobre seguridad y salud en el trabajo. Aunque el gobierno mexicano y los representantes empresariales, junto con un representante del Grupo México, señalaron que habían aumentado el número de inspectores en los lugares de trabajo, dirigentes sindicales de diferentes partes del mundo criticaron la falta de interés por los trabajadores que demuestra el gobierno del Presidente Felipe Calderón.
Se planteó el hecho de que un 60% de la fuerza de trabajo de México la constituyen empleados con contratos a corto plazo o contratados a través de agencias de empleo. Estos trabajadores cuentan con poca protección social, a consecuencia de lo cual se producen estadísticas equívocas, incluyendo las que se refieren a accidentes de seguridad laboral. En lo que se refiere a la salud y seguridad en México, le toca al trabajador comprobar accidentes o lesiones, y como los tribunales laborales suelen demorar años para emitir un fallo, las empresas suelen actuar con impunidad.
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