Pronunciamiento político de las Organizaciones Indígenas Residentes en el Distrito Federal
En el marco de los festejos institucionales del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución mexicana ¿Los pueblos indígenas que tenemos que festejar?
Organizaciones Indígenas Residentes en el Distrito Federal
En el marco del los festejos institucionales del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución mexicana, los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas residentes en el Distrito Federal denunciamos desde el corazón político de nuestro país ¿Los pueblos indígenas que tenemos que festejar?
¿Nuestra exclusión política y jurídica como sujetos de derecho de nuestra ley suprema como fue desde hace más de quinientos años?
¿La extrema pobreza a la que han sido condenados nuestros pueblos y comunidades de origen, simplemente por ser indígenas?
¿La enorme discriminación que recibimos de los demás sectores de la sociedad y de las instituciones de gobierno local y federal, solamente por el color de nuestra piel, hablar una lengua originaria y conservar nuestras culturas milenarias?
¿El engaño y la manipulación que han promovido los gobiernos federales, estatales y municipales en contra de nuestros pueblos originarios para apropiarse de nuestras y riquezas recursos naturales, provocando la deforestación de nuestras regiones y con ello la enorme migración de nuestros pueblos?
¿La impunidad y la promoción del caciquismo, las guardias blancas, grupos paramilitares, la desaparición forzada, las detenciones arbitrarias y torturas promovidas hasta este momento por el Estado mexicano en contra de nuestros dirigentes que se han distinguido por hacer valer el efectivo ejercicio y la defensa de nuestros derechos como pueblos?
Que en estos dos grandes momentos de la historia de nuestro país no importó cuánta sangre indígena se derramara para poder lograr un México libre, soberano e independiente donde fuéramos respetados y reconocidos al igual que todos los demás mexicanos.
En si, de nuestra negación a ser reconocidos como mexicanos, a pesar de todos nuestros esfuerzos para contribuir en engrandecer esta patria, que no ha podido serlo totalmente al faltar nuestra voz junto con todas las demás.
Por lo que volvemos a repetir: ¿Los pueblos indígenas que tenemos que celebrar?
Que es hasta el año del 1992 cuando por primera vez se reconoce la existencia de pueblos indígenas en nuestra ley suprema, pero se evidenció una vez más la doble cara del Estado mexicano al no reconocernos derechos y que respondía más a un compromiso internacional en materia de derechos indígenas que a cubrir una deuda histórica con nuestros pueblos originarios.
Es por ello que el 1º de enero de 1994, junto con la entrada del desigual Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México que ha generado mayor pobreza y emigración de nuestros pueblos, sale a la luz pública el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional declarándole la guerra al mal gobierno por 500 años de exclusión y olvido recibido, lucha que logró por primera vez en la historia desde el México independiente y la revolución mexicana, el tema de los pueblos indígenas entraran en la agenda política de nuestro país.
Aunque hubo muchas traiciones e incumplimientos por parte del mal gobierno federal y estatal fue posible que por primera vez un grupo de mexicanos pudieran sentarlos a negociar para resolver las causas que originaron el movimiento armado, con lo que se logra la firma de los Acuerdos de San Andrés, acuerdos que sintetizan los acuerdos mínimos del reconocimiento de los derechos indígenas a reconocerse en nuestra Constitución mexicana, en donde participaron pueblos indígenas de toda la República mexicana.
Derivado de esta gran consulta indígena, donde participaron más de 3 millones de mexicanos, es que se elabora una iniciativa de reformas constitucionales en materia de derechos indígenas conocida como Ley COCOPA, acuerdos mínimos que acepta el EZLN con el fin de avanzar en el diálogo, pero sin embargo, se enfrenta de nueva cuenta una triple traición por parte del Estado mexicano.
Por parte del Poder Legislativo al modificar sustancialmente lo acordado en San Andrés y en la Iniciativa de la COCOPA, además de ponerle candados en la aplicación de los derechos indígenas; del Poder Judicial al declararse incompetente para conocer de las 330 controversias constitucionales promovidas por autoridades indígenas en contra de las modificaciones impuestas, dejándonos en la indefensión jurídica; y por parte del Ejecutivo Federal al avalar con su firma la regresiva antirreforma constitucional en materia de derechos indígenas.
