Manifiesto del Sindicato Mexicano de Electricistas
en el LI Aniversario de la
Nacionalización de la Industria Eléctrica
“COMPATRIOTAS:
Al tomar posesión la Nación mexicana de la Compañía de Luz, se consuma un largo esfuerzo desarrollado por el pueblo de
México para tener en sus manos la energía eléctrica que en el país se produce por manos de mexicanos.
La nacionalización de la energía eléctrica es una meta
alcanzada por el pueblo en el camino de la Revolución…
No habrá en la industria eléctrica ni merinos ni ladrones,
porque contamos no sólo con la energía del gobierno,
que habremos de poner en juego, sino con la lealtad
de los trabajadores electricistas, que habrán de ser soldados
permanentes en la vigilancia de los intereses del pueblo…
¡Adelante... México es nuestro!”
Lic. Adolfo López Mateos, 27 de Septiembre de 1960
Con este discurso, el presidente Adolfo López Mateos -ante un Zócalo repleto de decenas de miles de mexicanos, entre los cuales se encontraban los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas- definió el carácter social del servicio público de electricidad, un servicio que debiera ser accesible para toda la población, eficiente, barato, con condiciones de trabajo dignas para los electricistas que lo hacen posible y una industria eléctrica nacionalizada que sirviera de palanca para el desarrollo económico independiente de México.
Hasta ese entonces, el servicio público de electricidad sólo cubría al 40% de la población, era deficiente, las tarifas inaccesibles y las condiciones de trabajo precarias, para los electricistas. Todo ello significaba una enorme traba para el desarrollo nacional. La industria eléctrica en manos privadas y extranjeras solo beneficiaba a unos cuantos que se apropiaban de las ganancias resultado de la sobreexplotación de nuestros recursos naturales y humanos.El 29 de diciembre de ese mismo año se agregó al párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución el siguiente texto: “Corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines”.
Esta acertada política nacionalista permitió un impulso vigoroso de la industria eléctrica. En solo dos décadas llevó el fluido eléctrico a casi el 99% de la población, unificó sus frecuencias, modernizó el servicio, alcanzó un margen de reserva suficiente en su capacidad de generación y ofreció un precio accesible para los consumidores, como condiciones de trabajo dignas para sus trabajadores. Es indudable que todas estas bondades contribuyeron al largo período de crecimiento económico que se extendió de 1960 a 1975.
La curva descendente del capitalismo, iniciada en 1975-76 y que ahora llega al punto más bajo que hemos conocido, constituyó el punto de arranque de una ofensiva neoliberal dirigida por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional destinada a destruir las conquistas laborales y a imponer la privatización de los servicios públicos, como mecanismos que permitieran la recomposición de la tasa de ganancia del capital. Los resultados de esta política hablan por si mismos: en nuestro país, la ofensiva en contra de la clase trabajadora, en casi tres décadas, provocó la reducción del 80% de nuestros salarios reales, la extensión de la jornada de trabajo, la intensificación de la productividad en el trabajo sin compensación alguna, la cancelación de los más elementales derechos laborales, un permanente ataque en contra de los sindicatos democráticos e independientes, así como la privatización de los servicios públicos y la ruptura del orden constitucional en materia energética.
Las reformas a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE), realizadas en 1992 bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari para crear diversas figuras de productores “independientes” de generación de energía eléctrica, contradicen el párrafo sexto del artículo 27 constitucional y por lo tanto dejan en una completa ilegalidad cualquier inversión, permiso o participación del capital privado en esta materia, así como las concesiones en su infraestructura de telecomunicaciones (fibra óptica).
Conscientes de esta contradicción jurídica, los ex presidentes Ernesto Zedillo y Vicente Fox intentaron modificar, cada uno durante su mandato presidencial, el mencionado párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución y sus respectivas leyes secundarias, para permitir la participación del capital privado en un sector reservado con exclusividad para el Estado. La intensa movilización de amplios sectores de la sociedad encabezados por el Sindicato Mexicano de Electricistas logró frenar estas reformas privatizadoras. Al final, ambas iniciativas fueron desechadas por sendos dictámenes en el Senado de la República y la Suprema Corte de Justicia de la Nación el abril del 2002.
La privatización furtiva.
