Líderes manifestantes castigados por oponerse a los altos costos de la electricidad en México

Amnistía Internacional acusó hoy a las autoridades mexicanas de utilizar indebidamente el sistema de justicia para detener a tres líderes comunitarios después de que protestaran contra los altos precios de la electricidad en el estado de Campeche.

Amnistía Internacional declara hoy a Sara López, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borja, de la Red Nacional Contra las Altas Tarifas Eléctricas en Campeche presos de conciencia.

Los tres manifestantes fueron detenidos en julio de 2009 por su participación en el grupo. El Procurador General de la República los acusa de tomar como rehén a un empleado de la Compañía Federal de Electricidad (CFE).

Los cargos se basan en una demanda interpuesta por el representante legal de la CFE por obstrucción de la entrega de un servicio público, un delito menor.

La denuncia llegó después de que los líderes se reunieron con la CFE para solicitar la re-conexión del suministro eléctrico. Sin embargo, la PGR fabricó el nuevo cargo de la toma de rehén, un delito mayor que no permite fianza.

En enero de 2010, una corte federal de apelaciones dictaminó que la evidencia contra estos tres presos era insustancial y no señalaba que los delitos hubieran realmente ocurrido. Sin embargo, la PGR ha apelado esta sentencia sin justificación, prolongando su detención hasta que se resuelva.

Amnistía Internacional ha exigido que las autoridades los liberen inmediata e incondicionalmente.

“Las acusaciones contra Sara, Joaquín y Guadalupe son infundadas y parece que las presentaron para detener su campaña contra los altos costos del servicio eléctrico” dijo Rupert Knox, investigador sobre México de Amnistía Internacional.

“Es hora de que las autoridades mexicanas dejen de fichar a quienes participan en manifestaciones y disienten de manera legítima.”

El 25 de septiembre de 2008, cerca de 40 personas del poblado Candelaria acudieron ante las oficinas locales de la Compañía Federal de Electricidad para solicitar la re-conexión del suministro. La CFE había cortado el servicio a la comunidad por falta de pago, a pesar de que había una negociación en curso.

Tras la manifestación, el representante legal de la CFE presentó una denuncia ante la PGR por el delito de "obstrucción de la entrega de un servicio público" contra los nombrados en una lista de deudores.

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