México D.F., 12 de febrero de 2010 (Cencos).-Pobladores de la comunidad indígena tseltal Ranchería Corozal de la reserva de Montes Azules, municipio de Ocosingo, Chiapas, denunciaron las agresiones que han sufrido por parte del gobierno estatal y federal durante los intentos por desalojarlos de este territorio.
Antonio López, representante de la organización Enlace Comunicación y Capacitación A.C, Miguel Vázquez de la Unión de Uniones Independiente y Democrática (ARIC) y Miguel Gómez, representante de Río Negro en Montes Azules, denunciaron que en tres ocasiones helicópteros de Marina Nacional han sobrevolado la región causando temor entre los pobladores; en la segunda ocasión uno de los helicópteros aterrizó cerca de las casas en donde descendieron elementos de la Marina Nacional para inspeccionar toda la comunidad, en la tercera ocasión –explican los pobladores- el representante de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Ricardo Frías, quien iba en el convoy, pidió una disculpa por el tercer aterrizaje y argumentó que se debía a una falla en el motor de la aeronave, lo que los integrantes de las comunidades consideraron un pretexto.
Los argumentos para el desalojo que ofrece el gobierno del estado a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, -quienes están en una mesa de dialogo con los pobladores organizados de esta zona de Montes Azules-, es que la propiedad de la tierra no está regularizada y en su carácter de zona perteneciente a la reserva de la biosfera debe ser un área de “conservación y protección a los recursos naturales.” Por su parte, los habitantes de Ranchería Corozal sostienen que son comunidades que se sustentan de la siembra de maíz, hortaliza y ganadería ecológica con métodos de protección a la tierra con un Plan de manejo, en el que no practican la tala, ni la quema, trabajando de forma comunitaria por el resguardo de este territorio.
Por otro lado, los pobladores dudan que las anteriores sean “las verdaderas motivaciones” para el desalojo y temen que la causa sea la pretensión de impulsar proyectos ecoturísticos en la zona, así como adaptar el territorio para un plan de ganadería extensiva, lo que requiere tala de árboles y fincas para potreros.
El gobierno del estado ha ofrecido 260 mil pesos a las familias que acepten ceder la tierra o una reubicación al municipio de Palenque a casas que cuentan con todos los servicios, a lo que los indígenas tseltales se han negado por el arraigo ancestral a este territorio: “ahí están enterrados nuestros padres y nuestros abuelos, es nuestra tierra y no vamos a dejarla.”
El pasado 21 de enero, 120 familias ya fueron desalojadas de las comunidades de San Pedro Guanil, El Suspiro y El Semental, estos fueron llevados al Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del municipio de Palenque, siendo que son habitantes del municipio de Ocosingo.
Los representantes de las comunidades hicieron un llamado a estar pendientes de “lo que pueda suceder”, ya que mientras se mantenga la mesa de diálogo no sufrirán ninguna agresión, pero admiten tener desconfianza de estos acuerdos.
Las comunidades que actualmente se encuentran en amenaza permanente de desalojo son; Nuevo San Gregorio, Nuevo Salvador Allende, Nuevo San Pedro, 6 de Octubre, Laguna Paraíso, Ojo de Agua el Progreso, Ojo de Agua La Pimienta, San Jacinto Lacanjá, Nueva Galilea, Chuncerro y Benito Juárez.
Centro Nacional de Comunicación Social
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