Día Internacional del Detenido Desaparecido

Desde 1981, hemos conmemorado el Día Internacional del Detenido Desaparecido en América Latina. Este día tiene como objetivo recordar a hombres y mujeres que fueron arrancado de sus hogares por manos criminales, son seres que no dudaron en ofrendar su vida para construir un mundo donde predomine la paz con justicia social. Fueron apresados por quienes se creyeron dueños de sus vidas, quienes aplicaron la doctrina de la seguridad nacional mediante el más feroz terrorismo de Estado, cometiendo graves violaciones a los derechos humanos, sobresaliendo por su crueldad la desaparición forzada.

A lo largo de estos años se han sumado a la conmemoración familiares de desaparecidos de Asia, la Federación Asiática de Familiares África y el Continente Europeo. Varios gobiernos de estos continentes han recogido la propuesta que impulsa la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM), el establecer el día 30 de agosto como Día Internacional del Detenido Desaparecido, entre ellos el Gobierno Bolivariano de Venezuela.

Lamentablemente en Colombia aun se practica la desaparición forzada, diariamente muchos colombianos son victimas de desaparición y otras violaciones a los derechos humanos, son asesinados y torturados. Pero también otros países de nuestra América Latina están viviendo la represión y la permanente violación a sus derechos, sobre todo aquellos que aplican el proyecto económico diseñado por el gobierno de EE.UU.

Hombres como Pinochet en Chile; Videla, Oliveira y Cavallo en Argentina; Luis Echeverria Alvarez, Arturo Acosta Chaparro en México; Carlos Andrés Pérez en Venezuela como tantos otros dictadores y gobernantes que han sido y son entrenados en la Escuela de las Américas, llamada también “Escuela de Asesinos”. Por esta razón exigimos que se terminen todos los intentos seguir entrenando militares para que repriman y asesinen a los pueblo.

La impunidad es un grave problema que enfrentamos día a día en muchos de nuestros países debido a que, aun no han sido llevados a juicio ni castigados quienes cometieron crímenes de lesa humanidad. Esto esta dejando graves secuelas en nuestro pueblo, se desvaloriza la vida humana, se pierde confianza en la justicia y se deteriora la democracia.

FEDEFAM conjuntamente con las organizaciones sociales continuaremos impulsando medidas de prevención para que la desaparición forzada sea erradicada definitivamente en América Latina y el mundo. Un paso importante para ello será la adopción este año en la Asamblea General de Naciones Unidas la Convención contra Desapariciones Forzadas.

FEDEFAM:

25 AÑOS DE LUCHA POR LA VERDAD

LA JUSTICIA Y CONTRA LA IMPUNIDAD!

¡¡POR EL DERECHO A NO SER DESAPRECIDOS!!

¡¡CONVENCION YA!!

Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Victimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México, AFADEM-FEDEFAM

FEDEFAM 1988-2005: 17 años de lucha contra la impunidad

AFADEM 1978-2005: 27 años de lucha contra la impunidad

PRESOS POLITICOS LIBERTAD - DESAPARECIDOS PRESENTACION

Julio Mata Montiel

Secretario Ejecutivo 04455 2893 6354

Dirección: Av. 20 de Noviembre No. 304, Col los Morales, Cuautitlan Mexico, CP 54800

Invitación de H.I.J.O.S. México, el Comité ¡Eureka! por día del Desaparecido

30 de agosto, día del Desaparecido

FNCR

Invitación:

El domingo 30 de agosto conmemoraremos el día internacional del Detenido Desaparecido.

Hacemos extensiva la invitación de H.I.J.O.S. México, y el Comité ¡Eureka! para realizar un acto de político en Alameda Central de la Ciudad de México.

Nos veremos del lado del Palacio de Bellas Artes a partir de las 9:00 horas.

Comisión de Difusión, Prensa y Propaganda, Frente Naciolnal contra La Represión

Acteal, una decisión política

Marcos Roitman Rosenmann

La historia de la infamia en América Latina aumenta de forma exponencial. Es casi una relación maltusiana. A mayor injusticia se disparan geométricamente los signos de corrupción judicial dejando tras de sí una estela de prevaricación y falta de ética. En la medida que los fiscales y jueces avalan decisiones para complacer las demandas del poder político se hacen cómplices y se convierten en títeres de un orden viciado y perverso. Son las condiciones óptimas para que la clase gobernante teja su urdiembre de un régimen fundado en la ignominia por medio de decisiones bastardas.

Nadie puede negar el derecho a un juicio justo y una buena defensa a violadores, narcotraficantes, pederastas, ladrones, torturadores o asesinos. Que sus abogados busquen la absolución debido a errores procesales está dentro de las reglas del juego. Muchos han sido los casos declarados nulos, en segunda instancia, por fallos de procedimiento. Y no es un problema de ver películas made in USA. Por ello el poder político ha cambiado las reglas del juego. Deja vacíos para interpretarlos según su conveniencia. Hay que evitar decisiones adversas. Para no caer en contradicciones, los estados han restringido las libertades civiles y los derechos políticos. Las nuevas leyes antiterroristas son una expresión del recorte. Su aplicación favorece la retención por un tiempo superior a 72 horas e incluso la incomunicación sin derecho a letrado, transformando el sentido del habeas corpus. En el siglo XX, los derechos fundamentales estaban protegidos. Hoy, en pleno siglo XXI, es práctica común su violación por gobiernos inscritos en la tradición de las democracias representativas. De forma solapada los gobiernos occidentales se parapetan en decisiones judiciales ad hoc para sabotear y escamotear los derechos fundamentales de las víctimas. Guantánamo no es una excepción.

El Estado no puede transgredir los derechos básicos ni pretender que las cortes de justicia bailen a su ritmo. No puede crear falsas pruebas, ni encubrir crímenes donde se cuestione la actuación de sus propias fuerzas de seguridad. Tampoco puede obstaculizar la acción judicial buscando inmunidad a sus sicarios, ni debe orquestar campañas mediáticas para decantar una sentencia. En esta línea, si lo hace se rompe el estado de derecho y presenciamos la emergencia de un Estado canalla; es decir, miserable y amoral. En esta dirección, cuando una defensa traspasa el código deontológico, fundado en el respeto a la ley, se suma a la acción vil inherente al Estado canalla.

Para evitar caer en la descomposición moral y la pérdida de credibilidad de las instituciones a la hora de aplicar la ley y administrar justicia, Montesquieu propuso la división de poderes para garantizar el mantenimiento del estado de derecho. En este contexto se establecen los mínimos necesarios para que la justicia pueda actuar con independencia del poder político.

Este frágil límite, mediado por la conducta ética, debe estar presente a la hora de aplicar justicia. Si se compromete una decisión, variando la sentencia sobre criterios espurios, entre los cuales está la razón de Estado, los jueces amparan un delito, prevarican. Si así lo hacen deberían ser inhabilitados para salvaguardar la neutralidad de los tribunales. Lamentablemente no sucede así. Los máximos representantes de la justicia, miembros de tribunales constitucionales o cortes supremas, se aventuran, protegidos por el sistema político corrupto, a prevaricar. De esta manera asistimos a sentencias donde se justifican crímenes de Estado y de lesa humanidad, bajo argumentos que insultan la inteligencia de un alumno de primer curso de derecho. Acteal es la demostración de cómo no deben actuar nunca los tribunales. Su resolución rompe el concepto de una justicia ciega, imparcial y neutral. Quienes se parapetan bajo la clase política para ejercitar el terrorismo judicial son una vergüenza para los togados de carrera. Lamentablemente, para medrar en la carrera judicial, sus representantes deciden voluntariamente acatar las órdenes de una elite política sin escrúpulos ubicada al margen de la ley.

