Sindicato Mexicano deElectricistas
Con la participación entusiasta y combativa de cientos de representantes de las Casas del Movimiento en defensa de la economía popular, del petróleo y la soberanía, de organizaciones sindicales y sociales de todo tipo, así como de agremiados, representantes y miembros de la dirección del Sindicato Mexicano de Electricistas, encabezados por su Secretario General, Martín Esparza Flores, el pasado 29 y 30 de agosto, en el auditorio del SME se realizó el primer Encuentro Nacional por una Tarifa Social y en contra de los cobros excesivos de luz.
México atraviesa por uno de los momentos más críticos de su historia. Más que una crisis económica temporal, se trata de la prueba más clara del fracaso del modelo neoliberal que se basa en la concentración de la riqueza en unos cuantos, a costa de la miseria de los otros muchos. Esta política nos ha llevado a la debacle, a la degradación progresiva en todos los órdenes de la vida pública y de la convivencia social.
Son tiempos aciagos para la mayoría de los mexicanos que viven agobiados por la pobreza, el desempleo y la inseguridad. Pero estos males tienen responsables: han sido causados por una oligarquía que se apoderó del Estado para imponer una política de pillaje del saqueo del erario público, los recursos naturales y el patrimonio nacional, a costa del sufrimiento del pueblo. Desde hace más de 26 años, al amparo de las falacias del libre mercado, Carlos Salinas (1988-1994), entregó empresas públicas, bancos y otros bienes nacionales, a especuladores, traficantes de influencias y políticos corruptos. Este grupo acumuló riquezas como en pocos lugares del mundo y fue adquiriendo poder político hasta convertirse en una élite dominante que se colocó por encima de las instituciones constitucionales. Además, son dueños y controlan los principales medios de comunicación que utilizan para desinformar al pueblo. Hoy esta oligarquía es el principal obstáculo para establecer la democracia y la justicia social en México.
Como es obvio, a esta mafia no le importa el destino del país y mucho menos el bienestar de la gente. Durante más de dos décadas, México ha sido uno de los países con menor crecimiento en el mundo; desde 1983 se desmanteló la política de fomento económico y de generación de empleos; se dejó sin apoyo a los productores del campo, y se descuidó de manera deliberada el sector energético para arruinarlo y justificar la privatización de la electricidad y de la industria petrolera.
El saldo del vandalismo y de esta absurda política es realmente lamentable:
nuestro extraordinario pueblo ha sido condenado a la sobrevivencia o al destierro. A los jóvenes se les ha cancelado el futuro pues no tienen oportunidades de trabajo ni de estudios. Ya no hay movilidad social y ahora para salir adelante sólo han dejado el camino de la migración y el de las conductas antisociales. Millones de mexicanos viven hacinados, abandonados, enfermos y sin seguridad social.
La política de privatización de la industria eléctrica ha sido la principal causa de que se hayan elevado sin justificación financiera ni económica las tarifas eléctricas. El gobierno ha eliminando el subsidio de la tarifa DAC y disminuido los subsidios a las tarifas domésticas y agrícolas, dejando en la indefensión a millones de mexicanos que no pueden pagarla. A diario vemos como crece el descontento y las protestas contra los abusos en los cobros por uso de la electricidad. Y hoy con el apoyo del PRI y del PAN amenaza con eliminar por completo los subsidios a la electricidad que consumen las familias y los campesinos.
Analizar las causas que han posibilitado que la electricidad en México sea una de las más caras del mundo, implica necesariamente conocer del proceso de desnaturalización-desnacionalización de la prestación del servicio público de energía eléctrica en México. Tal empeño supone necesariamente conocer, a grandes rasgos la génesis del artículo 27 constitucional, en cuyo párrafo sexto se asienta, con meridiana claridad, el concepto de la Exclusividad Nacional en materia energética.
En el caso que nos ocupa, el papel injerencista, la falta de planeación acorde al desarrollo nacional, el pésimo servicio y las altísimas tarifas que imponían las empresas eléctricas extranjeras en México, llevo en 1960 a la Nacionalización de la industria eléctrica, elevándola a rango constitucional con una reforma adición al párrafo sexto del artículo 27, que estableció:“Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines.”
Sin embargo, al amparo del nefasto Tratado de Libre Comercio y de los compromisos ahí asumidos, en 1992, el Carlos Salinas de Gortari, impuso una contrarreforma a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, violentando la Constitución y abriendo de par en par las puertas para la inversión de capital privado en la generación eléctrica.
