Puebla, Puebla, 21 de septiembre de 2015
A los normalistas rurales de la FECSM
A los organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales
A las organizaciones populares independientes
A los medios masivos de comunicación
Al pueblo mexicano y pueblos del mundo
BOLETÍN INFORMATIVO
A punto de cumplirse un año del crimen de Estado cometido en Iguala en que fueron detenidos-desaparecidos 43 normalistas, heridos aproximadamente veinte y ejecutados tres más; las organizaciones populares, estudiantiles e independientes manifestamos:
El día 26 de septiembre de 2014 se perpetró un crimen de Estado cuyo saldo consta de aproximadamente 700 víctimas directas e indirectas por el ataque a los normalistas, así como de familiares y amigos que han sufrido las secuelas de la desaparición forzada. Entre las víctimas directas destacan las ejecuciones de Daniel Solís Gallardo por disparo en el tórax y Julio César Ramírez Nava masacrado por un tiro en la cabeza y de Julio César Mondragón, cuyo cuerpo fue encontrado por la mañana del día 27, quien presentaba signos de tortura, enucleación de ambos ojos y desollamiento del rostro cuando aún se encontraba con vida según los informes periciales.
Los hechos sangrientos de Iguala constituyen un acto enmarcado dentro de la guerra de baja intensidad agudizada a partir del sexenio de Felipe Calderón y recrudecida por Enrique Peña, cuyas sumas ascienden a cerca de 110 mil detenidos-desaparecidos, miles de ejecutados y millones de desplazados de manera forzada. Las causas que motivan este escenario son la polarización económica, propiciada por el imperialismo internacional que requiere la regeneración constante del capital financiero para sostener a la oligarquía.
A partir de la firma del tratado denominado Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, firmada desde el sexenio de Fox, que será cumplido cabalmente debido al amparo que les proporcionan las leyes neoliberales, los oligopolios trasnacionales en materia energética y financiera, entre los que se destacan Chevron, Exxon, Shell, Britnish Petróelum, y las financieras BlackRock, JP Morgan Chase han encontrado en la nación mexicana la posibilidad de mantener sus ganancias y seguir incidiendo en los mercados del petróleo y del dinero, especialmente a partir de la cada vez más marcada decadencia de la hegemonía norteamericana y el ascenso de un nuevo orden mundial multipolar.
Estas empresas, que caracterizan la oligarquía y fungen de directrices del imperialismo, en su afán del despojo de las riquezas y en el incremento de la explotación de la clase proletaria, junto con el Estado mexicano y sus organismos represivos oficiales y no oficiales: Ejército, Marina, policías federal, estatal, municipal así como grupos paramilitares; han desatado la guerra de baja intensidad contra el pueblo, cuyo objetivo central es reprimir, encarcelar, desaparecer, asesinar a las personas y organizaciones populares que luchan por mejores condiciones de vida, debido a que les estorban en sus cometidos de despojo y explotación.
A partir de la noche del 26 de septiembre del año pasada en Iguala, se coloca en la palestra la verdadera realidad mexicana y desenmascara el papel de verdugo que se ha forjado el Estado, muestra el grado de violencia y el aniquilamiento de sectores de la juventud mexicana caracterizados por su papel activo en la lucha por la liberación de la clase trabajadora. Ayotzinapa también es el mensaje contundente de persecución a las organizaciones populares que se organizan.
Ante estos abominables hechos que indignan al pueblo mexicano y a la comunidad internacional, se ha contado con la solidaridad del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para realizar una investigación de la masacre y desaparición de los normalistas.
