¿Quién mató a Brad Will?

Miguel Angel Granados Chapa

México D.F., 31 de agosto de 2009 (Miguel Ángel Granados Chapa / Plaza Pública / Reforma).- Si no fue Abel Santiago Zárate, ex regidor municipal originalmente acusado de ese crimen y luego exonerado, quizá no es posible por ahora contestar la pregunta con que se titula esta columna. Pero en cambio se puede responder sin duda que Juan Manuel Martínez Moreno no mató al periodista norteamericano asesinado en octubre de 2006. Está preso en el penal de Santa María Ixcotel, Oaxaca, desde hace 10 meses, acusado de ese crimen, sin que sea posible probar que lo cometió, por la simple razón de que no lo hizo. El suyo es un caso más de fabricación de culpables, practicado en esta ocasión por el gobierno de Oaxaca con el auxilio de la Procuraduría General de la República.

Hoy puede establecerse la inocencia de Martínez Moreno, a quien se detuvo en octubre del año pasado, casi dos años después de perpetrado el homicidio del camarógrafo estadounidense. Hoy se efectuará la audiencia constitucional en el segundo juicio de amparo promovido por Gilberto López Jiménez, defensor de Martínez Moreno. Si la titular del juzgado quinto de distrito, Rosa Iliana Noriega Pérez, muestra una vez más el claro criterio jurídico con que en diciembre pasado otorgó un primer amparo al acusado en falso, tendrá ocasión de reiterarlo y con ello Martínez Moreno quedará en libertad, y chasqueados los funcionarios que lo han mantenido cautivo para exonerar a los verdaderos asesinos y de paso culpar de aquella agresión a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

Brad Will había cubierto para Indymedia, un sitio informativo en la red, los acontecimientos de la rebelión civil contra el gobernador Ulises Ruiz. Había sabido de los asesinatos cometidos por paramilitares que mal escondían su carácter de agentes de la autoridad, hasta que le tocó ser una de las víctimas. Se detuvo a Abel Santiago Zárate, el ex regidor municipal, y a tres cómplices más, mostrados claramente en material gráfico difundido mientras portaban armas largas, una de las cuales privó de la vida al periodista, según coinciden varias investigaciones. La de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estableció con claridad que Will fue abatido por un tirador situado frente a él a gran distancia, y no una persona que lo agredió por la espalda a no más de dos metros, como lo sostiene el Ministerio Público local con apoyo del federal.

Liberado Santiago Zárate para no admitir que se trató de un ataque gubernamental, la indagación sobre el crimen resultó estéril durante largo tiempo. Para atajar la exigencia de los señores Hardy y Kathy Will, padres de la víctima, y del gobierno norteamericano, el de Ulises Ruiz buscó un chivo expiatorio. Asestó ese papel a Martínez Moreno e hizo procesarlo a la trompa talega. Un amparo concedido en primera y segunda instancia requirió al juez cuarto penal del fuero común la elaboración de un nuevo auto de procesamiento, donde se especificara sobre qué hechos testimoniaron los testigos, única prueba de la responsabilidad penal del procesado. El relapso juzgador de primera instancia insistió una y otra vez y mantiene vigente un auto de formal prisión donde se reconoce que los testigos lo son de oídas.

En efecto, los testimonios son inequívocos. El testigo Alfredo Feria declaró que sabe “porque me han comentado otras personas, que fueron integrantes de la Appo los que le dispararon a Brad; también se dice que una persona pesada que tiene una cheroke de color negro y un golf de color café claro… que fue él quien disparó en contra del gringo”. Sobra decir que Martínez Moreno, dedicado a varios oficios, entre ellos la panadería, no es propietario de esos vehículos. Todavía insistió Feria en ofrecer una respuesta negativa. A la pregunta “Diga si sabe y le consta quién privó de la vida a Bradley Roland Hill”, respondió: “no se la identidad de esa persona porque no la vi, pero sí escuché de otras versiones, cuando se juntan en bolita en las esquinas, que dicen que fue el de la cheroke”. Del otro testigo, Karol Iván Illescas Reséndiz, en cuyo dicho se basa también la acusación, el juez penal admitió que “éste no vio el hecho del disparo”.

Diversas investigaciones de organismos civiles de derechos humanos, y la realizada por la comisión nacional respectiva, mantienen un criterio contrario al de la acusación. Para reforzar ésta, la Procuraduría General de la República contrató a agentes jubilados de la Real Policía Montada de Canadá y difundió su parecer arreglándoselas para que pareciera que esa institución, idolizada por la literatura de Zane Grey, había realizado su propia indagación. Lo que los agentes contratados hicieron fue examinar el expediente ministerial y, sin contrastarlo con otros elementos, asegurar que la acusación es válida porque los balazos mortales -justamente el nudo de la cuestión- se dispararon a corta distancia.

No ha sido ésa la única intervención oficiosa de la PGR en este caso, que se ventila en el fuero común oaxaqueño. En abril pasado, el agente federal Fabián Laredo, miembro de la AFI, se presentó en el penal y buscó intimidar a Martínez Moreno, presionándolo para que, fuera de todo momento procesal, se confesara culpable y dijera dónde está el arma homicida. La sola autorización para que ingresara en la cárcel un extraño al proceso muestra el riesgo de que Martínez Moreno sea objeto de una agresión. Nada mejor para impedirlo que la justicia federal revoque las decisiones del juez penal que, reconociendo haberse quedado sin testigos, insiste en culpar a Martínez Moreno.