TEXTO DE LA CONFERENCIA DE PRENSA: 30 DE AGOSTO DÍA INTERNACIONAL DEL DETENIDO DESAPARECIDO Y PRIMER ANIVERSARIO DE LA CAMPAÑA NACIONAL CONTRA LA DESAPARICIÓN FORZADA EN MÉXICO

Martes 30 de agosto de 2011 por Comité Cerezo

El 30 de agosto es un día emblemático para recordar, no olvidar y no perdonar a los perpetradores de estos crímenes, así como también para dignificar a nuestros detenidos desaparecidos, para seguir luchando por el juicio y castigo a los responsables y para lograr garantías de no repetición de este crimen de lesa humanidad.

México D.F, a 30 de agosto del 2011

El 30 de agosto del 2010, hace precisamente un año, un conjunto de familiares, organizaciones de derechos humanos y sociales lanzamos la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada en México. El motivo de esta iniciativa: la grave situación que se vive en el país, entre otras razones, por el incremento alarmante de casos de desaparición forzada.

Como Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada en México hemos documentado del 2005 a la fecha 28 casos de desaparición forzada en contra de defensores de derechos humanos y 2 casos de miembros de grupos insurgentes. Sin embargo, la desaparición forzada, no sólo es una estrategia dirigida en contra del movimiento organizado sino se ha convertido en una política de Estado que en el actual contexto de militarización y paramilitarización puede afectar a cualquier persona. Los registros de prensa nos hablan de más de 3000 personas víctimas de desaparición forzada y hasta la fecha existe 100% de impunidad en todos estos casos.

Actualmente, no hay ningún funcionario del gobierno de ningún nivel que haya sido enjuiciado y sentenciado por el delito de desaparición forzada e incluso las posibilidades de recurrir a instancias internacionales, como el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, se ven frustradas ante la negativa del Estado mexicano de reconocer su competencia.

La negación sistemática de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral del daño de las víctimas de desaparición forzada tanto en el período histórico de la llamada “guerra sucia”, como en la actual política de seguridad implementada por el titular del Poder Ejecutivo, con el consecuente incremento de las desapariciones de personas, es un claro ejemplo de que no existe voluntad política para erradicar la desaparición forzada de personas.

Elegimos el 30 de agosto por que en este día se conmemora en muchas partes del mundo y, especialmente, en Latinoamérica, El Día Internacional del Detenido Desaparecido, gracias a la iniciativa de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM), Federación que también forma parte de esta Campaña.

Los objetivos principales de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada en México son:

Exigir la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos del país, exigir el castigo a los autores materiales e intelectuales de este crimen de Estado
Contribuir a la denuncia y concientización sobre esta grave violación a los derechos humanos;
Así como desarrollar iniciativas concretas que aporten y acompañen la lucha de familiares y organizaciones en contra de este crimen de lesa humanidad.

La Campaña, actualmente, está integrada por 63 organizaciones a nivel nacional, 24 personas a título individual y 13 organizaciones internacionales. Las cuales se coordinan para poder desarrollar actividades conjuntas, cuando así lo disponen.

Durante este primer año la Campaña ha podido desarrollar diversas actividades para visibilizar este grave crimen:

En agosto del 2010 presentamos el manual ¿Qué hacer en caso de desaparición forzada? con un tiraje de 800 manuales y el cual se puede encontrar en internet. El Manual es una herramienta que proporciona una visión general de lo que podemos hacer ante esta grave violación a los derechos humanos También hemos desarrollado diversos foros de análisis en los que se ha discutido la necesidad de legislar a nivel federal y estatal en materia de desaparición forzada en México.

En el mes de marzo del 2011 hicimos público el Informe sobre desaparición forzada en México 2011, el cual fue presentado ante el Grupo de Trabajo Sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias (GTSDFI) de la ONU en su visita a México. En este informe denunciamos la grave problemática que existe en nuestro país respecto a la desaparición forzada y manifestamos nuestra preocupación por el abuso desmedido de las fuerzas armadas y policiales en contra de la sociedad en el contexto de la militarización del país y su responsabilidad en diversos casos de desapariciones forzadas. Creemos que dicho informe fue sumamente importante ya que en sus recomendaciones preliminares el (GTSDFI), retoma parte sustancial de éste.

Del 23 al 30 de mayo de este año 2011 desarrollamos diversas actividades como marchas, talleres de derechos humanos y documentación, encuentros con familiares de víctimas de desaparición forzada, eventos culturales, foros y conferencias sobre la desaparición forzada en México, todo esto, en el marco de la Semana Internacional del detenido desaparecido. Estas actividades fueron realizadas en mayor o menor medida por las diferentes organizaciones que forman parte de la campaña de manera simultánea en Veracruz, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Michoacán, Sinaloa, Chiapas y Puebla. El domingo pasado, 28 de Agosto, en el zócalo de la Ciudad de México, realizamos un evento político cultural que llamamos: NI DESAPARICIONES NI IMPUNIDAD” JUICIO Y CASTIGO junto con una exposición gráfica titulada: Desaparición Forzada en México.