El GIEI a través de documento Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa ha demostrado la coordinación entre el 27° batallón de infantería de Iguala, de diversas corporaciones policiacas y sus aparatos de inteligencia, la participación de elementos del Órgano de Búsqueda de Información (OBI), el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C-4), así como la participación del exalcalde de Iguala José Luis Abarca, el ex gobernador de Guerrero Ángel Aguirre, el Secretario de Seguridad Pública de la misma entidad, Felipe Flores, entre otros y se suman por la obstaculización de la investigación, las falacias en la información de las declaraciones y el incumplimiento de los procedimientos técnicos por parte del ex procurador Murillo Karam y de la actual procuradora Arely Gómez; así como de Enrique Peña Nieto, en su calidad de presidente de la República, comandante supremo de las fuerzas armadas y presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
A partir de los argumentos del GIEI, del EAAF y de la CIDH se ha evidenciado el crimen de lesa humanidad cometido por el estado mexicano a partir de lo siguiente:
El informe de los forenses argentinos aprueba el trabajo del laboratorio de Innsbruck, al mismo tiempo de que señala que las pruebas no fueron halladas en el basurero de Cocula en presencia de su equipo, sino que de acuerdo a la PGR fueron encontradas por buzos de la Marina en el Río San Juan, el EAAF ha solicitado la cadena de custodia de los restos en la que se documenta el hallazgo, sin embargo no se le ha entregado. La prueba más fuerte de identificación corresponde a las muestras de Alexander Mora y en grado de incertidumbre a Jhosiviani Guerrero; sin embargo ambas evidencias son insuficientes para argumentar que los 43 normalistas fueron incinerados y sus restos depositados en el río.
Las declaraciones del comandante del 27° batallón, José Rodríguez Pérez; del capitán José Martínez Crespo y 34 militares más ante la PGR, así como el conocimiento de lo que ocurría en tiempo real por la 35 Zona Militar de Chilpancingo; la presencia de los escuadrones del grupo Fuerza de Reacción, y las evidencias in situ de decenas de casquillos calibre 7.62 que corresponden a los fusiles G3, la evidencia de la presencia de un vehículo de guerra llamado Sand Cat y en la escotilla, un soldado empuñaba una metralleta todo el tiempo, muestran la falsedad de la llamada verdad histórica de Murillo Karam y dejan más en claro que se trató de un crimen de Estado, tan como el FNLS y diversas organizaciones hemos señalado desde el mes de septiembre del año pasado.
Ante la contundencia de los argumentos del EAAF y GIEI, esta vez por parte de la nueva procuradora Arely Gómez, se trata de volver a emplear el teatro mediático para apuntalar nuevamente la verdad histórica y desligar al Estado mexicano, esta vez con captura de Gildardo López Astudillo, el Cabo Gil, así como también se niega que se realicen interrogatorios directos por parte de la CIDH a los militares, con lo que se esclarecería plenamente el crimen de lesa humanidad ocurrido contra los normalistas de Ayotzinapa.
A un año de la desaparición forzada de los 43 estudiantes Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa Guerrero, las normales rurales General. Emiliano Zapata de Amilcingo Morelos, Lic. Benito Juárez García de Panotla Tlaxcala y Carmén Serdán de Teteles Puebla, así como la Alianza Popular de Ciudadanos Unidos de Atlixco (APCUA), Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE-Puebla), Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, región Malinche, Frente de Colonos Urbano Popular 28 de Junio (FCUP), Unión Por la Organización Estudiantil (UPOE), Red de Defensa de los Derechos Humanos (REDDH), IZQUIERDA VERDE POBLANA, RED MIGRANTE TEHUACAN, EL ESTADO 33 NYC, Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos (RENDDH), Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS). CONVOCAMOS A UNA MARCHA QUE SE REALIZARA ESTE 26 DE SEPTIEMBRE A LAS 16:00 HORAS, QUE PARTIRÁ DE PLAZA DORADA CON DIRECCIÓN AL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE PUEBLA.
¡Presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos por el régimen en el país!
¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!
¡Libertad inmediata a todos los presos políticos y de conciencia del país!
¡Alto al terrorismo de Estado!
¡Alto a la criminalización de la pobreza y protesta popular!
¡Alto a la militarización y paramilitarización!
¡Por la unidad obrera, campesina y popular!