No obstante a los impedimentos constitucionales y actuando completamente a espaldas del pueblo de México, desde 1992 se viene impulsando una privatización furtiva del servicio público de energía eléctrica. Al 31 de agosto del 2011, la Comisión Reguladora de Energía reportó un total de 620 permisos vigentes de generación en manos privadas, principalmente extranjeras, bajo diferentes modalidades. En su conjunto, estos permisos representan el 50% de la capacidad total de generación eléctrica con que cuenta el país. La participación del capital privado por estos “Productores Independientes” es fundamentalmente trasnacional. Las empresas españolas, Iberdrola y Unión Fenosa controlan, a su vez, el 50% de la inversión extranjera. La inversión privada en el Sector Eléctrico es todo un ejemplo de ilegalidad, despilfarro, corrupción y la principal causa del injustificado incremento en las tarifas eléctricas del servicio doméstico.
Del 2001 al 2009, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha trasferido a las empresas trasnacionales más de 268 mil millones de pesos por compra de energía eléctrica en bloque a los productores privados. Pero eso no es todo, los contribuyentes mexicanos estamos obligados a pagar a las empresas trasnacionales 1.3 billones de pesos en los próximos 25 años a consecuencia de la desnacionalización de la industria eléctrica. Para amortizar ese pago, la CFE esta solicitando a la Cámara de Diputados una partida presupuestal de 67 mil millones de pesos para el ejercicio del 2012. Estas trasferencias de recursos públicos al capital privado son innecesarias y constituyen un verdadero atraco a la nación, toda vez que México cuenta con un margen de reserva de energía eléctrica del 47% de su capacidad instalada.
De 2001 al 2009, la generación privada de electricidad paso de 484 MW a 11,457 mientras, que la CFE creció de 36, 236 MW a 38, 927, es decir en el mismo lapso, los privados crecieron 2,367% mientras que CFE creció sólo un 7.42 %. Para tratar de amortiguar la existencia de la capacidad de generación excedente, la CFE ha retirado de operación plantas antiguas en perfecto estado, cuya operación a bajo costo y probada eficiencia productiva resulta competitiva. Estas plantas retiradas se venden como chatarra y se sustituyen con plantas de ciclo combinado cuyo costo de importación de gas natural es sumamente caro y que habrán de pagar los usuarios con tarifas más altas.
También se ha optado por mantener a un mínimo el funcionamiento de las plantas hidroeléctricas, lo cual es causa directa de tragedias como las inundaciones ocurridas en Tabasco en 2008 y de una mayor generación de gases de efecto invernadero.
La obsesiva política neoliberal de favorecer la generación privada de electricidad, por encima de cualquier criterio técnico o financiero arroja un saldo de escandalosos robos a la nación. Los contratos de operación que la Comisión Reguladora de Energía otorga a las empresas trasnacionales ofrecen todas las ventajas y ningún riesgo a los inversionistas. Operan ganando por partida doble, primero por la venta de energía que al país le cuesta más de 67 mil millones de pesos anuales. Pero también a través de esquemas de inversión conocidos como PIDIREGAS (Proyectos de Impacto Diferido en el Registro del Gasto), en donde el Estado mexicano asume el riesgo de la inversión, el abasto del gas natural importado, paga la amortización de la inversión, los onerosos intereses que generan y otorga contratos que aseguran la compra del cien por ciento de la capacidad de generación de los privados. Negocio redondo para las multinacionales.
La Privatización forzosa de la Industria Eléctrica.
Ante el fracaso de las reformas al marco jurídico de la industria eléctrica impulsadas por Zedillo y Fox, el gobierno de Felipe Calderón se decidió a dar un salto hacia la privatización forzosa del Sector. Con la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) se abre un nuevo capítulo en el proceso de privatización de la industria eléctrica caracterizado por el ataque frontal en contra del SME y su contrato colectivo, así como por la violación a los preceptos constitucionales del Artículo 27 y de la propia LSPEE. Al despedir masivamente a quienes asumieron el deber de la defensa de la Industria Eléctrica Nacionalizada, el gobierno federal creo condiciones para hacer pasar a terceros el mantenimiento y la operación de las redes de transmisión y distribución en la zona de atención de LyFC. A la fecha existen más de 300 contratos con empresas de terceros que operan con trabajadores inexpertos en condiciones precarias lo que ha ocasionado decenas de accidentes mortales.
