Desapariciones forzadas: impunidad constante del Estado mexicano
La sistemática desaparición de personas que viven en distintos puntos del país exhibe el mandato y la aquiescencia del Estado para reprimir a quienes no coinciden con su gobierno
Lejos de esclarecerse y erradicarse, las desapariciones forzadas de personas van en aumento en un país en la actual coyuntura de “guerra contra la delincuencia organizada” y contra aquellas personas de marcada disidencia frente al régimen.
El Estado se encuentra obligado a reparar y garantizar los derechos humanos, investigar las desapariciones a manos de elementos del Ejército y otros órganos del Estado, a legislar adecuadamente la desaparición, poner fin a la impunidad y a reparar a las víctimas y sus familiares
En el marco de la Semana Mundial del Detenido Desaparecido, las organizaciones suscritas condenamos las desapariciones forzadas que el Gobierno mexicano, en distintas épocas, ha cometido e incentivado en contra de aquellas personas con ideologías contrarias al régimen gubernamental.
Las desapariciones forzadas no han finalizado con el simple paso del tiempo. Si bien la época conocida como “Guerra Sucia”, caracterizada por el alto y desproporcionado nivel de violencia que empleó el Estado mexicano mediante sus fuerzas armadas y aparatos de inteligencia en contra de movimientos estudiantiles y armados ha finalizado, la brutalidad de aquellas épocas no ha disminuido. En los últimos años se han llevado a cabo múltiples desapariciones forzadas atribuibles a diferentes órganos del Estado, sin que hasta la fecha existan investigaciones creíbles o explicaciones fehacientes.
El desinterés proveniente de los órganos de procuración de justicia, caracterizado por las nulas investigaciones y la falta de diligencia en los casos de desapariciones forzadas ocurridas durante la “Guerra Sucia”, han provocado que las fuerzas armadas puedan seguir operando bajo el mismo cobijo de impunidad que impera hasta el día de hoy. Aun con la entonces “Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado” (FEMOSPP), que tras varios años de ineficacia desapareció en 2006, el Estado mexicano demostró que no está interesado en el respeto a los derechos humanos en el país, contribuyendo con ello al detrimento del “Estado de derecho” al que tanto alude en instancias internacionales.
Aunado a la nula respuesta del Estado para resolver las desapariciones forzadas de personas en la historia reciente del país, éstas continúan sucediendo. Bajo el contexto de la llamada “guerra contra el crimen organizado”, el gobierno federal y el Ejército mexicano han sido los responsables directos o indirectos de múltiples e ilegales privaciones de la libertad de personas cuyo paradero no se conoce hasta la fecha. Estos actos, cuando son cometidos de forma sistemática, como en el caso mexicano, han sido calificados por distintos instrumentos internacionales, que México ha firmado y ratificado, como “delitos de lesa humanidad”.
A los casos no investigados por parte del Gobierno y que por lo tanto permanecen en la impunidad, deben sumarse las desapariciones de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, ocurridas hace tres años por su explícita disidencia del Gobierno, por ser miembros del EPR. También es actual la desaparición en Michoacán del líder social Francisco Paredes Ruiz, ocurrida hace casi tres años sin que a la fecha se sepa algo sobre su paradero.
De la misma forma, la sistemática desaparición de personas que viven en distintos puntos del país exhibe el mandato y la aquiescencia del Estado para reprimir a quienes no coinciden con su gobierno. Sin embargo, aún en casos en los que no se puede demostrar la participación directa del Estado o la existencia de un móvil político en la desaparición forzada de personas, el Estado sigue siendo responsable por la falta de investigación y sanción de los responsables. Ejemplo de lo anterior, es el caso de los desaparecidos en el estado de Coahuila, cuyos familiares entregaron un documento la semana pasada al Gobierno quien no ha movilizado a sus procuradurías, fuerzas armadas ni aparatos de inteligencia para su búsqueda, como sucede en otros casos.
Ante este marco de impunidad constante y creciente represión estatal, exigimos al Estado mexicano que adopte las medidas necesarias para garantizar la erradicación de la desaparición forzada de personas; la tipificación adecuada de este delito en los ámbitos federales y comunes; el esclarecimiento de los casos y la sanción a los responsables de estos hechos; así como la reparación a las víctimas y sus familiares.
Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la reciente Sentencia contra México por el caso de Rosendo Radilla, sostuvo: “la investigación llevada a cabo por el Estado no ha sido conducida con la debida diligencia, de manera que sea capaz de garantizar el reestablecimiento de los derechos de las víctimas y evitar la impunidad.” (Párr. 212). Además, en junio de 2009 se llevó a cabo el Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, en donde México fue examinado por este órgano internacional y señalado por las repetidas violaciones a los derechos humanos en función de los crímenes cometidos, su nula investigación y los candados que existen para acceder a la justicia, como lo es el fuero militar.
Un país que no conoce su historia y no repara los daños ocasionados a las víctimas, está condenado a la impunidad.
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