| Lunes 13 de Abril de 2009 | Página Principal | Secciones |
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| Karenine Trigo Ahuexutla, Ayutla Unos 30 efectivos del 48 Batallón de Infantería catearon dos casas en esta comunidad en busca de armas, una del comisario suplente, Roberto Leobardo Olivo, la tarde del sábado, y el domingo por la tarde mantenían un retén en la comunidad de El Ranchito, a la salida de esta zona indígena de Ayutla, rumbo a Cruz Grande. Ahuexutla es una comunidad mixteca que se encuentra a 40 minutos de la cabecera municipal, la carretera que conduce hasta allá está pavimentada solamente hasta un crucero, el lado izquierdo llega a Pascala del Oro y el derecho a la comunidad El Paraíso. De ahí hasta la comunidad son alrededor de 10 minutos por una brecha polvosa. Hasta aquí llegó el Ejército la tarde del sábado. Los soldados dejaron un vehículo en el crucero y otros dos en un sembradío de plátanos donde está el camino que conduce a la casa de Roberto Leobardo. El comisario, Fidencio Morales Patricio, denunció que el sábado como a las 6 de la tarde, acudió a casa del comisario suplente, Roberto Leobardo Olivo, a invitarlo a una reunión, después de estar un rato en la vivienda, se retiró y en el camino se encontró de frente con unos 30 militares armados y algunos cubiertos de la cara con pasamontañas, uno de ellos le dijo: “a dónde vas, regrésate con nosotros”. Al llegar a la casa de Roberto Leobardo, los militares lo sacaron junto con su esposa Teresa Catarino Emiliano y a sus tres hijas, Lady, Maribel y Rosy, de 10, 8 y 4 años, y los condujeron a un árbol que se encuentra a 10 metros de la casa, les dijeron que se sentaran y que bajaran la cabeza para que no los vieran, mientras unos 10 militares buscaban dentro de la casa con una lámpara de pilas. Las niñas lloraban asustadas y doña Teresa trataba de consolarlas sin éxito. En la vivienda, los militares encontraron un rifle calibre 22 y una escopeta calibre 16. Debajo del árbol, preguntaron a los integrantes de la familia por las demás armas, les dijeron que las entregaran y que por tener esas armas en su casa les tocarían 20 años de cárcel. Mientras tanto, 12 militares se trasladaron a la casa de Daniel Roberto de Jesús, que se encuentra a unos 200 metros; ahí llegaron diciendo “vengan las pistolas, si no se van con nosotros”. Daniel Roberto denunció –con la traducción del ex dirigente de la Organización Independiente del Pueblo Mixteco, actualmente Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco, a la que ya no pertenece, Arturo Campos–, que los militares llegaron a su casa “cuando estaba oscureciendo” , gritando que se levantaran la playera, lo cual hicieron y les dijeron que se tiraran boca abajo; estando en el piso, con sus hijos Pedro de Jesús de 23 años e Isaías de 17, los militares les pusieron el pie en la cabeza y otro más a la altura de la cintura. Mientras a doña María Juliana García esposa de Daniel Roberto y a su hija Librada de 27 años de edad, les dijeron que se alejaran de la casa, después uno de los militares tomó un guajolote de las patas y lo golpeó contra el piso diciéndoles que lo mismo les iba a pasar si no entregaban las armas. Daniel Roberto dijo que él no tiene armas y desconoce porqué llegaron hasta allá los militares, que él se dedica a trabajar y su familia es tranquila. Dijo además que en múltiples ocasiones han visto pasar carros llenos de militares por la carretera y que nunca les habían hecho nada. Finalmente, los soldados se retiraron diciéndoles que no se levantaran y que se quedaran callados. Los militares regresaron por la casa del comisario suplente, se lo llevaron y también al comisario propietario Fidencio Morales, y al llegar al platanal que se encuentra a orilla de la carretera les dijeron que sujetaran las armas una en cada mano y les tomaron fotos a cada uno con las dos armas. Fidencio Morales dijo que ahí fueron subidos a un vehículo militar, mientras otro iba detrás de ellos, al llegar al crucero de Pascala, se encontraron con otro vehículo militar, ahí ya estaba muy oscuro, nuevamente les tomaron fotografías y les dijeron que se fueran de regreso a sus casas y que se mantuvieran callados, les entregaron una lámpara que sustrajeron de la casa de Roberto Leobardo para que se alumbrasen de regreso. Los indígenas de Ahuexutla señalaron que no habían tenido antes problemas con los militares, pero en otras comunidades de esta región mixteca de Ayutla han sido recurrentes las denuncias por violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército, y más desde 1998, cuando se dio la masacre de El Charco, donde fueron asesinados 11 campesinos, y se dio a conocer que estaban en una reunión comunitaria en una escuela, en la que se encontraba también una columna guerrillera del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI). Los indígenas muertos en El Charco pertenecían a la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos Tlapanecos, que en años posteriores se conformó en una por cada pueblo: la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa y la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco; de ésta eran presidente y secretario Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, detenidos el 13 de febrero, desaparecidos una semana, y hallados muertos con huellas de tortura. Entre las frecuentes denuncias por los atropellos cometidos por el Ejército, los dos dirigentes asesinados apoyaron a indígenas de la comunidad de La Cortina, que el 15 de abril del año pasado se quejaron ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero de que militares catearon viviendas, se metieron a sembradíos, robaron productos y preguntaron por gente armada.
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