En todas las dictaduras, la impunidad se resolvía en los tribunales. Así ocurre con los culpables de Acteal. Se amañan juicios, con testigos falsos o protegidos o abogados miembros de la canalla. En conjunto, se convierten en la baza para realizar detenciones ilegales o fabricar desapariciones. De esta manera, paramilitares, civiles y militares son puestos en libertad aduciendo problemas de forma o aplicando leyes obsoletas. Para evitar una crítica moral a tales decisiones, intelectuales comprometidos o miembros de los regímenes canallas facilitan argumentos legitimadores, construyendo un lenguaje barroco. Nunca faltaron los escritores, ideólogos o académicos prestos a servir a Porfirio Díaz, Leonidas Trujillo, Ubico, Pinochet, Stroessner, Somoza o Videla a cambio de gozar de sus bacanales. Tal como sucedía durante los siglos XVII y XVIII limpiaban los excrementos del rey, besaban sus nalgas y les acompañaban en las noches de insomnio. Era una demostración de cercanía al poder absoluto. Algo similar ocurre hoy día. Se trata de gozar de privilegios. En el caso Acteal, algunos intelectuales son la máxima expresión de esta corrosión del carácter. Lo mismo ocurre en instituciones que se prestan para hacer factible la ignominia. El equipo jurídico emanado del CIDE ha sobrepasado los límites a una justa defensa.

Dejar libres a los culpables de la matanza de Acteal supone escribir otra página más en la historia de la infamia de América Latina. Sin embargo, el fantasma de las víctimas rondará siempre la cabeza de sus asesinos, sus abogados, los jueces prevaricadores, los intelectuales de medio pelo, los gobernadores de mala reputación y los políticos de poca monta. Un crimen de Estado no desaparece de la conciencia social y la memoria histórica. Lo mismo sucedió en Tlatelolco en octubre de 1968. Por mucho que aparenten tranquilidad no duermen tranquilos, esas son sus cadenas. Bienvenidas sean.

Se cumplen 31 años de protestas por la liberación de presos políticos

Reitera Eureka: vivos se los llevaron, vivos los queremos

Emir Olivares Alonso

Igual que hace 31 años, ayer las rejas de la Catedral Metropolitana se llenaron de fotografías con los rostros de cientos de desaparecidos políticos y el Comité Eureka volvió a lanzar la misma consigna: ¡Vivos los llevaron, vivos los queremos!

A 31 años de su primera huelga de hambre (28 de agosto de 1978), las llamadas doñas regresaron al lugar donde hicieron visible su lucha ante la opinión pública: a un lado del Zócalo, sitio que desde 1968 había sido vedado por el gobierno para la protesta social.

En la conmemoración de ese aniversario, Rosario Ibarra de Piedra, presidenta del Comité Eureka, recordó que gracias a esa acción –con la que se solidarizaron decenas de jóvenes– se logró que el entonces presidente José López Portillo enviara al Congreso una ley de amnistía, con la cual mil 500 presos políticos obtuvieron su libertad, 2 mil órdenes de aprehensión dejaron de cumplirse, 57 exiliados retornaron al país y 148 desaparecidos regresaron a sus hogares.

Sin embargo, sostuvo que no todos los desaparecidos retornaron y en el país aún existen casos de víctimas de esos delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado y cuyos responsables, pasados y actuales, no han sido castigados.

Fueron cuatro días de huelga de hambre en aquel 1978. Se acercaba el segundo informe de gobierno de López Portillo y los mensajes de la Secretaría de Gobernación, casi todos en tono amenazante, llegaban a aquellas mujeres vestidas de negro. El ex titular de la dependencia, Jesús Reyes Heroles, se vio obligado a recibir a una comisión del entonces Comité pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México.

“El secretario, de hablar prepotente, nos dijo que teníamos que desistir, que nos daba la seguridad de que nuestro problema se resolvería, que iba en ello ‘empeñada la palabra del señor presidente’. Desconfiadas, nos negábamos a abandonar la huelga. Entonces, a la promesa de solución se sumó la amenaza brutal: ‘o se quitan o las quitamos’”, señalaron.

Ante la amenaza, la protesta se levantó el 31 de agosto. Lo hicieron cabizbajas y dolidas, pero mantuvieron la convicción de seguir su lucha. Al siguiente día, en el contexto del informe, el ex presidente lanzó la solicitud de amnistía.

Aun con ideas contrarias a las nuestras, las autoridades de entonces tuvieron capacidad de raciocinio y abrieron las puertas, aseveró Ibarra. Contrario a ello, dijo, los actuales gobernantes no cuentan con esa cualidad, sino “con la cerrazón, que hasta inventan nuevos términos (levantón) para negar las desapariciones”.

Durante el acto, el académico Enrique González Ruiz aseveró que aquella huelga fue un movimiento triunfador que logró sacar de cárceles y campos militares a muchos presos y desaparecidos políticos.

En ese contexto se leyó una misiva enviada al Comité Eureka por el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, en la cual reconoció la lucha que por más de tres décadas han mantenido familiares de desaparecidos políticos en el país.

El presidente legítimo recordó que con la huelga de hambre del 28 de agosto de 1978, fecha clave para la defensa de los derechos humanos, las doñas cimbraron al régimen priísta, dieron a conocer la ilegal guerra del gobierno contra los luchadores sociales y desafió al gobierno que desde 1968 había vedado el Zócalo a las protestas.

Al igual que hace 31 años, pero ante el actual contexto represor, quienes acompañaron la manifestación demandaron al presidente Felipe Calderón emitir una nueva ley de amnistía que permita la liberación de cientos de presos y desaparecidos políticos.

Oaxaca, por la defensa del sustento de la vida

Eva Hershaw*

Desde que especialistas oaxaqueños y de la Universidad de Berkeley descubrieron semillas de maíz transgénico en la comunidad zapoteca de Guelatao, Oaxaca, las comunidades indígenas se aprestaron a defender el grano y su cultura. Arriba, imágenes de Teotitlán del Valle">Foto de Eva Hershaw

E

l aire de Oaxaca siempre ha tenido un olor particular. La variedad de su gente y su tierra es abundante y variada: el dulce chocolate, el mole, el quesillo con flor de calabaza en las tlayudas, el mezcal; las calles de adoquín que corren bajo tonos colorados y ocres de arquitectura colonial, y sus ruinas arqueológicas dan cuenta de ella.

A pesar de la pobreza y la marginación del estado, sus pueblos y comunidades se caracterizan, entre otras cosas, por mantener vínculos de unidad inquebrantables –incluso más allá de las fronteras–, basados en su gran sentido de identidad y su profunda conexión con su tierra y su cultura de origen.

Este año, una nueva batalla se libra sobre el suelo oaxaqueño. Contra fuerzas enemigas con nombres en inglés –Monsanto, Pioneer High Bred y Down AgroScience–, hoy las poblaciones indígenas de Oaxaca buscan defender una conquista de 10 mil años de trabajo y dedicación: el maíz, que, según dictan sus creencias, es como su creador.

Desde que un grupo de científicos oaxaqueños e investigadores de la Universidad de Berkeley descubrieron semillas de maíz transgénico en la comunidad zapoteca de Guelatao, en 2001, surgió una fuerte controversia: ¿se debe dejar que el maíz genéticamente alterado se expanda sobre el territorio que alberga la probable cuna de maíz en el mundo?

La comunidad indígena se aprestó a defender con todo al “sustento de la vida”. Durante casi 10 mil años, el maíz ha sostenido las poblaciones zapoteca, mixteca, náhuatl y muchas otras más que habitan el suelo de la Sierra Madre. Existen 60 especies de maíz criollo en el país. Cada año, los cultivos forman parte de procesos cíclicos que garantizan las futuras siembras a partir de la selección y el almacenamiento de las semillas. Esto implica que no todo el maíz de la cosecha se utilice para consumo humano.

Aldo González, de la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca (UNOSJO), se ha convertido en uno de los principales voceros de la oposición indígena al maíz transgénico, y en uno de los más importantes promotores y defensores de la “cultura del maíz”, reconociendo en ella un valor que es “más importante que el maíz en sí”. González insiste en la necesidad de reconocer las relaciones bióticas de los ecosistemas destacando la importancia de éstos como factor que frecuentemente se omite en los reportes económicos. “No sólo se vale defender el maíz, se debe defender todo lo que le rodea.”

