Minera San Javier: Razones y caminos de la resistencia

Minera San Javier: Razones y caminos de la resistencia

Éramos un pueblo unido, había cariño, respeto, y todo eso se perdió. Era un paraíso mi pueblo y ahora vivimos en el infierno, en la incertidumbre a algunos se les despertó la codicia

Juan Carlos Ruiz Guadalajara | Desinformémonos

En 1995 la compañía minera canadiense Metallica Resources Inc., a través de su filial Minera San Xavier (MSX), adquirió la concesión para explotar las reservas de metal precioso en lo que fuera el antiguo Potosí de la Nueva España, ubicado en el Cerro de San Pedro, histórica población fundada en 1592. Tras cuatro siglos de explotación minera las vetas del Cerro de San Pedro estaban agotadas. Así, en las postrimerías del siglo XX, esta población se había preservado en su traza original y su centenaria actividad había legado a la sociedad una serie de vestigios históricos de primera importancia. No sólo se preservaba el Cerro Potosí y su entorno, sino también dos templos del siglo XVIII que habían sido declarados monumentos nacionales en 1972, además de 100 estructuras arquitectónicas de valor histórico con un prometedor potencial turístico y económico.

Para entonces el poblado era cabecera de un municipio considerado de alta marginación, aunque vecino del municipio de San Luis Potosí, el más rico e industrializado de todo el estado. La mancha urbana de la capital del estado se encontraba en ese año a tan sólo cinco kilómetros de la histórica cabecera sanpetrense. En 1993 el ejecutivo estatal declaró a Cerro de San Pedro como zona de restauración y preservación de la vida silvestre por 20 años. Se trataba de una primera iniciativa para proteger las especies de fauna del semidesierto así como una serie de cactáceas endémicas en peligro de extinción. El decreto también tenía como objetivo preveer la protección de Cerro de San Pedro como reserva ambiental de todo el valle de San Luis, con más de un millón de habitantes y con severos problemas de agua. Con ello la sociedad potosina había dado los primeros pasos para revalorar a Cerro de San Pedro como patrimonio histórico y ambiental de la nación. Inclusive el INAH había clasificado el patrimonio histórico del pueblo y dejó preparada la última versión de un decreto presidencial para elevar el sitio a zona de monumentos históricos, decreto que nunca fue firmado por Ernesto Zedillo.

La llegada de Minera San Xavier (MSX) a Cerro de San Pedro marcó el inicio de la etapa más crítica para el histórico asentamiento. Las proyecciones sobre las reservas de metal precioso que tenía esta empresa canadiense indicaban la existencia de 0.6 gramos de oro y 24 gramos de plata por tonelada de montaña y subsuelo. En sus primeros cálculos MSX estableció la factibilidad de obtener 1,500,000 onzas de oro (tres metros cúbicos) en tan sólo diez años, periodo en el cual se planteaba el agotamiento de las reservas. Sin embargo, la única posibilidad de acceder a ese medio gramo de oro por tonelada de roca era a través del método más devastador que ha inventado la minería, a saber, el tajo a cielo abierto y la lixiviación de los terrenos con uso masivo de cianuro mezclado diariamente con millones de litros de agua. Para Cerro de San Pedro no se trataba de un proyecto más para reactivar la minería; se trataba, en cambio, de un proyecto terminal que dejaría en un muy breve lapso daños severos e irreversibles al entorno ambiental de todo el valle de San Luis y al patrimonio histórico de la nación.

El 10 de septiembre del 2006, con ayuda del párroco en turno, los empleados mexicanos de MSX congregaron a la población de San Pedro en la plaza del pueblo para dar a conocer lo que consideraban una “gran noticia”: la llegada del proyecto minero y los planes para ejecutar un enorme tajo a cielo abierto en pleno corazón del Potosí. Además de esgrimir el discurso del empleo, MSX expuso en esa ocasión la necesidad de reubicar a toda la población ante la inminente desaparición del histórico poblado. Incluso ofreció reubicar los templos declarados monumentos nacionales. El tajo que planeaba MSX, en su trazo original, incluía toda la zona urbana además de la desaparición del Cerro Potosí y del Cerro del Barreno. Fue precisamente en esa reunión cuando surgió la primera expresión opositora al proyecto en la persona del ingeniero Mario Martínez Ramos.

