Presentan denuncia contra Felipe Calderón ante la Corte Penal Internacional por crímenes de Lesa Humanidad

Presentan denuncia contra Felipe Calderón ante la Corte Penal Internacional por crímenes de Lesa Humanidad

Organizaciones no gubernamentales han presentado este viernes ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) una denuncia contra el mandatario mexicano, Felipe Calderón

Denuncian a Calderón ante el TPI por crímenes contra la humanidad

Organizaciones no gubernamentales han presentado este viernes ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) una denuncia contra el mandatario mexicano, Felipe Calderón; algunos altos cargos del Estado y capos del narcotráfico por crímenes contra la humanidad cometidos en el marco de la llamada guerra contra el narcotráfico que emprendió el gobierno hace casi cinco años y que ha dejado unos 50.000 muertos.

La denuncia llega a La Haya con el respaldo de 23.000 personas que han firmado el documento que expone más de 470 casos de delitos como el asesinato, la desaparición forzada, reclutamiento de menores, tortura y desplazamiento forzado.

Calderón es señalado como principal responsable de estos crímenes por omisión y encubrimiento de las acciones de las Fuerzas Armadas. De acuerdo a las organizaciones firmantes, una buena parte de los delitos han sido cometidos por militares desplegados en los estados mexicanos como parte de la lucha contra los cárteles de la droga.

El abogado redactor de la demanda, Netzaí Sandoval, ha explicado en declaraciones a CNN que el Estatuto de Roma establece que "los jefes y mandos de Estado" deben "abstenerse de dar órdenes que impliquen violar el derecho internacional humanitario" y, en caso de que eso suceda, "tienen que ser sancionados, algo que no se hace en México".

La querella, de unos 700 folios, ha sido recibida a las 13.00 horas por el fiscal general del TPI, Luis Moreno Ocampo, que deberá someterla a estudio y determinar si Calderón, así como el resto de las personas que figuran en el documento, podrán ser juzgadas por ese tribunal.

Los 470 casos expuestos son considerados crímenes de guerra y de lesa humanidad, los cuales no están contemplados como tal en las leyes mexicanas, aunque sí en el Estatuto de Roma, ha enfatizado el abogado.

El dossier contiene además denuncias contra altos funcionarios del Instituto Nacional de Migración, que habrían vendido decenas de migrantes a los cárteles de la droga. Sandoval reveló que gobiernos centroamericanos habrían denunciado estas irregularidades, al igual que el Instituto Federal de Defensoría Pública y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

"Son una serie preocupante de violaciones al derecho internacional humanitario que responden a una responsabilidad directa de Felipe Calderón", ha insistido.

La demanda es también contra los ministros de Seguridad Pública, Genaro García Luna; de Defensa, Guillermo Galván Galván; de la Marina Armada de México, Francisco Saynez Méndez; y contra Joaquín 'El Chapo' Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa y uno de los hombres más buscados del mundo.

Entre los firmantes figuran académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de varias universidades de Estados Unidos y América Latina, así como periodistas, artistas, activistas de Derechos Humanos, juristas y líderes de ONG de varias partes del mundo.

RESPONSABILIDADES

A comienzos de noviembre, el fiscal Moreno Ocampo había dicho en una conferencia en Ciudad de México que para poder abrir un caso en el TPI "deben de haberse cometido crímenes de guerra, de lesa humanidad o genocidio", al ser consultado sobre los alcances de la demanda que finalmente se presentó este viernes.

Según aclaró en su momento, el tribunal con sede en La Haya no juzga la "responsabilidad políticas" o las decisiones de este tipo que se hayan tomado, porque sólo les compete determinar las "responsabilidades penales" cuando se produce un delito como los antes mencionados.

También recordó que el TPI no puede "intervenir si el gobierno nacional actúa" contra los responsables de los crímenes. Sin embargo, dijo que, como en todo los casos, recibirán la denuncia y será analizada antes de dar una respuesta definitiva.

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El presidente de México, ante el Tribunal de la Haya

Majo Siscar

Público

La madrugada del 2 demayo, el Ejército mexicano allanó la casa de Trinidad Guzmán en Nocupétaro, Michoacán. Le robaron y golpearon. Ataron a tres de sus hijos y se llevaron al mayor, Eduardo, de 25 años. Fue uno de los diez vecinos del pueblo detenidos por los militares, sin orden judicial, acusados de narcotráfico. Finalmente, no encontraron ninguna prueba que los imputase, pero algunos fueron torturados e incluso recibieron impactos de bala.

Es uno de los 470 casos que se presenta hoy ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya para sustentar una demanda contra el presidente, Felipe Calderón, por crímenes de guerra y de lesa humanidad. La querella, interpuesta por un grupo de notables mexicanos y respaldada por 23.000 firmas, apunta a la delincuencia organizada (y sus cómplices en el plano político y empresarial) y a Felipe Calderón y su Gabinete (que, a través de las Fuerzas de Seguridad, ha supuestamente incurrido en actos de tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, asesinatos contra civiles, secuestro de migrantes o violaciones sexuales contra mujeres y niñas).

También documentan los crímenes que cometen los cárteles y piden que se investigue al capo más poderoso del país, Joaquín el Chapo Guzmán, al que le atribuyen nexos directos con el Gobierno. "Aunque podrían alegar no haber cometido ningún asesinato directamente ni ordenado los graves crímenes, son responsables de encubrir y proteger a los sicarios, policías y soldados que directamente los cometen. La brutal violencia que azota a nuestro país se ha institucionalizado y convertido en una práctica cotidiana", explica el abogado que lleva la demanda, Netzaí Sandoval.

Pero ¿por qué llevarlo hasta La Haya? Sandoval añade que en México es casi imposible juzgar estos crímenes. Por un lado, está la politización de la Fiscalía, que depende del poder Ejecutivo. Por otro, su ineficacia, que deja impunes el 98% de los delitos.

La principal labor de la CPI sería determinar si hay ataques sistemáticos a la sociedad civil. En este sentido, el jurista John Ackerman firmante de la petición señala que, de entrada, "no es necesario que el fiscal encabece una acción penal sino que determine si existen o no crímenes de lesa humanidad y, por tanto, si hay una violación de la Convención de Ginebra".

Con una resolución afirmativa, el tribunal debería determinar si los delitos pueden ser llevados a la Justicia mexicana y, en caso negativo, tendría que ejercer su potestad para investigar. Aunque la CPI expresó su interés en el caso, Ackerman teme que el fiscal se pueda rendirse ante las presiones internacionales de Calderón para desestimar el expediente.

Mientras, las masacres continúan. Guadalajara amaneció ayer con 23 cadáveres abandonados en tres vehículos y el miércoles fueron hallados en Culiacán 24 cuerpos sin vida, 16 de ellos en dos furgonetas calcinadas.