Agosto de 2009,
Prensa Indígena, Recibido del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Frayba, 17 de agosto.
- Alberto Brunori es Representante en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con motivo de la visita a los sobrevivientes y familiares de la masacre de Acteal.
Agradezco la invitación que la organización civil “Las Abejas” hizo llegar a la Oficina que represento, la hospitalidad con la que las mujeres y hombres tzotziles me han recibido, y la oportunidad que me brindan de conocer de sus voces los hechos ocurridos el 22 de diciembre de 1997 en la comunidad de Acteal, municipio de Chenalhó, Chiapas.
Habiendo escuchado los testimonios y relatos de sobrevivientes y familiares de la masacre de Acteal, viendo las imágenes de las y los indígenas tzotziles asesinados y tomando contacto con la actual situación de desesperanza en la que se encuentra la comunidad, me cuesta trabajo creer que después de casi 12 años de la masacre la justicia aún no haya llegado plenamente a Acteal.
En el año 2003, la Oficina señaló en el Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México que “la matanza de 45 civiles indefensos/as en Acteal, en diciembre de 1997, perpetrada por un grupo de personas con armas de alto poder, (era) sin duda el incidente más dramático que se (hubiera) producido en el marco del conflicto en Chiapas. [1]”. También destacó que no se había aclarado plenamente el crimen ni se había hecho justicia. Esta situación permanece vigente.
De acuerdo al reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las investigaciones en torno al caso de Acteal existieron “diversas irregularidades durante las actuaciones practicadas en la averiguación previa”. Con ello se revela que en este caso no se realizó una investigación a la altura de la gravedad de los hechos y que, por lo tanto, no se ha garantizado justicia para las víctimas.
Una de las consecuencias de que las autoridades de procuración e impartición de justicia hayan vulnerado derechos procesales, que según el Derecho Internacional de los Derechos Humanos son indispensables para garantizar un juicio justo, es que se corre el riesgo de que el caso de la masacre de Acteal quede impune, lo cual es inadmisible.
Diversos instrumentos internacionales reconocen que para combatir la impunidad, los Estados deben garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación. En este marco, la Oficina exhorta a las autoridades mexicanas para que se realice una investigación minuciosa, independiente e imparcial; se garantice el derecho individual y colectivo a conocer la verdad acerca de las circunstancias en las que se cometió la masacre.
Y se tomen las medidas para que los familiares de las víctimas obtengan una reparación conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, incluyendo la adopción de medidas de no repetición.
También deseo manifestar mi preocupación por la posibilidad de que la situación de riesgo en la zona pueda recrudecerse y, por lo tanto, hago un llamado a las autoridades estatales para reforzar las medidas necesarias a fin de garantizar la vida y la integridad de las personas pobladoras de la zona.
De nueva cuenta agradezco la hospitalidad de esta comunidad y sobre todo la confianza con la que han narrado los sucesos de aquél trágico día.
Toda mi solidaridad con el sufrimiento que les embarga.
Alberto Brunori, Representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
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