Conocedor de los efectos de la minería de tajo a cielo abierto, Martínez Ramos advirtió de inmediato lo que significaba la propuesta de MSX en términos de la destrucción irreversible de su pueblo natal. También advirtió la tendencia de la empresa a minimizar los efectos de su proyecto, así como los peligros sociales que implicaba la manipulación de la información y el manejo de recursos millonarios por parte de la trasnacional. Al lado de otros vecinos del pueblo, Martínez Ramos formalizó la creación de un Patronato Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Cerro de San Pedro, primer grupo organizado en contra de MSX con el objetivo de defender el sitio desde la perspectiva del patrimonio histórico. Sin embargo, los impactos sociales de la llegada de MSX no tardaron en manifestarse y dañar las relaciones sociales al interior del pueblo.

La empresa desplegó una temprana estrategia de cooptación e intimidación de vecinos, además de iniciar una agresiva campaña de medios en el valle de San Luis para generar una opinión favorable a su proyecto basada en la desinformación. La estrategia también incluyó desde un principio el fortalecimiento de vínculos políticos con funcionarios del gobierno del estado. Se trataba de un asunto que no dejaba dudas: la única manera en que MSX podría realizar su negocio minero consistía en violar las leyes mexicanas, camino que la trasnacional decidió transitar desde su llegada a San Luis Potosí.

Mediante procedimientos delincuenciales, la empresa dio paso a un conjunto de acciones dirigidas, en primera instancia, a vulnerar y fracturar las redes sociales de los habitantes del Cerro de San Pedro y sus comunidades vecinas, la mayoría de ellas en extrema pobreza. Desde 1996 la MSX generó al interior del poblado grupos de choque mediante la cooptación de aquellos habitantes interesados en el proyecto. A ello siguió la compra de voluntades de habitantes de comunidades vecinas, que fueron llevados a Cerro de San Pedro para hacerlos pasar como propietarios de fincas abandonadas o bien como falsos ejidatarios.

Mediante este procedimiento la MSX comenzó a adquirir diversos predios de manera fraudulenta y organizó una asamblea ejidal espuria que el 11 de marzo de 1997 le arrendó de manera ilegal 290 hectáreas del ejido Cerro de San Pedro. Además presionó a diversos habitantes mediante sustanciales ofrecimientos económicos a cambio de sus casas, muchos de ellos aceptados ante la creciente situación de conflicto. Esto le permitió a MSX hacerse de otro grupo de fincas, incluido un hotel en construcción, cancelando con ello las expectativas por convertir a San Pedro en un destino para el turismo nacional e internacional. A la par de esta estrategia local dirigida al despojo y la división, la MSX comenzó a tejer una serie de alianzas con las cúpulas empresariales y políticas de la ciudad de San Luis Potosí que le serían vitales para obtener la complicidad e impunidad necesarias a sus objetivos, convirtiendo en operadores políticos ante las autoridades estatales y federales a una serie de funcionarios ligados al sector empresarial.

La influencia de MSX abarcó, desde entonces, a dependencias municipales y estatales, incluido el nuevo gobernador priísta del estado Fernando Silva Nieto, así como la misma Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Con estas maniobras la MSX obtuvo, por ejemplo, derechos de extracción de aguas nacionales mediante compra de concesiones a particulares, apoyo incondicional de la entonces SEMARNAP y complicidad del gobierno del estado frente a la inminente violación del decreto de 1993 que declaró a San Pedro zona de preservación de la vida silvestre.

En 1997 la MSX realizó su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), documento clave en sus pretensiones por lograr la autorización del proyecto en SEMARNAP. No obstante estar obligada a presentar una MIA en su modalidad específica, la MSX decidió ocultar y atenuar información presentando una MIA de carácter general. Se trataba de una manipulación de los datos específicos sobre los enormes daños ambientales inherentes al proyecto.

A pesar de este intento, la MSX tuvo que reconocer en la MIA que los impactos al ambiente serían innumerables, señalando entre los más visibles la contaminación de aguas superficiales y profundas, la modificación severa e irreversible del paisaje ante la desaparición de un kilómetro de montañas, la incapacitación de al menos 500 hectáreas de suelo para cualquier actividad productiva al final del proyecto, impactos severos sobre especies protegidas de flora y fauna y daños a los monumentos históricos.

