* Es obligación del nuevo gobierno de Campeche proteger efectivamente los derechos
de los pobladores desplazados, así como investigar y sancionar las violaciones *
Comunicado de la Misión Civil de Paz para una Solución Justa en San Antonio Ebulá
18 de septiembre de 2009
El informe completo puede consultarse en www.indignacion.org.mx
El Gobierno del estado de Campeche es responsable de la situación de desplazamiento y de graves violaciones a los derechos humanos cometidas en agravio de los ebuleños, quienes fueron desalojados violenta e ilegalmente de la tierra que han habitado durante más de cuarenta años, concluye la Misión Civil de Paz para una Solución Justa en San Antonio Ebulá al presentar su informe de observación.
El informe, presentado tres días después de iniciar un nuevo Gobierno en Campeche, anota que la nueva administración es responsable de investigar dichas violaciones, sancionar a los responsables y garantizar a los pobladores de San Antonio Ebulá el pleno respeto a sus derechos, lo que incluye la restitución de sus tierras, la reparación del daño y el acceso a la justicia.
La Misión Civil de Paz, conformada por 23 organizaciones de derechos humanos, movimientos y agrupaciones del país, se propuso acompañar al pueblo de San Antonio Ebulá en sus demandas de retorno, restitución, certeza legal sobre sus tierras, justicia y paz.
Entre las acciones que ha realizado esta Misión se encuentra una “visita in situ” a Campeche, entrevistas con las y los pobladores desplazados, visita al lugar de los hechos y el acompañamiento al retorno decidido por los pobladores el 8 de septiembre, el cual fue impedido por empleados del empresario que se arroga la propiedad de las tierras y por la inacción del gobierno de Campeche, que incumplió su obligación de garantizar condiciones de seguridad para el retorno.
Empleados del empresario, después de atacar y destruir el poblado, bloquearon el camino de acceso con zanjas y montículos de tierra y escombros, según pudo constatar la Misión. Además enterraron trampas de maderas con clavos en los costados de dichos montículos. Un integrante de la Misión resultó lesionado con una de esas trampas.
La Misión también se entrevistó con el ex Secretario de Gobierno, quien admitió que el desalojo del 13 de agosto lo realizó un particular, el empresario Eduardo Escalante, sin orden legal y sin facultades para realizarla, y que la policía no acudió a desalojar sino a atender una llamada de auxilio por un enfrentamiento. En dicha entrevista el ex Secretario de Gobierno, Ricardo Medina Farfán, se negó a proporcionar condiciones de seguridad para el Retorno y advirtió que el ingreso a una propiedad privada se consideraría una violación al estado de derecho.
Lo anterior es motivo de alarma para la Misión. La violación a los derechos humanos y la impunidad constituyen siempre un riesgo para la paz.
La elaboración y presentación del informe de observación, que se está haciendo llegar a organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, así como a instancias de gobierno estatal y federal, es una de las acciones que la Misión realiza para contribuir a lograr una solución justa para San Antonio Ebulá.
El día de hoy, mientras se presenta el informe, una comisión está entregando un ejemplar al representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México.
La Misión concluye que el caso de San Antonio Ebulá exhibió la sujeción del Gobierno de Campeche, de la administración que concluyó el 15 de septiembre pasado, a intereses empresariales y particulares. El empresario que contrató a civiles para agredir a los ebuleños y desalojarlos ilegalmente es suegro del extinto Secretario de Gobernación federal, Juan Camilo Mouriño, y su familia es de tradición priísta en Campeche.
De hecho una de sus hijas, Ana Martha Escalante, será diputada local del Congreso del estado de Campeche a partir del primero de octubre próximo.
Un delito tan grave, como lo es el ataque a una población, no ha sido investigado ni sancionado a pesar de haberse cometido en tres ocasiones contra los ebuleños, la última con consecuencias tan devastadoras como la destrucción total del pueblo y la situación de desplazamiento de sus habitantes.
La Misión encuentra que el Gobierno de Campeche, particularmente servidores públicos de la administración que concluyó recientemente, violaron el derecho de los ebuleños a no ser desplazados, a la integridad física, a la vivienda, a no ser privados arbitrariamente de sus propiedades y a la justicia, además de violentar derechos que tienen como pueblo maya y el derecho a la asistencia humanitaria por su condición de desplazados.