Y este 30 de agosto les informamos que organizaciones que son parte de la Campaña, en el trascurso de día, realizaran conferencias de prensa, actos políticos culturales, movilizaciones y volanteos en Chiapas, Guerrero, Sinaloa, Michoacán, Veracruz, Puebla e Hidalgo con el objetivo de hacer manifiesto la lucha contra la desaparición forzada en el país.

Como Campaña este 30 de agosto, Día Internacional del Detenido Desaparecido, es y debe ser para todos un día de reflexión y acción, un día de condena y rechazo ante los gobiernos que no sólo han mantenido en la impunidad a los responsables intelectuales y materiales de cometer estos crímenes de lesa humanidad, sino que continúan alentando esta aberrante práctica como una política de Estado para mantener, mediante el terror, el control sobre la sociedad y el pueblo organizado.

Por último, como CAMPAÑA NACIONAL CONTRA LA DESAPARICIÓN FORZADA estás son nuestras exigencias al Estado mexicano:

Que el Estado presente con vida a todas y a todos los detenidos desaparecidos de ayer y de hoy.
Que el Estado, con participación activa de la sociedad, promulgue una Ley General contra la Desaparición Forzada de Personas, a fin de que se garanticen la prevención, sanción y erradicación de la práctica de la desaparición forzada de personas y contemple, así mismo, medidas concretas y eficaces de protección, derecho a la verdad, justicia y reparación integral del daño a las víctimas de esta grave violación a los derechos humanos, incluyendo a las víctimas indirectas;
Que el Estado reforme el Código Penal Federal y los códigos penales estatales para armonizar el tipo penal de desaparición forzada a lo que dicta la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de la ONU.
Que el Estado reforme la Ley de Amparo para que el Estado garantice a toda persona la disponibilidad de un recurso judicial efectivo de protección y acceso a la justicia en casos de desaparición forzada;
Que el Estado asuma sus obligaciones en materia de investigación de los hechos, sanción de los responsables y reparación integral del daño para las víctimas de desapariciones forzadas y otras violaciones graves de los derechos humanos durante el período llamado “guerra sucia”, adoptando medidas simbólicas, jurídicas, económicas y políticas para garantizar la satisfacción de las expectativas de justicia transicional en el país y el combate a la impunidad.
Que el Estado cumpla con sus obligaciones en materia de investigación, persecución y sanción de casos de desaparición forzada de cualquier persona a fin de combatir efectivamente la impunidad que priva en estos casos;
Que el Estado cumpla con sus obligaciones en materia de investigación, persecución y sanción de casos de desaparición forzada de las defensoras y defensores de derechos humanos, así como las amenazas, hostigamiento y ataques contra defensoras y defensores de personas desaparecidas, a fin de combatir efectivamente la impunidad que priva en estos casos;
Que el Estado establezca un protocolo de investigación, documentación y cooperación de carácter urgente que dé respuesta inmediata a los casos de personas reportadas como desaparecidas, que contemple la coadyuvancia de los familiares y sus organizaciones en los casos necesarios
Que el Estado establezca un registro público nacional de personas desaparecidas forzadas – cuyo diseño, implementación y seguimiento cuente con la participación de la sociedad civil –, a fin de que no se sustraiga de sus obligaciones y se cuente con un control estadístico y transparencia sobre esta situación;
Que el Estado implemente una instancia especializada encargada de realizar la búsqueda de personas desaparecidas, así como de un órgano independiente e imparcial que permita resguardar y proteger las muestras de ADN de aquellos familiares que otorguen su consentimiento al respecto, a fin de crear un banco de ADN que sea útil para la búsqueda y registro de los casos de desaparición forzada.
Que el Estado establezca protocolos de actuación más efectivos en materia de investigación de los hechos y persecución de los responsables de este delito;
Que el Estado destine mayores recursos a la capacitación y contratación de personal calificado, así como recursos y herramientas especializados para la investigación de casos de desaparición forzada de personas y establezca un fondo de contingencia social para las familias que queden en el desamparo;
Que el Estado sancione efectivamente y en la jurisdicción ordinaria a los elementos de las Fuerzas Armadas involucrados en casos de desaparición forzada en el actual contexto de militarización de la seguridad pública;
Que el Estado reconozca a la brevedad la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, contemplado en el artículo 26 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas Contra la Desaparición Forzada CIPPDF, a fin de reforzar el entramado de protección internacional de los derechos humanos de toda persona en caso de desaparición forzada.
Que el Estado cumpla de manera puntual, integral y sin demora todos y cada uno de los puntos resolutivos de las sentencias internacionales en que se condena a México por violaciones probadas de los derechos humanos, sin que ninguno de los Poderes de la Unión ni de las entidades federativas se sustraiga del acatamiento de sus respectivas obligaciones internacionales.
Que el Estado acepte las recomendaciones del Grupo de Trabajo Sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias (GTSDFI) de la ONU.