A pesar de que 70 por ciento del suelo oaxaqueño es considerado infértil por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el sagrado trío de maíz, calabaza y frijol sigue alimentado a muchos pueblos desplegados por las montañas pintorescas.

Desde la década de los 70 del siglo pasado, las comunidades indígenas han vivido una gran fuga de capital humano a otras regiones del país y al vecino Estados Unidos, debido a la falta de oportunidades. Después de los fallidos acuerdos de San Andrés, en el año 1996, una gran desconfianza en el gobierno ha crecido dentro de la población indígena, que ha manifestado abiertamente su falta de interés por depender del gobierno.

Aunado a esto, las transformaciones lentas, pero progresivas, de la forma de vivir de estos pueblos que adoptan “nuevas necesidades”, influidos por lo que a secas definiré como la modernidad, han generado “que el valor del dinero remplace al del maíz”, como comenta González, desvaneciendo así el sentido de comunidad que giraba en torno al alimento básico.

El gasto gubernamental en las comunidades indígenas está muy lejos de cubrir sus necesidades de bienestar y desarrollo; sin embargo, el mismo gobierno insiste, cada vez más, en la necesidad de impulsar programas para favorecer el apoyo a los cultivos transgénicos.

En febrero de 2009, el gobierno eliminó las prohibiciones sobre la producción de maíz transgénico firmadas en 1998, avalando a su vez 25 sitios de prueba en varias regiones del país. Aunque Oaxaca no se encuentra en la lista de regiones de siembra experimental, el principal tema de discusión es el siguiente: ¿Existe capacidad institucional creíble para controlar el uso y dispersión de estos transgénicos hacia los principales centros de origen y diversificación del maíz criollo?

Destacados científicos y analistas rurales aseguran que la respuesta es un “no” absoluto. “Sin mecanismos comunitarios de control del material genético no hay ninguna esperanza. Las tiendas se abastecen con maíz importado del más barato, es decir, maíz transgénico; de esta manera, este material entra por toneladas en las comunidades de Oaxaca cada año.”

Las comunidades indígenas han denunciado “las falsas promesas de la revolución verde, y estamos luchando para reclamar algo que corre el riesgo de perderse; nuestro objetivo es restablecer los ritos y ceremonias ligados a la producción del maíz”.

El maíz es uno de los principales referentes históricos del pueblo mexicano, su pérdida es preocupante no únicamente por la importancia sociocultural de la agricultura tradicional del maíz, sino porque al ser este país uno de los centros de origen del maíz, perder una variedad del grano en México representa perderla en todo el planeta.

* Especialista en cuestiones ambientales y políticas agrícolas, graduada en la Universidad de Washington. Fotógrafa.

Mugrero sindicalMugrero sindical

Arturo Alcalde Justinian

Así calificó Mauricio Rodríguez Aguilera, abogado y especialista en temas laborales, la red de complicidades que agobia a la mayor parte de los trabajadores del país (La Jornada, 11/8/09). Esta definición se confirma en la medida que se conocen datos precisos sobre la realidad del modelo laboral mexicano. El resultado es caótico; de cada cien trabajadores, sólo uno es miembro de un sindicato legítimo. Nuestro país ostenta con vergüenza el sistema gremial y de contratación colectiva más atrasado y corrupto del mundo, producto de una sofisticada complicidad entre líderes, empresarios, abogados, gobiernos y autoridades laborales, que han construido un régimen de perversión que coloca a los hombres y mujeres que viven de su trabajo en estado de indefensión, lesionando, a su vez, al sector productivo, especialmente de la pequeña y mediana empresa.

En días pasados fue presentado el texto Evaluación de la contratación colectiva en el Distrito Federal, coordinado por José Alfonso Bouzas Ortiz, investigación apoyada en información extraída de los archivos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, publicado por la UNAM y la Fundación Friedrich Ebert Stiftung. Los resultados obtenidos exhiben el submundo que viven los trabajadores de esta ciudad, impedidos de organizarse sindicalmente, obligados a renunciar a derechos fundamentales sujetos a las acciones de crecientes bandas de golpeadores, y atrapados en el llamado contratismo de protección patronal. Mediante estas prácticas, los patrones y sus abogados deciden la organización sindical que debe operar en un centro de trabajo, escogiendo para ello a los líderes que cumplen con sus expectativas de control. Estos siniestros personajes operan como clientes de los despachos patronales y suelen compartir con ellos las gratificaciones que reciben, generándose un circuito de complicidad-corrupción difícil de eliminar. Por esta razón, cuando los trabajadores pretenden cambiar de sindicato deben superar una amplia gama de intereses creados. El resultado final es que se cancela toda posibilidad de defensa y representación legítima. Estas prácticas imposibilitan cualquier esquema de modernización laboral, de concertación legítima y de respeto al estado de derecho, ya que para mantenerlo se requiere de organismos de presión y violencia contra los trabajadores sin los cuales este se derrumba fácilmente.

Uno de los aspectos de ese estudio exhibe la deprimente condición de los trabajadores de la construcción, espacio privilegiado para la extorsión, cuya expresión más conocida es la venta de placas a todo aquel que pretenda realizar una obra, por pequeña que sea, aun cuando la lleve a cabo por sí mismo. En este ramo operan 67 sindicatos, que dicen pertenecer a las centrales CTM, CROC y CROM, aunque se sabe que en su mayoría actúan por su cuenta, sin participar orgánicamente en las organizaciones cuyas siglas usufructúan. El hecho es que no se conoce un solo sindicato auténtico en esta rama; se trata de vulgares delincuentes. Este escenario es extensivo al resto de las actividades productivas y de servicios de la ciudad. Basta ver las condiciones de los trabajadores de limpieza, comercios, restaurantes, hoteles, etcétera.

Nadie se hace responsable del denominado mugrero sindical. Los empresarios y el ciudadano común culpan a los líderes sindicales en abstracto, incrementando el desprestigio de esta forma organizativa; estos individuos ni ven ni escuchan y tratan de pasar inadvertidos, sobre todo ante sus mismos afiliados; las autoridades nadan de a muertito, como si se tratase de un asunto ajeno, señalando que corresponde a los trabajadores su propia defensa, e irónicamente afirman que “para eso tienen su sindicato”. El hecho es que el monstruo de la degradación crece, haciendo cada vez más sofisticadas y diversificadas sus prácticas delictivas.

El dilema es continuar con este modelo laboral hasta que el destino nos alcance o avanzar a partir de un diagnóstico multidisciplinario con una nueva visión y una agenda mínima de transformaciones. A escala local, se pueden implementar medidas sin necesidad de una reforma legal, por ejemplo, dar vida a la inspección del trabajo, actualmente inexistente a decir del propio secretario del Trabajo y Fomento al Empleo de esta ciudad; combatir la delincuencia organizada que extorsiona empresas y trabajadores tanto en los centros laborales como en el ámbito de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje; favorecer esquemas de concertación por rama de industria para mejorar la seguridad e higiene y otras medidas de protección en las áreas más vulnerables; promover la mejora salarial y los procesos de formación técnica y profesional; reformar el sistema de justicia hoy en día lento, costoso e ineficaz; y en general, recuperar el tema laboral dentro de la agenda fundamental de la ciudad. Para ser congruentes, los trabajadores al servicio del gobierno de esta ciudad deben ser incluidos en esta protección.

La información derivada del estudio nos demuestra que es necesaria una cirugía mayor en el campo de los derechos humanos laborales en nuestra ciudad. Los datos duros que exhibe no dejan lugar a dudas. Los trabajadores se ahogan en una realidad que es necesario transparentar para recuperar condiciones mínimas de dignidad en su actividad laboral y un elemental respeto al estado de derecho.

¡A luchar por la Ley de Salarios Máximos!

