| Autor: Prensa Latina | |
El intento estadunidense de consolidar su presencia militar en Colombia no es, para nada, un hecho aislado o coyuntural. Con el controvertido Acuerdo de Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad, Colombia se erige en el “polígono” donde Estados Unidos realiza las correcciones necesarias a su actual Estrategia de Seguridad Nacional en esta parte del mundo.
Gustavo Robreño Díaz / Prensa Latina
El pretexto: apoyar al gobierno colombiano en el combate al narcotráfico, el terrorismo, el tráfico de armas, la emigración ilegal y los desastres naturales.
Sin embargo, la pretendida iniciativa antinarcóticos y antiterrorista se traduce en una gigantesca operación militar que, mostrando su verdadero propósito de servir como valladar de contención social en América Latina, trasciende las fronteras de Colombia.
Más allá de conceptos
Amparado en un manido retruécano conceptual, el presidente Barack Obama ha dicho que Estados Unidos “no tiene intenciones de establecer bases militares en Colombia” y de lo que se trata es de “mejorar los lazos de cooperación con ese país”.
Y es que el término “bases militares” es técnica e intencionalmente empleado por Estados Unidos para referirse a las instalaciones que, como componente de lo que denominó “Presencia Avanzada”, desplegó ese país durante todo el siglo XX en diversas latitudes del mundo.
América Latina no fue la excepción. A las instalaciones militares del sur de Florida se añadieron otras en Cuba, Puerto Rico y Panamá que constituyeron el embrión de lo que hasta hoy ha sido la presencia y, sobre todo, influencia militar estadunidense en la región.
Así garantizaba el naciente imperio la defensa de sus intereses en lo que aun sigue considerando su “traspatio” natural. En reiteradas ocasiones partieron de ellas o entrenaron allí las fuerzas estadunidenses para agredir otras naciones, incluso, países latinoamericanos.
A esto, que algunos especialistas han denominado “reorientación filosófica” en el empleo de las fuerzas armadas por parte de Estados Unidos, se adicionan las nuevas tecnologías y conceptos en el empleo, movilización y traslado de los efectivos, que permiten su despliegue en más breves plazos.
Desde entonces se opera en Estados Unidos un reordenamiento de su presencia militar a nivel global.
Se trata de sustituir las grandes bases con fuerzas permanentes, por otras más pequeñas, con las capacidades creadas de antemano para asegurar los despliegues en el momento oportuno y en los más breves plazos.
Son denominadas ahora de las más variadas maneras: Locaciones de Operaciones Avanzadas, Localidades de Seguridad Cooperativa, Localidades Expedicionarias y así toda una ralea de términos ambiguos y, por engañosos, hasta de difícil traducción al español.
Toda esa parafernalia conceptual en nada cambia la esencia imperialista e injerencista de esa presencia militar y sólo trata, infructuosamente, de evitar en su enunciado la palabra “base”; siempre inspiradora de recelos por su triste reputación y nefasta historia.
El establecimiento de esos enclaves, para cuya selección sólo se requiere que cuenten con una pista de aterrizaje o un puerto naval –no importa sus capacidades iniciales–, va más allá de los intereses estadunidenses sobre un país o área geográfica determinada.
Como denunciara recientemente en Bariloche, Argentina, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, se trata de una llamada “Estrategia de Enrutamiento Global” que garantiza a Estados Unidos el acceso inmediato a cualquier lugar del mundo de sus tropas y pertrechos de guerra.
Por otra parte, y sobre todo en el caso concreto de América Latina, la presencia militar estadunidense no debe entenderse únicamente como permanencia física de efectivos, incluso en cualquiera de tan “edulcoradas” variantes.
Debe entenderse también por presencia militar la influencia y ascendencia directa que tiene Estados Unidos sobre las instituciones armadas latinoamericanas, a través de –por ejemplo– los mecanismos regionales de seguridad, todos diseñados por Washington.
Los programas de ayuda militar, las ventas de armas, la capacitación de oficiales latinoamericanos en centros de instrucción en Estados Unidos y la, cada vez más creciente, realización de ejercicios “conjuntos” son también formas evidentes de presencia militar.
Bases militares ¿para qué?
Llámense como se llamen, el hecho cierto es que ante el “cacareado” éxito del Estado colombiano en el combate a la guerrilla y el narcotráfico, no resulta coherente entonces solicitar ayuda militar en tan enorme proporción para esos fines.
Los países vecinos, incluso aquellos que ideológicamente tienen antagonismo con el actual gobierno colombiano, ninguno ha usado ni amenaza utilizar la fuerza militar contra Colombia.
En el caso estadunidense, no existen en América del Sur “amenazas” a la seguridad nacional de Estados Unidos, no hay países que lleven a cabo programas de proliferación nuclear, ni operan redes terroristas de alcance global que pongan en riesgo intereses estadunidenses.
En fin, que a las claras el pretendido compromiso bilateral se trata efectivamente de un ardid al servicio de la estrategia global y regional de Estados Unidos, en la materialización del cual el actual gobierno colombiano no ha dudado en ofrecer su propio territorio.
La actitud del actual ejecutivo colombiano ha suscitado las más decididas muestras de rechazo.
Para el presidente boliviano, Evo Morales, “los políticos latinoamericanos que acepten una base militar estadunidense en su país son traidores a su patria”.
Por su parte, el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, opina que para combatir el narcotráfico o proteger la población ante desastres naturales “un país que se respete a sí mismo no necesita mercenarios, ni soldados, ni bases militares norteamericanas”.
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