Al negarnos la vía legal para el reconocimiento de nuestros derechos, hacemos propios los Acuerdos de San Andrés como la Constitución de los Pueblos Indígenas, ya que como hasta la fecha se ha demostrado que las reformas posteriores a las leyes secundarias carecen de legitimidad de los mismos pueblos indígenas y eficacia, que no han resuelto los problemas estructurales que enfrentamos en nuestras regiones, pero que han promovido una nueva forma de asistencialismo institucional que no ha cambiado las formas de detentar el poder por parte de los intereses políticos y económicos que se incrustan en nuestras comunidades.
Todo esto nos ha llevado a emigrar principalmente al Distrito Federal, donde hemos buscado refugio millares de indígenas de los diferentes pueblos que se encuentran a lo largo y ancho de nuestro país, y que paradójicamente, hemos sufrido un grave retroceso en el ejercicio pleno de nuestros derechos con los gobiernos denominados de izquierda, principalmente en las conquistas en materia laboral que ya habíamos logrado por décadas al contar con un espacio de comercialización de nuestras artesanías y actividades propias de la subsistencia de nuestros pueblos dentro del Centro Histórico de la ciudad.
Derivado de un Programa de Reordenamiento del Comercio en la vía pública ha sido el instrumento con el que sistemáticamente se nos ha desplazado del Centro Histórico, negándonos nuestro legitimo y constitucional derecho al trabajo y que para ello, se había tenido una serie de acuerdos y reuniones con las autoridades del Gobierno del Distrito Federal y de la Delegación Cuauhtémoc para encontrar vías de reubicación de los compañeros artesanos indígenas afectados y que sin embargo, solo hemos recibido manipulación, engaños e incumplimientos de los acuerdos verbales y por escrito firmado por las autoridades.
Que actualmente enfrentamos una nueva etapa de discriminación al promoverse una supuesta consulta indígena por parte de las autoridades de atención indígenas del gobierno local y federal en una serie de foros donde la evidencia más palpable fue la ausencia de integrantes de las organizaciones y pueblos indígenas al desconocer las autoridades las formas de realizar consultas entre nuestros pueblos.
Que recientemente se entregaron los supuestos resultados de los foros de consulta realizados en donde se evidencia una manipulación y parcialidad de los resultados al no haber integrado las propuestas vertidas por parte de las organizaciones indígenas residentes en el Distrito Federal, en especial, las que tienen que ver con las soluciones que planteamos para resolver la reubicación y ordenamiento de nuestra actividad artesanal y económica.
Que a su vez, se entregó un Anteproyecto de Ley regresivo a lo ya alcanzado en el derecho internacional en materia de derechos indígenas, en el que se evidencian las siguientes fallas:
1. No se respetaron los tiempos de la consulta señalados en la convocatoria que para tal fin se estableció con fecha del 22 de junio de 2009 al definirse en 7 etapas de realización, por lo que se evidencia un albazo legislativo en contra de la voluntad de los mismos pueblos.
2. Se promueve una ley discriminatoria donde se distinguen indígenas de primera y de segunda manifiesto desde el mismo nombre del Anteproyecto donde se diferencia una Ley de Cultura y Derechos para Pueblos Originarios y Comunidades Indígenas en la Ciudad de México.
3. Se desconoce el reconocimiento jurídico del concepto de Pueblos Indígenas para los indígenas residentes en el Distrito Federal, en flagrante violación al Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
4. Se evidencia claramente una tendencia a beneficiar con esta ley a modo a los pueblos originarios en diferentes apartados del Anteproyecto del Ley y específicamente, al plantearse un decreto de creación para constituirse como un órgano de coordinación de la Administración Pública del Distrito Federal dependiente de la Secretaría de Cultura.
5. No se plantea una política institucional de fomento a las artesanías, actividad económica de gran parte de las organizaciones indígenas residentes en el Distrito Federal, propuestas que se presentaron durante la realizaron de los foros y que resulta prioritario impulsar.
6. El espíritu de la ley es contradictoria y discriminatoria al priorizar en el Distrito Federal como lengua indígena el náhuatl, en especial en las políticas públicas y por otra parte, en el mismo anteproyecto se descarta todo imperativo de superioridad de un grupo sobre los demás
Por lo que el Anteproyecto de Ley y los resultados de los foros atentan contra el espíritu del Convenio 169 de la OIT, de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y por lo tanto, de los Acuerdos de San Andrés y de la Iniciativa de la COCOPA, especialmente cuando se señala con respecto a los procesos de consulta iniciado por los gobiernos deberán efectuarse de buena fe, por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que les afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado.