Desfiladero

Jaime Avilés

Mientras las universidades y los centros de educación superior dependientes del gobierno van a sufrir un recorte de 800 millones de pesos (de los cuales 200 le serán arrebatados a la UNAM), los funcionarios del Poder Judicial de la Federación, desde los ministros de la Suprema Corte y los magistrados del tribunal electoral, hasta las niñeras y cocineras que los atienden, recibirán poco más de 9 mil millones de pesos en bonos.

Así lo establece el Manual de percepciones, prestaciones y demás beneficios del Poder Judicial de la Federación para 2009, en su página número 38. Cualquiera puede comprobarlo porque el documento es público y está disponible en Internet. El total de personas que trabajan en el sector de la justicia federal es de 35 mil 686 y entre todas ellas obtienen ingresos por 21 mil 889 millones 112 mil 22 pesos. De acuerdo con la recién promulgada Ley de Salarios Máximos, esa cantidad podría reducirse sensiblemente, y el ahorro resultante aplicarse, por ejemplo, a la educación.

La Ley de Salarios Máximos surgió en respuesta a una demanda del movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador, en repudio a los inmorales sueldos de los ministros de la Suprema. Pablo Gómez, de la bancada del PRD en el Senado, la convirtió en iniciativa de ley y ésta fue aprobada por la mayoría de esa cámara. Luego llegó, en Los Pinos, al escritorio de Felipe Calderón, que se tardó todo lo que pudo en firmarla y ordenar su publicación en el Diario Oficial.

Con una cara más dura que el pan viejo, hace dos lunes, al promulgarla durante una breve ceremonia oficial, Calderón dijo que la iniciativa era suya y que la había concebido para hacer realidad el principio juarista de que los funcionarios públicos deben ganar aquello que les permita vivir en la justa medianía y no usar los recursos del erario como un botín. ¿A santo de qué recitó esa hipócrita perorata? A que la Ley de Salarios Máximos dispone que ningún servidor público –y en esto es clarísima: ninguno– podrá cobrar un salario mayor al del titular del Ejecutivo federal.

Desde luego, al dar la noticia Televisa por su cuenta agregó que la nueva norma no era aplicable a los ministros de la Corte ni a los magistrados del tribunal electoral, porque no es retroactiva. En efecto, no lo es, y en tal sentido no puede afectar las percepciones y prestaciones que los 18 privilegiados de esas dos casas de citas jurídicas tienen asignadas para 2009. Sin embargo, no será retroactiva cuando entre en vigor el Manual de percepciones de 2010, que hoy todavía no existe. ¿O sí? ¿Alguien puede alegar que una ley de 2009 será retroactiva si modifica un acuerdo del Poder Judicial de la Federación que aparezca en el Diario Oficial en 2010?

La ley –que, insisto, no inventó Calderón sino que surgió del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular– es muy clara y muy fácil de comprender y todos deberíamos aprendérnosla para defenderla y explicársela a otros, hasta que sea del dominio público. En su inciso a) dice textualmente: Las retribuciones nominales señaladas en los presupuestos vigentes, superiores al monto máximo previsto en la base II del artículo 127 de la Constitución, se mantendrán durante el tiempo que dure su encargo. What? ¿Qué diablos significa eso? Calma, la traducción es muy sencilla: los pagos que por nómina cobren los servidores públicos, superiores a los 155 mil pesos mensuales que recibe Calderón, no serán disminuidos ni un centavo, hasta que el empleado deje de trabajar en ese puesto. Más transparente ni el agua, ¿no es cierto?

Ahora, veamos lo que dice el inciso b): Las remuneraciones adicionales a las nominales, tales como gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier remuneración en dinero o especie, sólo se podrán mantener en la medida en que la remuneración total no exceda el máximo establecido en la base II del artículo 127 de la Constitución. ¿Les parece confusa esta redacción? Pues pongamos ejemplos concretos para que la entendamos mejor.

En lo que se refiere a los ministros de la Suprema Corte, el inciso a) no les causa ningún perjuicio. Según el Manual de percepciones para 2009, su sueldo base mensual es de 34 mil 505 pesos, una cifra muy alejada de los 155 mil que dicen que devenga Calderón. Ahora bien, en prestaciones nominales reciben al año 85 mil 408 pesos. Su prima vacacional es de 60 mil 296; su aguinaldo de 330 mil 478 pesos, y en asignaciones adicionales les obsequian 775 mil 836 pesos.

Con todo esto (414 mil 60 pesos de salario base anual, más 85 mil 408 pesos de prestaciones nominales, más 60 mil 296 de prima vacacional, más 330 mil 478 de aguinaldo, más 775 mil 836 de asignaciones adicionales) que cobran en dinero y en especie, cada ministro de la Suprema Corte se embolsa al año un millón 666 mil 78 pesos, cifra que dividida entre los 12 meses de año arroja un ingreso mensual promedio de 138 mil 839 pesos, todavía por debajo de los 155 mil mensuales de Calderón. ¿A poco no es una chulada la Ley de Salarios Máximos?

Sin embargo, lo que distorsiona y envilece el asunto son los bonos (oficialmente llamadoscompensaciones garantizadas o de apoyo), que en el caso de los ministros de la Corte suponen un ingreso adicional conjunto de 19 millones 322 mil 556 pesos, suma que dividida entre 11 togas y birretes da a cada cual un millón 756 mil 596 pesos, lo que duplica y supera el total de sus ingresos anteriores. La conclusión salta a la vista: para que la Ley de Salarios Máximos se haga efectiva, a partir del año próximo deben quedar prohibidos los bonos (que en el tribunal electoral denominan con ternura bonifacios) para todos aquellos servidores del Poder Judicial federal que con esa compensación ganen más de 155 mil pesos mensuales.

Claro que la supresión de los bonos no debería afectar a las 17 niñeras ni a las 45 cocineras del Poder Judicial. Estas tienen un ingreso anual de 149 mil 847 pesos (que incluye sueldo base, bonos, prestaciones nominales, prima vacacional, aguinaldo y asignaciones adicionales). Así, pues, aquí está trazado el principio de un camino que puede conducir a una transformación del modelo económico del país. Los diputados y senadores de la próxima legislatura deben hacer valer el inciso b) de la Ley de Salarios Máximos, para que dejen de cobrar bonos los altos y medianos funcionarios del Poder Judicial federal. Si esta norma se hace efectiva, el país ahorraría más de 8 mil millones de pesos por ese concepto. Y ese dinero podría ser destinado a la educación y a la investigación científica.

A un país en donde tres de cada cuatro maestros de educación básica reprobaron el examen nacional de evaluación; donde la cacique sindical del magisterio no puede leer la palabraepidemiológico; donde el analfabeto de su yerno eliminó la enseñanza de la Conquista y de la Colonia de los libros de texto gratuitos de primaria, y donde la filosofía, la lógica y la ética ya no existen en los planes de estudio de las preparatorias, sólo le queda rebelarse en contra de sus autoridades, para exigir que éstas dejen de robarse miles de millones de pesos anuales en bonos que no merecen, y reorienten ese dinero a la solución de nuestros problemas más urgentes.

Quizá esté acercándose la hora de que los estudiantes, los profesores, los científicos, los artistas y los obreros que estén dispuestos a luchar por una mejor educación para sus hijos salgan a las calles y levanten la exigencia de que se aplique la Ley de Salarios Máximos, eliminando definitivamente los inmorales bonos de la corrupción para los que más ganan. Así podría comenzar, por qué no, la revolución pacífica de 2010.

Para comunicarse con esta columna: jamastu@gmail.com

El pésimo gobierno de Calderón favorece condiciones para una nueva revolución?

La cultura individualista del consumo y yanqui fueron convertidas por los medios de información en el modelo imperante en México. ¿Cómo se puede avanzar así?

