Víctor Fuentes
Omite la Corte en el dictamen publicado los nombres de más de 3 mil policías, víctimas, testigos y personas físicas implicadas en el caso
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) publicó su dictamen sobre la investigación de los disturbios de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, Estado de México, más de seis meses después de que el caso fue discutido y votado por el Pleno de Ministros.
La versión difundida fue censurada por la Corte, que tachó los nombres de más de 3 mil policías, así como de las víctimas, testigos y demás personas físicas involucradas en los hechos, números de causas penales, procedimientos administrativos y otros procesos legales que derivaron de los dos días de enfrentamientos con integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra que bloquearon una carretera.
Los únicos nombres publicados son de 74 comandantes de la Policía Federal Preventiva, 29 de la Agencia de Seguridad Estatal y tres de la Policía Municipal de Texcoco, que encabezaron los operativos y fueron las autoridades de mayor jerarquía señaladas por la Corte como responsables de grave violación de garantías individuales.
El general Héctor Sánchez Gutiérrez, entonces coordinador de las Fuerzas Federales de Apoyo de la PFP, es el mando de mayor rango mencionado, y quien fue designado Secretario de seguridad Pública de Campeche la semana pasada.
"La relación que se presenta corresponde a aquellas personas que presuntamente se estima participaron en los hechos dada su presencia durante su desenvolvimiento, documentada en los términos de esta investigación, sin embargo, corresponderá a las autoridades competentes investigar y deslindar las responsabilidades que en lo particular le sean imputables", se lee en el dictamen.
También justifica la censura del resto de los nombres con base en la Ley Federal de Transparencia, pues se trata de "datos personales y sensibles".
La Corte no pudo deslindar claramente cuáles de los 3 mil policías incurrieron en tales o cuáles actos, pero sí menciona que el número de agentes que han sido sancionados "no corresponde a la realidad de los hechos" y "no es suficiente ni efectivo para hacer justicia".
Los Ministros también incluyeron una larga sección con recomendaciones y lineamientos sobre el uso adecuado de la fuerza pública, aunque ninguna autoridad está obligada a cumplirlos, pues estos dictámenes no tienen efectos jurídicos.
El dictamen fue enviado al Presidente Felipe Calderón y a todos los Gobernadores, Congresos y procuradores de justicia del País, entre otros.
En las conclusiones se reitera que no hubo órdenes superiores para violar garantías, como proponía el Ministro José de Jesús Gudiño, cuyo proyecto señalaba como responsables al Gobernador Enrique Peña Nieto y al ex titular de la SSP y la PGR, Eduardo Medina Mora.
"Se trató de una situación en la que una vez que se desató la violencia, ésta fue en ascendencia, y no se hizo cesar; pero de ahí que haya sido ordenada, es una cuestión distinta", dice el dictamen.
La Corte requirió seis meses para el llamado "engrose", es decir, la versión escrita y final de su fallo, que debe recoger todo lo dicho por los Ministros en las sesiones públicas, amén de incluir votos particulares de Genaro Góngora y Juan Silva.
Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos
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