Por lo que los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas residentes en el Distrito Federal aquí reunidos demandamos en el ejercicio pleno de nuestros derechos:
1.- El cumplimiento de los acuerdos firmados por parte de las autoridades del Gobierno del Distrito Federal y de la Delegación Cuauhtémoc en cuanto a nuestro reordenamiento y las opciones que se propusieron para solucionar de una vez por todas los graves problemas que enfrentamos por no contar con nuestra fuente de trabajo y que se ha vuelto una situación crítica para nuestros pueblos, comunidades y organizaciones indígenas.
2.- El respeto a nuestro derecho a la consulta de buena fe, a fin de obtener nuestro consentimiento, libre, previo e informado ante cualquier medida legislativa o administrativa que se nos quiera aplicar.
3.- Un anteproyecto de Ley sobre los Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas en la Ciudad de México plural, incluyente, respetuosa de nuestras diferencias pero consiente de nuestras similitudes, que reconozca todo lo avanzado en el derecho internacional en materia de derechos indígenas, así como de los Acuerdos de San Andrés y de la Iniciativa de la COCOPA.
4.- La constitución de una instancia indígena representativa con participación e integración directa de representantes de los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas residentes en el Distrito Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y que entre sus facultades se encuentren las funciones de contraloría, defensa y gestión, así como la creación, implementación y seguimiento políticas públicas a favor de la población indígena del Distrito Federal.
Por lo que convocamos a todos los presentes a integrar un Frente común para la defensa integral de nuestros derechos que nos permita hacer realidad nuestras demandas más sentidas de desarrollo, trabajo, salud, educación, entre otros derechos que nos corresponde como mexicanos.
¡¡¡NUNCA MAS UN DISTRITO FEDERAL SIN NOSOTROS!!!
¡¡¡VIVAN LOS PUEBLOS INDIGENAS DE LA CIUDAD DE MEXICO!!!
Leído en el corazón político de México, Tenochtitlán, a 09 de Septiembre de 2010.
Pronunciamiento político de las Organizaciones Indígenas Residentes en el Distrito Federal
En el marco de los festejos institucionales del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución mexicana ¿Los pueblos indígenas que tenemos que festejar?
Organizaciones Indígenas Residentes en el Distrito Federal
En el marco del los festejos institucionales del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución mexicana, los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas residentes en el Distrito Federal denunciamos desde el corazón político de nuestro país ¿Los pueblos indígenas que tenemos que festejar?
¿Nuestra exclusión política y jurídica como sujetos de derecho de nuestra ley suprema como fue desde hace más de quinientos años?
¿La extrema pobreza a la que han sido condenados nuestros pueblos y comunidades de origen, simplemente por ser indígenas?
¿La enorme discriminación que recibimos de los demás sectores de la sociedad y de las instituciones de gobierno local y federal, solamente por el color de nuestra piel, hablar una lengua originaria y conservar nuestras culturas milenarias?
¿El engaño y la manipulación que han promovido los gobiernos federales, estatales y municipales en contra de nuestros pueblos originarios para apropiarse de nuestras y riquezas recursos naturales, provocando la deforestación de nuestras regiones y con ello la enorme migración de nuestros pueblos?
¿La impunidad y la promoción del caciquismo, las guardias blancas, grupos paramilitares, la desaparición forzada, las detenciones arbitrarias y torturas promovidas hasta este momento por el Estado mexicano en contra de nuestros dirigentes que se han distinguido por hacer valer el efectivo ejercicio y la defensa de nuestros derechos como pueblos?
Que en estos dos grandes momentos de la historia de nuestro país no importó cuánta sangre indígena se derramara para poder lograr un México libre, soberano e independiente donde fuéramos respetados y reconocidos al igual que todos los demás mexicanos.
En si, de nuestra negación a ser reconocidos como mexicanos, a pesar de todos nuestros esfuerzos para contribuir en engrandecer esta patria, que no ha podido serlo totalmente al faltar nuestra voz junto con todas las demás.
Por lo que volvemos a repetir: ¿Los pueblos indígenas que tenemos que celebrar?