La empresa también reconoció que el ámbito de influencia del proyecto incluía cinco municipios, lo cual se traduciría en un impacto adverso hacia 1,300,000 habitantes del valle de San Luis y sus comunidades aledañas. La MSX reforzó también sus campañas publicitarias para crear una falsa imagen sobre las supuestas bondades de su proyecto, todo bajo el lema de “minería inteligente: respetando historia y medio ambiente”. Asimismo, la empresa enarboló un discurso propagandístico de activación de empleo y de progreso económico local, señalando que su proyecto era un asunto exclusivo del municipio Cerro de San Pedro, estrategia que perseguía excluir y desactivar cualquier posible manifestación de rechazo en las otras zonas que serían impactadas. Sin embargo, la oposición a MSX ya se había extendido cuando el Patronato Pro Defensa de Cerro de San Pedro logró la participación de organizaciones ambientalistas de la ciudad de San Luis Potosí.

A partir de información científica sobre los impactos irreversibles de la minería de tajo a cielo abierto y sobre los riesgos del manejo del cianuro en el beneficio de metales preciosos, la resistencia fortaleció sus argumentos y comenzó a transformarse en un movimiento también en defensa del medio ambiente. Con Pro San Luis Ecológico, A.C. y Educación y Defensa Ambiental, A.C., organizaciones no gubernamentales asentadas en el valle de San Luis, los opositores a MSX iniciaron campañas de concientización para contrarrestar la desinformación generada por la empresa y sus aliados.

Frente a esto, el gobernador Silva Nieto encargó a finales de 1997 tres opiniones técnicas sobre la MIA de la MSX: una a la UNAM, otra al Politécnico Nacional y una más a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP). Las opiniones, entregadas a comienzos de 1998, coincidieron en señalar una serie de deficiencias en la información sobre los impactos ambientales y en la realización de diagnósticos adecuados sobre diversos aspectos del proyecto. También señalaron omisiones en los impactos a la salud de los habitantes de la zona. Todas las opiniones técnicas respondieron al encargo del gobierno del estado en cuanto a realizar las recomendaciones necesarias para el “mejoramiento” del proyecto minero. En pocas palabras, Silva Nieto tuvo en mente allanarle el camino a la MSX en lugar de obligarla a retirarse de San Pedro. De hecho, la opinión técnica de la UASLP sirvió a la MSX para legitimar sus pretensiones, argumentando que de dicha opinión derivarían 100 condicionantes de operación que serían integradas al permiso que la empresa obtendría en 1999.

En contraste, diversos actores sociales mantuvieron su rechazo al proyecto ante la creciente evidencia de las consecuencias irreversibles que traería su realización. El caso más notable fue el del entonces presidente municipal de Cerro de San Pedro, Baltasar Loredo, quien asumió una postura de legalidad al negar cualquier permiso municipal a la empresa. Loredo realizó en 1997 una petición al Congreso del Estado para conformar una comisión que investigara la adquisición fraudulenta de fincas por parte de la empresa al interior del pueblo; a dicha petición adjuntó un padrón de fincas que de acuerdo a los archivos del ayuntamiento habían sido vendidas a la empresa por falsos propietarios. El desenlace no pudo ser peor: el 21 de marzo de 1998 Baltasar Loredo apareció muerto de un tiro en la cabeza al interior de su camioneta. Al lado del cadáver las autoridades encontraron diversos documentos relacionados al problema con MSX. Los agentes de la Procuraduría Estatal alteraron la escena del crimen y dictaminaron el suicidio como causa de la muerte, ignorando una serie de testimonios que apuntaban hacia personajes vinculados a la MSX. El asesinato de Baltasar Loredo constituyó para entonces un episodio de violencia extrema que se tradujo en un claro mensaje hacia los opositores al proyecto minero.

Con todos estos antecedentes y la complicidad de la SEMARNAP, el 26 de febrero de 1999 el Instituto Nacional de Ecología autorizó de manera condicionada a la MSX el cambio de uso de suelo y la operación del proyecto en un área de 373 hectáreas, 290 de las cuales eran parte del ejido Cerro de San Pedro. En dicho documento se establece que la MSX obtendría oro y plata a lo largo de siete años, utilizando diariamente 13 toneladas de explosivos para tumbar a cielo abierto entre 70 mil y 80 mil toneladas de montaña y subsuelo al día. Del total de roca triturada con las detonaciones, tan sólo el 40% contiene los valores de oro y plata, el otro 60% sería material de desperdicio. El permiso también facultó a la MSX para utilizar diariamente 32 millones de litros de agua pura del acuífero profundo del valle de San Luis para ser mezclados con 16 toneladas de cianuro. El resultado, al final del proyecto, sería un tajo de 1½ de kilómetros de diámetro por 300 metros de profundidad, además de las enormes montañas de jales mineros. En cuanto a sus cifras de impacto económico, la MSX declaró que a lo largo de su proyecto daría un máximo de 200 empleos directos, reservando sólo 50 a trabajadores locales. Frente a esta irrisoria “generación de empleos” la MSX esperaba obtener al cierre de la mina 1,500,000 onzas de oro y 47,175,000 onzas de plata.

