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Quiero referirme, si me lo permiten, de manera general a los temas del Grupo de Trabajo de la ONU para el caso de México, para intentar dar una panorámica general sobre el grave problema de la desaparición forzada de personas. No pretendo extenderme sobre las cantidades de casos y siniestros números, sino sobre sus conclusiones generales. Estoy informada sobre reuniones que ya han tenido con compañeros y compañeras de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos e incluso de familiares de desaparecidos que les han proporcionado información al respecto. Hoy mismo tendremos la siguiente reunión del Grupo de Trabajo con el Comité “Eureka!” de familiares de desaparecidos donde podremos entrar también en esos detalles con la voz de mis compañeras. El balance que quiero trasmitirles es muy crítico y doloroso. No me refiero solamente a la impunidad y falta de justicia frente a los casos de los desaparecidos de los años 70s y 80s, sino a la renovada práctica de la desaparición forzada de personas que se ha elevado a cantidades y niveles escandalosos desde diciembre del 2006 con la declaración de guerra contra el narcotráfico hecha por Felipe Calderón y la consiguiente militarización del país. La descomposición social y política y de instituciones del Estado que se vive actualmente hace que, aunque hay ahora una mayor conciencia y preocupación por los derechos humanos en la sociedad que cuando empezamos nuestra lucha por la presentación de los desaparecidos, la impunidad, falta de voluntad política de la autoridad en todos sus niveles, la corrupción y complicidad frente a este delito de lesa humanidad y las demás violaciones a derechos humanos convierte avances legales, como la limitada reforma constitucional de derechos humanos en curso, la existencia de organismos estatales para la defensa de los derechos humanos solapadores e ineficaces con sus inocuas recomendaciones, en gestos que son utilizados por el poder para ponerse una máscara y hacerse propaganda como respetuoso y preocupado por la vigencia de estos derechos, al mismo tiempo que los atropella y viola sistemáticamente. Incluso atacando ahora también a los activistas y defensores de derechos humanos. Frente a la terrible situación que se vive en el país muchos se ilusionan ahora con los recursos internacionales para obligar al Estado mexicano a cambiar en este terreno. Así es vista la reforma constitucional en lo relativo a los compromisos internacionales de México, pero al mismo tiempo estamos confirmando el desprecio y burla del gobierno mexicano en casos concretos como el de la resolución de la Corte Interamericana sobre el caso de la desaparición de Rosendo Radilla. Es también la ilusión que anima a muchos en estas comparecencias ante el Grupo de Trabajo de la ONU, cuando mi propia experiencia de años, evidencia la incapacidad de organismos internacionales de frenar la práctica de la desaparición forzada en México o de lograr la justicia en los casos denunciados por familiares de los desaparecidos. Peor aún, cuando el Estado mexicano se niega a reconocerle competencia al Comité Contra la Desaparición Forzada de Personas de la ONU. Hablar ante este Grupo de Trabajo es útil para denunciar y dar a conocer públicamente la gravedad de la situación. El Estado mexicano, incluso con la representación de gobiernos de distinta identidad política partidaria como lo hemos constatado en estas décadas, mantiene la constante violación a los derechos humanos, al subordinar su ejercicio a los intereses económicos y sociales de privilegio para una minoría que defienden. Solamente un cambio radical de esta situación podría ir más allá de algunos cambios legislativos y de forma que son utilizados por el poder solamente para engañar y continuar su política depredadora en todos sentidos. Es útil para el análisis la separación en dos momentos históricos que se ha hecho del fenómeno de la práctica de desaparición de personas en México. El primer momento es el del periodo de los gobiernos priístas, destacadamente del de Luis Echeverría Álvarez. El segundo momento el actual, abierto con la alternancia en el gobierno federal de administraciones panistas, la de Vicente Fox y especial y escandalosamente ahora con Felipe Calderón. Prefiero llamarles así que con el eufemismo de “crímenes del pasado” por tratarse de la desaparición forzada, un delito que no prescribe aunque haya ocurrido en un pasado no reciente. Tampoco los clasifico, como mediáticamente se hace, como de la época de la “guerra sucia” concepto que fue acuñado en América del Sur para justificar las vergonzosas leyes de punto final o de amnistía “para ambas partes”, lo que legalizó la impunidad, con el argumento de que habría habido “guerra sucia” de ambas partes y no de sistemática violación a derechos humanos por parte del Estado. De todas maneras, la mentira e impunidad no se mantendrá para siempre como lo muestran los cuestionamientos que en varios países se hacen ya a esas leyes de punto final y que en Argentina ha sentado ya en el banquillo de los acusados al General Videla. Los torturadores y violadores de derechos humanos en México no deberían sentirse tan seguros de que la impunidad que les ha garantizado el sistema actual será para siempre. La aprobación de la Ley de Amnistía en 1978, aunque