Gloria Muñoz Ramírez
Los movimientos sociales en México se han encontrado como respuesta del gobierno y/o de los caciques locales, la tortura, la desaparición forzada, el encarcelamiento y en no pocos casos la muerte de sus integrantes. No es nuevo que las luchas por la defensa de la tierra, de la vivienda, del trabajo, la educación, la justicia, la salud y en general las luchas por la vida, se topen con la respuesta armada institucional o paramilitar de quienes pretenden arrebatar territorio y recursos. El periodo actual no es la excepción, pero tiene una particular carga de cinismo gubernamental. El reciente ataque paramilitar a una caravana de paz en las inmediaciones de San Juan Copala, Oaxaca, es un claro ejemplo. El saldo no es sólo de dos muertos, sino que contempla la puesta en marcha de una estrategia que ya no sólo atenta contra los integrantes de los movimientos, sino contra defensores de derechos humanos, observadores internacionales y periodistas.
La Otra Campaña, iniciativa política convocada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 2005, y puesta en marcha el primero de enero de 2006, contabiliza al momento de escribir estas líneas 35 presos políticos. Se trata de hombres y mujeres encarcelados por defender sus derechos y dignidad, su tierra y la vida. Su delito es no dejarse desaparecer.
La Red Nacional Contra la Represión y la Solidaridad y la campaña Primero Nuestros Presos, nacieron en el seno de La Otra Campaña para difundir y ampliar la lucha por la liberación de los presos políticos del país, en especial la de los 35 que integran esta iniciativa política, quienes se encuentran recluidos en cárceles de varios estados del país: en Campeche, tres; en Chiapas, seis; en el Distrito Federal, uno; en el Estado de México, doce; en Guerrero, tres; en Nayarit, uno y en Oaxaca, nueve. La mayoría pertenecen a diversas resistencias en sus respectivos estados, aunque “otros, los menos, los detuvieron porque pasaban o vivían allí, o por ser amigos o familiares de luchadores sociales”. Ninguno es delincuente.
Los presos. Una de las iniciativas que se construyeron al paso de la Otra Campaña es la Red Nacional Contra las Altas Tarifas de Luz. De ella forman parte los habitantes del municipio de Candelaria, Campe che, quienes emprendieron la lucha contra los costos injustos impuestos por la Comisión Federal de Electricidad. Empezaron por no pagar la luz y así creció la resistencia por la cual fueron encarcelados Sara López González, Joaquín Aguilar Méndez y Guadalupe Borjas Contre ras, y están bajo proceso Elmer Castellanos y Guadalupe Lizcano.
En Guerrero, el 27 de noviembre de 2008 fueron detenidos con lujo de violencia y sin órdenes de aprehensión, Máximo Mojica Delgado, María de los Ángeles Hernández y Santiago Nazario Lezma. Actual mente los tres permanecen en prisión en la cárcel de Tecpan. Su delito: ser parte de la organización Tierra y Libertad, que lucha por vivienda.
En Chiapas, pertenecientes a la organización La Voz del Amate, permanecen tras las rejas Alberto Patishtan Gómez y Rosario Díaz Méndez; además de Manuel Aguilar Gómez, fundador del ejido Jotolá, detenido por falsas acusaciones de la Organi zación para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC), de corte paramilitar. Artemio Díaz Heredia y Manuel Heredia Jiménez, de Mitzitón, fueron apresados por acusaciones del Ejército de Dios Alas de Águila, organización también denunciada como grupo paramilitar. Pascual Hernández Gómez y Armando Méndez corren la misma suerte. En la ciudad de México, se encuentra preso el joven activista y estudiante de Filosofía y Letras en la UNAM, Víctor Herrera Govea, detenido durante la movilización del 2 de octubre del 2009.
Los 12 presos políticos de Texcoco y San Salvador Atenco también son reivindicados por La Otra Campaña. Todos fueron capturados tras la represión del 3 y 4 de mayo de 2006 en esa región del Estado de México, “en represalia por la lucha que ha venido realizando el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en contra del proyecto de aeropuerto”. Ellos son Ignacio del Valle Medina (sentenciado a 112 años), Felipe Álvarez Hernández, Héctor Galindo, Jorge Alberto Ordóñez, Román Adán Ordóñez Romero, Alejandro Pilón Zacate, Juan Carlos Estrada, Julio César Espinosa Ramos, Inés Rodolfo Cuellar, Edgar Eduardo Morales Reyes, Oscar Hernández y Narciso Arellano.
En Nayarit, Tomas de Jesús Barranco fue detenido en 1996 por su presunta participación en un ataque del EPR en esa ciudad. Es el mismo caso de los presos de la región Loxicha, de Oaxaca, quienes desde 1996 fueron detenidos por su presunto involucramiento con un grupo armado. Ocho permanecen en prisión: Agustín Luna, Álvaro Sebastián, Justino Hernández, Mario Ambrosio, Fortino Enríquez, Eleuterio Hernández, Abraham García, Zacarías P. García.
También en Oaxaca se encuentra preso Abraham Ramírez Vázquez, miembro del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas de Santiago Xanica; y bajo proceso está Miguel Cruz Moreno, del CIPO, acusado injustamente del asesinato del periodista alternativo Brad Will.
En el marco del reciente ataque a la caravana de observadores que se dirigía a San Juan Copala a ofrecer apoyo y víveres, y luego del secuestro, el pasado 20 de abril, “del compañero indígena Francisco de Asís Manuel, presidente del comisariado de bienes comunales de Santa María Ostula, por un grupo paramilitar fuertemente armado”, el Congreso Nacional Indígena (CNI) condenó los hechos y exigió “el desmantelamiento de paramilitares en Michoacán, Oa xaca y Chiapas”.
El CNI advierte que el asesinato de Beatriz Cariño y Jyri Jaakkola, integrantes de la misión humanitaria emboscada en la región triqui, se une a una larga lista “de asesinatos impunes tanto por la protección de José Murat como por la del tirano Ulises Ruiz Ortiz”.
En ambos casos, señala el CNI, destaca “el uso de cuerpos paramilitares por parte del Estado mexicano en una guerra declarada contra los pueblos indígenas de México, sobre todo ahí donde la resistencia indígena contra las pretensiones privatizadoras de las empresas transnacionales está presente”.
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