Todo el poder del Estado contra el SME

Todo el poder del Estado contra el SME

El régimen de Felipe Calderón optó por la peor de las salidas a su crisis de origen: el endurecimiento, y tomó ahora como blanco a un sindicato histórico y emblemático para la sociedad mexicana como el Mexicano de Electricistas, a cuyos miembros se pretende criminalizar y perseguir como si se tratara de delincuentes, utilizando todo el poder del Estado y de los poderes fácticos de los medios masivos de comunicación contra trabajadores que sólo defienden su fuente de trabajo ante los embates de la actual administración federal. La embestida contra los trabajadores se da para empujar en el Congreso la aprobación de la reforma laboral, para cerrar el expediente de esta lucha social y el extraordinario negocio que representa la privatización de la energía eléctrica, y ocurre tan sólo unos días después de que prestara oídos sordos al clamor del pueblo de que detuviera ya “su guerra” contra el narcotráfico, la cual sostiene contra toda lógica y sin importar el derramiento de sangre de decenas de miles de mexicanas y el peligró que ésta representa para la Nación en su conjunto.

Los hechos ocurridos la mañana de ayer hablan con toda claridad de lo que le espera al país en el ocaso de la gestión del actual inquilino de Los Pinos: guerra y represión. La Secretaría de Gobernación a cargo de Francisco Blake, advirtió a los electricistas que no habrá negociación a través de presuntos actos de “presión vandálica”; el gobierno de la Ciudad que encabeza el aspirante presidencial del ala dura del PRD, Marcelo Ebrard, se suma a esa posición y advierte que en la capital de la República no se permitirán actos de violencia, al exhortar al SME, que dirige Martín Esparza, y al gobierno federal a sentarse a dialogar para encontrar una solución al conflicto generado por el propio Calderón al decretar la extinción de Luz y Fuerza del Centro y arrojar a las calles a más de 40 mil trabajadores y sus familias.

A su vez, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) interpuso una serie de denuncias contra quienes resulten responsables de las agresiones en las inmediaciones de la extinta LFC, cuyo edificio sede se encuentra en la confluencia de las avenidas de Marina Nacional y Melchor Ocampo; el secretario de Gobierno del Distrito Federal, José Ángel Dávila, confirmó la detención de ocho militantes del SME por presuntamente participar en la gresca; y la Delegación Metropolitana de Procuraduría General de la República, abrió el acta circunstanciada número DDF/SZ0/2011 para determinar si los trabajadores electricistas incurrieron en delitos federales durante su movilización de ayer, y advirtió que se conformará una averiguación previa, una vez que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) envíe el desglose de los hechos correspondientes. También el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, el panista Felipe González, demandó sancionar a los trabajadores electricistas. Y para terminar de cerrar la pinza se desató un linchamiento mediático, a través de prácticamente todos los medios, en contra de los trabajadores electricistas que resisten en la lucha contra el ilegal decreto de LFC y el embate de la administración calderonista, con Javier Lozano Alarcón, titular de la STyPS, a la cabeza.

Calderón sigue justificando la liquidación de LFC porque, dice, costaba 50 mil millones de pesos al erario y “estorbaba al crecimiento económico”. Ante empresarios de Jalisco, con quienes se reunió en Zapopan, admitió la intención de su administración de empujar la aprobación “fast track” (vía rápida) de la reforma laboral y la eliminación de una vez por todas de la Ley Federal del Trabajo. El inquilino de Los Pinos por supuesto que no mencionó las verdaderas razones de que de un plumazo se echara a la calle a los electricistas, que es el avanzado proceso privatización del sector eléctrico, con el descuido intencional de la planta Productiva del Sistema Eléctrico Nacional, y privilegiar a unos cuantos productores particulares externos de energía, trasnacionales para más señas. En contra de lo que señala la Constitución a dicho proceso, se le metió el acelerador en los gobiernos panistas de Vicente Fox y ahora con Felipe Calderón que ha sido un actor clave en el mismo.