benefició especialmente a presos políticos en cárceles públicas permitió el marco también para la presentación y liberación de 148 desaparecidos políticos. Quedó desde entonces un saldo sin resolver de más de 500 desaparecidos que documentó el Comité “Eureka!” incluso ante Naciones Unidas. Aunque después de esa experiencia disminuyó relativamente el número de desaparecidos, fue una práctica que nunca acabó por completo. Significativamente, por ejemplo, al inicio del gobierno de Salinas de Gortari fue desaparecido José Ramón García Gómez lo que anunciaría una ola de crímenes, sobre todo homicidios, de cientos de personas en ese sexenio. El propio gobierno, a través de la inocua Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, reconoce que el número de víctimas de desaparición forzada alcanza el número de 788 en ese periodo de 19 años. La ejecución de este delito se siguió cometiendo en estados como Morelos y Guerrero, como instrumento para eliminar militantes políticos opositores que se movilizaban para exigir siempre reivindicaciones sociales. De manera proporcional al aumento de las desapariciones, aumentaba también la impunidad en el esclarecimiento de las mismas, ya que nunca se daba con los responsables de la desaparición. En el segundo momento, lo que vemos ahora es una vuelta a la práctica masiva de las desapariciones con la militarización impuesta en la sociedad desde 2006. Es muy difícil cuantificar con precisión el número de actuales desaparecidos. A diferencia de los desaparecidos de los 70s que mayoritariamente eran militantes políticos, en la actualidad la militarización afecta a amplios sectores sociales sin distinción social y política que no sea por el hecho de que las nuevas víctimas son generalmente jóvenes, mujeres y pobres. Recibimos muchas denuncias de desapariciones, pero generalmente con retraso. Los familiares, sin experiencia política y sin recursos, son amedrentados y engañados cuando acuden a denunciar ante la autoridad el crimen de desaparición. Se les advierte que no hagan público el hecho, que no protesten, supuestamente para mayor seguridad del desaparecido e incluso levantando actas circunstanciadas que se les hace creer que son averiguaciones previas por lo que en realidad nunca se realizan las investigaciones. Esta situación hace difícil saber el número más certero de desapariciones ocurridas ahora. Generalmente se habla ya de 3 mil nuevos desaparecidos, lo que muestra el salto cualitativo con respecto a los casos anteriores. Pero ese número puede quedar corto si se toma en cuenta, por ejemplo que la propia Procuraduría de Justicia de Morelos ha reconocido hace días de que solamente ese estado de la República -muy pequeño en comparación con Chihuahua, Coahuila, Nuevo León Tamaulipas, tienen registrados mil 200 casos. O el hecho de que la Asociación Esperanza de Baja California habla de mil 800 casos en los últimos 8 años. En Saltillo, la Red de Defensores de Derechos Humanos ha documentado 118 casos. Todo lo anterior va acompañado de la simulación. México ha sido prolijo en la firma de tratados internacionales que reconocen y amplían diversas libertades públicas; sin embargo parece que sólo es con la intención de dar la imagen ante la comunidad internacional de que nuestro país acepta los constantes avances que sobre este tema se gestan en los foros regionales o mundiales. Lamentablemente la realidad que a diario padece el pueblo mexicano se empeña en desconocer lo que el Estado suscribe junto con sus pares en el ámbito internacional. Ignominioso efecto de esta simulación lo es la impunidad ya mencionada. El informe elaborado por organizaciones civiles defensoras de derechos humanos señala que desde el año 2006 y hasta el 2010 se han contabilizado más de tres mil desapariciones forzadas en el contexto de la guerra en contra del crimen organizado. En el colmo del cinismo el gobierno reconoce únicamente 3 casos de desaparición en donde estarían involucrados agentes gubernamentales, dos de ellos pertenecientes al EPR, en donde no ha dado ninguna muestra de cumplimiento con la Comisión de Intermediación que se creó al respecto. Esto obliga a preguntarnos: ¿Existen acaso tres mil procesos judiciales abiertos en los que se busque dar con los responsables de esos delitos y se logre la presentación de las personas desaparecidas? Desde luego que no, y para oprobio de toda autoridad que integra el gobierno mexicano, diversas instancias investigadoras buscan inhibir la denuncia de las desapariciones por parte de familiares de las víctimas, en donde la mayoría de las veces de busca intimidarlos diciendo que si fueron desaparecidos es porque estaban involucradas con el crimen organizado, negándose así a cumplir con su trabajo. Sumido como está nuestro país en un desolador panorama de descomposición social, erróneamente se dice desde el gobierno que el problema más grave es el de la inseguridad pública. No es la delincuencia el principal desasosiego de nuestro país; esa es la premisa de quienes ven el terrible mal de la inseguridad como el manto que puede cubrir su incapacidad, su ilegitimidad y las ilicitudes que va sembrando en el indebido ejercicio de su encargo. No, el principal problema de nuestro país es la corrupción que no permite que ningún cuerpo policíaco o el propio ejército detengan a los responsables de los