Recomienda Relator Especial de la ONU juzgar a responsables de ejecuciones contra estudiantes de Ayotzinapa-Tlachinollan
por Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de la Montaña
El 12 de diciembre de 2011, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, fueron víctimas de ejecución extrajudicial durante una manifestación estudiantil reprimida
Las ejecuciones extrajudiciales "deberían ser debidamente investigadas, procesadas y juzgadas, los responsables deberían ser castigados y las víctimas y sus familiares deberían recibir una reparación adecuada", recomendó al Estado mexicano, el Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, a través de un informe sobre su misión a México presentado hoy ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.
Durante una visita oficial a México del 22 de abril al 2 de mayo de 2013, en el estado de Guerrero, el Relator Especial recibió el testimonio directo de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa "a los que se había expulsado de una manifestación en diciembre de 2011, en una operación en que las autoridades civiles habían hecho un uso innecesario de fuerza letal, causando la muerte de dos estudiantes."
El 12 de diciembre de 2011, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, fueron víctimas de ejecución extrajudicial durante una manifestación estudiantil reprimida por corporaciones policiacas, estatales, federales y judiciales.
A través del informe, el Relator Especial expone sus principales conclusiones y formula recomendaciones "para una mejor protección del derecho a la vida en México". Considera "imprescindible" que se rindan cuentas de "las ejecuciones ilegales para acabar con la impunidad y sentar precedentes significativos a partir de los cuales México pueda avanzar con credibilidad en la protección del derecho a la vida en el futuro."
El 27 de marzo de 2012, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó la Recomendación No. 1 VG/2012 sobre la Investigación de Violaciones Graves a los Derechos HumanosRelacionada con los Hechos Ocurridos el 12 de diciembre de 2011, en Chilpancingo, Guerrero. A este respecto, el Relator Especial consideró importante mencionar que "del total de las recomendaciones emitidas por la CNDH entre enero de 2006 y abril de 2013 en las que llegó a la conclusión de que se había vulnerado el derecho a la vida, solo 18 se cumplieron totalmente, 6 se cumplieron de forma insatisfactoria, 27 se cumplieron parcialmente y 4 no fueron aceptadas."
El Relator Heyns en su informe advirtió también que, la aplicación de un enfoque militar al mantenimiento de la seguridad pública "puede crear una situación en que la población civil se vea expuesta a toda una serie de atropellos" Al respecto recomendó que "todas las violaciones de losderechos humanos presuntamente cometidas por militares sean objeto de investigación exhaustiva, procesamiento y juicio por autoridades civiles". Contextualizó, entre enero de 2006 y abril de 2013 "3 de cada 4 recomendaciones de la CNDH relativas al derecho a la vida estaban dirigidas a las fuerzas armadas".
Así mismo, el Relator observó que periodistas y defensores de los derechos humanos son población vulnerable ante la violencia. El informe del Relator menciona que, "desde 2005, 18 defensores de los derechos humanos han sido asesinados y muchos otros han recibido amenazas de muerte", esto se suma y a la vez se debe a una "impunidad sistemática y endémica", ante lo cual recomendó adoptar "protocolos especiales de investigación para los delitos cometidos contra periodistas y defensores de los derechos humanos".
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Durante una visita oficial a México del 22 de abril al 2 de mayo de 2013, en el estado de Guerrero, el Relator Especial recibió el testimonio directo de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa "a los que se había expulsado de una manifestación en diciembre de 2011, en una operación en que las autoridades civiles habían hecho un uso innecesario de fuerza letal, causando la muerte de dos estudiantes."
El 12 de diciembre de 2011, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, fueron víctimas de ejecución extrajudicial durante una manifestación estudiantil reprimida por corporaciones policiacas, estatales, federales y judiciales.
A través del informe, el Relator Especial expone sus principales conclusiones y formula recomendaciones "para una mejor protección del derecho a la vida en México". Considera "imprescindible" que se rindan cuentas de "las ejecuciones ilegales para acabar con la impunidad y sentar precedentes significativos a partir de los cuales México pueda avanzar con credibilidad en la protección del derecho a la vida en el futuro."
El 27 de marzo de 2012, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó la Recomendación No. 1 VG/2012 sobre la Investigación de Violaciones Graves a los Derechos HumanosRelacionada con los Hechos Ocurridos el 12 de diciembre de 2011, en Chilpancingo, Guerrero. A este respecto, el Relator Especial consideró importante mencionar que "del total de las recomendaciones emitidas por la CNDH entre enero de 2006 y abril de 2013 en las que llegó a la conclusión de que se había vulnerado el derecho a la vida, solo 18 se cumplieron totalmente, 6 se cumplieron de forma insatisfactoria, 27 se cumplieron parcialmente y 4 no fueron aceptadas."
El Relator Heyns en su informe advirtió también que, la aplicación de un enfoque militar al mantenimiento de la seguridad pública "puede crear una situación en que la población civil se vea expuesta a toda una serie de atropellos" Al respecto recomendó que "todas las violaciones de losderechos humanos presuntamente cometidas por militares sean objeto de investigación exhaustiva, procesamiento y juicio por autoridades civiles". Contextualizó, entre enero de 2006 y abril de 2013 "3 de cada 4 recomendaciones de la CNDH relativas al derecho a la vida estaban dirigidas a las fuerzas armadas".
Así mismo, el Relator observó que periodistas y defensores de los derechos humanos son población vulnerable ante la violencia. El informe del Relator menciona que, "desde 2005, 18 defensores de los derechos humanos han sido asesinados y muchos otros han recibido amenazas de muerte", esto se suma y a la vez se debe a una "impunidad sistemática y endémica", ante lo cual recomendó adoptar "protocolos especiales de investigación para los delitos cometidos contra periodistas y defensores de los derechos humanos".
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