Mediante un artilugio legal, consistente en una modificación-supresión del concepto de generación del artículo 3 de la LSPEE, se desnaturalizó y mutiló el concepto de prestación del servicio público de energía eléctrica y con ello la contrarreforma de Salinas de Gortari dio un paso fundamental en la desnacionalización-privatización de la industria eléctrica nacionalizada. Colocando a la prestación del servicio público de energía eléctrica como una mercancía más en el circuito de acumulación del capital en México. A tal grado que hoy un puñado de trasnacionales eléctricas controlan el 23 % de la capacidad instalada de generación y más de un 34 % de la generación bruta en nuestro país.
En el marco de esta reforma inconstitucional y privatizadora de 1992 comenzó a operar, de manera acentuada, un incremento desmedido en el precio de la tarifa doméstica, pues en la búsqueda de una tasa de ganancia elevada, el capital privado internacional priorizo la construcción de plantas de generación eléctrica basadas en el uso de gas, que es importado y cuyo precio internacional continua al alza.
Como remate, 10 años después, en febrero de 2002, el presidente de empresarios para los empresarios, Vicente Fox Quesada, decreto una reforma estructural tarifaria, disminuyendo brutalmente el subsidio a la tarifa doméstica y por su fuera poco creando la llamada Tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC), cuya aplicación agredió desde ese año el exiguo salario de millones de trabajadores mexicanos, con un incremento brutal de más de un 60% a la tarifa doméstica. Las cifras están a la vista y forman parte de la memoria de agravios del pueblo de México. De diciembre de 2001 a julio de 2009, en tan solo 8 años la Tarifa Doméstica se ha incrementado en promedio arriba de un 117 % y por encima de 419% si consideramos los incrementos de precios de la tarifa DAC. Sin embargo, en el mismo periodo los salarios mínimos solo se han incrementado en un 35.8%.
Enfrentar y resolver el enorme problema social que implican los cobros excesivos de la luz, requiere propuestas y soluciones de corto y mediano plazo. En primer lugar, restablecer la Legalidad Constitucional en materia energética (petróleo y electricidad) y establecer una Tarifa eléctrica socialmente justa, echando al bote de la basura histórica al criminal modelo neoliberal y a su clase política y organizarnos para alcanzar un gobierno que gobierne para el pueblo, desde el pueblo y con el pueblo. Para ello se requiere unidad, organización y movilización y este es uno de los principales consensos alcanzados en este Encuentro Nacional.
Asimismo acordamos las siguientes medidas:
No a la privatización de la industria eléctrica nacionalizada.
Por una Tarifa Social al alcance del Pueblo de México.
Electricidad gratuita en los consumos de 1 a 150 KWh a los mexicanos en extrema pobreza.
Disminución de un 15% en el precio de la Tarifa Doméstica y congelamiento durante todo el tiempo que dure la recesión y la crisis económica.
Desaparición la Tarifa DAC. Por un Tarifa Agrícola, cuyo precio permita la recuperación del campo mexicano.
Incremento del 15% a las tarifas de alta y mediana tensión.
No a la suspensión del suministro de energía eléctrica a quienes pierdan su empleo.
Libertad inmediata a nuestros compañeros presos políticos de Candelaria, Campeche y Puerta Grande en Chiapas.
No a la pretensión de Calderón y Carstenz de reducir el subsidio a la tarifa doméstica.
Participación en las Jornadas de lucha del 1º de septiembre. Movilización el 21 de septiembre, a la Cámara de Diputados.
Marcha al Zócalo el 27 de Septiembre, Aniversario de la Nacionalización de la Industria Eléctrica.
Jornada Nacional de Protesta el 29 de septiembre, con acciones en los 31 estados de la República y en las 16 delegaciones del D.F. Ese día, en todas las oficinas de LFC, de CFE y de la SHCP, millones de mexicanos expresaremos nuestro rechazo a los cobros excesivos y demandaremos un Tarifa Social. Campaña Nacional de millones de firmas demandando lo aquí acordado.
MOVIMIENTO NACIONAL EN DEFENSA DE LA ECONOMIA POPULAR, EL PETROLEO Y LA SOBERANIA.
SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS
Responsables de la publicación: Fernando Amezcua Castillo, Secretario del Exterior del SME y José A. Almazán González, Coordinador Nacional del Movimiento
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