De una fosa a la otra; a dos años de la Masacre de San Fernando, Tamaulipas
Difusión Cencos México D.F., 23 de agosto de 2012
Boletín de prensa
Frontera con Justicia / CDDH Fray Juan de Larios
Frontera con Justicia / CDDH Fray Juan de Larios
La corruptela y la impunidad al interior de las autoridades propician la repetición de hechos.
A dos años de la Masacre de 72 Migrantes en San Fernando, Tamaulipas, el 23 de agosto de 2010; y del descubrimiento de las fosas en las que se encontraban, acudimos a un escenario por demás desolador en el que las ejecuciones en contra de migrantes se siguen manifestando sin que el Gobierno Mexicano muestre eficacia siquiera en el diseño de sus estrategias de combate al secuestro y la garantía de protección y seguridad a quienes transitan por territorio mexicano, sean nacionales o extranjeros.
Fallan procuradurías de justicia en las investigaciones para la identificación de cuerpos en la Masacre de San Fernando y otras |
Pero a la Masacre de San Fernando, han seguido otras más, tan sólo en el mes de abril de 2011, 121 cuerpos más fueron encontrados dando un total de 173 migrantes encontrados en 47 fosas clandestinas tan sólo en el Estado de Tamaulipas. Del total de estos, 93 fueron enviados a fosas clandestinas sin que los procedimientos periciales en las investigaciones lograran la identificación de los cadáveres, atendiendo a la pretensión de engañar a familiares de migrantes en Centroamérica a quienes se les hizo llegar algunos restos, conteniendo los ataúdes cualquier cosa menos restos humanos. Sin contar las fosas que se han encontrado en el Estado de Durango.
Para esto, el 13 de junio de 2011, varias Organizaciones de la Sociedad Civil, solicitaron a instancias internacionales la observación a fin de requieran a México, El Salvador, Guatemala Honduras y Ecuador, que adopten medidas de urgente aplicación para atender a los familiares de las víctimas relacionadas con la masacre de 72 personas migrantes y los restos localizados en las fosas clandestinas. Buscando evitar un daño irreparable que se ocasionaría en términos de vida, integridad y acceso a la justicia de los familiares de las víctimas y testigos relacionados con los hechos.
Hasta hoy, ninguna de las acciones anunciadas por el Gobierno Federal tales como la Ley Antisecuestro, y la Estrategia Integral para la Prevención y Combate al Secuestro de Migrantes, con fecha del 31 de agosto de 2010, han dado los resultados esperados en el tema. Esto sin contar los miles de migrantes que siguen desaparecidos según cifras de organizaciones centroamericanas y datos de la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos.
No podemos perder de vista que el 13 de mayo de 2012, 49 cuerpos más fueron encontrados en el municipio de Cadereyta en el Estado de Nuevo León, ante lo cual la declaración primera del Gobernador Rodrigo Medina fue que “se puede tratar de migrantes”, sin confirmarlo. Para el 14 de junio, las investigaciones sobre estos torsos no arrojaban dato algunos sobre la identificación. El día 24 de julio, a través de los medios, se sabe que una vocera de la policía de Nuevo León, que por protocolo no proporcionó su nombre, declara en medios que ante la imposibilidad para identificar los 49 torsos abandonados en Cadereyta, podrían ser enviados a la fosa común al permanecer como no identificados. Cosa que de facto sucedió pese a que más de cien Organizaciones de la Sociedad Civil e individuos enviaron una carta pública dirigida al Gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, con copia para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Nuevo León, Amnistía Internacional – Londres, la Representación del Parlamento europeo en México, la Embajada de España en México, la Embajada de Alemania en México, la Plataforma de Derechos Humanos de Alemania y la Embajada de Irlanda en México. A esta carta no recibimos ni el acuse de recibido por ninguna de las partes citadas.
La corrupción y la impunidad siguen siendo principios rectores en las investigaciones dirigidas por las procuradurías de justicia y las comisiones de derechos humanos, nacional y estatal, se han mostrado ineficientes, negligentes y desinteresadas en sus diligencias. Hacemos especial énfasis en que la visa transmigrante no existe, como el Senado de la República lo ha hecho notar en su publicidad y como se ha hecho creer a las personas migrantes en tránsito por México a través de la misma, además de que, de existir, esta no garantizaría la protección y seguridad de las personas migrantes en tránsito por México. No es, la visa, una solución, ni siquiera una reparación del daño y garantía de no repetición de hechos. Adicionalmente, el Reglamento de la Ley de Migración sigue sin publicarse, sin haberse trabajado de forma conjunta con la Sociedad Civil según la recomendación del Relator Felipe González en su visita a México en Julio-Agosto de 2011, y el propuesto va contra principios constitucionales, los tratados internacionales de derechos humanos y es violatorio de los derechos humanos de las personas migrantes.
Por todo esto:
- Exigimos al Gobierno Federal que se acepte el equipo independiente de peritos y observadores internacionales en torno a las investigaciones de fosas clandestinas y personas no localizadas en México.
- Solicitamos que los el Gobierno Federal y los gobiernos estatales desarrollen estrategias de prevención y erradicación del secuestro y desaparición de mexicanos y extranjeros.
- Que las procuradurías y fiscalías desarrollen sistemas de búsqueda de mexicanos y extranjeros desaparecidos y no localizados en convenio con países de Centroamérica que estén involucrados.
- Que el Estado Mexicano y entidades federativas apliquen las recomendaciones del grupo de trabajo de la ONU en el tema de desaparición forzada para México
Declaramos que las casas, centros de derechos humanos y estancias de migrantes, reafirmamos nuestro compromiso de lucha en la promoción y defensa de los derechos humanos de personas migrantes en tránsito por México.
Casa del Migrante de Saltillo (Frontera con Justicia, A.C.)
Centro Diocesano por los Derechos Humanos Fray Juan de Larios.
Persona de contacto:
Alberto Xicotencatl Carrasco
Director de Casa del Migrante de Saltillo
Nextel 844.255.6127
Celular 844.442.0870
Oficina 844.111.3273
Director de Casa del Migrante de Saltillo
Nextel 844.255.6127
Celular 844.442.0870
Oficina 844.111.3273
22 de agosto de 2012
Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos
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