54 días de encarcelamiento injusto de los DDH María González Santiesteban y Julio César Morales Sántiz
La detención y encarcelamiento injusto ha sido la maniobra represiva del gobierno de Juan Sabines Guerrero, que a petición de los caciques de la región de Altamirano se han unido y coordinado para arremeter en contra del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo en Chiapas
Apóyanos firmando esta Acción Urgente humanitaria. Juntos podemos impedir más injusticias.
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http://www.change.org/es/peticiones/gobernador-del-estado-de-chiapas-detenciones-arbitrarias-vs-la-uni%C3%B3n-de-transportes-el-quetzalito
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas 23 de agosto de 2012.
A los medios de comunicación.
A los organismos defensores de los derechos humanos nacionales e internacionales.
A las organizaciones sociales, políticas, democráticas e independientes.
A la opinión pública.
Han transcurrido 54 días desde la detención y encarcelamiento injusto de la compañera defensora de los derechos humanos Dulce María González Santiesteban y del compañero defensor de los derechos humanos Julio César Morales Sántiz, ambos militantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), quienes fueron aprehendidos por la policía municipal y estatal preventiva después de ser agredidos en una emboscada en la cabecera municipal de Altamirano por parte del grupo de choque dirigidos por los propietarios de las cooperativas de transporte Laguna Miramar y San Carlos y protegidos por las autoridades estatales.
La detención y encarcelamiento injusto ha sido la maniobra represiva del gobierno de Juan Sabines Guerrero, que a petición de los caciques de la región de Altamirano se han unido y coordinado para arremeter en contra del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo en Chiapas, y de manera particular con los compañeros de la Unión de Transportistas “El Quetzalito” y la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ).
Los compañeros de la Unión de Transportistas “El Quetzalito” han sido víctimas de diferentes represalias por parte de las autoridades locales y estatales, así como de grupos creados ex profeso, que han intentado por todos los medios obstaculizar y coartar su derecho a un trabajo digno.
Dulce María González Santiesteban realizaba su labor de defensora con la Unión de Transportistas “El quetzalito” y Julio César Morales Sántiz con los compañeros de la OCEZ, de las cuales son miembros respectivamente.
La aprehensión extrajudicial y encarcelamiento injusto de los compañeros es parte de la política represiva del gobierno estatal, que engloba un conjunto de hechos arbitrarios, represivos, que violan en todo momento los derechos humanos de quienes integramos el FNLS.
Los compañeros de la Unión de Transportistas el Quetzalito han solicitado desde hace más de 3 años permisos o concesiones ante la Secretaria de Transportes para poder laborar como transportistas en modalidad de taxis en la ruta Altamirano-Ocosingo.
Desde ese momento el gobierno del estado niega todo derecho pretextando que el estudio de factibilidad no ofrecía buenos resultados, situación que le sirvió al gobierno y a los caciques regionales de pretexto para criminalizar la lucha por un trabajo digno de los compañeros.
Desde la visión de la criminalización de la pobreza, la protesta y la resistencia popular, que se ha hecho política de estado se han fundado los discursos del “restablecimiento del estado de derecho”, que en la práctica significan agresiones y violaciones constantes de derechos humanos mediante diferentes formas de represión, tanto masiva como selectiva.
Esa es la respuesta que hemos recibido al conjunto de organizaciones que conformamos el FNLS y el conjunto de organizaciones populares, y que hoy se expresa en el encarcelamiento injusto de más de un mes y medio de los compañeros, incriminados y procesados por el delito de “LESIONES CALIFICADAS”, que a pesar de ser un delito menor, los mantienen en las mazmorras por consigna del gobierno de Sabines y los caciques de la región.
Previo a su detención y encarcelamiento hemos venido denunciando la actitud represiva y parcial de las autoridades al judicializar el proceso de gestión de los permisos y concesiones de autotransporte, iniciando averiguaciones previas en contra de los compañeros de la Unión de Transportistas “El Quetzalito”, y negándose los distintos ministerios públicos de Altamirano y Ocosingo a recibir las denuncias que hemos hecho en relación a las agresiones perpetradas por policías y los grupos de choque.
Desde la detención de los compañeros se han visto irregularidades, consecuentemente en el proceso judicial que han llevado las autoridades, esto demuestra el actuar parcial y arbitrario que sirve para mantener en el penal a nuestros compañeros.
Ahora es el juez Carlos Inocencio Hernández Urbina, del Juzgado Segundo de lo Penal, quien se presta para mantener en el penal a nuestros compañeros con el uso faccioso de las leyes, actuando a modo, de manera parcial en favor de los intereses caciquiles que han impedido y cuartado el derecho al trabajo a los compañeros transportistas, en tanto se les dan tratos crueles y degradantes al interior del penal.
En la Audiencia de Derecho efectuada en la Fiscalía para la Justicia Indígena, el pasado 20 de junio quedó de manifiesto el plan orquestado del gobierno al ocultar el expediente del caso a los defensores legales, en tanto que la defensoría de oficio actuó al margen de los intereses de los defendidos, situación que evidencia la intención política del gobierno de mantenerlos como rehenes políticos en el CERESO 5, pretendiendo con ello hacer que desistamos de la lucha por la defensa del trabajo y por la exigencia de la libertad de los presos políticos y de conciencia del país.
Responsabilizamos al gobierno de Juan Sabines Guerrero, al juez Carlos Inocencio Hernández Urbina de la integridad física y psicológica de nuestros compañeros presos, y de todos los que integramos en FNLS.
Exigimos al gobierno del estado:
La libertad inmediata e incondicional de la compañera Dulce María González Santiesteban y del compañero Julio César Morales Sántiz, ya que no existen elementos suficientes para privarles de su libertad.
La devolución de las dos unidades tipo Tsuru que han sido robadas por los concesionados de las cooperativas de Laguna Miramar y San Carlos, en coordinación con la organización Lucha Campesina I y II.
Cese al hostigamiento y represión de los que integramos el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo.
Por ello, en tanto no sean puestos en libertad la compañera Dulce María González Santiesteban y el compañero Julio César Morales Sántiz, estaremos emprendiendo una jornada de lucha por la libertad de los presos políticos y de conciencia del país, que iniciaremos este 25 de agosto, con diversas movilizaciones en el país, en el marco de la Campaña Permanente de Denuncia contra la militarización, la criminalización de la protesta popular y las desapariciones forzadas por motivos políticos y sociales.
En este contexto convocamos en el marco de la solidaridad, a todas aquellas organizaciones sociales, políticas, democráticas e independientes, personalidades progresistas y sectores organizados, a pronunciarse por la libertad de los compañeros presos políticos, por la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos, así como sumarse a las actividades que se estarán realizando desde el 25 de agosto en diferentes estados de la república.
A los organismos defensores de los derechos humanos hacemos la invitación a estar atentos a los acontecimientos que se deriven de la presente jornada de lucha y puedan en algún momento pronunciarse al respecto.
¡Libertad inmediata e incondicional de Dulce María González Santiesteban y Julio César Morales Sántiz, presos políticos!
¡Presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos por el régimen!
¡Presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Francisco Paredes Ruiz!
¡Por la unidad obrera, campesina, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
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