El decreto presidencial de extinción de LyFC, violentó la facultad del Congreso de la Unión de modificar la LSPEE, lamentablemente este poder no ejerció su derecho de promover una controversia constitucional, por lo tanto, esta ley continúa contemplando la existencia de este organismo. Por esa razón, el SME promovió desde el 11 de noviembre del 2010 una iniciativa de ley para crear un nuevo organismo público descentralizado que suministre energía eléctrica en la zona centro del país. Esta iniciativa tendrá que ser votada en el pleno de la Cámara de Diputados. Los diputados de la LXI legislatura están en una disyuntiva, o restablecen el orden Constitucional y ejercen sus facultades exclusivas establecidas en el art. 73 fracción X de la Constitución, o seguirán respetando el acuerdo de Bucareli que incumplió el partido en el poder.
CFE. Empresa de Corrupción Mundial.
Este atropello en contra de la Nación y sus leyes continua y pasa por los graves casos de corrupción ocurridos en CFE bajo la dirección de Alfredo Elías Ayub y de los cuales los procesos judiciales en contra de Néstor Moreno Díaz y María Elena Guerrero Escamilla no son más que la punta del iceberg.
El caso de Néstor Moreno Díaz, ex director de Operación de CFE encargado de asumir la operación de la zona centro del país luego del inconstitucional decreto de extinción de LyFC, es todo un monumento a la descomposición y corrupción oficial en el actual sexenio. Investigado desde hace casi dos años luego de conocerse la encarcelación de empresarios norteamericanos confesos de sobornarlo con la entrega de cuantiosas sumas de dinero, yates y ferraris, Néstor Moreno Díaz fue detenido por la PGR y puesto en libertad en menos de 48 horas, para después desaparecer misteriosamente, sin que las autoridades logren su reaprensión.
Aún más patético es el caso de la trabajadora María Elena Guerrero Escamilla, ex cajera de la CFE, que desde junio de 2007 está presa por denunciar un fraude contra el patrimonio de la empresa por 308 millones de pesos.
Por la renacionalización de la industria eléctrica
La reciente experiencia de la privatización de la energía eléctrica en México no deja la menor duda de su inviabilidad e ineficiencia. México nunca necesitó ni necesita de la participación del capital privado en esta materia. Reiteramos que el proceso de privatización de la industria eléctrica es causa directa del incremento de tarifas y del enorme descontento de la población por ese motivo.
Nos manifestamos en contra de que se siga persiguiendo con saña a las decenas de miles de usuarios que protestan por los abusos cometidos por la “empresa de clase mundial” y llamamos a resolver este conflicto a través del diálogo y del restablecimiento del orden constitucional.
Cumpliendo con nuestra obligación de seguir siendo “soldados permanentes en la vigilancia de los intereses del pueblo”, los trabajadores electricistas hacemos un llamado para continuar la lucha por la renacionalización de la industria eléctrica, para modernizarla y establecer una tarifa social que la haga accesible a toda la población y por el respeto a los derechos laborales de los trabajadores afiliados al SUTERM y al SME.
Exigimos el cumplimiento, por parte del gobierno federal, del acuerdo suscrito el pasado 13 de septiembre para la reinserción laboral en el Sector Eléctrico de todos los trabajadores que no nos hemos liquidado y la libertad de nuestros 12 presos políticos. Así mismo demandamos un alto al incremento de las tarifas eléctricas y cese al hostigamiento policiaco y judicial de CFE en contra de los usuarios del servicio público de electricidad.
A casi dos años de resistencia, el Sindicato Mexicano de Electricistas, sus activos y jubilados, se mantienen firmes en la defensa de la Industria Eléctrica Nacionalizada y convoca a todos los mexicanos a la conmemoración de su 51 aniversario, este martes 27 de septiembre del 2011: 17:00 hrs. Gran concentración electricista y popular por la renacionalización de la Industria Eléctrica. Monumento a la Revolución. Ciudad de México.
¡SOLUCION AL CONFLICTO DEL SME!!
¡¡TRABAJO PARA LOS 16, 599 ELECTRICISTAS EN RESISTENCIA!!
¡¡LIBERTAD A NUESTROS PRESOS POLITICOS!!
¡¡ALTO AL ALZA DE LAS TARIFAS ELECTRICAS!!
¡¡FRENO A LA IMPUNIDAD DE LA CORRUPCION EN CFE!!
¡¡VIVA LA DIGNA LUCHA DE RESISTENCIA DEL SME!!
FRATERNALMENTE
“POR EL DERECHO Y LA JUSTICIA DEL TRABAJADOR”
México, D.F. a 27 de Septiembre del 2011.
SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS
COMITE CENTRAL
COMISIONES AUTONOMAS.
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