Pedro Echeverría V

1. Sí mi amigo, yo pienso que existen todas condiciones materiales para una nueva revolución en México; de lo que no estoy seguro es que las condiciones ideológicas en la población hayan madurado. Pienso que Calderón ha desarrollado un pésimo gobierno para el pueblo, pero no solo él; los problemas de miseria y desempleo se han venido acumulando por lo menos desde que los gobiernos de De la Madrid (1982/88) y de Salinas (1988/94) implantaron en México el neoliberalismo e impusieron la economía empresarial privatizadora. ¿Recuerdas que el gobierno llegó a controlar más de mil 500 “empresas paraestatales” que perdían mucho dinero, pero garantizaban servicios con precios bajos a empresarios, y también ayudaban a subsidiar alimentos, servicios de salud y educación que beneficiaban a los sectores más pobres? 2. ¿Puedes olvidar acaso que las empresas paraestatales de petróleos, electricidad, Conasupo, ferrocarrilera, teléfonos, mineras, bancos de crédito agrícola, que año tras años “perdían dinero público”, en realidad eran instituciones que proporcionaban servicios baratos a las empresas privadas? Ferrocarriles, por ejemplo, dedicaba el 80 por ciento de su capacidad para transportar carga y sólo un 20 para pasajeros; el petróleo y la electricidad siempre se entregó a las empresas a precios subsidiados. El gobierno era fuerte y mantenía dominado al sector privado; pero a partir de 1982, después de la gran crisis provocada por el desplome de los precios del petróleo y por la corrupción, acompañada de una intensa campaña de desprestigio contra el Estado encabezada por los empresarios, el panismo y los medios de información, se derrumbó 3. Todas aquellas “empresas paraestatales” fueron mal vendidas, casi regaladas a los más grandes empresarios extranjeros y mexicanos en el período 1982/94) ¿Recuerdas que TV Azteca, hoy segundo monopolio televisivo, propiedad de uno de los personajes más ricos de América Latina, era el Canal 13 del Estado mexicano? ¿En dónde quedaron los miles de millones que se obtuvieron en las ventas? Desaparecieron, se dilapidaron, se los robaron. ¿Qué sucedió a partir del gobierno del priísta Zedillo y de los panistas Fox y Calderón? Estos gobiernos simplemente le dieron continuidad al neoliberalismo y la privatización para llevarlo hasta sus últimas consecuencias. ¿Qué sucedió con la mayoría de la población, con el pueblo? Que hoy es más miserable porque se han cerrado empresas y el desempleo es mayor que nunca. 4. ¿Por qué la ideología de la mayoría del pueblo mexicano (hasta los años cuarenta del siglo pasado, agraria, colectivista y solidaria) es hoy esencialmente proempresarial, religiosa e individualista, así como contraria -sin darse cuenta- a sus mismos intereses colectivos? En primer lugar por la enorme extensión del poder y la ideología burguesa de los medios de información (televisión, radio, prensa) cuyos objetivos han sido controlar la conciencia del pueblo mexicano para manipularla a su antojo. Sin respetar las tradiciones y las costumbres del pueblo mexicano, los medios de información –con programas comerciales idiotizantes- han corrompido la mentalidad de la población. La cultura individualista del consumo y yanqui fueron convertidas por los medios de información en el modelo imperante en México. ¿Cómo se puede avanzar así? 5. La realidad es que los medios de información son hoy la religión moderna. Mucho más efectiva que la iglesia católica que, en cierta manera, ha envejecido pero ha conservado mucha influencia. En tanto a las iglesias apenas acuden los fieles una vez a la semana y por una hora, la TV mantiene la atención de viejos, jóvenes y niños hasta por siete horas diarias. La TV y sus novelas, su permanente publicidad, así como sus muchas horas de noticias, han modelado el pensamiento de las masas. Los organismos de izquierda, a pesar de denunciar permanentemente la manipulación de esos medios, no han podido calar entre las masas. Cuando la centroizquierda ha llegado al gobierno por coyunturas políticas, le ha sido muy difícil gobernar porque el pensamiento de las masas ha sido moldeado de acuerdo a la ideología y los modelos capitalistas. 6. Aunque gobiernos panistas como el de Fox y Calderón, a la mitad de su sexenio hayan sido repudiados en las elecciones intermedias, aunque durante los tres primeros años de esos gobiernos hayan llevado al país a una mayor miseria por desempleo, desplome productivo, inestabilidad gubernamental, etcétera, Fox concluyó su sexenio sin problema y Calderón –a pesar de ser pésimo su gobierno, parece que también terminará su período. Ideológicamente la población no parece visualizar a sus enemigos de clase, es decir, a la clase social que la mantiene en condiciones de miseria y opresión. Por eso cuando Marx y sus discípulos señalan que en México las condiciones materiales están más que maduras para una revolución social profunda, ideológicamente y por su organización, los trabajadores no cuentan con la fuerza necesaria. 7. Calderón prometió ser el gobierno del empleo, de la seguridad, de la prosperidad; el que daría grandes oportunidades a los jóvenes para una más amplia y mejor educación; prometió servicios de salud para todos y mientras proporciona pésimos servicios con recortes presupuestales en el IMSS, el ISSSTE, Salubridad, etcétera, habla del famoso “Seguro Popular” que es en realidad una forma de servicio de salud privado –totalmente deficiente- para los pobres. El gobierno de Calderón ha logrado alcanzar las cifras más negativas en perjuicio de la mayoría de la población. Ésta se da cuenta de que su situación ha empeorado en los últimos 25 años, pero ideológicamente no comprende la causa y no logra identificar a los verdaderos culpables; mucho menos sabe lo que hay que hacer para cambiar la situación. ¿Cómo aprovechar esas condiciones para cambiar la conciencia?

pedroe@cablered.net.mx

Paramilitares de la Sección 59 y priístas asesinan a profesor en la Costa de Oaxaca: Sección 22

Revolucionemos Oaxaca

Un profesor de la Sección 22 del magisterio de Oaxaca fue asesinado por “paramilitares cecelistas–priistas”, luego que maestros-as al intentaron recuperar una escuela de educación primaria indígena que está en poder de la Sección 59; durante los hechos también resultaron gravemente heridos, otra profesora y el agente Municipal de Santiago Jicayán, comunidad de la Costa oaxaqueña, informó hace unas horas el Comité Ejecutivo de la Sección 22 en un boletín de prensa.

“Los hechos ocurrieron cuando de manera pacífica un contingente de compañeras y compañeros iban a recuperar una Escuela de Educación Primaria Indígena que ha estado en poder de paramilitares, cecelistas–priistas apoyados por el gobierno del estado y caciques de la región, donde arteramente fueron acribillados con armas de alto poder“, afirmó la Sección 22.

El profesor Artemio Norberto Camacho Sarabia, quien fue asesinado, así como la maestra Leónides Celio Mejía Mejía, el Agente de Policía Municipal de Santiago Jicayán Jesús Castro Reyes, quienes están heridos, y otros docentes de la Sección 22 fueron emboscados por “paramilitares de la Sección 59” quienes se encontraban en el interior de la institución educativa y eran “comandados por el Subteniente del Ejército Mexicano, Julio Antonio Santiago”, declaró la Sección 22 por medio de un boletín.

La Sección 22 condenó el suceso y lo llamó un crimen de Estado que únicamente muestra la “incapacidad y desesperación del gobierno que sólo por medio de la brutal represión colectiva y selectiva pretende controlar, las ansias de justicia, libertad y democracia del pueblo”.

Finalmente responsabilizó a Ulises Ruiz y al gobierno Federal de lo sucedido en la Costa oaxaqueña, exigió castigo para autores intelectuales y materiales de la agresión contra maestros y maestras del magisterio y estableció un plantón la ciudad de Oaxaca (en el crucero de 5 Señores).

Honduras: Posición del Frente ante el proceso electoral 2009

Frente Nacional Contra el Golpe de Estado en Honduras:

POSICIÓN DEL FRENTE ANTE EL PROCESO ELECTORAL 2009

NI CAMPAÑA, NI ELECCIONES LEGÍTIMAS EN EL MARCO DEL GOLPE

Las elecciones generales sin restitución del orden constitucional serían la legalización de la violencia militar contra el estado, y por lo tanto, inaceptables. En consecuencia, el Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado declara:

1. Desconocer la campaña, el proceso y los resultados electorales, si no es restituido el orden constitucional cuyo fundamento básico es reinstalar en el cargo al legítimo Presidente Constitucional José Manuel Zelaya Rosales.