Que es hasta el año del 1992 cuando por primera vez se reconoce la existencia de pueblos indígenas en nuestra ley suprema, pero se evidenció una vez más la doble cara del Estado mexicano al no reconocernos derechos y que respondía más a un compromiso internacional en materia de derechos indígenas que a cubrir una deuda histórica con nuestros pueblos originarios.
Es por ello que el 1º de enero de 1994, junto con la entrada del desigual Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México que ha generado mayor pobreza y emigración de nuestros pueblos, sale a la luz pública el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional declarándole la guerra al mal gobierno por 500 años de exclusión y olvido recibido, lucha que logró por primera vez en la historia desde el México independiente y la revolución mexicana, el tema de los pueblos indígenas entraran en la agenda política de nuestro país.
Aunque hubo muchas traiciones e incumplimientos por parte del mal gobierno federal y estatal fue posible que por primera vez un grupo de mexicanos pudieran sentarlos a negociar para resolver las causas que originaron el movimiento armado, con lo que se logra la firma de los Acuerdos de San Andrés, acuerdos que sintetizan los acuerdos mínimos del reconocimiento de los derechos indígenas a reconocerse en nuestra Constitución mexicana, en donde participaron pueblos indígenas de toda la República mexicana.
Derivado de esta gran consulta indígena, donde participaron más de 3 millones de mexicanos, es que se elabora una iniciativa de reformas constitucionales en materia de derechos indígenas conocida como Ley COCOPA, acuerdos mínimos que acepta el EZLN con el fin de avanzar en el diálogo, pero sin embargo, se enfrenta de nueva cuenta una triple traición por parte del Estado mexicano.
Por parte del Poder Legislativo al modificar sustancialmente lo acordado en San Andrés y en la Iniciativa de la COCOPA, además de ponerle candados en la aplicación de los derechos indígenas; del Poder Judicial al declararse incompetente para conocer de las 330 controversias constitucionales promovidas por autoridades indígenas en contra de las modificaciones impuestas, dejándonos en la indefensión jurídica; y por parte del Ejecutivo Federal al avalar con su firma la regresiva antirreforma constitucional en materia de derechos indígenas.
Al negarnos la vía legal para el reconocimiento de nuestros derechos, hacemos propios los Acuerdos de San Andrés como la Constitución de los Pueblos Indígenas, ya que como hasta la fecha se ha demostrado que las reformas posteriores a las leyes secundarias carecen de legitimidad de los mismos pueblos indígenas y eficacia, que no han resuelto los problemas estructurales que enfrentamos en nuestras regiones, pero que han promovido una nueva forma de asistencialismo institucional que no ha cambiado las formas de detentar el poder por parte de los intereses políticos y económicos que se incrustan en nuestras comunidades.
Todo esto nos ha llevado a emigrar principalmente al Distrito Federal, donde hemos buscado refugio millares de indígenas de los diferentes pueblos que se encuentran a lo largo y ancho de nuestro país, y que paradójicamente, hemos sufrido un grave retroceso en el ejercicio pleno de nuestros derechos con los gobiernos denominados de izquierda, principalmente en las conquistas en materia laboral que ya habíamos logrado por décadas al contar con un espacio de comercialización de nuestras artesanías y actividades propias de la subsistencia de nuestros pueblos dentro del Centro Histórico de la ciudad.
Derivado de un Programa de Reordenamiento del Comercio en la vía pública ha sido el instrumento con el que sistemáticamente se nos ha desplazado del Centro Histórico, negándonos nuestro legitimo y constitucional derecho al trabajo y que para ello, se había tenido una serie de acuerdos y reuniones con las autoridades del Gobierno del Distrito Federal y de la Delegación Cuauhtémoc para encontrar vías de reubicación de los compañeros artesanos indígenas afectados y que sin embargo, solo hemos recibido manipulación, engaños e incumplimientos de los acuerdos verbales y por escrito firmado por las autoridades.
Que actualmente enfrentamos una nueva etapa de discriminación al promoverse una supuesta consulta indígena por parte de las autoridades de atención indígenas del gobierno local y federal en una serie de foros donde la evidencia más palpable fue la ausencia de integrantes de las organizaciones y pueblos indígenas al desconocer las autoridades las formas de realizar consultas entre nuestros pueblos.
