A un año de libertad, Alberta y Teresa sin justicia

A un año de libertad, Alberta y Teresa sin justicia

México D.F., 28 de abril de 2011 (Cencos).- Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio siguen lidiando con la injusticia que les transformó la vida. Hace un año consiguieron su libertad luego de que fuera imposible comprobar que eran secuestradoras de 6 agentes federales que irrumpieron, un 26 de marzo de 2006, en el mercado de Mexquititlan, Querétaro, donde ambas junto con Jacinta Francisco Marcial, eran venderoras. Ahora exigirán a la Procuraduría General de la República la reparación del daño.

Durante este tiempo se han intentado recuperar, recobrar su fortaleza, su normalidad; tras casi 4 años de cárcel, luego de ser estigmatizadas por ser señaladas como secuestradoras peligrosas, de ver como el sistema de justicia funciona con eficacia impecable cuando se trata de procesar a tres indígenas hñaho (Otomíes) en situación de pobreza. Enfrentarse a este sistema les ha significado daños económicos, pero sobre todo sociales y psicológicos.

Alberta y Teresa agradecen el apoyo que la sociedad en general les ofreció para lograr su libertad, saben que continuar los procesos legales es desgastante pero continuan; "es una lucha que aún no hemos terminado, hacemos esto no por nosotras sino por todas las mujeres que pasan por lo mismo que nosotras vivimos, pagando por algo que no hicieron" dice Teresa.

Junto con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH), el miércoles pasado presentaron ante la PGR una reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado, con la cual buscan la reparación económica, moral y de gastos y costas.

Para Alberta la suma exigida por daño económico es de 179 mil 420 pesos, daño moral por 20 mil salarios mínimos vigentes y pagos de intereses legales y moratorios y gastos y costas del proceso jurídico. Para Teresa sólo cambia el daño económico, que se exige por 67 mil pesos.

A partir de ahora el camino a la justicia es largo, la propia PGR será quién decida si sus funcionarios cometiron faltas que dañaron a Alberta y Teresa y los tiempos para dar una respuesta son indefinidos. En caso de que se negaran a reparar el daño, se tendría que recurrir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa donde iniciaría un nuevo proceso para las indígenas que hasta 2006 vivían tranquilas en la austeridad del campo en Querétaro.

El daño

El 17 de marzo de 2010 la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo ambos casos por considerarlos de gran relevancia. La detención y criminalización de Teresa y Alberta, quienes junto con Jacinta Francisco Marcial fueron acusadas del secuestro de 6 policías reunía características de como el sistema de justicia criminaliza sistemáticamente a poblaciones vulnerables, en este caso, a decir de Luis Arriga director del Centro ProDH, ellas son triplemente discriminadas por ser mujeres, pobres e indígenas.

Aún después de que la propia PGR presentara conclusiones no acusatorias en el caso de Jacinta (y esta lograra su libertad en septiembre de 2009), insistió en mantener las acusaciones contra Teresa y Alberta hasta que la presión de su defensa, la sociedad civil organizada y de la opinión pública culminó en la decisión de la Corte encargada de velar por la constitucionalidad de las acciones del Estado.

A decir de Leopoldo Maldonado, abogado del Centro ProDH, dos actos específicos son los que exigen ser reparados: la no aceptación pública de la inocencia de Teresa y Alberta por parte de la delegada de la PGR y del director de normatividad de la misma lo cual "es completamente irregular y violatorío a sus derechos humanos. En el punto más aljido del proceso éste funcionario declaró públicamente que no eran inocentes y la delgada en Querétaro hizo lo mismo justo depués del fallo absolutorio de la SCJN, reiteró en conferencia de prensa que a pesar de su libertad ellas no eran inocentes".

En medio de este emblemático caso resalta la más grande reforma que se ha hecho al sistema de justicia, la del sistema penal en junio de 2008. Arriaga destacó que aún cuando tiene avances al iniciar la transformación ha un sistema acusatorio con juicios orales y principios como la contradicción y la presunción de inocencia, tiene graves fallas como la implementación del Arraigo, figura violatoria de los derechos humanos condenada ya en varias ocasiones por la ONU y la OEA, quienes han solicitado al Estado mexicano que lo supriman.

Casos como el de Jacinta, Teresa, Alberta, Magdalena García Durán, Basilia Ucán Nah, Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú... sustentan el análisis de Arriaga Valenzuela, "el sistema de justicia tiene todas la acondiciones para que su uso garantice la seguridad pero del Estado, no de las personas. Y esto es remarcado en los grupos que han sido históricamente marginados como los pueblos indigenas".

Centro Nacional de Comunicación Social