El gobierno que inicia tiene la obligación de investigar estas violaciones, sancionar a los responsables y garantizarles a los ebuleños el respeto pleno a todos sus derechos, lo que incluye el derecho a la tierra y a ser reconocidos como pueblo en todas las instancias pertinentes.
Las organizaciones que conforman la Misión Civil de Paz por una Solución Justa en San Antonio Ebulá, Campeche, son:
Quienes presentamos el presente informe como un paso más para lograr que el pueblo de San Antonio Ebulá consiga retornar a su pueblo y acceda a la restitución, la certeza, la justicia y la paz a la que tiene derecho.
El informe de la Misión incluye siete conclusiones y nueve recomendaciones dirigidas al gobierno de Campeche y al gobierno federal, las cuales anexamos a este comunicado.
El informe completo puede consultarse en www.indignacion.org.mx
ANEXO
Conclusiones y Recomendaciones del informe de la Misión Civil de Paz para una Solución Justa en San Antonio Ebulá, Campeche
Conclusiones
1. La población de San Antonio Ebulá se encuentra en estado de desplazamiento interno forzado por violencia. Esta situación es el resultado de un acto ilegal, encabezado por los empresarios Eduardo y Carlos Escalante, quienes, con total impunidad, invadieron, robaron, destruyeron y cercaron el territorio en donde, hace 40 años, se asentó el poblado de San Antonio Ebulá. El despojo del que fueron objeto aproximadamente 70 familias fue realizado por un cuerpo parapoliciaco, sin que existiera una orden del Ejecutivo del estado, único facultado para ordenar desalojos y sin que lo realizara la fuerza pública del estado.
2. El Gobierno del estado de Campeche de la administración que concluyó el 15 de septiembre de 2009, es responsable directo de esta situación de desplazamiento y violaciones graves a derechos humanos en perjuicio del pueblo de San Antonio Ebulá. Desde el día 13 de agosto, cuando elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), presentes durante la agresión que culminó con el desalojo del pueblo, evitaron que éste se efectuara, a pesar de que la acción constituía hechos delictivos realizados en flagrancia. La PEP, lejos de proteger a los habitantes de Ebulá, garantizó que el despojo se efectuara con total impunidad. La PEP tampoco protegió las viviendas ni las propiedades de los pobladores. Posteriormente, el Secretario y subsecretario de Gobierno campechano respaldaron la acción de los empresarios y negaron el derecho que las y los habitantes de Ebulá tienen sobre las tierras, así como el derecho a la legalidad, certeza jurídica y restitución. A pesar de admitir que la acción de los empresarios fue ilegal, pues no fue ejecutada por mandato ni por autoridad competente, en todo momento defendieron, públicamente, el derecho que éstos se arrogan sobre la propiedad del terreno. Lo anterior demuestra que en Campeche la aplicación de la ley es discriminatoria, inequitativa y parcial y que el Gobierno del estado se sometió a los intereses de grupos económicamente poderosos, en detrimento de aquellos grupos sociales que, por su situación de vulnerabilidad social y económica, más protección debieran de tener por parte de las institucione
3. La postura asumida por el Gobierno de Campeche de la administración que concluyó este 15 de septiembre, al proteger y avalar un acto ilegal, parecieron obviar que, a pesar de que los empresarios en cuestión sustentan la propiedad sobre la tierra con una sentencia civil, se encuentra aún en trámite la instancia agraria en la cual no se ha decidido en definitiva sobre la solicitud de dotación de tierras realizada por el pueblo de Ebulá a las instancias correspondientes.
4. La protección que el ejecutivo campechano brindó a los empresarios ha tenido diversas expresiones. Una de ellas fue la manifestada durante el operativo montado por la PEP el día 8 de septiembre del presente año, cuando el pueblo de Ebulá, en compañía de la Misión conformada por las organizaciones firmantes, decidió retornar pacíficamente al territorio del que fueron despojados. Ante la petición de las organizaciones civiles de que el gobierno estatal brindara seguridad pública para evitar cualquier agresión, éste respondió con un operativo en el que claramente se intentó intimidar a los pobladores y a la misión civil de observación. Fue pública la sumisión del Subscretario de Gobierno Manuel Lanz a los intereses de los Escalante, representados en ese momento por su abogada.
