Por Eduardo Ibarra Aguirre
Estos son días clave en la prolongada huelga que sostienen más de mil 100 obreros en la histórica mina de cobre de Cananea, Sonora, desde el 30 de julio de 2007, por violaciones al contrato colectivo de trabajo y condiciones adecuadas de seguridad e higiene industrial. Por las mismas causas y desde la misma fecha, también se mantienen en pie los movimientos huelguísticos en Taxco, Guerrero, y Sombrerete, Zacatecas.
Son tres huelgas próximas a cumplir 32 meses de estalladas, lapso que aquí y en cualquier parte de la aldea global es desproporcionado frente a las exigencias económicas, elementales pues, de los asalariados que se agrupan en el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos, organización que apenas hace un mes advirtió a través de sus dirigentes sobre el peligro de que se produjera un golpe de manopreparado por Grupo México y su principal accionistaGermán Feliciano Larrea Mota-Velasco . Para fortuna de los huelguistas y del sindicalismo no subordinado al gran capital y a Los Pinos no se consumó, ya sea por la oportuna denuncia y la reacción de la opinión pública, bien porque la previsión no era exacta o por ambas razones. El hecho es que nuevamente la huelga de Cananea corre el peligro de que se intente una conclusión ilegal, incluso violenta, para que las relaciones laborales se den por terminadas.
El tan poderoso como intransigente Grupo México, extraordinariamente bien relacionado con varios secretarios del gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa , quienes antes se desempeñaron como sus abogados, formuló declaraciones públicas por medio de uno de sus vicepresidentes, asegurando que tomarán el control de la mina en el primer trimestre de 2010. En el mismo Consejo de Administración, en la sesión de diciembre pasado, el optimismo dominó el ambiente y la apuesta fue la misma, si nos atenemos a lo expresado por Napoleón Gómez Urrutia a Plaza Pública, de Radio Universidad, ante Miguel Ángel Granados Chapa , el viernes 15.
Con lenguaje que pone el acento en la explicación y los datos duros, no en la rijosidad del grupo acosado, el secretario general exhibió la parcialidad de la Junta de Conciliación y Arbitraje que en cuatro ocasiones falló a favor de la empresa al declarar inexistente la huelga y tuvo que ser contenida por tribunales federales.
La amenaza de Grupo México, propietario de las tres minas en prolongadísima huelga, es que retomará el control en la de Cananea. Para ello cuenta con más de 200 esquiroles procedentes de Nacozari para que entren en acción al momento que se emita el fallo favorable del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito del Distrito Federal y, sin esperar a ningún otro procedimiento jurídico, expulsar a los huelguistas y apoderarse de la fuente de trabajo.
Aún está presente enero de 2008, cuando antes de que la JFCA declarara inexistente la huelga, mil agentes policiacos estatales y federales estaban listos para desalojar a los aguerridos mineros de Cananea, no siempre guarecidos por la solidaridad oportuna y decidida de sus semejantes de otros gremios y tampoco de organizaciones sociales.
La firmeza de los huelguistas y su sindicato para afrontar esta dura prueba no está en duda. Pero es de recordarse que desde la explosión del 19 de febrero de 2006 en Pasta de Conchos, Coahuila, y que privó de la vida a 65 mineros que laboraban en muy precarias condiciones de seguridad --de los cuales 63 cuerpos siguen sin ser rescatados--, el gobierno de Vicente Fox Quesada envolvió con el manto de la impunidad a los Larrea Mota-Velasco y desde entonces actúan como amos y señores sin que se les ponga como límite la ley y los derechos de terceros. Y quien los enfrenta paga las costosas consecuencias.
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