A pesar de la fraudulenta autorización del proyecto, esta primera fase de la resistencia en contra de MSX tuvo logros notables. Gracias a la oposición la empresa tuvo que modificar el trazo del tajo para no tocar la traza urbana del pueblo, lo cual no impedirá su futuro colapso ante la magnitud del proyecto minero. Lo cierto fue que, por el momento, el casco histórico estaba a salvo, aunque en condiciones muy difíciles en todos los sentidos: la comunidad resultó completamente fracturada y los episodios de violencia comenzaron a ser recurrentes, todo a costa de la pobreza, la ignorancia y sobre todo la corruptibilidad de algunas familias locales que se entregaron como siervos a la empresa canadiense.

El asesinato impune de Baltasar Loredo es la medida exacta de lo que comenzaron a vivir desde 1997 los opositores sanpetrenses a la MSX, incluidos cinco de los seis ejidatarios legítimos que fueron despojados de sus tierras por la empresa y que se aliaron a la creciente resistencia civil que se organizaba en el valle. La empresa hizo bien su trabajo para dividir y potencializar conflictos incluso familiares, generar rivalidades y estimular odios en ese microcosmos de veinte familias al que fue reducida la población de Cerro de San Pedro: desde 1996 MSX pagó a la Fundación Eduard Seller por la realización de un perfil histórico, económico y social de Cerro de San Pedro, con información recabada en campo por estudiantes y profesores de antropología y otras áreas de la ciencia social.

El resultado final generó datos importantes que la empresa utilizó en su estrategia de potenciar conflictos y dividir. El desenlace de esta criminal estrategia, habitualmente practicada por las mineras canadienses para dominar los territorios que desean explotar, lo resume con toda claridad doña Teodora Rocha, habitante de Cerro de San Pedro y opositora a MSX: “A la llegada de la minera nuestra vida cambió totalmente… éramos un pueblo unido, había unión en el pueblo, cariño, respeto, y todo eso se perdió. Era un paraíso mi pueblo y ahora vivimos en el infierno, en la incertidumbre… a algunos se les despertó la codicia…”

En este contexto los caminos de la resistencia quedaban muy claros: por un lado, comenzar un largo proceso jurídico a través de un recurso de nulidad que se interpondría frente a tribunales federales; por el otro, iniciar la movilización y la resistencia pacífica. Para ello los opositores contaban con el respaldo de Pro San Luis Ecológico, de las doctoras Angelina Núñez y Beatriz Septién, del prestigiado abogado Héctor Barri y de diversos grupos y colectivos que estaban dispuestos a sumarse a la defensa del valle de San Luis (Guardianes del Cerro, Revolucionarte, Kolektivoazul, Colectivo Ramonas, etc.). A ello se agregó la defensa del ejido utilizando los recursos del derecho agrario y la oportuna intervención del abogado Carlos Covarrubias, experto en el tema. Todos ellos configuraron una alianza con Mario Martínez y su Patronato Pro Defensa del Patrimonio Cultural e Histórico del Cerro de San Pedro, con la Asociación de Vecinos de Cerro de San Pedro encabezada por Armando Mendoza Ponce y con el Núcleo Ejidal Cerro de San Pedro representado por Ana María Alvarado.

El crecimiento y ampliación del movimiento opositor a la MSX significó la regionalización del conflicto y la participación de sectores sociales de la capital potosina y de Soledad de Graciano Sánchez en las diversas actividades de resistencia, incluidos foros y lo que se convertiría desde el 2003 en el Festival Cultural de Cerro de San Pedro. Significó también la búsqueda de alianzas con ciudadanos independientes, políticos en activo e intelectuales que estuvieran dispuestos a defender la causa. Sin embargo, las condiciones de lucha fueron muy adversas ante los recursos y la corrupción desplegados por la empresa minera y sus aliados políticos. Para colmo, con la llegada al poder de Vicente Fox, quien declaró que su gobierno era de empresarios para los empresarios, la MSX encontró respaldo incondicional en los más altos niveles del poder ejecutivo federal.