5. A la Misión le preocupa la impunidad que cubrió la actuación de particulares y autoridades que participaron en las anteriores agresiones contra el pueblo de San Antonio Ebulá en 2007 y en mayo de 2009. Esa impunidad impidió a los ebuleños acceder a la justicia y a la reparación de los daño que se les ocasionaron y, de hecho, posibilitó la tercera agresión que incluyó la destrucción total del pueblo y generó la situación de desplazamiento forzado interno en la que actualmente se encuentran. La impunidad en este caso exhibe la sujeción de las instancias de procuración de justicia de la administración que concluyó este 15 de septiembre a los intereses de un particular, puesto que un delito tan grave como el ataque a un poblado debió haberse investigado de oficio. Ni el empresario ni algún funcionario público ha sido sancionado por esas agresiones.
6. Llama la atención y es motivo de preocupación la ausencia de las instancias federales y su nula actuación. No sólo porque son las responsables de garantizar el cumplimiento del las garantías individuales en el país, sino también porque el despojo afectó intereses de la Federación. A pesar de la destrucción de una escuela del CONAFE y de la afectación al medioambiente causada durante y después del despojo, a pesar de que existe un componente agrario, las autoridades federales no han intervenido ni mucho menos realizado acción alguna tendente a investigar los hechos y restituir los derechos violados.
7. Para esta Misión Civil de Paz es motivo de suma preocupación que: a) No haya existido capacidad del poder Ejecutivo ni de las instancias estatales de la administración saliente para hacer efectivo del derecho que los habitantes de San Antonio Ebulá tienen sobre su territorio, b) Sea un grupo empresarial el que dirija las decisiones del Ejecutivo estatal, c) No existan condiciones de justicia en la entidad que sancionen los graves delitos cometidos contra los ebuleños ni les permitan hacer efectivo su derecho a la restitución, y d) No exista una institución pública de derechos humanos que denuncie ni investigue estas acciones y omisiones.
Recomendaciones
La Misión considera que el gobierno del estado de Campeche y el gobierno federal están obligados a:
1. Realizar una investigación pronta de los hechos que lleve a deslindar responsabilidades y sancionar a los responsables del despojo, robo, agresiones a pobladores y destrucción total del pueblo de San Antonio Ebulá, municipio de Campeche, Campeche.
2. Realizar una investigación seria, imparcial y efectiva de las acciones y omisiones de los agentes de la Policía Estatal Preventiva y cualquier otro funcionario del gobierno del estado de Campeche que, por acción u omisión, contribuyeron y participaron en la comisión de graves violaciones a derechos humanos en perjuicio de las y los pobladores de San Antonio Ebulá.
3. Se garantice el retorno, con todas las garantías de seguridad física y psicológica, de las familias desalojadas ilegalmente del pueblo de San Antonio Ebulá, Campeche.
4. La reparación material, moral y al proyecto de vida por las graves violaciones cometidas en perjuicio de los habitantes del Pueblo de San Antonio Ebulá.
5. Iniciar de manera inmediata el proceso respectivo para garantizar y dotar de seguridad jurídica a las y los pobladores de san Antonio Ebulá, dotándoles de los documentos necesarios que garanticen la tenencia de la tierra.
6. Implementar las acciones necesarias para proteger la tierra y territorio del pueblo maya de Campeche
7. Detener los proyectos que se desarrollarán en tierras o territorios ocupados por el pueblo maya hasta obtener su consentimiento a través de un proceso que garantice una opinión libre e informada.
8. Desistirse de las acciones penales contra los tres pobladores de San Antonio Ebulá que enfrentan acusaciones falsas con el objetivo de criminalizarlos.
9. Atender el reclamo de reconocer en todas las instancias necesarias a San Antonio Ebulá como poblado, reconocer a sus autoridades y dotar al poblado de todos los servicios que les aseguren el acceso a una vida digna.
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