Que recientemente se entregaron los supuestos resultados de los foros de consulta realizados en donde se evidencia una manipulación y parcialidad de los resultados al no haber integrado las propuestas vertidas por parte de las organizaciones indígenas residentes en el Distrito Federal, en especial, las que tienen que ver con las soluciones que planteamos para resolver la reubicación y ordenamiento de nuestra actividad artesanal y económica.
Que a su vez, se entregó un Anteproyecto de Ley regresivo a lo ya alcanzado en el derecho internacional en materia de derechos indígenas, en el que se evidencian las siguientes fallas:
1. No se respetaron los tiempos de la consulta señalados en la convocatoria que para tal fin se estableció con fecha del 22 de junio de 2009 al definirse en 7 etapas de realización, por lo que se evidencia un albazo legislativo en contra de la voluntad de los mismos pueblos.
2. Se promueve una ley discriminatoria donde se distinguen indígenas de primera y de segunda manifiesto desde el mismo nombre del Anteproyecto donde se diferencia una Ley de Cultura y Derechos para Pueblos Originarios y Comunidades Indígenas en la Ciudad de México.
3. Se desconoce el reconocimiento jurídico del concepto de Pueblos Indígenas para los indígenas residentes en el Distrito Federal, en flagrante violación al Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
4. Se evidencia claramente una tendencia a beneficiar con esta ley a modo a los pueblos originarios en diferentes apartados del Anteproyecto del Ley y específicamente, al plantearse un decreto de creación para constituirse como un órgano de coordinación de la Administración Pública del Distrito Federal dependiente de la Secretaría de Cultura.
5. No se plantea una política institucional de fomento a las artesanías, actividad económica de gran parte de las organizaciones indígenas residentes en el Distrito Federal, propuestas que se presentaron durante la realizaron de los foros y que resulta prioritario impulsar.
6. El espíritu de la ley es contradictoria y discriminatoria al priorizar en el Distrito Federal como lengua indígena el náhuatl, en especial en las políticas públicas y por otra parte, en el mismo anteproyecto se descarta todo imperativo de superioridad de un grupo sobre los demás
Por lo que el Anteproyecto de Ley y los resultados de los foros atentan contra el espíritu del Convenio 169 de la OIT, de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y por lo tanto, de los Acuerdos de San Andrés y de la Iniciativa de la COCOPA, especialmente cuando se señala con respecto a los procesos de consulta iniciado por los gobiernos deberán efectuarse de buena fe, por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que les afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado.
Por lo que los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas residentes en el Distrito Federal aquí reunidos demandamos en el ejercicio pleno de nuestros derechos:
1.- El cumplimiento de los acuerdos firmados por parte de las autoridades del Gobierno del Distrito Federal y de la Delegación Cuauhtémoc en cuanto a nuestro reordenamiento y las opciones que se propusieron para solucionar de una vez por todas los graves problemas que enfrentamos por no contar con nuestra fuente de trabajo y que se ha vuelto una situación crítica para nuestros pueblos, comunidades y organizaciones indígenas.
2.- El respeto a nuestro derecho a la consulta de buena fe, a fin de obtener nuestro consentimiento, libre, previo e informado ante cualquier medida legislativa o administrativa que se nos quiera aplicar.
3.- Un anteproyecto de Ley sobre los Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas en la Ciudad de México plural, incluyente, respetuosa de nuestras diferencias pero consiente de nuestras similitudes, que reconozca todo lo avanzado en el derecho internacional en materia de derechos indígenas, así como de los Acuerdos de San Andrés y de la Iniciativa de la COCOPA.
4.- La constitución de una instancia indígena representativa con participación e integración directa de representantes de los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas residentes en el Distrito Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y que entre sus facultades se encuentren las funciones de contraloría, defensa y gestión, así como la creación, implementación y seguimiento políticas públicas a favor de la población indígena del Distrito Federal.
Por lo que convocamos a todos los presentes a integrar un Frente común para la defensa integral de nuestros derechos que nos permita hacer realidad nuestras demandas más sentidas de desarrollo, trabajo, salud, educación, entre otros derechos que nos corresponde como mexicanos.
¡¡¡NUNCA MAS UN DISTRITO FEDERAL SIN NOSOTROS!!!
¡¡¡VIVAN LOS PUEBLOS INDIGENAS DE LA CIUDAD DE MEXICO!!!
Leído en el corazón político de México, Tenochtitlán, a 09 de Septiembre de 2010.
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