2. Exhortamos al Partido Unificación Democrática (UD), candidaturas independientes, candidatos y candidatas no golpistas a cargos de elección popular por el Partido Liberal y el PINU que manifieste su posición política con respecto al proceso electoral en el país.

3. Condenar la militarización de la sociedad y del llamado “proceso electoral” por los golpistas que, con su presencia armada, introducen un elemento adicional de violencia política partidaria y que agudizan las condiciones de exclusión, oscuridad y represión en perjuicio de las y los participantes.

4. Reiterar el llamado a promover la instalación directa de una Asamblea Nacional Constituyente popular, participativa, incluyente, no discriminatoria y democrática.

“A 61 DÍA DE LUCHA AQUÍ NO SE RINDE NADIE”

Tegucigalpa M.D.C. 28 de agosto de 2009

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Hoy jueves el 27 de agosto del 2009 en Tegucigalpa, pese a que no contó con la presencia del gremio magisterial en las marchas que por presiones de las autoridades de facto se vieron obligados a incorporarse a trabajar los días miércoles, jueves y viernes de esta semana, las protestas del frente de resistencia en todo el país, continúan bastante multitudinarias. En los últimos días se han incorporado personas que no pertenecen a movimientos sociales ni a otro tipo de organización, pero que por solidaridad y convicción se han unido a la lucha en contra del golpe de Estado.

En el caso de las instituciones estatales (Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), el Instituto Nacional Agrario (INA), etc.) que permanecen tomadas desde hace varios días, hoy se anunció que las personas que la mantenían tomadas iban a ser desalojadas. La marcha de la resistencia pasó por las instalaciones de la ENEE en apoyo a los compañeros que están en la toma. Pero la amenaza de desalojo es latente y estas instituciones estaban completamente militarizadas por elementos de la policía y el ejército. Mientras tanto, la dirigencia sindical y campesina que mantiene tomadas estas instituciones están en constantes reuniones y están dispuestos a seguir en la lucha.

El pueblo unido, jamás será vencido

(Comunicaciones Vía Campesina en Honduras)

Más información sobre la resistencia al golpe de Estado en Honduras:

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ROLA DE ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR. Gracias a RadioAMLO

Asamblea dominical de la Resistencia Creativa, 30 de Agosto

Asamblea Dominical de la Resistencia Creativa

Los integrantes de la Resistencia Creativa invitan a brigadistas del Movimiento Nacional en Defensa del Pueblo, comités ciudadanos en resistencia, hombres y mujeres libres de México, a la Asamblea que domingo a domingo llevamos a cabo. La cita es Domingo 9 de agosto a las 11:00 hrs. en el Hemiciclo a Juárez, contaremos en esta ocasión con la participación de Alejandro Calvillo, Presidente de la Organización "El Poder del Consumidor" (anterior vocero de Greenpeace) quien nos hablará sobre "Las grandes corporaciones y la destrucción de la dieta de los mexicanos y sus consecuencias".

Tu participación es importante, ¡No Faltes!

visitanos en http://resistenciacreativadf.blogspot.com/

escribenos a resistenciacreativadf@gmail.com

Los "contras" de Chiapas: nombres y apellidos

28 de agosto de 2009

ISAíN MANDUJANO

Una serie de revelaciones expuestas a raíz de la desclasificación de documentos efectuada recientemente por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, a través del National Security Archive, permite confirmar que el Ejército Mexicano fomentó la creación de grupos paramilitares en Chiapas. En el siguiente reportaje, Proceso pone nombre y apellidos a algunos de los presuntos implicados... todos impunes.

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis.- La contrainsurgencia en Chiapas tiene nombres y apellidos. Pero una de las claves para desentrañar cómo el Ejército Mexicano propició la formación de grupos paramilitares en Chiapas, a los que entrenó y protegió, fue borrada por narcotraficantes hace casi un par de meses en Acapulco, Guerrero.

De hecho, hace una semana el Departamento de Defensa de Estados Unidos desclasificó documentos que permiten confirmar el apoyo del Ejército Mexicano a esos grupos armados. Los documentos fueron solicitados, obtenidos y difundidos por la organización no gubernamental Archivo Nacional de Seguridad, con sede en Washington.

En un escueto comunicado, el 7 de junio pasado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que el capitán segundo de infantería Germán Parra Salgado y el soldado de transmisiones Juan Loaeza Lanche fueron acribillados a tiros tras enfrentarse con una célula del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, entre cuyos miembros hubo 16 sicarios muertos y cinco detenidos.

El nombre de uno de los militares fallecidos pasó casi inadvertido. Al momento de su muerte, Germán Parra Salgado era miembro del 56 Batallón de Infantería, destacamentado en Cumbres de Llano Largo, Guerrero. Pero 12 años atrás, en 1997, cuando ocurrió la masacre de Acteal, el capitán Parra Salgado era el mando responsable de la Base de Operaciones Mixtas (BOM) con sede en el municipio de Chenalhó.

Parra Salgado fue el militar que transmitió la orden directa de no detener ni molestar a los civiles armados del PRI que fueran sorprendidos en esa zona.

Un grupo de policías estatales detenidos en 1998 lo señalaron entonces como el encargado de la vigilancia y la seguridad en la zona, a quien estaban subordinadas todas las corporaciones de esa BOM.

La acusación provino de Ayar Díaz Francisco, Sebastián Luna Pérez, Andrés Meneses Chávez, Filemón Morales Escalante, Albert Salas Meza, Andrés Cruz Ángel, Luis García Ruiz, los comandantes Felipe Vázquez Espinoza, Roberto García Rivas y Roberto Méndez Gómez, así como el jefe de sector de la policía en Chenalhó, el comandante Absalón Gordillo Díaz. Todos ellos pasaron algunos años en el penal de Cerro Hueco.

También el exagente del Ministerio Público del fuero común Roberto Arcos Jiménez, en sus declaraciones ministeriales ante el juez segundo de distrito del fuero federal, le atribuyó a Parra Salgado las órdenes de que "si eran priistas que los dejaran en libertad" y que les devolvieran sus armas, lo que ocurrió repetidas veces en las comunidades de Chimix, Canolal, La Esperanza y otras más del municipio de Chenalhó.

Los mismos policías estatales refirieron que incluso muchos de los civiles portaban armas "mucho mejores" que los uniformados.

Y aunque los dejaban ir, daban parte al comandante policiaco Antonio del Carmen Nuricumbo; al director de la policía estatal, José Luis Rodríguez Orozco, y al general brigadier Diplomado de Estado Mayor Presidencial Jorge Gamboa Solís, coordinador general de la Policía Estatal, quien tenía como asesor al general brigadier -también retirado- Julio César Santiago Díaz, quien estuvo cerca de la balacera el día de la masacre de Acteal.

A menos de un kilómetro, Santiago Díaz escuchó los disparos y nada hizo para evitar la matanza ni pidió refuerzos para perseguir al grupo armado que ejecutó a los indígenas. Estuvo preso unos años, pero fue liberado después ya muy enfermo. (Proceso 1113)

Los mandos policiacos estatales se justificaron ante el juez federal: nada podían hacer ante la orden militar expresa. Ellos, los militares, tenían el control de la zona y las fuerzas policiacas estatales estaban sometidas.

Parra Salgado nunca fue citado a comparecer y desapareció de Chiapas. Sólo se tuvo noticias de él hace casi tres meses, cuando fue acribillado por narcotraficantes en Acapulco.

Espías

Parra Salgado, Santiago Díaz y Gamboa Solís no fueron los únicos mandos militares implicados en la tolerancia de esos grupos armados.