Ante la heterogeneidad de la resistencia contra MSX, a comienzos del 2004 los opositores comenzaron a manejarse como miembros de un Frente Amplio Opositor (FAO), inspirados en el Frente que en ese año llevó a la presidencia de Uruguay a Tabaré Vázquez. La denominación, adoptada a sugerencia de la activista Ivette Lacaba, permitió integrar bajo unas mismas siglas al conjunto de organismos y ciudadanos que confluían en la causa por expulsar a MSX de México, muchos de ellos, incluso, con posturas políticas encontradas. El FAO desarrolló nuevas estrategias de movilización, aunque siempre coordinadas con el avance legal del conflicto, que en ese mismo 2004 se definió en favor de la resistencia.

Tras casi cinco años de litigio, un tribunal colegiado estableció mediante sentencia que el proyecto de MSX era violatorio de la legislación ambiental vigente y que ni de forma condicionada podría operar en Cerro de San Pedro. Luego de un año de apelaciones por parte de la empresa, la sentencia se ratificó y quedó firme en 2005. Sin embargo, lo que se prefiguraba como un triunfo de la sociedad civil organizada en la defensa de su patrimonio ambiental e histórico, tan sólo marcó el inicio de la etapa más crítica de la resistencia: el 10 de abril del 2006 la SEMARNAT, en pleno desacato y con el apoyo de Vicente Fox y del ya para entonces gobernador panista de San Luis, Marcelo de los Santos, le extendió ilegalmente una nueva autorización a la empresa.

El mensaje de la autoridad fue contundente: el negocio minero se impondría por encima de la ley y los opositores deberían ser aplastados, hostigados y perseguidos.

Frente a este escenario de ilegalidad, el FAO comenzó a padecer una campaña sistemática de desprestigio e intimidación. A través de una inversión millonaria en medios locales, varios activistas fueron estigmatizados por la MSX y por el régimen de Marcelo de los Santos como minerafóbicos, hippies, enemigos del progreso, románticos peligrosos e incluso ecoterroristas. La violencia se incrementó en San Pedro y los trabajadores de MSX tuvieron vía libre para agredir a los opositores. Entre 2006 y 2009 el FAO, a través de Pro San Luis Ecológico, mantuvo los recursos legales para demostrar la ilegalidad de la nueva autorización, sin embargo, la empresa inició actividades y en tan sólo 36 meses desapareció dos montañas históricas y sepultó bajo desechos mineros un extenso territorio supuestamente protegido.

En el mismo periodo se agudizó la represión del gobierno estatal para desestimular a la creciente resistencia civil. Entre 2006 y 2007, por ejemplo, el abogado Enrique Rivera fue hostigado en su negocio y brutalmente golpeado por empleados de MSX. En mayo del 2007 abandonó el país para pedir refugio en Canadá, mismo que le fue otorgado hasta el 2010 tras un largo juicio donde quedaron demostrados los abusos de la autoridad y de la empresa en su contra. También en mayo del 2007 cinco estudiantes fueron encarcelados por Marcelo de los Santos bajo el cargo de motín después de manifestarse en contra de la empresa, cargos que tuvieron que ser retirados ante la presión de los medios nacionales. En 2008 el ingeniero Mario Martínez padeció un intento de homicidio por empleados de MSX, quienes también balearon la casa de Armando Mendoza. Otros activistas fueron vigilados, hostigados laboralmente y agredidos en sus bienes. Todos estos delitos permanecen impunes.

Con todo, el núcleo duro del FAO, constituido por un centenar de activistas, logró sobrevivir e internacionalizar la resistencia en 2008 con la fundación del FAO Montreal en Canadá, además de colocar el tema en el debate de los medios nacionales e internacionales con la creación del “Día Mundial contra la minería a cielo abierto”. Así, el pasado septiembre del 2009 la resistencia volvió a recibir una sentencia favorable de gran trascendencia: un tribunal colegiado estableció que el proyecto de MSX había sido anulado desde el 2004 y que la licencia del 2006, que le permitió arrancar sus trabajos y destruir irreversiblemente patrimonio ambiental e histórico en Cerro de San Pedro, es ilegal. Sin embargo, a casi un año de esa determinación la empresa sigue adelante con la complicidad de autoridades de todos los niveles.

A lo largo de su trayectoria el FAO ha demostrado la razón moral y jurídica de su causa, ha sentado las bases de la resistencia civil contra la megaminería de tajo a cielo abierto y ha logrado miles de adherentes en México y en diversos países. También contó en los últimos años con la militancia de Feliciano Béjar, Carlos Montemayor y Carlos Monsiváis.