A estas alturas de este desigual partido por la riqueza que representa la generación y venta de energía eléctrica, los productores externos de energía que ya detentan la mitad de la generación de la Comisión Federal de Electricidad, han incrementado extraordinariamente sus márgenes de ganancias, gracias a la complicidad de los calderonistas. Datos de la Auditoria Superior de la Federación revelan que la energía que les compró la CFE de 2001 a 2008 tuvo un costo que se incrementó de 41.5 miles millones de pesos a 108.4 miles de millones de pesos. Estos altos costos fueron transferidos a LFC por la CFE, a lo que se sumó la morosidad de gobiernos estatales y el no cobró a grandes corporativos, que suman miles de millones de pesos. Es decir, se trata de un gran negocio estelar de los calderonistas, con el actual inquilino de Los Pinos a la cabeza.

Ese es el origen real de este complejo problema legal que enfrentan ahora los electricistas a quienes los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación los puso en jaque tras decretar la “constitucionalidad” del decretazo de Felipe Calderón al extinguir Luz y Fuerza del Centro. Por eso, agotadas prácticamente las vías legales, a menos que el Congreso tome una decisión en su favor, a los electricistas no les queda más que la movilización y la protesta públicas, ante la falta de respuestas del gobierno federal para llegar a una solución negociada al conflicto, que el lunes precisamente cumplió 18 meses. Por la mañana de ayer, integrantes del SME y efectivos de la policía capitalina, del cuerpo de granaderos y ante la mirada de policías federales que resguardan el edificio central de la CFE, se enfrentaron con piedras y palos en los alrededores de dicho edificio; sujetos no identificados, “infiltrados” acusaron los sindicalistas, incendiaron por lo menos cuatro vehículos y lanzaron petardos, no sólo en esa zona, sino también en el zócalo capitalino. En la gresca, golpearon a dos representantes de los medios de comunicación.

De inmediato, el dirigente del SME, Martín Esparza, se trasladó al epicentro político del país, el Zócalo de la Ciudad de México, para deslindar a su organización y a sus seguidores de participar en la gresca. Sostuvo que los responsables fueron “infiltrados” y acusó que se pretende “criminalizar” al Sindicato Mexicano de Electricistas. Miles de integrantes y simpatizantes del SME se concentraron con él en la Plaza de la Constitución para exigir la liberación de sus miembros detenidos. En conferencia de prensa, Esparza reiteró que el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro que firmó Felipe Calderón es ilegal y reiteró que se ha insistido a través de la vía jurídica y con pláticas con gobernación, pero “no hay ningún avance”. “Estamos aquí –dijo- porque no nos dan otra opción”, y llamó otra vez a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a que restablezcan la legalidad. El líder de los electricistas también denunció la “campaña descomunal de desprestigio en su contra”.

Sobre el particular, el diputado perredista Ramón Jiménez López, integrante de las comisiones de Energía y Economía de la cámara baja, entrevistado en el programa radiofónico “Estado de los ESTADOS”, que se transmite desde la capital de la República a través de 620 A.M. del Sistema RASA, confirmó que la base fundamental del problema radica en la emisión de un decreto ilegal e inconstitucional que llevó a cabo Felipe Calderón en 2009, mediante el cual extingue a Luz y Fuerza del Centro. El legislador destacó las movilizaciones del SME a lo largo de estos meses, incluso una huelga de hambre de varios de sus integrantes que duró casi 90 días. Precisó el desarrollo de las pláticas en la Secretaría de Gobernación y sus propuestas concretas ante el Congreso para que la CFE sea el patrón sustituto de LFC o bien que se cree una nueva empresa que de servicio público de energía eléctrica en la zona centro del país. Sin embargo, la respuesta del Congreso ha quedado “latente” pues la mayoría que conforman las fracciones del PRI y el PAN han hecho oídos sordos a las justas demandas de los electricistas. Las propuestas, dijo, se han discutido pero no se ha llegado a conclusiones, a pesar de que es una vía para solucionar este complejo problema, que cada vez se hace más agudo por la infiltración de gente ajena al SME por parte de algún órgano del poder federal para tratar de exhibir a los electricistas ante la opinión pública, y dar pauta a una represión.

Lilia Arellano - Opinión EMET