Mariano Pérez Ruiz, un indígena tzotzil originario de Acteal Alto, municipio de Chenalhó, se alistó en las fuerzas armadas como soldado de infantería el 11 de marzo de 1992 y quedó adscrito al cuartel militar de Rancho Nuevo, a escasos kilómetros de San Cristóbal de Las Casas.

De acuerdo con el expediente penal 96/98 de la Procuraduría General de la República (turnado al entonces juez primero de distrito en Tuxtla Gutiérrez, Ángel Michel Sánchez), Mariano Pérez Ruiz participó en los primeros días de combate tras el alzamiento armado del EZLN en enero de 1994, cuando los rebeldes atacaron el cuartel de Rancho Nuevo.

En 1995, cuando arribó como comandante de la VII Región Militar el general Mario Renán Castillo Fernández, muchos militares alistados en Chiapas fueron comisionados a sus regiones de origen para hacer labor de inteligencia. Mariano Pérez Ruiz fue uno de ellos. Como parte de la estrategia de las fuerzas armadas para recopilar información de primera mano, le tocó regresar a Chenalhó a investigar la presencia de focos zapatistas.

Pérez Ruiz se involucró tanto en su región que terminó enrolándose con los priístas armados que se movilizaban por las comunidades de Chenalhó. Después de la masacre de Acteal, fue capturado en febrero de 1998 y acusado por la PGR ante un juez federal por haber entrenado en su "período vacacional" a los civiles armados.

La causa en su contra acreditó que al menos del 16 al 30 de noviembre de 1997 adiestró en el uso de las armas a quienes ejecutaron a las 45 personas del grupo civil Las Abejas en el paraje de Acteal, la mayoría mujeres y niños.

En 1999, el juez Michel Sánchez lo condenó a dos años de prisión y una multa de mil 86 pesos por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, según el expediente penal 96/98.

Aunque la Fiscalía Especial para el Caso Acteal de la PGR anunció que impugnaría la sentencia por considerarla muy leve, en realidad nunca lo hizo. Pérez Ruiz quedó libre tras pagar una fianza de no más de 17 mil pesos.

Misión cumplida

Todas las operaciones de los paramilitares y la protección que recibían del Ejército no eran ajenas para Mario Renán Castillo Fernández, experto en contrainsurgencia a quien le fue conferido el rango de general de división en marzo de 1993, meses antes del levantamiento armado zapatista.

Como uno de los más destacados exponentes en México de la teoría de la guerra de baja intensidad, Castillo Fernández fue designado responsable del Plan de Campaña Chiapas 94, una estrategia de contraofensiva ante el grupo rebelde.

Cuando el general Miguel Ángel Godínez Bravo dejó la comandancia de la VII Región Militar, Castillo Fernández asumió ese cargo el 1 de febrero de 1995. A su mando quedó la embestida del Ejército contra el EZLN el 9 de febrero de 1995.

Con un doctorado en Psicología Militar y egresado del Centro de Entrenamiento en Guerra Psicológica, Operaciones Especiales y Fuerzas Especiales de Fort Bragg, en Carolina del Norte, Estados Unidos, el comandante de la VII Región Militar estaba al tanto de todo lo que ocurría en la zona del conflicto desde su cuartel general en Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado.

Fue público el apoyo de las fuerzas armadas al grupo Paz y Justicia, durante el periodo de Castillo Fernández en Chiapas. Gracias a las gestiones del militar, el gobierno estatal de Julio César Ruiz Ferro le entregó a esa organización al menos 4 millones 600 mil pesos, en julio de 1997, como parte de un "convenio de Desarrollo Productivo". El general firmó como "testigo de honor".

A Paz y Justicia se le atribuyen más de 122 ejecuciones de miembros de las bases de apoyo del EZLN. Su líder, el diputado local priista Samuel Sánchez, llenó de elogios al general el 15 de noviembre de ese año, cuando lo despidieron en el cuartel general: "Nunca lo olvidaremos, señor. Hay recursos que quedan grabados en la conciencia de los hombres y usted representa a uno de ellos. Todo lo que hizo por nosotros, obliga a la gratitud", según constató el entonces corresponsal de Proceso en Chiapas, Julio César López.

La misión de Castillo Fernández estaba cumplida. Dejó el cargo 36 días antes de la matanza de Acteal, el 16 de noviembre de 1997.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas documentó los movimientos de los paramilitares durante la estancia de Castillo Fernández en Chiapas. Concentrados en la guerra que libraban los miembros del grupo Paz y Justicia en la zona norte del estado contra las bases de apoyo del EZLN, poco documentaron lo que se gestaba en Chenalhó

Agrupamiento Chiapas

El traslado de Castillo Fernández no obedeció a que hubiesen terminado las operaciones de contrainsurgencia. De forma sigilosa, desde varios años atrás, el coronel de infantería Leopoldo Díaz Pérez se movía por todo el estado de Chiapas, donde había conflictos.

Díaz Pérez estuvo ligado a las fuerzas estadunidenses desde que en 1988 se integró a la Agregaduría Militar y Aérea en la Embajada de México en Washington. La Hoja de Servicio número 6714659 lo ubica ese mismo año como asesor ante la Junta Interamericana de Defensa y asesor de la Sección Mexicana ante la Comisión México-Estados Unidos de Defensa Conjunta. En 1993 volvió a ese país, "en comisión oficial de la Sedena".

Leopoldo Díaz Pérez estaba donde había conflictos y el Ejército hacía presencia: participó en cada acción de desmantelamiento de los municipios autónomos zapatistas que ordenó el entonces gobernador Roberto Albores Guillén, en 1998, y en las supuestas deserciones y entrega de armas al gobierno de presuntos milicianos del EZLN en 1999.

El coronel Díaz Pérez cumplía con el encargo del general Castillo Fernández: estar al frente del "Agrupamiento Chiapas", una fuerza especial de la que poco o nada se sabe, pues la Sedena mantiene sus archivos como información clasificada bajo el rubro "Documentación relacionada al levantamiento armado en el estado de Chiapas".

Esas fuerzas especiales estuvieron comandadas por Díaz Pérez desde el 16 de diciembre de 1996, cuando fueron creadas por Castillo Fernández, hasta el 15 de enero del 2001, en que desapareció el agrupamiento.

Entre diciembre de 2007 y mayo de 2008, Proceso solicitó a la Sedena información del Agrupamiento Chiapas y de Díaz Pérez, pero la dependencia respondió que los datos solicitados no pueden hacerse públicos, porque "hacen referencia a efectivos, medios utilizados, despliegue de fuerzas y procedimientos militares empleados por parte de este instituto armado para repeler las acciones del autodenominado EZLN".

Díaz Pérez ascendió a general brigadier, según la Hoja de Servicio número 6714659, entregada por la Sedena al Senado el 7 de diciembre del 2000 para que le autorizara aceptar y usar una condecoración otorgada por el gobierno de Estados Unidos. Hoy ya es general de brigada y se encuentra en Cuernavaca, Morelos, como comandante de la XXIV Zona Militar, desde el 1 de enero del 2008.

Para Diego Cadenas, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, los documentos desclasificados en Estados Unidos que divulgó la semana pasada el National Security Archive sólo confirman lo que ellos han denunciado desde hace 15 años, pero hasta ahora ningún oficial del Ejército ha sido castigado.

Este reportaje se publicó en la edición 1712 de la revista Proceso que empezó a circular el pasado domingo 23 de agosto.