delitos que dañan a la población; que impide una recta procuración de justicia, en donde las cárceles están llenas, en su mayoría, de pobres o de inocentes, pero sin que sean pisadas nunca por funcionarios corruptos e influyentes o por verdaderos delincuentes. Un pueblo que padece cotidianamente al abuso del poder o el corrupto ejercicio de la autoridad debe de tener una judicatura eficaz e independiente que la proteja del arbitrario. Desafortunadamente, y a pesar de la intensa lucha por lograr su plena independencia, en estos aciagos tiempos de errático combate al crimen organizado, los jueces en México que aplican la ley como corresponde a su dignidad judicial, se ven sometidos a ignominiosas presiones y reproches de que no colaboran con el combate al crimen organizado. Esta situación, junto con la famélica actuación de las procuradurías que lo que menos procuran es justicia, han provocado que la sociedad mexicana se encuentre en medio de lo peor de dos mundos posibles: por un lado, la inseguridad que lacera su vida cotidiana y, por el otro, un Estado autoritario que es habitual violador de derechos humanos pero impotente, tal vez deliberado, para abatir al crimen. No termina ahí el agravio a la causa de los derechos humanos. Una institución que lamentablemente constituye una fuente inagotable de violaciones a las libertades públicas de los gobernados es el fuero de guerra. Esto se debe en parte a que la legislación punitiva militar mexicana no garantiza de ninguna forma la independencia de los juzgadores militares, los cuales son designados por el Secretario de la Defensa Nacional; si a esta circunstancia le agregamos que los militares acusados de violaciones a derechos humanos en contra de civiles son procesados ante tribunales militares y no ante juzgadores civiles, la impunidad en la persecución de los delitos está casi asegurada. Ejemplo lamentable de lo anterior es el caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla ejecutada por militares a mediados de la década de los setentas y últimamente el de la joven Valentina Rosendo Cantú, violada hace ocho años por militares. Por estos terribles casos, el Estado mexicano ha sido ya condenado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, lo que de manera indignante produce otro agravio a los que se duelen en sus derechos: el gobierno muestra una pertinaz resistencia a cumplir con lo que los fallos le mandatan, argumentado un sinfín de subterfugios legales o, buscando seguramente, que el olvido oculte con el paso de los años las violaciones llevadas ante esos organismos internacionales. Reiteradamente he propuesto el fin del fuero de guerra. La iniciativa de Felipe Calderón, contenida en la reforma constitucional de derechos humanos, supuestamente responde a la Corte Interamericana, al excluir del fuero militar los delitos de violación sexual, tortura y desaparición cometidas por militares contra civiles pero sin incluir otros delitos como el homicidio (cuando se hablan de cerca de 40 mil homicidios en lo que va de este gobierno) y al mismo tiempo mantiene la competencia del ministerio público militar para la investigación y determinación del tipo penal. Quiero concluir repitiendo lo que dije al respecto el pasado 10 de diciembre: Hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena ya al Estado mexicano por violaciones a estos derechos en el caso de la desaparición forzada de personas y reclama un coto al fuero militar. Como respuesta se propone aquí sacar del fuero militar la tortura y la desaparición forzada. ¿Y los homicidios? Los muertos por supuestos “daños colaterales”, por no detenerse frente a un retén militar, por jóvenes denigrados como supuestos delincuentes? Por supuesto que la desaparición forzada no debe ser juzgada con el fuero militar, pero estamos hablando de que ha habido durante la pesadilla de este gobierno 30 mil ejecuciones, lo que convierte ya esto en un grave problema social para ser juzgado con medidas excepcionales y de privilegio. Es el fuero militar el que debe terminarse. Lo otro es nuevamente una simulación y peor aún cuando incluso se propone, contra la concepción internacional en la materia, declarar la prescripción de este delito, casualmente a los 35 años. No solamente porque hace 35 años desaparecieron a mi propio hijo, sino porque es ése uno de los momentos de más amplia violación de derechos humanos y desapariciones durante el gobierno de Luis Echeverría, al cual nuevamente he demandando penalmente, sino que incluso funcionarios y ex gobernadores responsables o que solaparon esos crímenes continúan en activo. De nuevo, no nos anima el malsano deseo de venganza sino el legítimo reclamo de justicia y de fin a la impunidad porque la impunidad provoca, ya está demostrado, nuevas violaciones a los derechos humanos. Primero era el feminicidio en Juárez y luego se amplió a ejecuciones de jóvenes pobres. Primero eran desaparecidos políticos y ahora desaparecidos sin distingos sociales. Más pronto que tarde, estoy convencida, pese a mi edad y a los años de lucha, que lograremos el respeto a los derechos humanos; lo lograremos con la acción decidida, en las calles, en la movilización de la gente conciente de sus derechos y dispuesta a despertar ya de la terrible pesadilla actual.
Muchas gracias. |
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