Resultará más caro el remedio que la enfermedad, si se grava con IVA medicinas y alimentos, sostiene López Obrador

Santa Catarina Loxicha Viernes 28 de agosto de 2009 * No pasará la propuesta del aumentar las tarifas de bienes y servicios públicos, subraya * El 21 de septiembre se presentará una propuesta alterna de presupuesto nacional, informa * Ya es necesario un cambio en Oaxaca, para sacar a su pueblo del atraso y la miseria, enfatiza En los actuales tiempos de crisis, “saldrá más caro el remedio que la enfermedad” si los futuros diputados federales del PRI y del PAN aprueban la propuesta del gobierno espurio de Felipe Calderón y de un grupo de empresarios de incrementar los precios de las gasolinas, el diesel, el gas y la energía eléctrica, afirmó Andrés Manuel López Obrador. Ante la insistencia del empresario salinista Claudio X. González de gravar con IVA alimentos y medicinas, el presidente legítimo de México adelantó que no prosperará dicha iniciativa que tiene como único propósito cubrir el déficit en las finanzas públicas, por aproximadamente 500 mil millones de pesos. No se puede promover un alza de impuestos cuando precisamente disminuyeron drásticamente los ingresos por concepto de remesas y por venta de petróleo al extranjero, así como el Impuesto Sobre la Renta, en 25 por ciento, y el propio Impuesto al Valor Agregado, en 20 por ciento, explicó. Ante los habitantes de los municipios de usos y costumbres, sostuvo que el Movimiento en Defensa de la Economía Popular no permitirá bajo ninguna circunstancia o pretexto que se autoricen recortes al gasto social, en particular a la educación, la salud, el campo y las comunidades indígenas. Con menores fondos públicos, disminuirán de inmediato los niveles de consumo y, en consecuencia, habrá una gran mortandad de comercios y de empresas, alertó al convocar al pueblo de México a la asamblea informativa del Movimiento en Defensa de la Economía Popular que se realizará el lunes 21 de septiembre, a las cinco de la tarde, frente a la sede de la Cámara de Diputados. Mencionó que durante el encuentro se presentará una propuesta alterna de Presupuesto de Egresos para el próximo año. Los ejes principales de dicha iniciativa serán una reducción del 50 por ciento de los salarios de directores generales, subsecretarios, secretarios, presidente pelele, gobernadores jueces, magistrados, ministros, diputados y senadores, así como eliminar el cúmulo de privilegios a su favor. Entre los más representativos, señaló, están los bonos y las partidas presupuestales para atención médica privada y el fondo de ahorro, cada uno de ellos por más de cinco mil millones de pesos anuales. Durante la jornada de este día, el presidente legítimo de México destacó como necesario declarar una moratoria en el pago de intereses del rescate bancario, que implica un desembolso anual de más de 40 mil millones de pesos, así como iniciar un proceso de reestructuración del monto total del Fobaproa. La tercera línea se refiere al cobro real de impuestos a las grandes empresas, de aquellas que son afines al gobierno en turno y que sólo contribuyen con menos del 3 por ciento de sus utilidades anuales, agregó. En San Baltazar Loxicha, Santa Catarina Loxicha, San Jerónimo Coatlán, San Sebastián Coatlán, San Pablo Coatlán, San Miguel Coatlán y Santa Catarina Cuixtla, llamó a los oaxaqueños a sacudirse de 80 años de gobiernos priistas que sólo mantienen en la pobreza y el abandono a casi todos los municipios de la entidad. El próximo 4 de julio, el pueblo de Oaxaca tiene la oportunidad de votar por un candidato que represente los sentimientos de las comunidades indígenas que son las más pobres entre los pobres de México, subrayó. Para mañana, el presidente legítimo de los mexicanos sostendrá reuniones informativas con los habitantes de San Francisco Ozolotepec, San Juan Ozolotepec, Santo Domingo Ozolotepec, San Marcial Ozolotepec, Santa María Ozolotepec y San Sebastián Río Hondo. ●●●●●

Que se baje el sueldo a la alta burocracia, se cobre impuestos a las grandes empresas y se declare una moratoria al pago de intereses del Fobaproa..

Propone AMLO

* Se realizará asamblea informativa el 21 de septiembre frente a la Cámarade Diputados, comunica

* Con un plan de austeridad se obtendrían ahorros por 100 mil millones depesos, explica

* Necesario suspender las pensiones millonarias que reciben mensualmentelos ex presidentes, precisa

Andrés Manuel López Obrador informó esta mañana que el lunes 21 deseptiembre, a las cinco de la tarde, frente a la sede de la Cámara deDiputados se presentará una propuesta alterna de Presupuesto de Egresos para 2010 y que el Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popularno permitirá que se aplique IVA a medicinas y alimentos.La iniciativa de referencia se sustenta en tres grandes líneas con elpropósito de obtener ahorros presupuestales por 100 mil millones de pesos.La primera se refiere a una reducción de los sueldos de la alta burocraciade los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, explicó.En entrevista vía telefónica que concedió a los periodistas Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, conductores de la Red de Radio Red, elpresidente legítimo de México destacó la necesidad de eliminar un conjuntode privilegios de los funcionarios de primer nivel, entre ellos laspartidas destinadas a la atención médica privada y para un fondo deahorro, por 5 mil millones de pesos anuales cada uno de ellos.Detalló que la iniciativa alterna promueve que se cobre impuestos a lasgrandes empresas que contribuyen actualmente con menos del 3 por ciento desus utilidades totales, como son los casos de Telmex, Bimbo, Maseca,señaló al aclarar que un trabajador asalariado, un profesionistaindependiente y un pequeño y mediano empresario y comerciante pagapuntualmente el porcentaje establecido en las leyes.El tercer elemento se refiere a que se declare una moratoria en el pago deintereses del rescate bancario, ya que en el actual periodo de crisis decanalizan fondos presupuestales por 40 mil millones de pesos anuales pordicho concepto, y que inicie un proceso de reestructuración del llamadoFobaproa, abundó.Durante la conversación, López Obrador expresó su rotundo rechazo acualquier aumento a impuestos y a los precios de las gasolinas, el diesel,el gas y la energía eléctrica, así como una posible disminución del gastopúblico a la salud, educación, campo y comunidades indígenas.Con relación a la supuesta entrega de recursos de la fracciónparlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados para financiar lasactividades del Gobierno Legítimo de México, precisó: No es cierto que noshayan dado dinero. No recibimos nada de la coordinación de los diputadosdel PRD. En lo individual algunos aportaron, pero no nos dieron comofracción ningún dinero al movimiento.A pregunta expresa que le formuló Sergio Sarmiento, el presidente legítimode los mexicanos recordó que Rafael Acosta, jefe delegacional electo deIztapalapa, hizo el compromiso público, de cara a los habitantes deIztapalapa, de solicitar licencia una vez que asuma el cargo, para queposteriormente Clara Brugada ocupe el puesto.“Como es natural, en estos días, estoy viendo que lo están cortejando,están queriendo que él no cumpla con el compromiso”, aclaró al destacar:“Sostengo que él –Acosta— debe cumplir el compromiso que hizo con elpueblo de Iztapalapa y debe resistir el canto de las sirenas. Vamos aesperar a que él cumpla su compromiso”, añadió.En la jornada de este día, López Obrador informó ante el pueblo de SantaMaría Quioquitani, Santa Catarina Quieri, San Pedro Mártir Quiechapo, SanJosé Lachiguiri, San Francisco Loqueche y San Luis Amatlán que el expresidente Carlos Salinas tomó las riendas del país, porque al presidentepelele Felipe Calderón lo han desplazado los integrantes de la mafia delpoder, del dinero y de la política.A escasos 10 meses de las elecciones para renovar el gobierno de Oaxaca,afirmó que el mandatario saliente, Ulises Ruiz, hundió en la pobreza y lamarginación al pueblo de la entidad y como muestra dijo que más de lamitad de los caminos que comunican a los municipios de usos y costumbresson de terracería.El próximo 4 de julio representa la oportunidad para elegir a ungobernante que responda a las crecientes necesidades de las comunidades yde los sectores más desprotegidos del estado, recomendó al llamar a losdirigentes de los partidos Convergencia, PT y PRD a privilegiar la unidady postular un solo candidato.De acuerdo a su agenda de trabajo, el presidente legítimo de México sereunirá mañana con los habitantes de San Baltazar Loxicha, Santa CatarinaLoxicha, San Jerónimo Coatlán, San Sebastián Coatlán, San Pablo Coatlán,San Miguel Coatlán, Santa Catarina Cuixtla.